Jordán Rodas, el procurador de Derechos Humanos de Guatemala, tenía un almuerzo de trabajo el viernes 31 de agosto con el jefe de la CICIG, el comisionado Iván Velásquez, pero el golpe que dio el presidente Jimmy Morales ese mismo día, al anunciar que no renovaría el mandato de la comisión, recompuso la agenda de los dos abogados. También recompuso la agenda nacional: muchos ya advierten que el golpe que ha dado Morales será mortal para la CICIG.
Rodas se había enterado de la conferencia que dio el presidente a tempranas horas del viernes. A las 11:30 de la mañana, tras la demostración de fuerza del despliegue militar frente a las instalaciones de la CICIG, Rodas presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un recurso de exhibición personal a favor del comisionado Velásquez, para garantizar su seguridad. Rodas entró a la comisión casi al mediodía, al igual que embajadores de países que ayudan a financiar la comisión. Todos almorzaron con Velásquez y se quedaron hasta entradas horas de la noche.
El procurador no quiere que la CICIG se vaya de Guatemala. “Lo ideal sería que tuviéramos un Estado suficientemente soberano, fortalecido con instituciones de justicia, independientes, fuertes pero no es así. La CICIG sigue siendo necesaria”, dice.
Tras el anuncio de Morales contra la CICIG, la tensión política ha vuelto a escalar en Guatemala, aunque la plaza pública todavía digiere el golpe y solo ha reaccionado con tímidas protestas. 'La plaza yo confío que va a salir cuando tenga que salir', dice Rodas.
Desde el anuncio de no renovación, el procurador, visto como una aliado de Velásquez, también ha sido puesto en la mira. El viernes, un abogado que ya ha interpuesto recursos legales contra la CICIG y el procurador, solicitó un antejuicio en su contra. El procurador observa el panorama y no se amilana. Cree que toda esta sincronía en los tiempos es solo una manifestación de las “fuerzas oscuras” de la política guatemalteca. 'Hay una intencionalidad de querer procesar penalmente a los que no nos hemos plegado a los intereses del presidente', dice.
El lunes 3, el país se desayunó con que el comisionado Velásquez voló hacia Estados Unidos. La versión oficial es que tenía agendas de trabajo programadas en Washington y la ONU, en Nueva York. Esa misma noche, Rodas recibió un revés judicial que tiene que ver en su procuración a favor de la CICIG. Él había solicitado a la Corte de Constitucionalidad (CC) que mientras se estudiaba el fondo de su demanda, se otorgara un amparo provisional para el cese de medidas y las amenazas militares contra la comisión, pero la Corte de Constitucionalidad resolvió sin lugar la petición de amparo provisional, aunque seguirá estudiando el caso.
Cuando El Faro entrevistó a Rodas, el Gobierno todavía no había hecho pública la prohibición del ingreso a Guatemala contra el comisionado Velásquez. Esa información se conoció hasta el martes 4, y Rodas accedió a comentar el punto en una conferencia brindada a varios medios, incluido El Faro.
Rodas señala a Morales de estar incumpliendo un mandato de la CC del 28 de agosto del año pasado, en la que señaló que no podía obstaculizarse el trabajo de la CICIG. Ese amparo, dice Rodas, protege a Velásquez y le permitiría reingresar al país, aunque eso solo puede definirlo la corte, a quien Rodas ya ha pedido una intervención. Ese amparo se otorgó hace un año, un día después de que el presidente Morales anunciara por primera vez la expulsión de Velásquez del país.
En su amparo a favor de la CICIG, usted escribió que el despliegue militar es algo 'inaudito, represivo y contrario a los principios del Estado de derecho'. ¿Este es el momento de mayor gravedad en la administración de Jimmy Morales?
Casi estamos al nivel de agosto del año pasado, con la declaratoria de non grato y la orden de expulsión inmediata del comisionado Iván Velásquez. En ambas ocasiones, son situaciones que él mismo provoca. Es inusual que el propio presidente sea el generador de la crisis, no fueron sectores económicos, sociales...
¿La crisis va a escalar?
Sí. Depende de cómo se maneje, si la sensatez prevalece o no. Lo que pasa es que el presidente perdió la objetividad para tomar decisiones en cuanto a un tema en el que hay conflicto de intereses, porque él mismo está siendo sujeto de un antejuicio por una investigación de la CICIG, el Ministerio Público y el Congreso. Su entorno familiar, hijo y hermano, también están procesados por la CICIG y el MP. Eso lo tuvo que haber inhibido de una decisión tan seria como la que tomó.
