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Para combatir la corrupción, Calleja busca prohibir prácticas que ya están prohibidas

Aunque propone eliminar la creación de las partidas de gastos reservados en las instituciones del Estado, una propuesta novedosa contra una práctica vigente, el candidato de derechas también busca que se combata la corrupción a través de la prohibición de prácticas que ya fueron prohibidas desde antes por la Sala de lo Constitucional o la Asamblea Legislativa. 

Roxana Lazo y Jimmy Alvarado

 
 

A un mes para que los candidatos presidenciales puedan inscribirse de manera oficial en las elecciones de 2019, Carlos Calleja ha propuesto seis reformas para combatir la corrupción que, aunque incluyen la novedad de prohibir el uso de partidas de gastos reservados de las instituciones del Estado, la mayoría incluyen prohibiciones a prácticas que ya han sido expulsadas de las leyes de la República por la Sala de lo Constitucional o por la Asamblea Legislativa.

El miércoles 5, acompañado por diputados de la coalición de partidos de derechas (Arena, PCN, PDC), Calleja llevó a la Asamblea Legislativa sus cinco propuestas para combatir la corrupción. Calleja propone como novedad la eliminación del uso de "partidas de gastos reservados, discrecionales o secretas", pero también otras serie de reformas que parecieran una nueva versión para leyes que ya existen y, por lo visto en procesos recientes a exfuncionarios, no han sido efectivas en sí mismas, como combatir el nepotismo en la administración pública.

El uso de fondos públicos a través de una partida de gastos reservados en los presupuestos generales de la nación ha sido una práctica recurrente en el Estado desde 1989. En concreto, la propuesta apunta a reformar la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, mejor conocida como la ley AFI. La intención del primer artículo es prohibir “la aprobación y el uso de partidas de gastos reservados o secretas para la Presidencia”, en el Capítulo III de la ley AFI.

Esa primera propuesta, sin embargo, va acompañada de una prohibición que ya había sido planteada por la Sala de lo Constitucional desde 2010, y con la cual se alimentaba otra partida conocida como la "partida secreta". En una sentencia que prohibió el uso de fondos de la Presidencia que no pasaban por la contraloría de la Asamblea Legislativa, la Sala también prohibió la reasignación discrecional de los excedentes de los ingresos programados de otras carteras de Estado hacia la presidencia de la República. De esta manera, el máximo tribunal de justicia cerró la posibilidad de tener partidas de fondos públicos por las que el presidente nunca deba rendir cuentas -las famosas partidas secretas-. 

Calleja propone exactamente lo mismo: "prohíbase el traslado de fondos o transferencias de partidas de cualquier ramo u organismo de la Administración regulado por esta ley a la Presidencia de la República, así como también la transferencia de ahorros o excedentes del presupuesto asignados que no se hubiesen invertido en los fines para los que fueron presupuestados", se lee en la propuesta. 

Con otra modificación, plantea crear una partida específica para publicidad en el plan de gastos del gobierno (presupuesto nacional), pero esto apenas y tiene sentido. La cuenta especial para publicidad del gobierno, que aparece con el código presupuestario 54305, ha existido, cuando menos, desde el gobierno del expresidente Armando Calderón Sol (1994-1999).

Siempre en la pieza que busca modificaciones a la preparación del presupuesto, Calleja mostró algún desconocimiento de la Ley de la Corte de Cuentas de la República. Propone una adición al proceso presupuestario que fiscalice los gastos reservados usados por el Organismo de Inteligencia del Estado dentro de la Ejecución del Presupuesto. El artículo 45 de la ley de la Corte de Cuentas establece que esta entidad  ya tiene las facultades puede hacerlo: “cuando las operaciones o actividades objeto de examen sean clasificadas o reservadas, serán examinadas con ese mismo carácter”.

Calleja también envió una pieza con un nuevo anteproyecto de ley, para prohibir que oenegés con vínculos partidarios reciban fondos públicos del Presupuesto General de la Nación. El 28 de julio de 2017, la Sala de lo Constitucional no solo invalidó la Ley de Presupuesto de ese año: ordenó eliminar todo los excesos. En esa misma resolución quedó establecido que ninguna oenegé relacionada con partidos políticos puede recibir dinero del Estado. Pero en el documento no incluyeron esta jurisprudencia ni siquiera en los considerandos, a pesar que la Sala es la última instancia en este tema.

