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El Salvador

Todas las miserias afloran en el juicio de una matanza cometida por policías

Tras más de 35 horas de juicio por la matanza de Zaragoza, los tres jueces deliberan. Frente a ellos desfilaron víctimas, policías y forenses para hablar o callar sobre una tarde de 2016 en que ocho policías dejaron atrás los cadáveres de tres pandilleros y un obrero. Los cuerpos tenían más de diez perforaciones de bala, pero solo se hallaron cuatro casquillos policiales. Algunos cuerpos estaban quemados por la cercanía de la carne y el cañón. Policías con amnesia, un fiscal al borde del colapso y ocho defensores agresivos componen este relato al que solo le falta la sentencia.

 
 

Día uno. 2 de julio de 2018. La cámara Gesell.

Lo primero que se debate en la sala diez del Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, compuesto por tres jueces, es si el testigo clave, Abraham, debe o no declarar en cámara Gesell. Abraham es testigo directo de lo que ocurrió en aquella casa de Zaragoza minutos antes de la matanza.

Abraham tiene régimen de protección, por lo que en el juicio nadie le llama por su nombre. Es menor de edad, tiene solo 13 años, dicen en el debate. Todos en este juicio público, al que cualquiera puede entrar, sabemos quién es Abraham. Es un puro acto de formalismo no decirlo. Cuando los abogados defensores cuchichean afuera de la sala diez del Centro Judicial de Santa Tecla durante una pausa, se refieren a Abraham como "la niña".

En aquella casa de Zaragoza donde quedaron cuatro cadáveres el 8 de febrero de 2016, solo había una persona de 13 años, una niña que vio cómo tres pandilleros heridos descendieron del techo y se refugiaron en un altillo. Tras ellos, cayeron tres policías con uniforme gris camuflado, y los rostros tapados con pasamontañas. Eran miembros de una unidad que fue disuelta por el director de la Policía a principios de este 2018, dos años después de lo que pasó aquella tarde, por considerar que se había convertido en un grupo sin control, donde sus miembros se encubrían entre sí, hicieran lo que hicieran: Grupo de Reacción Policial (GRP). Célebre por, entre otras, participar en la masacre de San Blas.

Los tres agentes del GRP cayeron a la casa de Villas de Zaragoza dos años antes de que esa unidad fuera disuelta, y muchos de sus miembros incorporados a otros grupos también señalados por atropellos de todo tipo. Esta matanza es un circulito de la violencia en medio de círculos más grandes.

La niña estaba en la casa. Estaba también Dayana y Aarón, su bebé de tres años en brazos. Dormido, en el cuarto del altillo, estaba Armando, pareja de Dayana, padre de Aarón. Armando tenía 23 años aquel día, y la noche anterior había trabajado jornada completa en una fábrica de plásticos, según quedó registrado en el reloj marcador de los obreros. Volvió a casa, comió algo, se puso una calzoneta anaranjada y se echó a descansar pocas horas antes de que pandilleros y gerrepés cayeran del techo.

Lo pandilleros huían por los techos. Los testigos no escucharon disparos en ese momento. Los pandilleros sangraban cuando cayeron, recordó la niña cuando le pregunté el día mismo de los hechos. Sangraban, recordó Dayana cuando le pregunté en una morgue de bajo costo dos días después de la matanza. Dos gerrepés bajaron. Pateaban en el suelo a los pandilleros mientras otro sacaba a Armando del cuarto del altillo y lo tiraba junto a los demás, contaron las testigos. En ese momento, para efectos de lo que ocurrió, Armando paso a ser un pandillero a los ojos de los gerrepés. Y lo trataron como suelen tratar a un pandillero rendido tras una persecución. Aún no sonaban disparos.

Cinco policías más aporreaban la puerta de enfrente. Ordenaban a gritos que quitaran el candado. La niña lo intentó. Llevó una llave, pero los nervios no la dejaron abrir. Un policía saltó la cerca, entró a la casa y rompió el candado. Cinco uniformados de azul, también con la cara tapada, entraron a la vivienda.

Dayana gritaba. La niña gritaba. Dayana rogaba a los uniformados que vieran una credencial que decía que Armando era obrero. Los policías lanzaron la credencial al suelo y, a punta de fusil, echaron bajo amenazas de muerte a Dayana y a la niña. Luego, ambas escucharon disparos. Varios disparos.

La primera vez que escuché el relato no me lo contaban a mí. La niña, desesperada, se lo contaba a la madre de Armando, a la par de la cinta amarilla con que la Policía cerró varias cuadras a la redonda. La madre, una empleada doméstica, acababa de llegar porque su familia le había contado que Armando quedó tirado en el suelo de su casa junto a unos pandilleros, y encañonado por policías. Le habían contado que cuando ellas dejaron la casa, sonaron disparos.

"Los mataron a sangre fría", repetía la niña aquel día, cuando aún no tenían el cadáver de Armando y pensaba que ningún periodista la escuchaba.

La discusión este primer día de juicio es si la niña debe o no declarar en cámara Gesell cuando le toque hacerlo. Esa cámara fue inventada por un sicólogo y pediatra estadounidense que tenía ese apellido. Es un cuarto acondicionado para que alguien hable sin ver a quienes lo observan, con equipos de audio y video para grabar lo que diga. Se ocupa, entre otras cosas, para generar un ambiente menos aterrador cuando una persona vulnerable va a declarar. Para que una víctima no se sienta cerca de su victimario. Para que una persona sienta un ambiente más íntimo. Para que una niña de 13 años no tenga que estar en una sala de juzgado a solo metros de quienes aquel día la echaron de su casa con amenazas.

