En julio de 2017, el expresidente Elías Antonio Saca González tenía casi nueve meses de estar detenido bajo acusaciones de ser el cerebro de un esquema que desvió 300 millones de dólares de fondos públicos desde Casa Presidencial. Un día de ese mes, el viernes 21, a las 10 de la mañana, una ex secretaria del antiguo Banco Cuscatlán relataba a fiscales del caso cómo un empleado de la Presidencia llegaba a las oficinas corporativas del banco, ubicadas sobre la carretera Panamericana, a realizar una serie de operaciones financieras: cambiar cheques, hacer depósitos, llevarse dinero en efectivo en maletines negros…
La Secretaria narró a los fiscales estas y otras escenas muy particulares en la vida de un banco, como que de sus oficinas centrales, conocidas como La Pirámide, partía cada 15 días o un mes un camión blindado, cargado de dinero para las operaciones del Organismo de Inteligencia del Estado, o que desde horas antes de que aquel empleado de Casa Presidencial llegara al banco a hacer las operaciones, había una serie de transferencias bancarias, y todas tenían el objetivo de evitar que la sucursal se quedase sin efectivo, debido a las altas cantidades de dinero que llegaba a sustraer el empleado, de nombre Pablo Gómez.
En su relato, La Secretaria –como será llamada en este texto- también habla del entonces presidente del Banco Cuscatlán, José Mauricio Felipe Samayoa, y lo dibuja como alguien que estaba al tanto de todos los movimientos que efectuaba Pablo Gómez. De hecho, fue el propio Samayoa quien ordenó que el banco atendiera al empleado de Capres como un “cliente VIP”.
Samayoa fue presidente del banco entre principios de los años 90 y el año 2009. Murió envuelto en polémica, en Estados Unidos, en junio de 2015 , mientas la Fiscalía lo investigaba por haber ocultado reportes de operaciónes sospechosas por alrededor de 10 millones de dólares donados por la República de Taiwán al también ex presidente arenero Francisco Flores. A Samayoa, la Fiscalía lo señaló como responsable de ocultar los desvíos de fondos pero nunca presentó cargos en su contra. En esos mismos días, mientras se le señalaba como presunto delincuente, la Fiscalía cerró un negocio con Samayoa: le compró un inmueble propiedad de una de las empresas, por siete millones de dólares .
Samayoa Rivas también fue donante de Arena. Entre 2008 y 2015, dio un total de 40 mil 150 dólares al partido, según el reporte de donantes de partidos de la Secretaría de Transparencia del Gobierno.
El maletín negro
Lo narrado por La Secretaria quedó recogido en un acta de diez páginas que son parte de los miles de documentos del expediente judicial que este martes 16 de mayo fue enviado a juicio, la última de las tres etapas de un proceso penal ordinario. El juez Cuarto de Instrucción de San Salvador, Rigoberto Chicas, celebró la audiencia preliminar entre el 24 y el viernes 27 de abril, pero dio a conocer su fallo hasta este 16 de mayo, en el cual ordenó que Saca, tres ex secretarios presidenciales y tres empleados de Casa Presidencial sigan en prisión preventiva a la espera de que sean condenados o absueltos en la vista pública, para la cual aun no hay fecha definida.
En el relato que La Secretaria dio a los fiscales, explicó que su oficina estaba en la tercera planta del edificio La Pirámide, sobre la carretera Panamericana, en la entrada a Santa Tecla. Entre sus funciones, según contó, estaba recibir correspondencia, marginarla, tomar dictados, coordinar reuniones de trabajo, almuerzos ejecutivos y atender a algunos clientes VIP… “Así conoció al señor Pablo Gómez, empleado de la Presidencia de la República –dice el acta de la Fiscalía-, pues él empezó a llegar en el año 2004 para realizar operaciones de cobro de cheques”.
Gómez, según explicó La Secretaria a los fiscales, comenzó a aparecer en La Pirámide a semanas de haber iniciado la administración Saca, en junio de 2004. Llegaba al banco para cambiar cheques y obtener efectivo, y normalmente sus operaciones eran tan abultadas que ponían en riesgo la liquidez de la sucursal que estaba contiguo a las oficinas corporativas. Cada vez que Gómez anunciaba una visita, La Secretaria tenía que cerciorarse que había dinero suficiente para darle, entonces consultaba a la gerente o subgerente de la sucursal. Si no había suficiente efectivo, la dirección de tesorería hacía los movimientos de dinero para que estuviera listo. La Pirámide no podía quedarse sin efectivo. Por motivos de seguridad, solo podía tener entre 100 mil y 150 mil dólares disponibles.
