“Me reuní con ellos en público y en privado para acordar la difusión de las cuñas del Gobierno. Les ofrecí pagos sin contrato ni licitación y hacerlos de manera expedita. Entre las condiciones estaba que la cuñas debían pautarlas en los medios de mayor rating: yo sabía que entre ellas estaban las empresas de mi familia”, dice el expresidente Elías Antonio Saca González, de 53 años, dueño de un emporio de radios y que gobernó El Salvador entre junio de 2004 y mayo de 2009 bajo la bandera de Arena. “En aquella reunión con los publicistas, nadie me contradijo, todos querían quedar bien con el presidente”, complementa. En una hora, siguiendo el acuerdo de procedimiento abreviado pactado con la Fiscalía, este jueves 9 de agosto el último presidente por el partido Arena se convierte en el primer expresidente de El Salvador que confiesa su corrupción.
Saca está confesando sus delitos ante un tribunal de sentencia de San Salvador. En teoría, alguien es culpable hasta que se le compruebe en juicio, pero Saca y algunos de sus funcionarios de mayor confianza ya han admitido ante la Fiscalía que urdieron un plan para apropiarse y beneficiarse de fondos reservados de Casa Presidencial. A cambio, la Fiscalía está dispuesta a pedir para ellos únicamente una pena de entre cinco y 10 años de cárcel, la tercera parte de la pena máxima que la ley prescribe para los delitos de lavado de dinero y peculado.
Es el tercer día de juicio en la sala de audiencias del Centro Judicial Isidro Menéndez, de San Salvador, son las 9:30 de la mañana. Saca declara desde una silla al costado derecho de la sala, justo en medio del salón, de manera que los jueces del tribunal lo miran desde un extremo y el público, los fiscales y defensores, desde el otro. En una silla contigua, en actitud de entrenador de boxeo que susurra palabras a su púgil, el abogado Mario Machado acompaña a Saca en la lectura. La voz de Saca, como la de todos los que hablan durante el juicio, está siendo grabada. El micrófono a veces provoca un efecto de rebote, lo que causa que la sala se inunde de un molesto chillido que obliga al expresidente, un exlocutor deportivo, a suspender su narración de los hechos. Saca viste un pantalón azul de tela, una camiseta blanca y zapatillas Nike color gris claro. Como ocurre desde el segundo día, cuando ya era claro que la Fiscalía había negociado un juicio abreviado a cambio de la confesión, Saca lleva consigo a la sala de audiencias una bolsa plástica —grande, transparente— en cuyo interior se alcanza a observar algo parecido a una fruta, pequeños botes de medicinas, una toalla, papeles y el estuche de sus gafas de lectura. Entre los papeles hay una libreta de apuntes y un legajo de hojas engrapadas que contienen la confesión, la que ahora Saca lee para todos.
“Yo quería llegarle más a la gente, y por eso pedí ampliar los gastos en publicidad y me reuní con los representantes de las agencias América publicidad, ANLE publicidad, y Funes & Asociados”, dice Saca. El expresidente explica que al inicio de su administración se dio cuenta de que necesitaba aumentar la buena imagen de su Gobierno: “enviar los mensajes correctos a la ciudadanía a través de cuñas de publicidad”. Dijo que el ritmo de producción de la agencia de publicidad que se había contratado, la agencia Molina Bianchi, era demasiado lento. A esas alturas de 2004, Molina Bianchi era una de las dos agencias que trabajaban para la presidencia Saca. La otra era Publicidad Comercial, que se había asociado con Molina Bianchi para crear Campaña S. A. de C. V.
Saca lavó 7 millones de dólares con ayuda de las agencias de publicidad , según contó un testigo clave, un publicista, a la Fiscalía. El exarenero ahora lo admite, y explica que acordó con las agencias que recibirían pagos expeditos a cambio de que luego estas depositaran dinero en las cuentas de sus empresas familiares. “El servicio sí lo prestaron, a excepción de ANLE, a quien se le pagó por trabajos inexistentes. No tengo presente la cantidad completa que se le pagó a cada quien, pero recuerdo que se les pagaba $100,000 mensuales, y se quedaban con el 20 % de comisión, como lo habíamos acordado. El 80 % restante llegaba a la empresa de mi familia, Promotora de Comunicaciones”, dice Saca.