¿No es un error creer que el presidente tiene un problema personal con la CICIG?
Ese es el problema, que la agenda del Gobierno es esa: atacar a la CICIG. Entonces, el actual ministro de Gobernación se ha enfocado en debilitar a la Policía Nacional Civil y quitarle el apoyo a la CICIG, contraviniendo el artículo 8 del Convenio que da vida a la comisión, y que claramente dice que el Gobierno es el responsable de brindar seguridad. El contrasentido ahora es que quien debe dar seguridad no la da y al contrario, te intimida. Ese es el problema.
¿Ha hecho averiguaciones para entender por qué Gobernación ha debilitado los recursos de seguridad asignados a la CICIG?
Quitó 20 elementos de Policía, de los 45 o 46 asignados que tenía. Pedí un informe y dice el director de la Policía que querían hacer un diagnóstico... ¡Pero ese estudio se hace antes de tomar una decisión! ¿Por qué no 30 agentes, por qué no 20, por qué no 5...? No se toma una decisión unilateral. El estudio ese nunca se hizo y a todas luces era ilógico.
Usted ha dicho que el anuncio del presidente de que no renovará el mandato de la CICIG es honesto, hasta cierto punto.
Bueno, no ha sido necesariamente honesto. Ha sido consecuente con su preocupación personal, no con una visión de país, porque el país necesita de la CICIG. Lo ideal sería que tuviéramos un estado suficientemente soberano, fortalecido con instituciones de justicia, independientes, fuertes pero no es así. Es una puñalada en la espalda la que le da Jimmy Morales a la comisión. No está obligado a prorrogar el mandato, pero tampoco había justificación ahorita para hacer ese aviso y menos en ese contexto, con un respaldo de fuerzas militares. Nuestra memoria, igual que en El Salvador, tiene un conflicto armado. Sabemos lo que representan las imágenes, y con un gabinete que no estuvo con él. Estuvieron tres ministros: Gobernación, Defensa y Relaciones Exteriores.
El Gobierno anuncia el cese del mandato de la CICIG, anuncia que Iván Velásquez tiene prohibido el reingreso a Guatemala y la Corte de Constitucionalidad rechaza el amparo provisional que usted pidió a favor de la CICIG. La Presidencia envió un informe donde dice que las amenazas no son ciertas...
Respeto la resolución de la honorable CC, pero no ha declarado en contra del amparo, no. Únicamente no se otorgó el amparo provisional, pero ya nos corrieron una audiencia para dentro de 48 horas. Después va a establecerse si hay apertura a prueba, después va a haber una vista, y yo pediré que sea pública. Falta mucha agua que pase bajo el puente.
¿Cuál será su postura si persisten los despliegues militares?
El amparo personal se puede pedir cuantas veces sea necesario. Ya hay un amparo abierto ante la honorable CC y entonces habría más elementos. Tengo la confianza de que la corte, tarde o temprano, va a resolver conforme a derecho.
¿Es un desacato judicial impedir el reingreso de Iván Velásquez, tomando en cuenta el amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) de 2017?
Sin duda alguna eso se deberá establecer por parte de la CC. Hemos solicitado que pida los informes requeridos y ahí se establezca. Si la Corte lo considera así (un desacato), pues ya sabe actuar conforme a derecho.
¿Cuál es el alcance del amparo otorgado el año pasado a Iván Velásquez?
Con ese amparo quedó claramente definido que el Gobierno no podría hacer cualquier acto que limitara la presencia del comisionado Iván Velásquez en el país, y lo que estamos viendo es todo lo contrario. Entonces ya raya en un ilícito penal.
¿Cuál es el estatus jurídico del presidente si se determina que está desacatando una orden judicial?
Si el presidente no reflexiona y no fuera objeto de una buena asesoría jurídica, su situación jurídica sería muy frágil.
¿Cómo califica este movimiento de Jimmy Morales?
Nefasto, un golpe artero. La Ley de Probidad establece que un funcionario no puede prevalerse de su cargo para beneficiarse a sí mismo. Pero eso es algo que hay que evaluar desde un punto de vista legal. Esta ingratitud es por una vendetta personal, porque él y su círculo cercano están sujetos a un antejuicio producto de una investigación de la CICIG y el MP.
¿Se puede demostrar ante la opinión pública que el presidente agotó las instancias internas y externas para limar asperezas con la CICIG?