Pero no, los jueces desechan la petición de la Fiscalía. Abraham declarará en esta sala cuando le toque. Los jueces consideraron que la sala presta las condiciones necesarias con su caseta y su distorsionador de voz. Muchos podrían sostener que para una niña que presenció lo que presenció, nada es suficiente en aras de no perturbarla más.

Los policías, a preguntas de la jueza Laura Chacón, van diciendo sus nombres, edades, cargos y familiares. Los tres del GRP: bachiller de 45 años, dos hijos de 19 y 9, con salario de más o menos $600; bachiller de 36 años, cuatro hijos de 14, 11, 9 y 4, con salario de $564; bachiller de 29 años, sin hijos, con salario de $513. Los cinco policías: bachiller de 32 años, de la Delegación de Santa Tecla, un hijo de cinco, con salario de $475; bachiller de 34 años, de la Delegación de Santa Tecla, una hija de nueve, con salario de $501; bachiller de 33 años, de la Delegación Centro Sur de La Libertad, un hijo de siete, con salario de $501; bachiller de 37 años, de la Delegación de Santa Tecla, dos hijos de diez años y uno de 17 meses, con salario de $501; bachiller de 30 años, de la Delegación Sur de La Libertad, tres hijos de cinco, tres y 12 meses, con salario de $424. Y el jefe de algunos de ellos, el subinspector, el único que está por encubrimiento: ingeniero industrial de 45 años, un hijo de 16, Subdelegación de Zaragoza, con salario de $1,400.

El círculo de la violencia también tuerce la vida de quienes la perpetran. De ellos y de los suyos. En unos días, puede que estos hombres sean condenados a entre 30 y 50 años por cada muerto, si se condena por homicidio agravado. En unos días, puede que 14 menores de edad y un adolescente sean condenados a crecer sin padre en casa y sin el salario -miserable- de ese padre policía. Muchos de ellos viven en zonas controladas por pandilleros como esos a los que sus padres mataron en Zaragoza.

Algunos de los policías acusados conversan con un defensor en el Centro Judicial de Santa Tecla, el 16 de julio de 2018. Foto de El Faro, por Víctor Peña.
 
Algunos de los policías acusados conversan con un defensor en el Centro Judicial de Santa Tecla, el 16 de julio de 2018. Foto de El Faro, por Víctor Peña.

Día 2. Tres de julio de 2018. Objeción.

Ha declarado el ex sargento de la Policía que realizó las actas de las entrevistas a los testigos y a los policías que participaron en aquella matanza. El interrogatorio poco puede aportar. La palabra que más se escuchó fue: "objeción", y la dijo alguno de los ocho abogados defensores. Quien tenga en mente un juicio hollywoodesco, donde los fiscales se extienden desarrollando técnicas discursivas que acorralan al testigo, está perdido. El interrogatorio es una etapa abrumadora, donde solo se puede preguntar por aquello que el interrogado haya mencionado.

"¿Qué pasó aquel día, testigo?".

"Aquel día...".

"Objeción, su señoría, el testigo no ha hablado de ningún día ni de que nada pasó, la pregunta es sugestiva".

"A lugar, reformule, Fiscalía".

Así unas 30 veces por testimonio. Los defensores ametrallan a la Fiscalía con objeciones. En diez minutos de interrogatorio a una persona conté 18 objeciones. Algunos testigos se notan perdidos a medio testimonio. Ya no saben si contestar o no, si decir solo monosílabos o explicar algo. Ven a los jueces en busca de ayuda. Lo que puede obtenerse de estos interrogatorios son relatos tartamudos. 

La Fiscalía llama a Jessica Galdámez, una agente de 26 años de la Subdelegación de Zaragoza, que en los días anteriores a la matanza del 8 de febrero estaba a cargo de los libros de novedades, donde se registra qué policía sale y entra, y qué armas largas son asignadas a cada uno. Lo que busca el fiscal Juan Reyes, de la Unidad Especializada Antipandillas y Homicidios, es que Galdámez diga lo que escribió en su libro de novedades: que algunos de los agentes acusados habían retirado de la base armas largas desde unos días antes de las muertes, justamente el 4 de febrero. Sin embargo, Galdámez responderá lo mismo a todas las preguntas clave. ¿Cómo se dio cuenta de los hechos? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes estaban de turno? ¿Qué pasó el 4 de febrero? ¿Quiénes sacaron armas largas? "No sé, no recuerdo". Podría elaborarse sobre la evidente negativa de esta agente de recordar cualquier cosa útil para la Fiscalía, pero tras cubrir algunos juicios donde hay miembros de la PNC involucrados, puedo intuir que esto es solo una pequeña muestra de lo que ocurrirá.

Es claro, la Fiscalía tendrá que lidiar en este caso con lo que ya lidió este mismo fiscal en el caso San Blas: las objeciones de la defensa y el "alzheimer" de los testigos policiales.

Por cierto, el caso San Blas, donde otros ocho agentes del GRP eran acusados, lo perdió en juicio este mismo fiscal, aunque la Cámara revocó la decisión y la masacre volverá a tribunales pronto.

Paréntesis numérico: dos juicios, dos masacres, 12 cadáveres, 17 policías acusados, 12 de ellos del GRP.