La confesión del expresidente durará aproximadamente una hora. Leerá de manera fluida y, por momentos, se percibirá como que está leyendo un discurso presidencial o uno de aquellos mensajes radiofónicos denominados “Reflexiones con Tony Saca”, que difundió desde que salió de la presidencia en 2009 hasta el último día que estuvo en libertad, el 31 de octubre de 2016. Su experiencia como locutor lo hace articular casi a la perfección las palabras. Narra con muy buena dicción su corrupción. También improvisa y agrega frases espontáneas. El documento que lee está escrito en tercera persona. Es decir que en lugar de leerse “yo hice” se lee “el declarante hizo”. Saca es hábil para anular ese error y, la mayoría de veces que el documento reza “el declarante”, Saca agrega rápidamente una aclaración: “el declarante, es decir su servidor, Señoría…”.
Saca admite que sus empresas de radio aumentaron ganancias exponencialmente gracias al mecanismo de lavado de dinero para el cual utilizó a los publicistas. Estos depositaban el 80% del dinero que recibían de Casa Presidencial en las empresas de Saca bajo el aparente cobijo de que era por servicios de difusión de mensajes: Promotora de Comunicaciones, Radiodifusión Usuluteca, Radiodifusión de El Salvador y Stereo 94.1 FM.
“Debido a que las empresas del Grupo Samix tuvieron ingresos sustanciales, me aumenté el salario de entre $4,000 y $5,000, que recibía entre 2003 y 2004, a $60,000 mensuales, entre 2009 y 2012. Esa fue la manera en que decidí que podía llegar el dinero de Casa Presidencial a mi patrimonio, no de manera directa, sino que a través de varias cuentas”, dice Saca. En 2013, El Faro publicó que las ganancias de las empresas del exmandatario se multiplicaron hasta por 16 cuando Saca gobernó.
La mansión Saca surgió de fondos públicos
El expresidente Saca, que al final de su mandato se mudó de una casa en la colonia Escalón a una mansión en la falda oriente del volcán de San Salvador, no se acordaba de la dirección de esta su última residencia. El hecho quedó al descubierto en el primer día de juicio, cuando los jueces aplicaron un procedimiento a cada uno de los acusados, que consistió en la usual ronda de preguntas para identificarlos. Cuando el juez José Luis Giammattei preguntó a Saca la dirección donde residía hasta antes de ser detenido, Saca guardó silencio. No lo recordaba. “Colonia Escalón, no, no… El Carmen… No recuerdo, su señoría”.
Esta vez, Saca atina a nombrar aunque sea la finca donde está ubicada la casa Los Pinos, número 20, que una de sus empresas adquirió en 2009 por $2.1 millones. “Antes de la detención vivía en... Linda Vista, finca Linda Vista, su señoría”.
Minutos más tarde, Saca confiesa que esa propiedad y otra que ocupa el terreno equivalente a una cancha de fútbol, que está al cruzar la calle principal del vecindario, las adquirió con la ayuda de prestanombres y con fondos de la partida de gastos reservados de la Presidencia. O sea, Saca admite que compró casonas con el dinero de los salvadoreños. “En 2009 decidí realizar la compra y construcción de dos propiedades en la senda Las Lajas del cantón El Carmen”, dice Saca, justo en la parte de su confesión en la que enlista todos los inmuebles que adquirió a través de testaferros con fondos públicos. Los inmuebles ya fueron decomisados por las autoridades.
Saca explica que la idea de comprar propiedades se la dio Irving Pavel Tóchez, un contador, exdirector de impuestos internos del Ministerio de Hacienda, y fundador de la compañía de auditores Tóchez Fernández Limitada, que brindó servicios de auditoría externa a las empresas de Saca durante su quinquenio. Irving Tóchez también fue uno de los prestanombres que permitió la adquisición de la mansión Saca, pues él recibió un poder general judicial de parte de una empresa de Nicolás Salume (ya fallecido) para vender la propiedad a Promotora de Comunicaciones, la empresa de Saca.