El presidente justifica su decisión contra Velásquez diciendo que lo que hay es una aplicación de justicia selectiva, pero sería muy bueno saber qué juez hace eso. Él no puede decir qué casos y qué jueces han sido compelidos contra su independencia judicial. Tengo conocimiento de que a Naciones Unidas el presidente solo fue a dejar notas de periódicos, pero quejas o pruebas contundentes no hay.
¿Estamos en un punto de no retorno? En la plaza el sábado algunos me mencionaban como que lo más importante ya lo habían perdido, que era la CICIG. ¿Este es el fin en realidad de la CICIG o es algo que se puede pelear?
Bajo la presidencia de Jimmy Morales sí es un punto de no retorno, salvo que haya un acto de reflexión –que lo deseo, pero que veo poco probable–. También hay que esperar el antejuicio contra el presidente, que depende del Congreso, no quisiera adelantar, pero hay escenarios que verificar.
Me llama la atención que usted cifre sus esperanzas en que se destituya al presidente mediante el antejuicio. ¿Ya no quedan otros escenarios para viabilizar que la CICIG se mantenga en el país?
Sí, la CICIG tiene afortunadamente hasta septiembre para seguir trabajando e investigando. Eso va a allanar el camino y también provocará que la CICIG tenga más enemigos, porque va a encontrar otros actores del quehacer político, económico, involucrados en hechos delictivos. Hoy por hoy, el presidente está antejuiciado por el financiamiento electoral ilícito. Pero me llaman la atención algo: paralelo a este proceso de antejuicio contra el presidente también está la iniciativa de ley en el Congreso para reformar precisamente la figura de financiamiento electoral ilícito, y dejar sin responsabilidad penal a los secretarios generales de los partidos que recibieron dinero de manera ilegal. Eso dejaría afuera al presidente.
A propósito del antejuicio: han pedido un antejuicio contra usted también. Y no solo eso, se agendó la discusión para que los antejuicios contra los magistrados de la CC y funcionarios como usted solo los conozca el Congreso y que ya no pasen por el control de la Corte Suprema.
Hay una intencionalidad de querer procesarnos penalmente a los responsables y las instituciones que no nos hemos plegado a los intereses del presidente.
¿Estas acciones son parte del balance normal entre poderes, pesos y contrapesos, el funcionamiento sano de una democracia o son manifestaciones de fuerzas oscuras?
Sí, totalmente son esas manifestaciones. Querer modificar la ley de antejuicios en este momento, se infiere, es un intento más de quitarse de su camino a funcionarios que, como su servidor y la Corte de Constitucionalidad, hemos ejercido nuestro rol de un contrapeso, un órgano de control. El presidente también ha despotricado contra el contralor general de cuentas, y a la anterior fiscal general y jefa del Ministerio Público le dijo que lo dejáramos trabajar. Él hasta se ha quejado que la ley de contrataciones públicas es un obstáculo.
Cuando se procesó por genocidio al general Ríos Montt, se describió esa etapa como la Primavera Chapina. Después ganó Jimmy Morales en un contexto de profundo desencanto de los partidos políticos. Ahora con todas estas condiciones, ¿cómo habría que definir este momento? ¿El retorno de fuerzas oscuras?
Estamos, precisamente, en ese punto de quiebre: o reafirmamos lo que se ha avanzado, o nos estancamos o retrocedemos, que sería lo peor. Hemos avanzado, somos un ejemplo al tener funcionarios de alto nivel procesados. Y hay un elemento extra: entramos a la convocatoria a elecciones en enero, con un sistema de partidos políticos diezmado. Los dos partidos políticos más fuertes de hace cuatro años ya fueron cancelados por problemas de financiamiento: Patriota y Líder. Hay otros partidos con trámite pendientes de cancelación o están procesados sus dirigentes... A mí no me asusta esta crisis; así como la Constitución nos dio una solución cuando salió del Gobierno Roxana Baldetti, Otto Pérez, nos dará solución ahora. Legalmente hay salida para todo esto, aunque hasta ahora la institucionalidad prácticamente no ha servido para buscar una vida digna para los guatemaltecos, sino solo para fomentar negocios a partir del quehacer público.
¿Usted a quién identifica como aliados contra la corrupción?
