Cuatro meses después de que se cumpliera el plazo legal para nombrar nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), su elección sigue entrampada. En la Asamblea Legislativa se mantienen enfrentados dos bloques en disputa por el control de la futura Sala de lo Constitucional, espacio clave de poder que tanto Arena como el FMLN quieren tener de su lado en el caso de ganar la elección presidencial 2019, y que será especialmente estratégico si, como sugieren las encuestas, ninguno de los dos partidos tradicionales logra la presidencia.
Un bloque formado por los partidos Arena, PCN y PDC −que en febrero de 2019 concurrirán a las elecciones como coalición− propuso a cinco abogados de trayectoria en instituciones que administran justicia: para la Sala de lo Constitucional proponen a Aldo Cáder, exsecretario de la Sala; a Carlos Sánchez, actual magistrado suplente de la CSJ; a Marina Marenco de Torrento, actual miembro del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ); y a Carlos Sergio Avilés, exprocurador general adjunto y exmagistrado suplente de la Sala de lo Constitucional. Su propuesta también incluye a Alex Marroquín para la Sala de lo Civil. Marroquín tiene experiencia en la aplicación del derecho de familia.
FMLN y Gana dicen respaldar a cuatro de esos cinco aspirantes, pero no dan sus votos para un acuerdo, a la espera de lograr incluir a su candidata preferida, Sonia Cortez de Madriz, actual procuradora general de la República.
Pese a saber que no contaban con los 56 votos necesarios para elegir magistrados, Arena y sus aliados aprobaron este miércoles 31 a las 3 de la tarde un dictamen en la Comisión Política de la Asamblea y forzaron una votación en la sesión plenaria unas horas más tarde. Apenas alcanzaron 50 votos; los de los tres partidos más el del diputado de Gana Francis Zablah. El 23 de agosto pasado, el FMLN y Gana ya se negaron a aprobar un decreto que tenía a cuatro de los cinco nombres propuestos este miércoles.
“Mientras sigan creyendo que con 50 votos les alcanza, así nos vamos a estar”, dijo Mario Tenorio, diputado de Gana, satisfecho por el poder de bloqueo de su bancada de diez diputados. Temprano, Tenorio ya daba por hecho que su compañero de bancada Francis Zablah votaría junto a Arena, PCN y PDC. Zablah explicó luego que a él le parecía urgente nombrar a los magistrados 'porque no podemos seguir esperando y necesitamos cumplirle como diputados a El Salvador'.
Oficialmente, la propuesta del FMLN para la Sala de lo Constitucional incluye a Carlos Avilés, Carlos Sánchez, Nelson Palacios y Sonia Cortez de Madriz o Aldo Cader, aunque la realidad demuestra que la figura de Cortez es innegociable para ellos. Para la Sala de lo Civil proponen a Alex Marroquín. Por otro lado, Gana dijo que respaldaba las propuestas del resto de partidos respecto a Cader, Avilés, Marroquín y Sánchez, pero exigen que en la Sala de lo Constitucional haya un miembro de la terna Sonia Cortez de Madriz, Nelson Palacios y Erick Zelaya.
Un diputado del FMLN, bajo condición de anonimato, confirmó que su bancada no votó a favor del dictamen porque no estaba el nombre de Cortez de Madriz. El subjefe de la bancada del FMLN, Jorge Schafik Hándal también confirmó a El Faro que Cortez de Madriz es una de sus cartas predilectas, pero se abstuvo de precisar si era específicamente por ella por lo que no habían votado a favor del dictamen.
Es evidente la alianza entre el FMLN y Gana en este momento del proceso. La coordinadora de fracción del FMLN, Nidia Díaz, había dicho más temprano: “No estamos de acuerdo que se quiera inhibir o aplastar a Gana, diciendo: ‘No le aceptamos ninguna de sus propuestas’. No es correcto descalificar los nombres porque ya partimos que todos llenan los requisitos”. Díaz se refería, entre líneas, al bloqueo a la procuradora Cortez de Madriz. Al final de la sesión plenaria, cuando la negociación volvió a entramparse, El Faro preguntó a Díaz por qué no habían votado por el dictamen si había coincidencia en todos los nombres a excepción de uno. Díaz respondió: “Estamos votando por el conjunto de nombres, por todos, no por separado”.