La sentencia pretendía frenar entregas de fondos públicos a oenegés como la de la esposa del diputado Guillermo Gallegos, Nora Romero de Gallegos. Los diputados le asignaron a la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad (Apdemes) $550 mil dólares, entre 2015 y 2016, de los cuales terminó recibiendo al menos $350 mil. La Asamblea Legislativa regaló estos fondos públicos a esta oenegé que no tiene un local físico y que en las rendiciones de cuenta nunca entregó pruebas de que los fondos cumplieron su destino: llevar a cabo proyectos de prevención de la violencia. En diciembre 2018, Apdemes terminó devolviendo el dinero.

En el proceso de aprobación de la Ley de Presupuesto 2018, la exdiputada del partido Arena Milena Calderón Escalón dijo a El Faro a inicios de este año que antes no aplicaban filtros para descartar que le estuvieran dando fondos públicos a oenegés con vínculos partidarios. Fue hasta este año que aplicaron, por primera vez, los filtros para proveer fondos a oenegés.

El candidato de Arena también adjuntó una Ley contra el Nepotismo, que busca terminar con la contratación de familiares en todo el aparato público, incluso si el vínculo es por adopción o si el cargo es ad honorem. La contratación de personal que tiene vínculo hasta en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, tal cual se plantea en esta pieza, ya está regulado en la Ley de Ética Gubernamental.

Otra nuevo anteproyecto, incluido en el paquete de piezas, prohíbe a los diputados hacer turismo de negocios con fondos públicos. El detalle es que Calleja presentó esta propuesta respaldado por el diputado tricolor Alberto Romero, quien en la legislatura 2012-2015 fue el tercer diputado más viajero (25 viajes, 114 días fuera, $61,201 gastados en boletos de avión) y que en la legislatura 2015-2018 hizo cuatro viajes que le costaron al estado $7,039. A inicios de 2017, en un comunicado, Arena se comprometió a pedir que sus diputados reduzcan el gasto de fondos públicos en viajes.

En la última pieza de correspondencia, Calleja y su equipo piden modificar el artículo 240 de la Constitución para que pase de 10 a 20 años el período establecido para iniciar investigaciones por enriquecimiento ilícito: “los juicios por enriquecimiento sin causa sólo podrán incoarse dentro de veinte años siguientes a la fecha que el funcionario haya cesado el cargo”.

Una reforma impulsada por políticos cuestionados

Si todos los diputados de los partidos que están en la alianza que impulsa a Calleja dan su apoyo, las propuestas podrían contar hasta con 49 votos. Esa es la cuota suficiente para poderlas aprobar, si acaso las iniciativas llegan a la sesión plenaria.

Entre los diputados de los partidos que conforman la alianza de derechas —los que respaldarán la candidatura de Calleja para 2019— están 22 diputados que la sección de Probidad tiene bajo la mira: cinco del PCN, 16 de Arena y Rodolfo Párker, del PDC.

El empresario, mientas dio su discurso, estuvo rodeado de un grupo de legisladores. Junto a él estaba Raúl Beltrán Bonilla (PCN), que apareció en la lista de los que recibieron dinero de la partida secreta del expresidente Antonio Saca (2004 - 2009), quien ya confesó haberse aprovechado de manera ilícita con esa partida.

También aparecieron Carlos Reyes y Silvia Ostorga, ambos, bajo investigación por enriquecimiento ilícito. Reyes despertó las sospechas porque en tres años casi duplicó su patrimonio líquido (dinero en efectivo); en tanto, Ostorga registró ingresos anuales de $3 millones. Además, ambos le rentan terrenos a una entidad de gobierno, un inconfundible conflicto de interés.

A Calleja también lo acompañaron diputados que en la legislatura pasada (2015-2018) votaron por ablandar la ley de enriquecimiento ilícito y crearon la llamada Ley de Probidad, aunque ese cambio lo detuvo la Sala de lo Constitucional y se mantuvo el marco legal actual. Otro diputado que apareció apoyando a Calleja en su aparición en la Asamblea es Reynaldo Cardoza, quien enfrenta un proceso de extinción de dominio contra sus propiedades. Además, su esposa fue condenada por enriquecimiento ilícito.

“Tenemos una buena oportunidad de incidir en (el combate a) la corrupción”, dijo el aspirante a la contienda electoral de 2019.

 

*Fe de errata: En la versión original de este artículo se omitió por error que en el paquete de reformas presentado por el candidato Carlos Calleja se ha propuesto, como novedad, prohibir la aprobación y el uso de partidas de gastos reservados a través del Presupuesto General de la Nación. Este texto fue modificado a las 7:00 de la noche del viernes 7 de septiembre de 2018. 

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