Al mediodía de este 8 de enero, minutos después de que el canciller Hugo Martínez y la embajadora Jean Manes terminaran una conferencia en la que se anunció la muerte del TPS, el personal de la embajada estadounidense repartió, en uno de los salones de la cancillería salvadoreña, un instructivo con información que, para el gobierno de Estados Unidos, es importante que llegue a los ojos y oídos de quiénes se verán afectados con el recorte de este programa: unos 200 mil migrantes, el 12 % de los salvadoreños que viven en el país norteamericano. A diferencia de los mensajes del gobierno salvadoreño, las palabras de la embajadora, como el documento repartido por la embajada, fueron incuestionables. EUA hasta se ha tomado la molestia de advertirle a los salvadoreños que han vivido en su jardín que al país al que regresarán es uno de los más violentos del mundo, en el que operan las pandillas MS-13 y Barrio 18, y en el que los robos y las extorsiones son delitos comunes. 'Recomendamos leer las recomendaciones del Gobierno de los Estados Unidos al viajar y vivir en El Salvador', pide la embajada a los futuros viajeros.
De ocho páginas, el documento es un manual para mudarse desde Estados Unidos a El Salvador. Una guía para que los salvadoreños tengan información que les permita cumplir con los requisitos necesarios antes de despedirse del país que desde 2001 les dio permisos temporales de trabajo. El gobierno salvadoreño, mientras tanto, salió a comunicar el fin del TPS en actitud de negación. La Cancillería presentó el anuncio como una prórroga más de las 11 que hubo desde marzo de 2001, cuando Estados Unidos lanzó el programa tras la devastación que dos terremotos causaron en El Salvador. Pero eso no es lo que anunció Estados Unidos. El comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dice que el TPS efectivamente ha terminado y que esa terminación se retrasa 'para facilitar una transición ordenada'. La fecha límite de septiembre de 2019 se da 'a fin de proveer tiempo a las personas con TPS hacer los arreglos para su salida o buscar un estatus de inmigración legal en EE.UU., de resultar elegibles', dice el comunicado.
En la mañana del 8 de enero, el ministerio de Relaciones Exteriores convocó a una conferencia para hablar sobre el anuncio del TPS. Durante los primeros nueve minutos, el canciller Martínez se congratuló por el anuncio y no mencionó nunca la palabra cancelación o terminación. De hecho, si alguien se enterara de la decisión de Estados Unidos sobre el TPS solo a partir del comunicado del gobierno salvadoreño, no sabría que el programa se ha cancelado. El comunicado omite ese detalle.
'Hemos logrado 18 meses más para el TPS de nuestros compatriotas', dijo Martínez. Y luego, como si hubiera ganado un premio, empezó a agradecer. 'Quiero dar un especial reconocimiento y agradecimiento a organizaciones y personas que defienden los derechos de los migrantes, a las universidades, iglesias, a las cámaras empresariales que con gran compromiso trabajan por los migrantes...'
Hasta cuando tomó la palabra Manes fue cuando las cosas comenzaron a quedar claras. 'Estoy aquí para anunciar la decisión de la Secretaría de Seguridad Nacional que decidió terminar con el programa TPS para los salvadoreños', dijo.
La finalización del TPS para los salvadoreños sigue los pasos que la administración Trump ya había tomado con Nicaragua, Haití o Sudán, en la línea de terminar los programas temporales, una decisión contraria a la política migratoria de los últimos 16 años, dos administraciones republicanas incluidas. 'La interrupción sustancial de las condiciones de vida causadas por el terremoto ya no existe', según el análisis del DHS. 'Puede que en El Salvador existan otras condiciones nuevas, pero no ligado a lo que pasó en 2001. Las condiciones no corresponden a las condiciones originales por las que se otorgó la protección', explicó la embajadora Manes.
Aunque la versión oficial es que terminar el TPS era una decisión apegada a la ley, otros actores de la política estadounidense no coinciden. Por ejemplo, Kamala Harris, senadora por California, tuiteó que “la mayoría de salvadoreños beneficiarios de TPS vive en California. Darles la espalda es cruel”. Ben Cardin, senador por California, dijo que los 'tepesianos' son 'migrantes legales, refugiados. Un tercio de ellos son propietarios de casa y padres de 190 mil niños estadounidenses. Forzarlos a irse romperá y devastará familias americanas'.
Quizá por estos impactos, que no son ajenos para la embajada salvadoreña, es que tenga sentido el manual para retornar a El Salvador que repartió este lunes. 'Sabemos bien que detrás de cada persona hay una familia, y detrás de ellos, los miembros de la familia aquí en El Salvador. Entendemos que eso tiene un impacto en todos los salvadoreños', dijo Manes.