Samayoa, el presidente del banco, ya había informado a La Secretaria que Pablo Gómez llegaría a La Pirámide de manera periódica a cobrar cheques. “Además, Samayoa le dijo que Pablo Gómez debía esperar en la sala de estar de la presidencia, en la tercera planta, mientras le hacían la operación del cobro de cheque”.
La Secretaria dijo a los fiscales que “ciertamente atender al señor Gómez fue irregular”. La empleada explicó “que en presidencia generalmente se atendía a clientes VIP, es decir empresarios ya sea de El Salvador o extranjeros”, según se lee en el relato de la Fiscalía.
Gómez, bachiller contable de 67 años de edad, es uno de los procesados –junto a Saca- en la primera etapa del caso que la Fiscalía ha llamado “Destape de la corrupción”, y que este 16 de mayo pasó a juicio. Gómez era el asistente técnico del área financiera desde que llegó a Casa Presidencial en 1994. Quien lo contrató fue el presidente Armando Calderón Sol, con quien también había trabajado en los seis años previos, en la Alcaldía de San Salvador.
En Casa Presidencial, Gómez tuvo un perfil bajo gracias a su puesto eminentemente técnico. Saltó a la luz cuando la Policía lo expuso ante las cámaras de la prensa después de ser capturado, en octubre de 2016, junto a otros dos empleados del área financiera de Capres, Saca y otros altos funcionarios. Todos los focos estaban sobre el ex mandatario y su círculo íntimo de funcionarios, mientras que Gómez, pequeño, delgado, moreno y de nariz aguileña, pasó inadvertido.
Los abogados de Gómez aseguran que el testimonio de La Secretaria demuestra que él cumplía labores de mensajero. “Quien podía justificar todas las operaciones eran los altos funcionarios, pero él solo cumplía órdenes de Casa Presidencial, él no podía decidir sobre esa cantidad de dinero”, dice Roberto Claros, abogado. “ El señor Pablo Gómez no tenía el perfil de ser un gran empresario”, dijo La Secretaria a los fiscales, según el acta. “Sin embargo lo atendió de la mejor manera, pues así fue la instrucción del presidente del banco”, agrega el relato.
Durante los primeros seis meses, Gómez observó a detalle las instrucciones para el canje de los cheques. Él esperaba en la tercera planta de las oficinas corporativas mientras el cobro en efectivo lo hacía otro empleado del banco, un subalterno de La Secretaria a quien llamaremos El Pasapapeles. Este iba a la agencia, pasaba a caja, y ahí recibía el dinero, el cual metía en sobres manila. “Luego de un tiempo, regresaba a la tercera planta del edificio La Pirámide (…) y las bolsas de papel manila las entregaba al señor Pablo Gómez, quien las metía en un maletín color negro que llevaba, tipo de los que se utilizan para cargar computadoras o correspondencia”, dice el acta de la Fiscalía.
El nombre de El Pasapapeles se omite en este relato porque no fue posible contactarlo, pero en el dictamen de acusación de la Fiscalía consta una tabla de Excel en la que se ha contabilizado que él cambió cheques por un valor superior al medio millón de dólares: $621, 484 entre el 11 de junio de 2004 y el 9 de agosto de 2004, justo en los meses en que Pablo Gómez comenzaba a llegar a La Pirámide, según el relato de La Secretaria.
Pablo Gómez, según el testimonio, llegaba a La Pirámide unas cuatro veces al mes, y cada vez La Secretaria avisaba al presidente del banco. “[Samayoa] entonces le solicitaba que le ayudase a cobrar los cheques. La deponente elaboraba un ‘post it’ en el que le expresaba a La Subgerente ‘favor atender esta operación’”, se lee en el documento.
Pasados unos meses, el procedimiento que seguía Gómez para cambiar los cheques cambió. Ya no esperaba en la tercera planta de las oficinas corporativas, sino que acompañaba a El Pasapapeles a hacer el cobro del cheque, y era La Subgerente quien llamaba a La Secretaria para anunciar que Pablo Gómez había llegado. La Secretaria consultaba con el presidente Samayoa y este pedía lo de siempre, que hiciera la operación del pago de cheques para Casa Presidencial, dice el acta de la FGR.
