La empresa guatemalteca investigada por cobrar $32.6 millones y abandonar la construcción del bulevar Diego de Holguín, ahora conocido como bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero, recibió dinero de la partida secreta durante el quinquenio de Elías Antonio Saca González, el último presidente que gobernó el país con la bandera del partido Arena, condenado a 10 años de prisión por peculado y lavado de dinero.
Entre el 16 de junio de 2004 y el 29 de enero de 2009, la compañía Concreto Preesforzado de Centroamérica (Copreca, S.A de C.V) recibió 30 cheques, por un monto de $157,635, desde dos cuentas bancarias que la administración Saca bautizó como “Gastos Operativos de la Presidencia”, pero que en la práctica eran la partida secreta del gobierno, porque nadie fiscalizaba cómo se gastaban ese dinero público. Del uso de esos fondos no quedó registro en la contabilidad oficial.
El 16 de junio de 2004, es decir, apenas dos semanas después de la juramentación de Saca como presidente, Copreca recibió un cheque por $10,170 desde una cuenta del Banco Cuscatlán, registrada a nombre del entonces secretario privado de la Presidencia, Élmer Roberto Charlaix, también condenado a 10 años de prisión por corrupción.
En los siguientes seis meses, entre julio y diciembre de 2004, desde la cuenta bancaria registrada a nombre de Charlaix, se giraron otros siete cheques, cada uno por un monto de $5,085. En total, la administración Saca desembolsó, por medio de la cuenta del entonces secretario privado de la Presidencia, $50,850 a Copreca, la compañía que en ese momento era representada por el guatemalteco Jesús Hernández Campollo, actualmente prófugo de la justicia.
El éxito de Campollo
Los fundadores de Copreca eran unos testaferros. Eso consignan documentos del Registro de Comercio y de la Fiscalía General de la República que reseñan que la empresa fue creada el 29 de enero de 2002 por el economista salvadoreño Rafael Antonio Rodríguez Loucel y el estadounidense domiciliado en Guatemala, Luis Edgardo Pazmino Egas. Ellos eran los administradores de la compañía, y cada uno era dueño del 50 por ciento de las acciones.
La Fiscalía asegura que la idea de crear Copreca, así como quién aportó el capital para la misma, no quedó registrada en los documentos iniciales: el guatemalteco Jesús Hernández Tardaguila, padre de Jesús Hernández Campollo, el hombre que tres años después ganó el millonario contrato para la construcción del fallido bulevar Diego de Holguín.
Hernández Campollo tomó el control de Copreca once meses después de su creación. El 11 de diciembre de 2002 fue nombrado administrador único y representante legal de Copreca. Las acciones de la compañía quedaron registradas a nombre de su padre y de una empresa llamada Aguas Técnicas de Centroamérica, dedicada a “toda clase de servicios relacionados a la industria de la construcción”, según la escritura de constitución.
En el año 2004, cuando la constructora recibió $50,850 desde la cuenta bancaria del entonces secretario privado del presidente, Copreca estaba a las puertas de ganar uno de los contratos más importantes del Ministerio de Obras Públicas (MOP). En julio de 2005, el MOP inició la licitación para la construcción de 3.07 kilómetros de carretera, siete puentes y cuatro bóvedas. El proyecto se llamaba tramo II del Boulevar Diego de Holguín. La inversión programada era de $25.6 millones, un monto que aumentó por una serie de irregularidades en el proceso de construcción.
El caso del Boulevar Diego de Holguín ha recibido una amplia cobertura mediática. Primero, fue el enfrentamiento entre el MOP y la alcaldía de San Salvador por la construcción en una zona protegida (la finca El Espino); luego, fue el enfrentamiento entre la constructora Copreca y el MOP, por modificaciones en el diseño de la obra; luego, fue un litigio ante la Cámara de Comercio, el cual terminó con una condena contra el Estado salvadoreño. Sin embargo, en esa maraña de irregularidades, los cheques originales de la corrupción del expresidente Saca, publicados por El Faro el pasado 14 de septiembre, revelan que mientras el MOP y la constructora mantenían una riña pública, en secreto, bajo la mesa, la administración Saca entregaba cheques de gastos reservados a la empresa que dejó a media construcción el bulevar Diego de Holguín.
Además de los 2,714 cheques originales de la corrupción Saca, todos del Banco Hipotecario, hace dos semanas El Faro obtuvo una lista de otras 297 personas naturales, empresas, cooperativas y organizaciones no gubernamentales que recibieron cheques desde una cuenta bancaria del Banco Cuscatlán, la 008-301-00-00472-7, registrada a nombre del entonces secretario privado de la Presidencia, Charlaix.
La empresa guatemalteca Copreca recibió cheques de Charlaix (Banco Cuscatlán), así como de Rodríguez Arteaga (Banco Hipotecario). En el 2004, la constructora recibió nueve cheques de Charlaix por $50,850. Al año siguiente, ya no recibió dinero de la partida secreta y, en julio de 2005, cuando participó en la licitación del MOP, en sus balances consignó que tenía un capital de $11,800. La Corte de Cuentas determinó que Copreca no presentó información financiera completa, irregularidades que no advirtió el entonces ministro de obras públicas, David Gutiérrez Miranda.
