Cuando fue alcalde de Santa Tecla, el actual vicepresidente de la República, Óscar Samuel Ortiz Ascencio, aprobó junto a su Concejo la venta de un inmueble municipal, ubicado sobre la carretera que conduce hacia el Puerto de La Libertad, a una empresa relacionada con su esposa y con uno de sus socios. En un acuerdo municipal, la administración Ortiz justificó la venta del inmueble con dos argumentos: uno, la comuna necesitaba dinero; y dos, era importante incentivar el comercio en la zona, algo que ofrecía la sociedad compradora: instalar una gasolinera de bandera blanca. Esa gasolinera nunca se construyó y, con el paso del tiempo, el único que incentivó su economía con esta transacción fue el socio de Ortiz, que vendió la propiedad a un precio mayor al que pagó a la Alcaldía.
El 21 de junio de 2010, el Concejo tecleño recibió una correspondencia de la sociedad Servicios Americanos: “manifiesta su interés en adquirir el inmueble donde funcionaba el antiguo rastro municipal”. El exrastro estaba ubicado en 2,392.70 metros cuadrados, sobre el bulevar Sur y final avenida Melvin Jones. El Concejo argumentó que no tenían ningún proyecto en esa zona y, por lo tanto, autorizó la venta por unanimidad. “La construcción de una estación gasolinera en dicho sector promovería el comercio en la zona, sin necesidad de realizar construcciones que afecten sustancialmente la zona de amortiguamiento de la Cordillera de El Bálsamo”, razonó el Concejo.
La Alcaldía de Ortiz autorizó la venta. Servicios Americanos, la empresa que regenta el hotel Beverly Hills, en Antiguo Cuscatlán, pagó $200,001.22 por el antiguo rastro municipal. El representante de la sociedad compradora fue Rogelio Antonio Cervantes Aguirre, el empresario que perdió las elecciones de 2003 como candidato a alcalde de Antiguo Cuscatlán con la bandera del FMLN. Cuando ocurrió la venta del inmueble municipal, Cervantes y Ortiz eran viejos conocidos. Una década antes, el 20 de junio de 2000, el empresario y el exalcalde crearon una empresa a la que bautizaron como Desarrollos Montecristo S,A. de C.V. En el momento en que Cervantes participó en la compra del exrastro, era socio en esa empresa con el alcalde que autorizó la venta.
En la creación de Desarrollos Montecristo, sociedad con inversiones inmobiliarias en San Vicente, participó un tercer empresario: José Adán Salazar Umaña, conocido como Chepe Diablo, el hombre que durante tres años figuró en una lista de “relevantes capos internacionales” de la droga, elaborada por el Gobierno de Estados Unidos. Actualmente, Chepe Diablo está procesado en libertad condicional por el delito de lavado de dinero, y la Fiscalía le ha embargado 14 propiedades, siete de ellas hoteles, valorados en 6.5 millones de dólares. En ese embargo, los fiscales no incluyeron los negocios que Chepe Diablo y sus socios realizaron a través de Desarrollos Montecristo. En abril de 2017, el fiscal general, Douglas Meléndez, explicó esa ausencia con una de sus muletillas recurrentes: “Sí, la sociedad Montecristo S.A. de C.V. es parte de la investigación en este momento”. Chepe Diablo era socio en aquel momento de Ortiz y de Cervantes, pero no tuvo nada que ver en la transacción por el exrastro de Santa Tecla.
Formalmente, la Alcaldía vendió la propiedad a Servicios Americanos, pero en la práctica en ese negocio participaron dos socios. Eso es lo que consignan los documentos inscritos en registros públicos. Sin embargo, hay otros documentos de carácter reservado que revelan un nexo más íntimo, más oculto, entre la empresa compradora del exrastro y el ahora vicepresidente: apertura de cuentas bancarias, compras de vehículos y cheques que Ortiz depositó en una cuenta de la empresa compradora.