Gómez se familiarizó tanto con aquel ritual que los empleados del banco llegaron a familiarizarse con él. A los tres meses de haber comenzado a llegar a La Pirámide, Pablo Gómez ya hacía los trámites él solo.
En el dictamen de acusación de La Fiscalía dice que 43 cheques de una cuenta del exsecretario privado de la Presidencia, Élmer Charlaix (alimentada con fondos públicos), salieron a nombre de Pablo Gómez, por un monto total de alrededor de dos millones de dólares “sin ninguna justificación, y que fueron cobrados en efectivo por el mismo señor Pablo Gómez”, entre 2004 y 2009.
Después de la administración Saca, Gómez siguió trabajando en Casa Presidencial incluso hasta la administración de Salvador Sánchez Cerén, que comenzó en 2014. En la audiencia preliminar, Gómez hizo uso de su derecho a dar sus últimas palabras antes del veredicto. “Estoy detenido a raíz de una acusación falsa, injusta, ilógica e incompleta, ¡incompleta! Porque solo se basaron en el dinero que entró a las cuentas que yo, por orden de trabajo, abría, pero no se dieron el trabajo de investigar el destino de los fondos. Si la Fiscalía hubiera investigado el destino de los fondos, yo no estuviera aquí”, dijo, la noche del viernes 27 de abril, el último día de la audiencia preliminar.
Alerta ignorada
Durante los primeros seis meses de la Presidencia Saca, los controles del Banco Cuscatlán dispararon la primera y única alerta que se registró en todo el quinquenio, a raíz de aquellas operaciones bancarias, aparentemente sospechosas, que estaba haciendo Gómez. Quien detectó aquellos movimientos fue la oficial del cumplimiento del banco, a quien nombraremos La Oficial.
El relato de los fiscales no dice en qué fecha La Oficial llamó por teléfono a La Secretaria, solo indica que fue entre junio y diciembre de 2004. “La testigo recuerda que La Oficial le comentó en la llamada que había detectado ciertas operaciones raras, recuerda que le dijo ‘mire, aquí en estas operaciones está pasando algo raro y quiero hablar con el ingeniero [Samayoa]’”. La Secretaria no le transfirió inmediatamente la llamada; le consultó primero, pero Samayoa no tuvo ningún problema en aceptar la llamada.
La Oficial era la encargada de supervisar las operaciones de la sucursal para prevenir el lavado de dinero y enviaba los reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la Fiscalía. El relato de la testigo no da detalles de qué fue lo que hablaron Samayoa y La Oficial, solo dice que no fue una llamada larga y que después el presidente del Cuscatlán le pidió que lo pusiera en contacto con el director legal del banco.
Al terminar la segunda llamada, Samayoa tenía instrucciones precisas para La Oficial, las cuales se las hizo llegar a través de La Secretaria: “Por instrucciones del presidente ingeniero Mauricio Samayoa, omitir el reporte de operaciones sospechosas de este cliente”, dice el acta que fueron las palabras de Samayoa. La Secretaria redactó un correo electrónico con esa información y lo envió a La Oficial.
Y desde entonces, durante toda la administración del presidente Elías Antonio Saca, la sucursal La Pirámide no volvió a emitir ningún ROS por las transacciones de Pablo Gómez ni por otro cliente, según La Secretaria.
El Banco Cuscatlán también ocultó información
Así como ocurrió con los cheques de la cooperación taiwanesa que la Fiscalía investigó por haber sido desviados hacia Arena, el Banco Cuscatlán, en el caso Saca, vuelve a aparecer como pieza clave. La mayor parte de las 14 cuentas abiertas por Casa Presidencial para trasladar ahí los fondos de la cuenta institucional del tesoro se abrieron en el Cuscatlán. Una de ellas, a nombre de Élmer Roberto Charlaix Urquilla, fue de donde salieron $400,000, en forma de ocho cheques, y que luego fueron depositados en cuentas de Arena. La Fiscalía dice que esos cheques, de $50,000 cada uno, numerados del 751 al 758, y a nombre de Arena, fueron remesados al partido (sin canjearse por efectivo) el 24 de noviembre de 2004.