Aunque no cumplía con los requisitos para ganar la licitación, Copreca afianzó el contrato. Y también logró que la administración Gutiérrez aumentara de un 25% al 39% por ciento el monto del anticipo para iniciar la construcción: el contrato establecía un anticipo de $5.3 millones, pero el MOP autorizó un desembolso extra de $2.6 millones más. Todo este dinero es a parte del que la empresa recibía a través de los cheques de la partida secreta. Pasaron los meses y la construcción del bulevar de estancó porque la Alcaldía de San Salvador alegaba que la obra afectaba un área protegida (la finca El Espino), mientras que la constructora reprochaba al gobierno cambios repentinos en el diseño de la obra. La construcción, entonces, quedó suspendida, abandonada.
Regresan los cheques
El gobierno de Saca programó la inauguración del bulevar Diego de Holguín para el 11 de febrero de 2007. Sin embargo, para ese día lo que existía era una calle de tierra, erosionada por la lluvia, con unos puentes a media construcción. En septiembre de ese año, 2007, el MOP suspendió la obra e inició un largo litigio contra Copreca.
El MOP y Copreca se enfrentaron ante el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio, una instancia que resuelve diferencias comerciales. Sin embargo, mientras gobierno y constructora mantenían un pleito público, la administración Saca reanudó la entrega de cheques desde la partida secreta, el 21 de junio de 2007. A diferencia de los cheques que entregó en el año 2004, el dinero ya no salió de la cuenta del secretario privado del presidente, Élmer Roberto Charlaix, sino de una cuenta en el Banco Hipotecario, registrada a nombre de Francisco Rodríguez Arteaga, un empleado administrativo de Casa Presidencial.
Entre el 21 de junio y el 14 de diciembre de 2007, Copreca recibió de la Presidencia siete cheques del Banco Hipotecario, cada uno por $5,085, que en total suman $35,595. Algunos cheques tienen una firma ilegible al reverso, sin la anotación de ningún documento de identidad, como usualmente lo exigen los bancos. Otros cheques no tienen firma y al reverso solo tienen el número de una cuenta de Copreca en el Banco Agrícola, donde fueron depositados los fondos.
Durante 2008, en pleno litigio entre el MOP y la constructora investigada por corrupción, Casa Presidencial le giró otros once cheques por un monto de $55,255. No existe registro oficial de por qué se daban estos desembolsos. El 13 de marzo de 2008, el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio condenó al Estado salvadoreño a pagar $7 millones a la compañía y otorgó un nuevo plazo para finalizar la obra. Copreca cobró el dinero del contrato, el del laudo ($32.6 millones en total) y abandonó definitivamente la construcción del bulevar.
La Fiscalía procesa al exministro de obras públicas, Jorge Nieto, por modificar el contrato que permitió el laudo arbitral. El exfuncionario defiende que era una manera de resolver las irregularidades que cometió su antecesor, David Gutiérrez, quién no ha sido acusado de ningún delito. Además de procesar a Nieto, la Fiscalía ha pedido la captura de Hernández Campollo.
Buscando a Campollo
El Faro llamó a las oficinas centrales de Copreca en Guatemala para preguntar por qué la empresa recibió bajo la mesa $157,635 de la partida secreta durante el gobierno de Saca, pero nadie atendió las llamadas. También se contactó a Enrique Araujo, el abogado que defiende al empresario Hernández Campollo por la acusación de corrupción en el caso del bulevar Diego de Holguín.
“Lo que me han comentado algunos empleados (de Copreca) es que esos cheques eran por pagos de un alquiler, pero yo no le puedo asegurar nada porque la Fiscalía allanó las oficinas de la empresa y se llevó toda la documentación”, dijo Araujo. El abogado explicó que defiende a Hernández Campollo y que no tiene ninguna relación con la empresa Copreca. Sin embargo, prometió consultar con la compañía sobre el pago de esos cheques. Hasta el cierre de esta nota, este periódico no obtuvo respuesta o documento que justifique el cobro de esos cheques.
Este periódico también revisó en el Registro de la Propiedad si hay algún inmueble registrado a nombre de Copreca y así determinar un posible arrendamiento con el gobierno. Sin embargo, Copreca no tiene propiedades. Las dos direcciones que reportó como establecimientos al Registro de Comercio son las siguientes: la casa 432 sobre la Avenida La Capilla, en la Colonia San Benito. Una segunda dirección es el local 202, en el edificio Boston, en San Salvador.
La casa 432 de la colonia San Benito no solo era el local de Copreca. La otra constructora guatemalteca que es accionista de Copreca, Aguas Técnicas de Centroamérica, administrada por el padre de Hernández Campollo, también la reportó como su principal esa dirección. El guatemalteco que es procesado en el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador por la corrupción en el bulevar Diego de Holguín también dirigió una empresa que administra bares, comercializa servicios de bebidas y alimentos. Esa compañía se llama Charver y reportó su lugar de operaciones la casa 432 de la colonia San Benito.
La casa 432 de la colonia San Benito tiene una acera amplia donde se estacionan hasta tres vehículos, bajo la sombra de unos árboles. La casa tiene un muro perimetral, un portón negro con una ventanilla para el vigilante. Adentro, hay una entrada de concreto y, a la vista, dos oficinas. Un muchacho de camisa negra, pantalón blanco y cabello bien recortado, se asoma a la ventanilla. Escucha el nombre de las constructoras, escucha el nombre de la administradora de bares. “Aquí no hay nada de eso. Estas son otras oficinas. Quizá se han mudado”, responde.
En la segunda planta del edificio Bostón, local 202, la puerta tiene una defensa de hierro con un grueso candado. Sobre la puerta hay un rótulo pegado: “Copreca”. Nadie atiende, nadie responde.