Quizá la defensa misma se ha aturdido tras tanta objeción, el caso es que no logran interrumpir a tiempo a uno de los testigos. Élmer Mineros, policía de Asuntos Internos desde 2007, consigue contestar una pregunta del fiscal Reyes. "Los ocho policías que intervinieron andaban dos armas cada uno. Solo se recuperaron (de la escena) dos casquillos de un fusil", dice Mineros. En la escena, solo se recogieron dos casquillos policiales calibre 5.56, ambos en el techo, y del fusil de uno de los agentes policiales, así como un casquillo de pistola 9 milímetros, también policial, que estaba en el suelo, casi oculto por láminas. De la cadera de Armando, el obrero, se recuperó un proyectil de 9 milímetros del arma del mismo agente (que antes de hacer las pruebas finales se pensó que era un .38, por su diámetro). Se recogieron otros siete casquillos de una pistola nueve milímetros que apareció cerca del cadáver de uno de los pandilleros, y dos casquillos de una escopeta 12, que estaba bajo el cuerpo de Armando. Sin embargo, cuando los forenses hicieron frotado de manos al cuerpo de Armando, se concluyó que él no había disparado ningún arma de fuego. Según la Policía, fue un enfrentamiento dentro de la casa. De ser así, el inverosímil enfrentamiento consistió en esto: un policía disparó dos veces con su fusil y una vez con su pistola, un pandillero respondió siete balazos de su nueve milímetros, y un policía le metió un tiro a Armando, que nunca disparó, y que cayó sobre una escopeta que alguien, quién sabe quién, disparó dos veces. Del lado policial, solo cuatro evidencias, insuficientes para si quiera haber perforado uno de los cadáveres, sin contar los impactos en la pared. Había más hoyos de bala en los cuerpos que casquillos en la escena. Más de diez agujeros (hay heridas que los forenses no pudieron determinar) y solo cuatro casquillos (incluído el de la cadera de Armando). 

Agentes de la PNC inspeccionan las viviendas cercanas a la zona donde murieron tres pandilleros y un joven que dormía en su casa, en la colonia Villas de Zaragoza, en el municipio de Zaragoza, de La Libertad, el lunes 8 de febrero de 2016./ Foto El Faro: Víctor Peña
 
Agentes de la PNC inspeccionan las viviendas cercanas a la zona donde murieron tres pandilleros y un joven que dormía en su casa, en la colonia Villas de Zaragoza, en el municipio de Zaragoza, de La Libertad, el lunes 8 de febrero de 2016./ Foto El Faro: Víctor Peña

Día 3. Cuatro de julio de 2018. Carne quemada.

"¿A qué distancia le dispararon a la pierna de cerdo?", pregunta el fiscal. "Un metro, bien cercano", contesta la doctora Edda Altagracia, con sus 24 años de experiencia como forense. "Y el tirador, ¿en qué posición?". "Ellos (los tiradores) parados, y la pierna en el suelo". "¿Su conclusión?". "Las lesiones fueron producidas a muy corta distancia".

La forense se refiere a la reconstrucción balística que hicieron el 11 de julio de 2017 en un polígono de tiro de Ilopango. La pierna de cerdo simulaba un cadáver. Los tiradores balearon la carne desde diferentes puntos, para tratar de entender el efecto de rebote de algunas balas sobre el cemento, luego de atravesar los cuerpos. La bala atraviesa la carne y destruye el cemento de atrás, haciendo que algunos fragmentos de conreto laceren el cuerpo. La única conclusión fue esa: se disparó de cerca, muy cerca, menos de un metro. La versión del enfrentamiento implica que los disparos se realizaron a distancia de metros. Los únicos casquillos de arma policial encontrados pertenecían a las armas de un agente que entró por la puerta principal, no a un gerrepé que cayó del techo. La puerta principal está a unos diez metros del altillo donde quedaron los cuatro muertos repletos de agujeros.

Los ocho defensores han dejado de objetar. La forense Altagracia habla fuerte, claro, con seguridad. Se nota habituada a estos juicios. Sabe cómo responder y toma la iniciativa. Para objetar y objetar y objetar es más cómodo tener a una niña insegura en esta sala que a una forense curtida en tribunales. A preguntas insistentes del fiscal sobre la distancia y posición entre tiradores y cadáveres, ella pide a los jueces: "¿Puedo pararme?". Le dan permiso. Se acerca al estrado. "Fueron así", dice. Levanta su mano derecha como si fuera un serrucho a punto de hincarse en un madero. Luego, perpendicular, la deja caer con vigor. De arriba hacia abajo. Así, dice, fueron los disparos sobre los cuerpos de los muertos y del cerdo.

Tras fracasar la estrategia de objetar cada dos por tres, los defensores se lanzan sobre una petición de la Fiscalía. La forense aseguró que le sería más fácil explicarlo todo si pudiera mostrar imágenes de los cadáveres con un proyector. Los defensores dicen que sería un atropello contra el proceso, los jueces deciden que permitirán las imágenes. Una de las paredes de la sala es cubierta por un rostro desfigurado. Una cicatriz roja, fresca, serpea por el rostro, desde la sien hasta la barbilla, entre dos puntos renegridos. Uno, el de arriba, es el agujero de entrada, dice la forense. El otro, el de abajo, el de salida. "Eso es cercano. Todo eso (la cicatriz) es quemadura. El proyectil penetró, pero primero quemó". Junto al disparo, de la boca de un arma, explicó la forense, sale un escupitajo de fuego. Ese escupitajo produjo la cicatriz en ese rostro. Para eso es necesario que el cañón esté a centímetros de la piel. Ese fuego es el hálito de un arma.