“Quien decidía qué hacer con los fondos reservados era yo”, admite Saca, “pero no sabía cómo evitar que el dinero fuera rastreado”. Saca explica que Tóchez sí sabía cómo evadir los controles y le sugirió formar empresas para fingir la prestación de servicios a Casa Presidencial. En dos frases Saca ha admitido que él dirigió la red de corrupción, pero que necesitó ayuda para esconder lo robado.
Tóchez –a quien el fiscal Douglas Meléndez dirá este viernes 10 de agosto qué van a investigar– ya tenía listas algunas empresas para ponerlas al servicio de Saca. Los nombres de las empresas son sucintos, una sucesión de letras sin brío: RM S. A. de C. V.; GDE S. A. de C. V., OSAD S. A. de C. V.
En este punto, Saca pronuncia el nombre del experiodista y exdirector de Telecorporación Salvadoreña (TCS), quien también puso una empresa a los pies de Saca para lavar dinero: “Me reuní con un amigo, Jorge Hernández, y le expliqué que se usaría su empresa Marketing and Service para que aparentara servicios a la Presidencia de la República. Eso era lo que había explicado Tóchez”.
Saca explica que Marketing and Service, fundada por Hernández y su esposa, simulaba contratos con la Presidencia, y luego esta subcontrataba a las sociedades fantasma de Tóchez con el mismo fin. Entre julio de 2006 y mayo de 2009, Marketing and Service recibió varios millones de dólares en concepto de servicios que en realidad nunca prestó. Luego, ese dinero era depositado en cuentas de GDE, OSAD, RM, y otras como Group Corporation, Unicentro, Investment Corp.
Estas empresas también emitieron cheques para Promotora de Comunicaciones, donde Saca era accionista mayoritario, con el 95 % de la empresa. También emitieron cheques que luego fueron depositados en cuentas personales del exarenero. Saca distribuía el dinero público en diferentes empresas que luego le hacían llegar el dinero de diferentes formas a cuentas de sus empresas o de él y su familia.
Saca confiesa que los que aparecen como directivos en varias de las empresas fantasmas son Carlos Gamero Quintana y Laabin Nimrod Tóchez (hermano de Irving Tóchez), y que estos eran sus prestanombres. “Me representaban a mí. Irving Tóchez me sugirió comprar inmuebles desde 2006”, dice Saca, y en seguida pasa a nombrar las propiedades adquiridas mediante este método fraudulento: 450 manzanas de terreno en la finca Lombardía y en El Cauca, La Paz; varios apartamentos en condominios La Montaña 2, en Santa Tecla; y en condominios Montecastello, de la colonia capitalina San Benito; al menos cuatro casas en Cumbres de Cuscatlán, en Antiguo Cuscatlán; otra casa en la residencial Palmira, y otras.
El expresidente da a entender que para compensar al experiodista Hernández por su ayuda para desviar fondos, Saca lo compensaba con viajes con todo pagado, bajo la excusa de que cubriría periodísticamente dichas misiones oficiales. Hernández y el empleado del Grupo Samix ,Tito Herrera Valle, viajaron a El Cairo y Nueva York gracias a los gastos reservados del Presidencia.
Esas eran dádivas a comparación de la verdadera remuneración para Hernández. Saca confirma hoy en esta sala de juzgado que Hernández recibía un salario de $10,000 mensuales aunque no fuera empleado del Gobierno. “Era asesor mío en comunicación”, dijo escuetamente.
