Una corte federal estadounidense puso un alto temporal a la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un programa que protege de la deportación y da permiso de trabajo a cerca de 200 mil salvadoreños en Estados Unidos. El juez federal Edward Chen, ubicado en el distrito norte de California, emitió una medida cautelar este 3 de octubre que prohíbe al gobierno estadounidense de Donald Trump terminar con el TPS para beneficiarios de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán.
La prohibición se mantiene mientras el juzgado de Chen procesa una demanda en la que el gobierno de Donald Trump es acusado de tener a la base fundamentos racistas para cancelar el TPS y violar sus propios procedimientos administrativos. Por ahora, el juez Chen ve suficientes evidencias de que las acusaciones son ciertas, tanto que concede esta medida cautelar.
Los demandantes son representados por la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés), la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y por el bufete Sidley Austin LLP. Entre los peticionarios se encuentra Crista Ramos, una joven estadounidense de 14 años, hija de una salvadoreña beneficiaria de TPS.
Entrevista de El Faro Radio a uno de los demandantes en el proceso judicial que se sigue contra el gobierno de Donald Trump por cancelación del TPS.
El juez ha analizado una serie de declaraciones del presidente Donald Trump, acciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y correos internos de funcionarios estadounidenses para sustentar el alegato de los demandantes de que Trump tiene animadversión contra los inmigrantes y que ese factor “influyó o manipuló el proceso de toma de decisión”.
Por ejemplo, en el borrador de un memorando sobre sus decisiones del TPS, la secretaria interina de Seguridad Nacional Elaine Duke escribió que “la conclusión es el resultado de una decisión del TPS basada en la política de América primero” (‘America first’, un eslógan de Trump). Los demandantes plantearon al juez que la política America First es un código para la remoción de inmigrantes que no son blancos o europeos. Durante una audiencia del caso, la corte federal preguntó al gobierno estadounidense el significado de la frase “una decisión del TPS basada en la política de América primero”, pero un representante del gobierno fue incapaz de dar una respuesta clara y directa.
El juez Chen también ve indicios de racismo en otra decisión de la Secretaría de Seguridad Nacional. En mayo de 2017, “bajo la aparente orden del entonces secretario John Kelly, hubo un esfuerzo por recoger información negativa de los beneficiarios de TPS haitianos, antes de tomar una decisión sobre el TPS para ese país”. Un intercambio de correos reveló que el DHS buscó si los beneficiarios de TPS haitianos habían sido condenados por crímenes o estaban recibiendo asistencia económica del gobierno. En el correo se pedía discreción para procesar esos datos. “Por favor, mantén la preparación de este informe limitado a los incluidos en este correo. Si necesitas estadísticas en específico, no indiques para que será usado. No quiero que esto se convierta en una cosa grande donde las cosas se empiecen a filtrar”, escribió un funcionario cuya identidad no se revela en el fallo judicial.
El juez Chen señala que no hay indicación de que estos factores y esta información haya sido tomados en cuenta en decisiones previas sobre el TPS, y la secretividad solicitada en el correo lo demuestra. Para el juez, “la información que buscó el secretario (Kelly) coincide con estereotipos raciales, como que las personas que no son blancas cometen crímenes y son una carga a la economía pública'.
De hecho, en el caso específico de los tepesianos, su papel en la economía es un elemento que juega a su favor. Entre 37 y 70 mil trabajadores del sector de la construcción son beneficiarios del TPS, pero también tienen presencia fuerte en ramas como hotelería, la industria de alimentos, servicios de jardinería, guardería y almacenes. El fallo judicial incluye cálculos como que la cancelación del TPS costaría 132.6 billones de dólares del Producto Interno Bruto (PIB) a Estados Unidos, 5.2 billones de dólares en contribuciones a Seguridad Social y unos 733 millones en compensaciones por despidos. Actualmente, los tepesianos aportan unos 100 millones de dólares en impuestos de propiedad al año, 32 millones de eso solamente en el área de Los Ángeles.
El juez usa estos datos para decir que conceder la medida cautelar que prohíbe la cancelación del TPS es en beneficio del interés público de los ciudadanos estadounidenses. El gobierno salvadoreño manifestó su 'alegría' por la decisión judicial. La administración de Salvador Sánchez Cerén dijo en un comunicado que la resolución 'implica un noble reconocimiento a la enorme contribución que salvadoreños e inmigrantes de otros países hacen a Estados Unidos a través de su trabajo'.