Es el turno de Abraham, la niña. La jueza que lidera el tribunal pide a la Fiscalía evitar agresividad. Les recuerda que es menor de edad. Asegura que ya dijeron a la niña en el cuarto de testigos que no verá los ojos de los acusados, todos sentados en la sala, y que su voz será distorsionada. Al fiscal Reyes, la jueza le pide ser concreto. Reyes titubea en cada turno, habla con lentitud y suavidad y tarda para pensar cada pregunta, al grado de que incluso los jueces se han quejado del ritmo de sus interrogatorios. Volviendo a aquella figura de un juicio hollywoodesco, digamos que él no pasaría del primer casting para personificar a un audaz fiscal. Habiendo negado la cámara Gesell, los jueces pretenden que la niña esté el menor tiempo en este salón, dentro de una caseta polarizada.

La jueza pregunta aquello de si dirá la verdad.

"Sí, lo juro", responde la niña con voz de ultratumba.

Tras decir que los "bichos" cayeron del techo, y evadiendo las múltiples objeciones con que la defensa pretende estropear la contundencia del testimonio, Abraham alcanza a decir estas frases:

"Los policías los mataron".

"(los pandilleros) estaban arriba, tirados en el suelo".

"La policía los tenía con el pie en la cabeza".

"Dayana se salió para decir al policía que él (Armando) no era nada, que era trabajador. Un policía aventó al niño (Aarón, de 3, hijo de Dayana), lo rempujó. El niño cayó sentado. Bajé a ver al niño y me salí con el niño. Me fui para donde la abuela".

"Escuché unos disparos en la casa donde se quedó el muchacho (Armando). Sonaron varios. Fueron rápido, pero bastantes".

Una hora declaró la niña. Una hora, en medio de un intrincado debate, se vio obligada a recordar la tarde que seguramente le marcará la vida.

Llaman al testigo Eben Ezer, también con régimen de protección. Todos sabemos quién es. Durante un receso, pregunto a un defensor si ubican a los testigos Abraham y Eben Ezer: "la hermanita y la mamá", respondió. Las medidas de protección no protegen a nadie en este país.

Es una sorpresa, pero la Fiscalía ha presentado a Eben Ezer como testigo de referencia. La quieren para saber qué supo Dayana, la esposa de Armando. Es decir, la quieren más por lo que escuchó de boca que Dayana que por lo que vio con sus propios ojos. ¿Por qué no está Dayana en esta sala?

Contesta Eben Ezer algunas preguntas:

"Dayana me dijo que la habían sacado a punta de pistola, la policía".

"Ella dijo que les enseñó la cartera de Armando. Él le dijo: 'enseñales'. 'Después', dijeron los agentes, y se la tiraron al suelo".

"Lavamos en la noche y en la mañana (luego de que la Policía procesara la escena), porque no salía, había mucha sangre. Había muelas, dientes... (el suelo del altillo) estaba reventado, como si hubieran dado con un martillo".

Turno de la defensa. El abogado que lleva la palabra empieza, casi a gritos, a preguntar a Eben Ezer. Uno de los jueces le pide que baje el tono de voz, y con menos volumen, el abogado se lanza a una serie de preguntas sin sentido, que solo buscan exponer a la testigo más de lo que ya está expuesta.

"¿Cómo se llama la madre (de Armando)?", pregunta el abogado.

"¿Puedo decirlo?", pregunta Eben Ezer.

La Fiscalía, al fin, objeta, argumentando que "algunos parientes" pueden ser testigos con protección, y no es conveniente mencionar nombres. Los jueces dan la razón a la Fiscalía.

"¿Tiene interés en este proceso usted?", continúa el abogado.

"Sí", responde Eben Ezer siempre con voz de ultratumba.

"¿Qué interés?"

"Que se haga justicia"

"¿Verdad que usted va a decir cualquier cosa para que se haga justicia, testigo?".

"Objeción", protesta el fiscal. La pregunta se retira. La defensa descansa. Su intención parece que solo era sacar de sus casillas a Eben Ezer.

La pregunta clave sigue en el aire: ¿Por qué no declaró Dayana? La pregunta la responde alguien vinculado al caso que pidió anonimato. Dayana y su hijo Aarón se largaron del país en mayo de 2016, como consta en el expediente fiscal. Después de la matanza no volvió a sentirse segura. Creía que vendrían por ella. Apenas tres meses después de la masacre, la testigo y el niño que fue empujado huyeron. La muerte trajo huida. Aquel día que los policías dispararon contra Armando, esa familia no solo perdió a un miembro, perdió a tres. Dos más se largarían en busca de paz a los días. La madre de Armando no solo perdió a un hijo; perdió a una nuera, a un nieto. La matanza no terminó de perforar con las balas. Siguió rompiendo.

En la tarde del crimen, la Policía acordonó toda una manzana para procesar la escena en la que murieron cuatro personas en Villas de Zaragoza. / Foto: Víctor Peña
 
En la tarde del crimen, la Policía acordonó toda una manzana para procesar la escena en la que murieron cuatro personas en Villas de Zaragoza. / Foto: Víctor Peña

Día 5. Seis de julio de 2018. Testigo hostil.

Entre ayer, cuarto día de juicio, y hoy, han seguido sentándose en el banquillo peritos e investigadores policiales. No le queda de otra a la Fiscalía que citar a quienes indagaron la matanza para el Estado. Ayer, fue otro día de amnesia policial. Es la Fiscalía contra sus testigos. Fiscalía versus policías. Los testigos dijeron poco, guardaron mucho. Sin embargo, de entre estos testigos policiales, el testimonio clave para la Fiscalía está programado para hoy. Se trata del investigador que abrió el caso y entrevistó a los involucrados. Las actas de entrevistas están anexadas al expediente como prueba documental, pero para los jueces es fundamental escuchar la voz de los protagonistas de estas pesquisas. El análisis de la prueba testimonial junto a la prueba documental compondrán el veredicto.