Lo bueno es que ya estamos posicionados todos. Hay algunos que quieren camuflagearse, pero cuento como aliados en esta lucha contra la corrupción y la impunidad a la sociedad civil, autoridades indígenas y ancestrales, parte de la academia que han manifestado su preocupación, Universidad de San Carlos, Universidad Rafael Landívar, la Iglesia católica –que sin duda es un baluarte a tener en cuenta porque ha sido un soporte en momentos claves del país–, los estudiantes, gente trabajadora honesta, las cooperativas. También hay un sector muy pequeño, emergente, del sector empresarial, no precisamente el que ha sido el referente máximo, porque ahí ellos están claros de que están a favor del presidente y del statu quo.
La CACIF.
Sí, la CACIF.
¿No es un sector ambiguo? Por un momento pareció apoyar con mucho ahínco la lucha contra la corrupción.
No, nunca he creído ese discurso.
Tuvieron un discurso al menos.
Pero muy ocasionalmente, ¿verdad? No han sido enfáticos. Y cuando algo no nace del corazón se siente que no es verídico. Estuvieron visitando a Daniel Ortega y haciendo negocios allá, ¿y ahora lo cuestionan? Existe una doble moral, y tampoco hay un mea culpa para decir 'nos hemos equivocado', porque evidentemente tienen su responsabilidad. No tanto como los gobernantes, pero sí sería importante tener una actitud más reflexiva, más humilde. 'Nos hemos equivocado y no podemos seguir con este modelo económico y político del cual hemos sido parte y en el que pocos han ganado mucho y en el que la mayoría ha perdido casi todo'. Con este sistema hemos provocado únicamente más migrantes, por la desigualdad, por el racismo, por la desnutrición, por la falta de salud, la educación... la gente sale por sobrevivencia a los Estados Unidos.
¿Para usted no ha habido ni un mínimo de reflexión en el sector privado?
Ha habido escisiones. Por ejemplo, hay un grupo interesante que se autodenomina 'La Cantina', que son empresarios que también se han manifestado públicamente en torno a un nuevo modelo económico, a repensar la situación del país. No todos permanecen bajo ese conservadurismo y esa visión muy egoísta de seguir haciendo negocios con el mismo esquema, que a la larga solo a ellos les ha traído a cuenta.
¿Es un sector relevante?
No, in crescendo, pero hay otro referente. Es decir, no se puede decir que 'todo el sector privado...'. Yo valoro mucho que hay empresarios conscientes que creen que hay que cambiar el modelo económico, que hay que apostar a hacer hasta prácticas participativas más democráticas en sus empresas privadas, pero no son la mayoría.
En marzo, la entonces fiscal Thelma Aldana nos decía que veía una disminución en la participación de la sociedad civil en comparación a las manifestaciones de 2015 y 2016.
No, la sociedad es distinta después de abril [de 2015]. Lo que pasa es que tampoco se le puede pedir el mismo nivel de permanencia en la plaza porque los acontecimientos no generan el mismo malestar. Pero lo que pasó en abril de 2015 se volvió a repetir en septiembre del año pasado, cuando el Congreso de una manera intempestiva aprobó leyes que les beneficiaban a ellos, en una única lectura, de urgencia nacional. Entonces a partir de acciones legales que se planteó también desde la institución del procurador y otras entidades, sumadas a la manifestación pública, hicieron retroceder esa fatal experiencia. La plaza yo confío en que va a salir cuando tenga que salir, y ya comenzó a salir este sábado que pasó.
Hubo como 500 personas a favor de la CICIG, pero al siguiente día salieron miles a marchar contra el aborto.
Es comprensible... Yo felicité públicamente a los que participaron (en la marcha del domingo) porque la mayoría lo hizo de buena fe. Yo como derechos humanos estoy a favor de la vida, por eso me opongo a la pena de muerte, pues. Hay que ser consecuente. Sería muy poco serio quien quiera asumir que esa manifestación fue contra la CICIG o apoyando al presidente. Cuando han convocado contra la CICIG, han llegado a lo mucho 100 o 200 personas. Son dos cosas distintas, la Iglesia católica tuvo mucha madurez.
¿Cree que hubo necesidad de recordarle a las iglesias de que no mezclaran el tema o nació de ellos no mezclar?
Ellos tomaron conciencia porque salieron algunos políticos que en su momento quisieron trastocar las cosas. Siempre hay políticos que aprovechan la religión para mezclarlos con la política, y eso es fatal. La Conferencia Episcopal en esa ocasión salió contundente a decir que esos eran sepulcros blanqueados, fariseos.
¿Me puede identificar a esos políticos?