El comunicado además 'subraya los daños irreparables y las dificultades que implican para miles de inmigrantes la cancelación del TPS'. Es un cambio de postura: cuando el TPS fue cancelado, un mes antes de las elecciones municipales y legislativas, el gobierno se rehúso hasta por tres días en admitir siquiera que el programa había sido cancelado.
Trump desoyó a sus propios funcionarios para cancelar el TPS
El análisis del juez Chen es que, para cancelar el TPS, el gobierno estadounidense fue en contra de sus propios documentos y de las conclusiones de sus propios funcionarios. “La secuencia de eventos que llevó a la decisión objeto de esta demanda (la cancelación del TPS) es irregular y sugiere un resultado predeterminado que no se basó en una evaluación objetiva”, dice Chen. “La evidencia indica que que funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Seguridad -los nombrados políticamente- ‘reempacaron’ los memos escritos por técnicos, para conseguir el resultado deseado por el presidente y la Casa Blanca”, añade el juez.
Por ejemplo, en octubre de 2017, el exembajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon, dio ejemplos del porqué terminar el TPS para Nicaragua y El Salvador iría contra los propios intereses de Estados Unidos. “Regresar a los extranjeros a sus países de origen pondría una carga en los sistemas públicos (de los países centroamericanos) y posiblemente impulsaría más migración irregular hacia los Estados Unidos”, según Nealon, que actuaba como secretario adjunto de asuntos internacionales en la oficina de Política y Estrategia, adscrita al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
El documento revela que tanto el Comando Sur de Estados Unidos como la embajada de Estados Unidos en El Salvador compartieron puntos de vista similares. La embajada explícitamente sugirió extender el TPS como una forma de proteger los intereses estadounidenses.
Un intercambio de correos en particular llamó la atención del juez Chen. El 13 de octubre de 2017, Kathy Kovarik, la jefa de la oficina de Política y Estrategia del USCIS dijo que los borradores de memorandos sobre las decisiones de TPS de Honduras, Nicaragua y El Salvador tenían un “problema”. El problema, según Kovarik, es que “se leen como si vamos a recomendar una extensión (del TPS) porque hablamos mucho de lo mal que está la situación, pero no hay suficiente (información) sobre los pasos positivos que se han tomado desde que se designó el TPS”.
Un empleado de carrera le respondió a Kovarik así: “podemos peinar las condiciones de los países para ver qué más hay, pero el problema básico es que la situación ESTÁ mal (respecto) a todas las métricas estándares”. El empleado agregó: “Podemos revisar las condiciones y buscar gemas positivas, pero las condiciones son las que son”.
El proceso para cancelar el TPS a otros países fue similar. Por ejemplo, en el caso de Sudán, el actual director de USCIS, Frank Cissna fue muy explícito en un correo sobre el memorando que recomendaba la cancelación. “El memorando se lee como que una persona que recomienda fuertemente extender el TPS para Sudán escribió todo hasta la parte de las recomendaciones. Después, alguien que se opone a la extensión se acercó por detrás al primer tipo, le pegó un batazo en la cabeza, empujó su cuerpo inconsciente para que no le estorbara y terminó de escribir el memo. ¿Me estoy perdiendo algo?”
Para el juez Chen, el rol de Elaine Duke como secretaria de Seguridad era llevar a cabo una agenda presidencial predeterminada, y no tomar una decisión basada en evidencia en el caso de las designaciones de TPS.
En noviembre de 2017, la secretaria Duke envió un correo al jefe de gabinete de la Casa Blanca John Kelly sobre su decisión de terminar el TPS para Nicaragua y extenderlo por seis meses para Honduras. “Creo que esta decisión es consistente con la posición del Presidente en migración. Esta decisión en realidad solo es una diferencia en la estrategia para conseguir los objetivos del presidente”, escribió Duke.
El juez invoca el principio de la jerarquía presidencial para argumentar que aunque el Secretario de Seguridad “no tenía una animadversión personal” contra los migrantes, sus acciones “pueden violar el derecho constitucional a la protección igualitaria si la alegada animadversión del presidente Trump influenció o manipuló el proceso de toma de decisión”. La claúsula sobre Protección Igualitaria está incluida en la constitución estadounidense. La corte encontró “preguntas serias” sobre si el gobierno de Trump violó esta cláusula.