El fiscal Reyes se queja ante los jueces porque la defensa no lo deja hacer casi ninguna pregunta sin exclamar: "objeción". Ahora le han interrumpido cuando preguntó a un agente: "¿Qué pasó después?". En muchas ocasiones, alguno de los ocho defensores ha dicho objeción antes de que Reyes terminara su pregunta.

El agente Abel de Jesús, de la Sección Táctica Operativa de la PNC, no dirá, para variar, nada útil para la Fiscalía. Dice que estaba allá para cuidar las rutas de escape de los pandilleros, mientras sus compañeros entraban a la casa de Armando. Dice que estaba al costado oriente de la casa, a unos 400 metros, y que no pudo ver nada a detalle. Sin embargo, luego dice que sus compañeros gritaron a los pandilleros que se rindieran antes de disparar dentro de la casa. Dice que no vio nada más, porque estaba lejos, pero sí "era claro que (los pandilleros andaban) con pistola". No entró nunca a la casa donde mataron a Armando, pero estuvo dispuesto a decir esto ante los jueces: " (Fue) La respuesta de nuestros compañeros ante una agresión ilegítima. A mis compañeros no les quedó de otra". Nunca vio a Armando suplicar ni a Dayana ni a la niña. No vio a Aarón llorar. No vio a Armando ser despertado abruptamente. Él mismo lo dijo: "estaba al costado oriente a 400, 500 metros" de la escena. 400 metros es lo que miden esas pistas ovaladas de los juegos olimpicos. Es cuatro veces el largo de una cancha de fútbol. Y sin embargo, dijo lo que dijo.

No dice ni un nombre. Aquel día, asegura el miembro del STO, no pudo ver a nadie, porque el "100%  andábamos pasamontaña".

Hace dos días, cuando a la niña le preguntaron cómo sabía que los que entraron a su casa por la puerta eran policías, ella dio una respuesta perturbadora: "Porque andaban pistolas, tapados de la cara y uniforme azul".

En este país, cada vez más nos habituamos a eso. Quizá ya del todo. Los policías andan la cara tapada. No dan la cara. Argumentan que es porque corren riesgo si las pandillas los identifican. Y, en muchos casos, es cierto, pues viven en zonas de pandillas. Muchos ocultan su trabajo de autoridad pública para sobrevivir en sus casas. Sin embargo, no deja de ser una lástima que en este país una niña no conozca a la Policía porque gritaron "Policía, no se mueva" ni porque capturaron, esposaron y entregaron a los "malos" a la justicia; no, nada de eso, la niña los reconoce porque ellos "andan la cara tapada".

El testimonio del policía termina de forma absurda. El fiscal Reyes, desesperado por la falta de cooperación del interrogado, intenta al menos sacar de él algo tan sencillo como el tiempo, el momento del día en que ocurrieron las cosas.

Fiscal Reyes: Testigo, ¿cómo estaba el ambiente?

Abogado defensor: ¡Qué pregunte en español, señoría!

Jueza: Abogado, la pregunta está en español. Prosiga, Fiscalía.

Fiscal Reyes: ¿Cómo estaba el ambiente?

Testigo: No entiendo... ¿El ambiente?

Fiscal Reyes: ¿Cómo estaba el ambiente?

Abogado defensor: ¡Objeción!

Fiscal Reyes: ¿Dónde estaba el sol?

Abogado defensor: ¡Objeción!

Fiscal Reyes: ¿Qué parte del día era?

Testigo: La tarde.

Fiscal Reyes: ¿Qué entendemos por tarde?

Abogado defensor: ¡Objeción!

Jueza: Reformule, Fiscalía.

Fiscal Reyes: ¿Qué entiende por tarde?

Testigo: Lo que está después del mediodía.

Tras más de una hora de interrogatorio, el testigo policial aportó algo que no vio y una definición de "tarde".

Llega el siguiente testigo, el testigo clave de este día, Carlos David Orellana, abogado independiente, y antes miembro de la Policía por 23 años, hasta el 25 de agosto de 2017, un año y medio después de ocurrida la matanza. Fue de los fundadores de la unidad a la que pertenecía cuando se retiró, la Unidad de Asuntos Internos, policías que investigan policías. Fue, en esa instancia, jefe de la Unidad de Investigación Disciplinaria. En teoría, es un policía al que los agentes corruptos deberían temer. Un tipo con años de recorrido en la unidad creada para limpiar la institución de "manzanas podridas", utilizando un término habitual de los jefes policiales en discursos públicos.

El hombre cincuentón se sienta encorvado. Nunca ve a los acusados, que están a menos de cinco metros de él, viéndolo. Empieza el interrogatorio del fiscal Reyes. Nada de nada. Orellana dice que no recuerda el año en que ocurrieron los hechos. No recuerda qué hizo para investigar ni quién le dio la orden para que lo hiciera ni cuánto tiempo lo trabajó ni cuántas actas realizó. Tras más de 20 años en la institución, el investigador recibió el caso de una matanza perpetrada por policías, que había sido publicada en medios de comunicación, y de la cual la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos había abierto expediente de investigación, y no recuerda nada. Nada de nada. Ni un detallito.

Fiscal Reyes: ¿A quiénes citó en este caso?

Testigo: No recuerdo.