Afortunadamente no son todos los diputados del Congreso. No pasan de 10, pero ni los menciono porque sería darles mucha importancia.
Hay ahora mismo en el Congreso dos leyes contrapuestas que tocan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. La marcha del domingo estuvo vinculada a una ley que ha sido señalada por organizaciones de mujeres como inconstitucional por sobrepasarse en materia de derechos humanos. ¿Usted cree que esta ley está sirviendo como cortina de humo mientras el Congreso cumple la función de allanar el camino para librar al presidente de las investigaciones de corrupción?
Sí, veo una intencionalidad perversa de querer mezclar temas muy sensibles para la mayoría de la población, aprovecharse del sentimiento religioso, levantar ese ánimo y no hablar de temas importantes: de la ley de partidos políticos, de temas que agobian a los guatemaltecos. La cortina de humo esta vez es la denominada “Ley de la familia” que tiene asuntos muy preocupantes que van en contra de convenciones internacionales, de derechos mínimos para todas las personas. Se estigmatiza a las personas LGBTI, no se podría ni hablar del tema ni hablar de salud sexual y reproductiva ni preferencias sexuales. Es como regresar a tiempos de la Santa Inquisición. Se estarían prohibiendo cosas que hoy no están permitidas: por ejemplo, el matrimonio que se permite en Guatemala es entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿qué necesidad tiene de prohibir algo que no está permitido? Recordemos lo que pasó en Costa Rica: se infló un tema en beneficio de ayudar a un perfil de un candidato que enarbolaba esa bandera.
El presidente dijo el viernes, en su discurso de siete minutos, que su gobierno apoyaba a la familia. ¿Lo hizo también con fines perversos?
Mezcló los temas sin ninguna razón. Ante su debilidad para convocar abiertamente a la población para que le apoye, porque hubiera sido raquítica una participación en ese sentido, entonces mejor trata de plegarse a una marcha que todos sabíamos que iba a ser un éxito porque ¿quién se puede oponer a la vida? Creo que el discurso de él afectó a la marcha; hubiera ido mucha más gente sin ese discurso que fue evidentemente utilitarista.
¿Dónde ubica la posición del gobierno de Estados Unidos en torno a la CICIG? Hay funcionarios que muestran cierto respaldo al presidente Morales como el secretario de Estado, Mike Pompeo, pero hay congresistas que condenan la actitud del presidente Morales.
He estado en Washington, he platicado con distintos funcionarios (Departamento de Estado, con congresistas, con asesores de senadores) y hay un discurso y resoluciones del bipartidismo a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad, no solo en Guatemala, sino también en el Triángulo Norte. Sacaron una disposición que para febrero o marzo es obligación tener un listado de personas corruptas o violadores de derechos humanos. Eso es un avance, eso lo tienen que tener bien presente hoy en Guatemala.
El secretario de Estado emitió un comunicado muy tibio.
Bueno, pero también salió otro comunicado de la Cámara Relaciones Exteriores observando la decisión del presidente. No se puede decir que todos piensan igual, como es una democracia hay distintos puntos de vista. Me he encontrado hasta funcionarios en el Departamento de Estado con su calcomanía de 'yo amo a la CICIG', por ejemplo, pues. Pienso que deben asimilarse más estas desafortunadas acciones de nuestro presidente, que utilizó recursos donados para uso exclusivo en contra del narcotráfico y para cuidar las fronteras, para intimidar a la CICIG, por ejemplo.
Una última pregunta: Usted evidentemente es alguien muy cercano a Velásquez ¿No cree que tanta cercanía con el comisionado juega en contra? Todo mundo espera que cuando usted interpone un amparo ante la CC, para proteger el trabajo de la CICIG, lo hace desde su rol de funcionario imparcial.
Yo parto de un asunto: a mí no me interesan las nacionalidades de las personas; yo soy defensor de derechos humanos de todos los habitantes del país. Tengo presente que el Convenio que da vida a la CICIG es en materia de derechos humanos, entonces no tengo ningún problema con eso. Aquí no hay nadie superior a la ley. Desde hace un año, que hemos estado metidos en esta coyuntura, lo he tenido claro. La comisión hace su trabajo y al presidente no le gusta su trabajo. Cuando el presidente habla de que no hay independencia judicial, no dice qué casos, qué juzgados o qué denuncias concretas hay contra juzgadores. Entonces ahí se da cuenta que es una visión personal y yo no puedo estar del lado de eso.