El 16 de febrero de 2002, ocho años antes de la transacción con el exrastro, Servicios Americanos abrió una cuenta corriente en el Banco Promerica. La persona que firmó para la apertura y manejo de la cuenta fue la señora Elda Gladis Tobar Ortiz, esposa del entonces alcalde y actual vicepresidente. En los archivos del Registro de Comercio, la señora Tobar Ortiz no tiene ningún vínculo formal con la sociedad: ella no es fundadora, no es accionista, no es apoderada, no es representante legal ni forma parte de la administración de la compañía (el administrador único es Cervantes Aguirre y el administrador suplente es su hijo Walter Antonio Cervantes Guzmán), pero ella tenía firma en la cuenta, control sobre uno de los bolsillos de la sociedad. Es decir, podía realizar retiros de dinero sin pedir autorización a nadie.
El depósito inicial de la cuenta abierta por la señora Tobar Ortiz fue de $114.28, pero entre marzo y abril de 2002 recibió siete depósitos que sumaban $22,014.56. El Faro ha tenido acceso a documentos sobre los abonos y retiros de esa cuenta hasta el 29 de diciembre de 2005, cuando el saldo de la empresa era de $11,515.66. Los documentos, sin embargo, no detallan quién hizo los depósitos y retiros. La cuenta corriente abierta por la esposa del vicepresidente estuvo activa hasta el 16 de enero de 2012, día en que fue cancelada. O sea, que la señora Tobar Ortiz tuvo poder sobre cuentas de la empresa que compró el exrastro a la Alcaldía dirigida por su esposo aún dos años después de la venta. Este fue el único negocio en que la señora Tobar Ortiz se vio implicada con su marido en calidad de alcalde. Sin embargo, junto a su esposo y Cervantes, participaría en otras transacciones particulares más adelante.
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha pedido al banco Promerica un informe de las operaciones realizadas desde la cuenta bancaria abierta por la esposa de Ortiz. En mayo de 2017, el banco envió un reporte preliminar, pero no anexó la documentación soporte de las operaciones financieras. Es decir, no hay detalles de quién realizó los depósitos y retiros a la cuenta. Probidad ha reiterado la solicitud al banco. La petición de información se enmarca en una investigación por enriquecimiento ilícito en contra de Ortiz y su grupo familiar por un millón 848 mil 956 dólares. Esto significa que Probidad no ha encontrado documentación que respalde el origen de depósitos en cuentas bancarias o en compras de inmuebles. Por ejemplo, Probidad no sabe quién depositó y retiró dinero de la cuenta bancaria de Servicios Americanos, en la cual la esposa del vicepresidente tenía firma. Probidad tampoco sabe de dónde salió el dinero que Desarrollos Montecristo usó para comprar unos inmuebles en San Vicente, los cuales ahora son propiedad del vicepresidente.
Servicios Americanos fue dueña del antiguo rastro municipal de Santa Tecla durante tres años. El 31 de diciembre de 2013, esa compañía vendió la propiedad a su administrador único: Cervantes Aguirre. El empresario pagó $200,001.22. Es decir que Servicios Americanos no ganó ni un centavo sobre el monto que pagó a la Alcaldía tecleña. La gasolinera de bandera blanca, uno de los argumentos de la municipalidad para vender la propiedad a Servicios Americanos, nunca se instaló. Incentivar el comercio en la zona fue una promesa. Nada más.
Hace dos meses, el 22 de mayo de 2018, Cervantes Aguirre vendió el antiguo rastro municipal. A diferencia del negocio que realizó Servicios Americanos, la sociedad que no ganó ni un centavo en la transacción, el empresario vendió el inmueble por un monto de $333, 433.82. El socio de Ortiz, ocho años después de que la Alcaldía vendiera el exrastro a Servicios Americanos, ganó $133, 432.60 dólares por ese negocio inmobiliario. A Cervantes sí le resultó bien la transacción con la Alcaldía que dirigía su socio.
Ley de Ética: no participarás cuando...
La Alcaldía de Santa Tecla emitió un acuerdo municipal donde argumentó por qué era necesario vender el antiguo rastro y negoció el precio de venta con la sociedad Servicios Americanos. La Alcaldía de Ortiz cumplió con las formalidades del Código Municipal, pero fue el edil Ortiz quien no cumplió la Ley de Ética Gubernamental. Esa ley prohíbe a los funcionarios participar en la toma de decisiones con las que puedan resultar favorecidos sus familiares.