Fiscal Reyes: No le pido nombres, ¿a quiénes citó?

Testigo: No recuerdo.

Fiscal Reyes: ¿En qué consistía el caso?

Testigo: No recuerdo. Ha pasado bastante tiempo.

Han pasado, exactamente, 11 meses desde que reasignaron el caso porque él se retiró de la institución poco después. Esa fecha sí la recuerda con exactitud: "17 de agosto de 2017", dice cuando se le pregunta cuándo dejó el caso. Es lo único que recuerda, cuándo se alejó de ese caso. De hecho, dice no recordar ni si quiera de qué se trata el caso. Solo el día que lo dejó. O sea, asegura que solo sabe cuándo se alejó de algo, pero no ese algo.

El fiscal Reyes, abrumado de nuevo ante uno de sus testigos, pide a los jueces que declaren testigo hostil a Orellana. La defensa objeta que el fiscal Reyes siga hablando con el testigo en la sala, porque lo pude sugestionar. Sacan a Orellana de la sala. El fiscal Reyes argumenta con su voz pausada, incluso en momentos de agobio: "Callar lo que sabe, decir lo que no es, falso testimonio. Una fecha sí la recordó, le conviene. Todo lo demás lo ha olvidado. No puede venir acá una persona a hacer lo que se le ocurra, y sabemos cuál es la intención".

El fiscal Reyes está harto. Durante una pausa dijo a los medios de televisión que esperaban fuera que costaba "levantar un caso sin ayuda de otras partes involucradas en la investigación". El fiscal Reyes ha sido prudente. Orellana solo es el último que olvidó. Todos olvidaron. Los demás policías contestaron alguna cosa, pero olvidaron todo lo importante para inculpar a sus colegas. Una agente no pudo recordar lo que ella misma escribió en un libro. Otro agente no podía ver nada desde 400 metros de distancia, solo la inocencia de sus compañeros. Orellana, al menos, ha sido más constante. Él simplemente no recuerda nada. Lo único otro que hubiera podido olvidar en esta sala era su nombre.

El fiscal y la defensa se enroscan en un debate ante el tribunal sobre si debe o no declararse hostil a Orellana. Si eso ocurre, el fiscal Reyes podría hacer preguntas sugestivas. O sea, preguntas normales, del tipo: Según este documento y este otro que usted firmó, usted llevó el caso durante año y medio, ¿cómo es posible que no recuerde nada de nada? ¿Cómo pudo ser policía de investigación durante toda una vida y ser incapaz de recordar cualquier cosa? ¿Cómo se le puede olvidar un caso con cuatro cadáveres, el último caso de su carrera, el más reciente?

Los defensores aseguran que estas son solo "técnicas dilatorias" de un fiscal que no está preparado. "Ni siquiera las escribe (las preguntas)", dice uno de los abogados. Los abogados que llevan la voz cantante son rápidos, verbalizan como metralletas,  son dramáticos para entonar y en extremo lisonjeros con los jueces: "honorable tribunal", "los dignos juzgadores", "respetables jueces". El abogado que defiende a los tres miembros del GRP, José Manuel Cruz Azucena, por ejemplo, es uno de los penalistas más cotizados en el país. Cuesta creer que su salario salga de los salarios que ganan los acusados. Es segunda vez que defiende a miembros del GRP enjuiciados por masacrar. Lo hizo en el caso San Blas. También defendió al exfiscal general Luis Martínez y al exdiputado del PCN acusado de lavado de dinero, Roberto Silva Pereira. El fiscal Reyes, a la par de abogados como Azucena, tiene la elocuencia de un contador.

El tribunal no acepta la petición del fiscal Reyes. Vuelve el testigo. Sigue sin recordar nada. El fiscal pide que le muestren al testigo los folios que él mismo llenó con las entrevistas a los imputados en 2016. La defensa se siente agraviada e interpone una revocatoria a la petición. El tribunal acepta la revocatoria. El fiscal Reyes interpone una revocatoria a la revocatoria. El tribunal le hace ver al fiscal Reyes que no puede interponer una revocatoria sobre otra y pregunta al fiscal Reyes si va a continuar con el testigo o no.

Fiscal Reyes: Ya no hay objeto.

Jueza: Muchas gracias al testigo, puede retirarse.

Se acaba el turno de la Fiscalía. Por más que parezca sorprendente, todo lo que ha ocurrido era el turno de la Fiscalía, su estrategia. Ahora, le toca a la defensa, que solo cita a dos policías, a la agente Wendy Zepeda, de 30 años, de la Subdelegación de Zaragoza, y al agente José Fuentes, de 51, de la misma oficina. Ambos llegan a contar algo que no está siendo juzgado por este tribunal.

La mañana de la matanza, la Policía acudió a una denuncia por asalto de camiones repartidores en la colonia La Fuente de Zaragoza, a unos kilómetros de Villas de Zaragoza, donde mataron a Armando y los tres pandilleros. La Policía, tras la matanza, dijo que habían intervenido a unos pandilleros asaltando un camión de refrescos, y que los pandilleros habían disparado al verlos. Otras versiones policiales dijeron que era un camión de chucherías embolsadas y otra versión relata que fue una emboscada pandilleril. Un pandillero murió ahí. Otros tres huyeron y terminaron cayendo por el techo de la casa de Armando horas después. En la escena del asalto, un cabo policial salió herido de bala en un hombro. Se trata del testigo de la defensa. La agente mujer es quien lo asistió tras el balazo. Nadie está juzgando ese asalto ni ese balazo contra el policía. En parte, porque todos los pandilleros murieron por balas policiales, y no dejaron a nadie a quien acusar. Sin embargo, es curioso ver cómo los policías ahora sí recuerdan todo lo relacionado con el hecho del que fueron víctimas. De su relato puede deducirse que los tres muertos en casa de Armando eran pandilleros. Aunque esa deducción es inútil. Los tres estaban tatuados con los símbolos de su pandilla, basta ver las imágenes forenses. Pero en este juicio no se juzga a nadie por agrupaciones ilícitas. Se juzga a nueve policías por haber asesinado a cuatro detenidos rendidos y por haber encubierto ese hecho.