El juez repasó varias declaraciones desde la campaña presidencial de Trump en la que denota racismo. Por ejemplo, en junio de 2015, cuando Trump dijo que los inmigrantes mexicanos eran “narcotraficantes, criminales y violadores”. En junio de 2017, Trump dijo que “todos tienen sida” en alusión 15 mil inmigrantes recientes de Haití y que 40 mil nigerianos, al ver Estados Unidos, “nunca regresarían a sus chozas en África”. En un hecho más famoso en El Salvador, en enero de 2018, Trump dijo, en una reunión con legisladores, “¿Por qué recibimos a gente de todos estos países que son hoyos de mierda?”, sobre inmigrantes de Haití, El Salvador y países africanos. En la misma reunión, el presidente sugirió que Estados Unidos debería recibir más migrantes de Noruega, un país cuya población es mayoritariamente blanca. El juez Chen también incluyó extractos de una declaración que Trump dio en febrero de 2018, en una conferencia en la que comparó a todos los migrantes centroamericanos con miembros de la MS-13 y llamándolos “serpientes”.
Estados Unidos ignoró las condiciones actuales de El Salvador
Para tomar la decisión sobre el TPS, la administración estadounidense prepara un documento conocido como “Memorando de la condición de país”. El TPS fue concedido a El Salvador tras los terremotos de enero y febrero de 2001. El informe sobre El Salvador describe los últimos 17 años de una forma realista pero para nada halagadora. El documento dice que, tras los terremotos, el país ha sufrido “subsecuentes desastres naturales y preocupaciones ambientales como: huracanes y tormentas tropicales; fuertes lluvias e inundaciones; actividad volcánica y sísmica; una epidemia de roya en el café y una sequía severa y prolongada; y el aumento de varias enfermedades relacionadas con mosquitos”. Además, el documento toma nota de “la actividad generalizada de pandillas y una de las tasas de homicidio más altas del mundo”.
En enero de 2018, la actual secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen le dijo a una comisión legislativa que “no disputan que las condiciones del país (El Salvador) son difíciles (...) pero la ley requiere que, si no puedo decir que las condiciones emanadas de los terremotos aún existen, debo terminar el TPS, aunque existan otras condiciones sistemáticas”. Es el mismo argumento con que la embajada de Estados Unidos en El Salvador explicó la decisión en enero de este año.
Eso es un cambio sustancial. Todas las administraciones anteriores a la de Trump habían tomado en cuenta las condiciones actuales de un país para tomar la decisión si renovar o no el TPS. “Los funcionarios nombrados políticamente en esta administración tomaron las decisiones del TPS solo relacionadas con la causa original, y descartaron todas las otras condiciones sin importar lo malas que son”, dice el juez en su resolución.
Leon Rodríguez, un exdirector del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, dijo a la corte que su agencia tenía “amplia discrecionalidad para considerar las condiciones actuales de un país” beneficiario de TPS. Esos factores, según Rodríguez, como asuntos de gobernabilidad, pobreza, crimen, seguridad, o desastres naturales “eran considerados relevantes para determinar si un país seguía cumpliendo las condiciones para mantener la designación de TPS”. Rodríguez añadió que esa determinación se mantenía “sin importar si los factores intervinientes tenían o no relación con la base por la que se otorgó el TPS en primer lugar”.
El juez Chen compró el argumento de los demandantes: que una agencia estadounidense no puede cambiar sus prácticas o políticas sin reconocer el cambio y proveer una explicación. Hacerlo contraviene la ley de procedimientos administrativos de Estados Unidos (APA).
Adicionalmente, el juez dijo que el gobierno de Trump no puede “argumentar de buena fe que la continuidad de los beneficiarios de TPS en el país causa ningún daño concreto a los Estados Unidos”.
La medida cautelar del juez Chen beneficia de manera más inmediata a los tepesianos de Sudán, cuya protección expira en noviembre de 2018. Las protecciones a nicaragüenses, haitianos y salvadoreños expiran en enero, julio y septiembre de 2019, respectivamente. La orden judicial también garantiza la validez de los documentos que prueban la residencia legal y el permiso de trabajo de los beneficiarios de TPS, mientras la demanda se resuelve.
Esta demanda no incluyó a los ciudadanos de Honduras porque se interpuso cuando el TPS para hondureños no había sido cancelado. En un comunicado, la Alianza Nacional por el TPS — integrada por varias organizaciones promigrantes, incluidas las peticionarias de la demanda— anunció que el caso puede expandirse para incluir a Honduras, pero eso aún no ha sucedido. El TPS para los ciudadanos de Honduras vence en enero de 2020.