Según el artículo cinco de la Ley de Ética Gubernamental, uno de los deberes éticos de todo funcionario público es: “Excusarse de participar en asuntos sobre los que tiene conflicto de interés: abstenerse de participar en la toma de decisiones en los que exista conflicto de interés para él o para sus familiares (…) La abstención deberá comunicarse a su superior, quien resolverá sobre el punto y en su caso designará a un sustituto”.
Ortiz no se excusó de tomar una decisión que favorecía a una empresa cuyas cuentas manejaba su esposa. Una empresa a la que él mismo había depositado dinero. Una empresa que también vendió vehículos al entonces alcalde.
El Faro presentó una solicitud de acceso a la información pública para determinar si el entonces alcalde informó a su Concejo sobre la cuenta bancaria de Servicios Americanos relacionada con su esposa, y sobre otros negocios (compra-venta de vehículos) entre Ortiz y la sociedad compradora. El 12 de junio de 2018, la Alcaldía de Santa Tecla entregó los documentos de la venta del antiguo rastro municipal y de otros dos inmuebles ubicados en el parque Residencial Miraflores, al costado poniente de Plaza Merliot.
En las actas de las reuniones del Concejo no hay rastro de que Ortiz se haya excusado de participar en las discusiones que determinaron el futuro del antiguo rastro. Al contrario, él aparece tomando decisiones importantes, negociando el precio de venta del inmueble. El acta de una reunión del Concejo que data del primero de diciembre de 2010 consigna lo siguiente: “Expone el Señor Alcalde Municipal que respecto al precio de venta del inmueble antes referido se ha llegado a un acuerdo con el señor Rogelio Antonio Cervantes Aguirre, representante de la sociedad Servicios Americanos”. Ortiz también firmó las escrituras de compra-venta.
El Faro contactó a tres de los 13 concejales de Santa Tecla, en los períodos que ocurrieron las ventas. Uno de ellos confirmó que Ortiz participó en las reuniones que determinaron la venta del inmueble. El concejal, que pidió anonimato a cambio de hablar, dijo que desconocía detalles sobre las operaciones bancarias entre Ortiz, su esposa y la empresa Servicios Americanos, pero reconoció que Cervantes Aguirre era alguien “conocido”para ellos, porque participó como candidato a alcalde del FMLN en Antiguo Cuscatlán.
El 18 de junio de 2018, El Faro llamó a la unidad de comunicaciones de la Vicepresidencia de la República, para solicitar una entrevista con Ortiz. Un día después, en la Oficina de Recepción de Documentos de Casa Presidencial, se entregó una carta dirigida al vicepresidente Ortiz y otra al secretario de comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, en la que se detallaban los puntos a tratar en la entrevista (Lea la carta). La mañana del 20 de julio de 2018, el vicepresidente Ortiz participó en la inauguración de las mejoras del Instituto de Suchitoto. Al intentar abordarlo, su equipo de comunicaciones dijo que el funcionario hablaría solo de la remodelación de las aulas, y prometieron dar una respuesta a la siguiente semana. A la siguiente semana, ya no respondieron las llamadas telefónicas.
Todos los caminos llevan a...
El camino que conecta a Ortiz con Servicios Americanos no solo pasa por su socio Cervantes o por la cuenta bancaria relacionada con su esposa. En el año 2005, durante su primer período como alcalde de Santa Tecla, Ortiz depositó once cheques que sumaban un total de $42, 468.48 en una cuenta de Servicios Americanos. Además, ese mismo año, Ortiz giró otros siete cheques que sumaban otros $122, 440 hacia una cuenta bancaria de Cervantes Aguirre. El dinero relaciona a Ortiz con la empresa compradora del antiguo rastro municipal y con el hombre que maneja esa compañía. El total de dinero que el político entregó a la compañía y a su socio fue de $162,909.47.