Y sin embargo, la defensa insiste en demostrar que los pandilleros eran pandilleros, como ocurrió en San Blas. Entienden quizá que recalcar eso pone cuesta arriba la decisión de condenar de unos jueces. Pareciera que para la justicia salvadoreña no es lo mismo pandillero asesinado que persona asesinada. ¿Va un juez a condenar a un grupo de policías por haber matado a unos pandilleros que antes habían disparado contra ellos y herido a un agente? ¿Va a hacer eso un juez, aunque haya pruebas científicas de que los pandilleros murieron por fuego a cortísima distancia y hubo alteración de escena? No ocurrió en el caso San Blas. Hasta el momento, ningún juez lo ha hecho en este país, a pesar de que diversos organismos internacionales han asegurado que hay un patrón de cometer ejecuciones extrajudiciales entre los policías.

Durante una pausa, llamo a un policía que es mi fuente desde hace años, y que estuvo ese día en la escena de la matanza de Zaragoza. Le describo la situación del juicio. Le explico que los testigos policiales están declarando con el rostro descubierto, que los nueve acusados los pueden ver, y que en la sala rotan como custodios unos 15 agentes del STO. Esto me responde por teléfono cuando le cuento que los testigos policiales no quieren responder nada:

"Nadie va a ser tan pendejo de hacerle el juego a la Fiscalía. ¡Puta! Enfrente de nueve acusados y los que cuidan la sala, y con la cara pelada. ¡Puta! Tendrías que renunciar (a la Policía) después y quizá irte del país".

Llamo a un fiscal que ha trabajado en varios casos complejos. Me dice: "No se trata de un caso particular. Ocurre todo el tiempo. Es algo que viene de arriba. No solo es casi imposible que declaren, sino que hacen cosas para jodernos los casos contra policías. Dilatan información o se muestran muy colaboradores cuando preparamos las entrevistas y luego llegan a enmudecer a juicio. Ya se ha denunciado esto al máximo nivel y nada pasa".

Suele presentarse como un éxito que un caso se judicialice. Parece un paso adelante. Sin embargo, en el caso de los policías, uno se pregunta cuánto daño causa también este tipo de procesos. ¿Cuántos policías bastan para que algo se difunda entre los suyos? En este juicio, nueve acusados, al menos 15 custodios policiales que rotaron en la sala y cinco testigos de la institución que llegaron sin memoria han presenciado cómo los policías se protegen entre sí. 29 policías han atestiguado la norma: no declararás contra los tuyos. Encubrirás al que porta uniforme. No se trata de hacer justicia, sino de nosotros contra ellos. Punto. Policías contra pandilleros, donde todo el que denuncie a la Policía está del lado de los pandilleros. 

Las normas se crean con el hábito. A la luz de los dos casos judiciales emblemáticos de los últimos años contra ejecuciones extrajudiciales masivas de parte de la Policía, podemos decir que el hábito es el de la corrupción. Pasó con San Blas, donde muchos testigos llegaron sin recuerdos o evidentemente a encubrir. Pasa con Zaragoza. 17 policías protegidos por la ley del silencio corporacional en dos casos similares que dejaron 12 cadáveres. El último testigo de la Fiscalía que acaba de declarar es una especie de emblema de ese hábito ya instalado. Orellana fue fundador de la unidad que controla a los uniformados. Si él, que ya ni siquiera está en la corporación, no se animó, ¿por qué lo haría la agente que todos los días tendrá que ver a los acusados si llegan a ser liberados? ¿O el investigador que trabaja en la misma región? ¿O el próximo policía al que le toque sentarse en el banquillo?

Un caso judicial puede servir para echar luz sobre los hechos o para crear mecanismos oscuros que los empañen.

Tampoco a esta sala asistió ningún alto cargo de la Policía ni ningún investigador de Asuntos Internos. Todos al interior de la institución, por más amañado que sea un proceso, parecen satisfechos con que llegue a juicio. No harán nada internamente para depurar a los suyos por "olvidar" todo tras haber jurado decir la verdad. En el caso San Blas, el juez absolvió a los policías, aunque dijo que uno de ellos había disparado contra uno de los que murió desarmado e hincado. Dijo ese juez que entre esos policías estaba el asesino de ese muchacho que no era pandillero, pero que la Fiscalía no logró individualizar al culpable. Meses después, el director de la Policía, Howard Cotto, aseguró que todos los acusados del caso San Blas habían vuelto a sus funciones. El asesino incluido.

Apenas horas después de la matanza de Zaragoza, el subdirector de la PNC, César Baldemar Flores Murillo, llegó a la escena a decir a los medios que fue un enfrentamiento, que los suyos solo respondieron a los pandilleros. Al juicio donde se aportan pruebas contra esa versión no ha asistido ningún jefe policial.