La Fiscalía golpea la mesa
La Fiscalía está inconforme con la confesión que rinde Saca. Van cerca de 20 minutos del testimonio, cuando el fiscal Mario Huezo aprovecha una pausa que hace el expresidente para refrescar su garganta con agua y poder seguir confesando sus crímenes. En ese momento, el fiscal se pone de pie, micrófono en mano, y dice que se atreve a interrumpir porque lo que está leyendo el imputado Saca no es la confesión acordada con ellos. 'Si va a seguir en esa línea, mejor suspendemos este proceso abreviado. De ninguna manera esto es una confesión, no es la que preparó la Fiscalía”, dijo Huezo. El fiscal dio a entender que por momentos les parecía que Saca estaba justificándose. En varios momentos, cuando habló de la discrecionalidad para utilizar los fondos reservados, Saca recordaba que así lo habían hecho los anteriores presidentes de la República, también del partido Arena. Parecía, cuando Saca decía aquello, que estuviera explicando el desfalco como una especie de tradición.
El fiscal Huezo quiere seguir arengando, mientras Saca bebe agua, pero entonces el juez Giammattei interrumpe al fiscal. Le pide que se calme. “No comamos ansias, hay que terminar de escuchar la confesión”. El juez agrega que siempre hay una parte en la que se permite interrogar al que confiesa, y que será esa parte en la que podrán despejar dudas. Los jueces dicen que también interrogarán ellos, si lo consideran conveniente. “Está bien”, responde el fiscal Huezo, y Saca sigue relatando su corrupción.
La queja fiscal dejó en evidencia que la confesión de Saca está lejos de ser una confesión espontánea, una de las cosas que la ley penal exige para aplicar un proceso abreviado. Esto, más bien, fue un guion acordado con la Fiscalía. Los fiscales han estado acompañando desde sus computadoras portátiles la lectura de Saca, y lo mismo harán con cada una de las otras cuatro confesiones que desfilarán en lo que resta del día. La versión de los hechos que lee Saca es una versión parcial de los hechos, más reducida y con menos hallazgos de los que podrían hacerse, pero lo suficiente como para condenar a alguien a prisión. Ahora, depende de los jueces si dan por válido ese testimonio. En sus manos está decidir si siguen aplicando el proceso abreviado o envían a todos a un proceso ordinario, donde desfilará toda la prueba recabada en varios años de investigación y que podría ampliar la condena a Saca y compañía. Los jueces pueden tomar esa decisión a partir de que este viernes 10 de agosto terminen las confesiones de los demás acusados.
Saca, ya con la garganta fresca, sigue su relato. Habla de su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, a quien dice que, por orden suya, se le pagaba un salario de $10,000 mensuales, que salían de fondos reservados. Esto a pesar de que la señora Mixco tenía un cargo supuestamente ad honorem al frente de la Secretaría Nacional de la Familia. “También se le pagaron $14,000 aproximadamente de su tarjeta de crédito”, dice el exmandatario, pero en seguida agrega que ese pago se hizo porque eran gastos en que la ex primera dama había incurrido en los viajes de misiones oficiales, y que no habían podido ser financiados con los viáticos de Capres, porque el desembolso de estos no había salido a tiempo.
Dinero para todos y para Arena
Saca asegura que ordenó a su secretario privado, Élmer Charlaix, que se hiciera cargo del manejo de fondos reservados. El expresidente da fechas y detalles de las primeras transacciones que salieron de la partida de gastos reservados. Dice que lo primero habían sido diez cheques a su favor, emitidos entre el 4 y el 18 de julio de 2004, por $1.9 millones. “Esos cheques los endosé a Charlaix y los depositaron en el (banco) Cuscatlán, en una cuenta de Charlaix, a su nombre”, dice Saca. En la segunda cuenta que Charlaix abrió a su nombre para el manejo de gastos reservados se llegaron a depositar más de $13 millones a través de 47 cheques emitidos entre el 12 de octubre y el 19 de noviembre de 2004.
Saca agrega que, como parte de las primeras misiones de Charlaix, estaba entregarle complementos salariales a todos en su gabinete, incluso al gabinete “ampliado”. Este lo componen –además de los ministros, viceministros y presidentes de autónoma- los directores y comisionados de instancias creadas en su mandato. Saca acaba de admitir el pago de sobresueldos.