Hubo más negocios entre la Alcaldía de Ortiz y la compañía de su socio. El 17 de octubre de 2008, Cervantes Aguirre presentó a la Alcaldía una propuesta para la compra de dos inmuebles, ubicados en la 17 avenida norte y final Paseo El Carmen, al costado poniente de Plaza Merliot. La Alcaldía justificó la venta de los terrenos porque los ciudadanos lo utilizaban como un basurero o como un predio baldío para poner a la venta vehículos usados. Con el paso de los años, Cervantes Aguirre convirtió ese lugar en un centro comercial llamado Santa Fe.
El Concejo evaluó la solicitud y determinó que ninguna obra municipal estaba prevista para esa propiedad. Además, las autoridades municipales alegaron motivos de seguridad para vender las propiedades. “Por su ubicación, es frecuentado por delincuentes e indigentes, volviéndose área de riesgo para los transeúntes, y en algunas ocasiones se han utilizado como basurero, y/o, sin autorización municipal, como parqueo para vehículos en venta, es por lo anterior que por unanimidad se acuerda: designar a la señora síndico municipal a que proceda a solicitar la realización de tres valúos sobre el inmueble en cuestión”.
Según los documentos municipales, la Alcaldía ordenó los valúos el 20 de octubre de 2008. Ese proceso tardó una semana. El 27 de octubre de 2008, la Alcaldía de Santa Tecla tenía listos los tres valúos (uno sugería vender la propiedad en 78,534 dólares; otro en 80,6345 dólares; y el último en 91,496 dólares). La venta de los dos terrenos en el Parque Residencial Miraflores, de Santa Tecla, uno de 296.36 metros cuadrados y otro de 523.48 metros cuadrados, se realizó el cinco de diciembre de 2008. Los compradores, Cervantes y su hijo, pagaron a la Alcaldía $89, 999.55 dólares.
Un año antes de la venta de esos dos terrenos en Miraflores, dos de las cinco empresas relacionadas con Cervantes habían realizado otros negocios con Ortiz y su familia: la compra venta de vehículos. Cervantes, el propietario de la empresa que solía comprar inmuebles municipales a la Alcaldía de Ortiz, tenía constantes vínculos comerciales con el político efemelenista y su familia.
El 17 de abril de 2007, Servicios Americanos, vendió un Jeep-Cherokee, año 2006, por un precio de $21, 000 a la esposa de Ortiz. Tres años más tarde, el 1 de septiembre de 2010, la señora Tobar Ortiz vendió el vehículo a su esposo, el entonces alcalde tecleño, en $12, 000.
Otra empresa de Cervantes también vendió vehículos a Ortiz. El 17 de mayo de 2004, la empresa Urgente Express vendió un Jeep-Grand Cherokee, año 2002, al actual vicepresidente, por un monto de $14, 000. La empresa vendedora nació en 1987 y se dedica a recibir y enviar encomiendas desde y hacia ciudades de Estados Unidos. La última vez que esa empresa eligió directiva fue en el año 2010, cuando Cervantes fue electo presidente.
El exalcalde Ortiz realizó una extraña serie de negocios para ganar y perder dinero con el Jeep-Grand Cherokee que compró a su socio Cervantes. Dos años después de comprar el vehículo a la empresa Urgente Express, el 24 de febrero de 2006, Ortiz lo vendió en $16, 000 (es decir, ganó $2, 000) a Mario Salvador Otero Espinoza.
Otero Espinoza fue dueño del Jeep-Grand Cherokee durante un año. El 3 de febrero de 2007, Otero Espinoza decidió perder $6, 000 y lo vendió de regreso a Ortiz en $10, 000. Cuatro meses después (en junio de 2007), Ortiz volvió a ganar dinero con ese vehículo: lo vendió en $12, 000 a José Osmín Rodríguez Meléndez.
Además de pedir una entrevista con el vicepresidente Ortiz, el 18 de julio de 2018, El Faro buscó al empresario Cervantes Aguirre, el administrador único de Servicios Americanos, la sociedad que regenta el Hotel Beverly Hills, en Santa Elena. La persona que atendía en la recepción aseguró que haría llegar la solicitud de entrevista al asistente del empresario. Además, en la recepción se dejó una carta a Cervantes en la que se detallaban los puntos a tratar en la entrevista. Al cierre de esta nota, aún no había una respuesta a la petición.