La prueba testimonial se agotó. Es el turno de integrar la prueba pericial. Se trata de la parte más tediosa del juicio. El secretario del juzgado leerá cada uno de los títulos de los cientos de pruebas documentales. Las partes irán verificando en sus listas si todo es correcto. Son casi las 9 de la noche de este viernes. Ya solo quedan los vigilantes en el centro judicial.

El fiscal Reyes parece desmoronarse. Está desparramado en su silla, y es la fiscal Patricia Alonso, que apenas ha hablado en este juicio, quien toma las riendas. El fiscal Reyes se ha sacado los lentes. Se soba los ojos. Un abogado defensor le hace ver al tribunal que el fiscal Reyes está por desvanecerse. El fiscal Reyes se acerca al estrado. Los jueces, tras hacer gestos de sorpresa, suspenden la audiencia, y la fiscal junto a otros abogados bajan al fiscal Reyes al parqueo para llevarlo a un hospital. En el escensor, el fiscal Reyes me muestra uno de sus ojos. Una especie de nube blanquecina desciende sobre media retina. "Hay que salirse de esto, hay que salirse de esto, mucha presión", repite el fiscal Reyes aturdido.

Dice que todo lo ve nublado. 

Tras la matanza en la colonia Villas de Zaragoza, el 8 de febrero de 2016, decenas de policías llegaron a custoriar la escena. Fue hasta las 9 de la noche, ocho horas después de los hechos, que dejaron pasar a los vecinos. / Foto: Víctor Peña
 
Tras la matanza en la colonia Villas de Zaragoza, el 8 de febrero de 2016, decenas de policías llegaron a custoriar la escena. Fue hasta las 9 de la noche, ocho horas después de los hechos, que dejaron pasar a los vecinos. / Foto: Víctor Peña

Día 7. Diecisiete de julio de 2018. El círculo.

Entre ayer y hoy, durante diez largas horas, han dado sus alegatos finales el fiscal Reyes y los abogados principales de cada defensa, cuatro de ellos.

El fiscal Reyes se alargó repitiendo con lentitud algunos detalles que caminaban hacia un punto: que los jueces pongan atención a la prueba documental y pericial, a los testimonios rendidos fuera de esta sala y a las quemaduras, tatuajes de pólvora en los cuerpos, así como a las evidencias de alteración de escena. Lo que ocurrió en esta sala fue una tunda a la Fiscalía, a quien sus propios testigos dejaron en soledad. La esperanza de una condena está en los documentos. Los defensores, siempre elocuentes y amables con el tribunal, mencionaron diferentes puntos, aunque caminaban en esencia hacia dos argumentos. El primero, recordar a los jueces, que apenas iniciaron funciones en mayo con este tribunal de sentencia, que los pandilleros eran pandilleros. "Y estas personas no se dedican a hacer piñatas ni a regalar dulces a los policías", apuntó uno de ellos. Parece haber de fondo una pregunta escondida al tribunal, dentro de la que resuena una palabra: ¿van a condenar a estos policías por la muerte de esos PANDILLEROS? El segundo argumento es que la Fiscalía no fue capaz de individualizar, de explicar qué rol exacto jugó cada policía en la matanza, dónde estaban, y cuándo y cómo se pusieron de acuerdo para ejecutar las muertes. No hubo testigos de las ejecuciones. De esa casa, cuando todo terminó, solo salieron los policías y quedaron los cadáveres. Los defensores conocen muy bien el caso San Blas, de hecho uno de ellos participó en él. Ese fue el argumento de los defensores en aquel caso: no se puede decir quién fue ni si todos estaban de acuerdo. Sin embargo, la masacre de Zaragoza tiene dos diferencias: si la de San Blas ocurrió en una finca, esta ocurrió dentro de una precaria casa, en un espacio similar al cajón de un tráiler. Es difícil que unos no vieran lo que otros hacían. Además, en Zaragoza sí hubo testigos que vieron rendidos ante los policías a los que luego murieron. En San Blas quedaron cientos de casquillos. Aunque había muchos indicios de alteración de escena, no eran tan obvios como en este caso. Insuficientes casquillos para tanta carne agujereada fueron encontrados en Zaragoza.

Los policías, excepto uno, hacen uso del derecho a la última intervención. Todos dicen la palabra inocente. Muchos recuerdan que sus familias los esperan en casa. Uno llora. Un miembro del disuelto GRP dice: "Me considero que soy un héroe. Fui condecorado tres veces. Siempre he respetado los Derechos Humanos. He pertenecido a la unidad más disciplinada". 

Fin.

Terminó el juicio por la muerte de tres pandilleros y un trabajador. Los dos fiscales intentaron demostrar que fue homicidio agravado por parte de ocho policías y encubrimiento de su jefe en la colonia Villas de Zaragoza. Los ocho abogados defensores buscaron dejar sentado que fue un enfrentamiento lo que aquel 8 de febrero de 2016 dejó cadáveres a tres pandilleros del Barrio 18 Sureños de 13, 16 y 18 años, y a un obrero de 23 que nada tenía que ver con las pandillas. Los jueces deliberarán y, este viernes 20 de julio, darán su veredicto. Culpables o inocentes, dirán. Y sin embargo, este juicio parecen haberlo perdido todos.

El círculo de la violencia, dicen muchos para definir algo que empieza y termina de la misma forma, con violencia. Una línea de hechos que, a fuerza de corrupción, balazos y muertos, de viudas y dolientes, se va torciendo, se deforma, y no llega a ningún lugar distinto que aquel del que partió: sufrimiento, dolor, injusticia. Eso pasará en este caso. Eso ya pasó, incluso antes de que llegue el veredicto.


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