La Fiscalía dice en su dictamen que los $400,000 habían salido de la cuenta institucional del tesoro público en forma de cheques a nombre del presidente Saca, y que luego fueron depositados en una cuenta de Charlaix, que fue de donde salieron para Arena. “Aparte de la deuda política a los partidos, cualquier otro financiamiento estatal es ilegal”, explica uno de los fiscales del caso Ricardo Menjívar.
En sus documentos, la Fiscalía dice que el Banco Cuscatlán falló en identificar la información de rigor sobre la identidad de quién hacía los depósitos. En su dictamen de acusación, con la que la Fiscalía logró que el juez de instrucción pasara el caso a la siguiente etapa, la Fiscalía asegura que los cheques “[fueron] cobrados el mismo día y sin ninguna justificación, no existiendo al reverso de los mismos la razón [nombre] de la persona que cobró dichos cheques, evidenciándose con ello la falta de debida diligencia por parte del Banco Cuscatlán al responder que no cuenta con los documentos de respaldo que permitan identificar a las personas que cobraron los referidos cheques”.
El Banco Cuscatlán no cumplió con “la debida diligencia” que exigen los protocolos del mundo financiero. La debida diligencia garantiza que haya controles internos para combatir el lavado de dinero.
En un comunicado enviado a El Faro el 27 de abril de 2018, el Banco Cuscatlán respondió: “Los señalamientos a los que refiere en su nota pertenecen al ANTIGUO Banco Cuscatlán. Nuestras operaciones, junta directiva y accionistas son totalmente diferentes. Estamos colaborando activa y totalmente con las autoridades pertinentes, y confiamos en que las instituciones y la justicia salvadoreña esclarecerán los hechos”. En su comunicado, el banco señaló que “el ANTIGUO Banco Cuscatlán” fue vendido a Citibank en el 2006, y que diez años después este fue vendido al “Nuevo Banco CUSCATLAN”, el cual inició operaciones en julio de 2016.
La Fiscalía dice que por falta de transparencia en la administración de los cheques no hay certeza de saber quién depositó el dinero para Arena. En los días de la audiencia preliminar, a finales de abril, sin embargo, los fiscales dijeron que tenían probado que Pablo Gómez, el empleado de Capres, había hecho “algunos” de los depósitos. “Llegaba Pablo Gómez al banco, retiraba el dinero y en cuestión de minutos hacía el depósito por el mismo monto en el mismo banco, ante el mismo cajero en muchos casos, y el mismo día, en las dos cuentas de Arena”, dijo el fiscal Ricardo Menjívar.
El testimonio de La Secretaria deja dudas acerca de por qué en los cheques casi nunca aparecía la identidad de los endosantes. Ella dijo, según el testimonio que obtuvo la Fiscalía, que no recordaba si la presidencia del banco giró la instrucción para que no apareciera el nombre de los empleados del banco que ella enviaba a la sucursal bancaria contigua a las oficinas corporativas en La Pirámide, con los cheques que llevaba Pablo Gómez. 'Refiere la deponente que La Subgerente de La Pirámide era bien estricta con respecto a la debida identificación del cliente que cobraba los cheques, por lo que si lo hizo (quitar la identidad de los endosantes) debió de contar con una instrucción superior (...) entiende que así tuvo que haberlo hecho”, dice el acta de los fiscales.
En su entrevista, La Secretaria también narró que recibió la orden de depositar cheques a nombre de Arena. La Secretaria dijo que recordaba que en dos oportunidades, Samayoa le entregó unos cheques a nombre del partido tricolor. Se los dio “para que los enviara para ser depositados a la cuenta que dicho partido tenía o tiene en el Banco Cuscatlán”. Sin detallar fecha, el acta de los fiscales dice que en aquella oportunidad La Secretaria llamó, como casi siempre, a El Pasapapeles para que fuera a la sucursal La Pirámide a que hiciera las remesas a la cuenta de Arena.
La Secretaria dejó el Cuscatlán por recorte de personal a finales del año 2008. Había trabajado en diversas unidades, entre ellas la presidencia, a lo largo de 29 años. Y según dijo a los fiscales, fue la administración Saca la única en tener estos procedimientos para administrar el dinero.