El documento incluye instrucciones para obtener un pasaporte salvadoreño en suelo estadounidense, y para que ciudadanos estadounidenses menores de edad obtengan su pasaporte. También tiene una lista de los documentos que los padres de hijos estadounidenses deben tener cuando viajen con ellos (partida de nacimiento, patria potestad, historial de vacunación, récord de estudios...), y explicaciones para el acceso de los beneficios federales fuera de los Estados Unidos de esos hijos estadounidenses de padres salvadoreños, que según la propia embajada son unos 192 mil niños estadounidenses.
El manual incluye, además, explicaciones sobre datos básicos que la mayoría de salvadoreños conocen: qué es un Documento Único de Identidad (DUI), cómo acceder a servicios básicos de salud en las unidades de FOSALUD y recomendaciones de seguridad como evitar caminar de noche en cualquier parte de El Salvador, no detenerse en miradores turísticos, manejar con las ventanas arriba y las puertas con llave o evitar el transporte público, especialmente los buses.
En la conferencia de prensa, el gobierno intentó llevarse el mérito de la postergación del cierre del TPS hasta septiembre de 2019, pero ese punto también es cuestionable, según Óscar Chacón, director de Alianza Americas, una organización promigrantes en Estados Unidos. 'El gobierno salvadoreño hizo lo mínimo que podía hacer de estar presionando al DHS, pero no se puede decir que esa es la bala de plata que logró que se prorrogara por 18 meses'. Para Chacón, esta concesión se debe más bien a una gama amplia de actores, el gobierno salvadoreño incluido, que en realidad ha trabajado desde finales de 2016.
Para Marta Arévalo, directora ejecutiva de la organización CARECEN, la medida es parte de la política antimigrante del gobierno de Donald Trump. Arévalo explicó que ninguna comunidad está más chequeada que los beneficiarios de TPS en Estados Unidos, porque tienen que someterse a investigaciones del FBI cada vez que renuevan su permiso. 'Esta es una decisión política, antimigrante, racista que no está basada en lo que es mejor para este país, para la economía, o para las familias'.
Un estudio del Center for American Progress calculó que si se removiera a los trabajadores con TPS de El Salvador, Honduras y Haití le costaría $164 billones a Estados Unidos durante la próxima década, además de una reducción de $6.9 billones en contribuciones a la seguridad social y Medicare. Arévalo también recordó que el intervencionismo estadounidense y su política de guerra contra las drogas ha jugado un papel importante en la falta de estabilidad de Centroamérica, impulsando el círculo de migración irregular.
El problema al que ahora debe enfrentarse el país, y que el gobierno al menos ha dicho tenerlo en cuenta, es cómo reinsertará a todos los migrantes que tienen hasta septiembre de 2019 para permanecer en Estados Unidos. Finalmente, las cifras del propio canciller Martínez dan cuenta de que El Salvador no está preparado atender a los migrantes retornados. Según Cancillería, los programas de reinserción lograron impactar solo a 5 mil de los 39 mil salvadoreños que Estados Unidos deportó entre 2016 y 2017.
El Salvador es un país que en 2017 tuvo una tasa de homicidios arriba de 60 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del mundo, incluidos los países que sufren guerras declaradas; un país que en 2016 solo generó 13 mil nuevos puestos de trabajo, según el tanque de pensamiento Fusades, y cuya tasa de desempleo sigue estable en 7 %, según cifras oficiales del Ministerio de Economía; un país catalogado por la ONU y la OEA como violador de derechos humanos, en donde el aborto está prohibido en todas sus formas; un país en el que solo cuatro de cada 10 niños que entran a la escuela en primer grado llega hasta al bachillerato; y solo la mitad de esos cuatro entrará a la Universidad.
A ese país regresarán 200 mil salvadoreños y sus familias a menos que, en los próximos 18 meses ocurra algo que no ha ocurrido en los últimos 15 años: que el congreso estadounidense acuerde una ley que permita a los tepesianos transitar hacia la residencia permanente. En las esperanzas del canciller Martínez, para una solución vía reforma cuentan con 130 de 218 votos necesarios en el Congreso; y 38 de 51 votos necesarios en el Senado.
'Los cálculos del canciller son realistas pero no suficientes. Los Dreamers siempre han tenido más votos que eso, y el Dream Act no ha pasado en el Congreso', dice Pablo Alvarado, de la Alianza Nacional para el TPS.
Los otros escenarios que podrían salvar a los migrantes salvadoreños es que aquellos con hijos de 21 años pidan que estos tramiten una ciudanía para sus familias, o que los solteros decidan casarse con estadounidenses... o que sin más esperanzas lo dejen todo y se escondan para vivir como ilegales.