“Como en todos los gobiernos, aparte del salario mensual se le pagó a los funcionarios un dinero extra. Se les entregaba a cada funcionario entre $5,000 y $10,000, entre otros montos. Se daba en efectivo”, dice Saca. El dinero se pedía mensualmente al Ministerio de Hacienda, luego se depositaba en las cuentas del Banco Cuscatlán –donde Saca había pedido un trato preferencial- , y luego era retirado y llevado a las oficinas de la Secretaría Privada de Charlaix. Ahí desfilaban hacia cada fin de mes decenas de funcionarios para recoger el dinero. Nadie pagaba impuestos por ello, era un pago ilegal. Saca reconoce haber actuado con conocimiento de causa.
Llegó un momento en el que el mecanismo para administrar la partida de gastos reservados cambió por orden del mismo Saca. Hubo una advertencia del Ministerio de Hacienda, y fue entonces cuando el expresidente decidió que las cuentas a las que se movían los fondos reservados ya no fueran de Charlaix, sino de los empleados de Casa Presidencial de la Unidad Financiera Institucional que habían trabajado ahí desde los años 90. Charlaix había abierto dos cuentas a su nombre, y de ahí salía el flujo de dinero para financiar tanto las actividades de la Presidencia como los lujos y placeres personales de muchas personas.
Pero a partir del cambio de instrucciones, quienes abrieron las cuentas fueron Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Herrera. 14 cuentas en total abrieron ellos tres en los bancos Cuscatlán e Hipotecario.
Este cambio del mecanismo, a finales de 2004, coincidió con un desembolso al partido Arena.
Los fiscales no han querido revelar mayores detalles, y han dicho a la prensa, escuetamente, que entre 2004 y 2009 el partido recibió $7.6 millones de Casa Presidencial: $7.2 millones mediante depósitos en efectivo, y otros $400,000 remesados a través de ocho cheques.
Los ocho cheques, de $50,000 cada uno, fueron remesados a Arena (sin canjearse por efectivo), el 24 de noviembre de 2004, según documentos bancarios en poder de la Fiscalía. Quien hizo los depósitos es el asistente técnico de la UFI de Casa Presidencial, Pablo Gómez, también enjuiciado en este proceso. Sin embargo, este no sabía que el dinero salía para Arena, sino para una cuenta identificada con números y guiones. Así lo confirmó en su confesión el jueves 9 de agosto el jefe de la UFI, Francisco Rodríguez Arteaga.
Saca concluye diciendo que al principio de su mandato no había caído en cuenta de la posibilidad de apropiarse de fondos públicos. Pero que conforme fue pasando el tiempo, decidió hacerlo.
Ha llegado el interrogatorio, hacia el final de la confesión de Saca, los fiscales preguntan si el “Reglamento para el Uso de Gastos Reservados” lo utilizó para evadir controles y auditorías, para beneficio personal. “En un principio no, pero después sí”, responde Saca. Sigue respondiendo afirmativamente a las demás preguntas: sí benefició a terceros con dinero público, sí ordenó abrir 16 cuentas personales sin autorización de Hacienda, para depositar ahí los gastos reservados, sí se benefició él y su esposa…
Pero Saca no ha terminado de embarrar personas e instituciones.
“Sé que la Corte de Cuentas hacía auditorías de manera superficial. Solo se revisaba la existencia de soportes, pero no se hacían exámenes, estos eran superficiales. El examen prácticamente no se hacía”, dice Saca. Saca apuntó lo que muchos ya intuían: que el entonces presidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, nunca auditó los fondos reservados que manejó Charlaix.
“Sí, acepto”, dice Saca para finalizar su intervención, cuando los fiscales preguntan si después de todo lo dicho admite haber cometido los delitos de lavado de dinero y peculado. El juez autoriza que el primer presidente salvadoreño que se declara culpable de corrupción sea trasladado a una sala fuera del juzgado, para permitir que otros exfuncionarios rindan su declaración.
Queda en la historia del país la respuesta del primer expresidente que contesta de esa forma a las preguntas de si es un delincuente: 'Sí, acepto'.