Gana, partido llave en la Asamblea, ha facilitado al FMLN la mayoría en el congreso desde que el partido de izquierda llegó al Ejecutivo en 2009. La historia reciente de ambos partidos ha ido de la mano: en octubre de 2009, apenas cinco meses después de la llegada de Mauricio Funes a la Presidencia, 14 diputados de Arena abandonaron el partido y fundaron Gana, que durante la legislatura 2009-2012 dio al FMLN la posibilidad de conseguir mayoría calificada ignorando a Arena. En la siguiente legislatura la alianza FMLN-Gana se debilitó: necesitaban de cinco votos de Arena para alcanzar la mayoría calificada, pero para beneficio del Gobierno de izquierda, el partido naranja siguió atrayendo hacia sus filas más diputados tránsfugas que abandonaban Arena. En la elección presidencial de 2014, Gana compitió en una coalición denominada Unidad e integrada junto al PCN y PDC, que debilitó el voto de derecha y facilitó la ajustada victoria del FMLN. Su candidato era el expresidente arenero Antonio Saca, ahora en la cárcel por corrupción. Investigaciones judiciales en curso apuntan incluso a que Unidad nació con financiamiento ilegal del primer Gobierno del FMLN.
Este miércoles, Gana denunció que Arena pretende excluir su única carta para la Sala de lo Constitucional, en una confirmación tácita de que la elección de la nueva Sala ha quedado reducida a un reparto de cuotas partidarias. “Están actuando de manera desesperada y quieren ocupar lo que siempre quieren ocupar, que aquí las cosas se tienen que hacer como ellos', dijo Mario Tenorio, actual diputado de Gana y exdiputado arenero. 'Nos echan el camión, como se dice en buen salvadoreño”.
El también diputado de Gana Numan Salgado confirmó explícitamente el criterio de reparto:
−No lo apoyamos (el listado) porque no va incluida ninguna de las propuestas así que no estamos de acuerdo -dijo.
−Pero, ¿no están los nombres del dictamen entre los mejores evaluados de los baremos?
−No, esto del baremo es una excusa como para decir “los mejores evaluados son los que yo propongo”. No vamos a caer en ese juego.
−Usted propone otro juego, que es que se tome sí o sí al candidato que ustedes proponen.
−Todos las propuestas de nombres son de los partidos. Son cuotas. A nadie le gusta decirlo pero esa es la verdad.
−Si la señora Cortez es su cuota, ¿por qué qué han decidido proponerla?
−Era para que hubiese un consenso y que se tomase en cuenta al menos una propuesta por Gana, no nos podemos quedar con tres propuestas para la Sala de lo Constitucional de Arena, solo una del FMLN, y luego otra de Arena para la Sala de lo Civil. La lógica es ¿por qué le vamos a dar a Arena el control total de la Sala de lo Constitucional? No es correcto, no abona en nada.
−Entonces, ¿ustedes quieren hacer contrapeso o realmente elegir a los más idóneos?
−Es que los 30 aspirantes tienen la misma característica: todos son idóneos.
−Los partidos, entonces, ¿no deberían sincerarse y decir que lo que buscan son cuotas en la CSJ?
−Sí, y también deberían decir que es para lograr un balance de propuestas, como ha sido históricamente en todas las elecciones de magistrados.
−¿Nos debemos resignar a que siempre sea así?
−No. Se logrará (cambiarlo) cuando la población mande a descansar a las dos fracciones mayoritarias, que falta poquito para febrero. Mientras tanto, no se puede hacer nada, hay que pelear por cuotas.
Cuando faltan tres meses para la elección presidencial el candidato de Gana, Nayib Bukele, encabeza con holgura las encuentas y es probable que se enfrente en segunda vuelta con el candidato de Arena y sus aliados, Carlos Calleja. Su esos pronósticos se cumplen, el papel del FMLN durante la próxima administración podría depender de una eventual alianza electoral con Gana en esa segunda vuelta. Las relaciones de un posible gobierno de Bukele con la Asamblea dependerían, asímismo, del apoyo o no de Arena o el Frente a sus iniciativas desde el Ejecutivo.
La carta de Gana y del FMLN para ocupar la quinta silla de la Sala de lo Constitucional, Sonia Cortéz de Madriz, ha estado en la lista de ambos partidos desde el inicio del proceso. Madriz ha sido por dos periodos Procuradora General de la República y ese es el principal logro que resaltan los partidos políticos. No tiene especializaciones ni maestrías, ni tampoco ha sido docente, lo cual la pone en desventaja frente otros candidatos según los criterios habituales de idoneidad. Tampoco es abogada constitucionalista y, según sus publicaciones, tampoco tiene especiales conocimientos en materia de derechos humanos, aunque en su hoja de vida dice haber publicado dos ensayos en materia de derechos de la mujer.
Según la evaluación que hizo la organización no gubernamental Fundación para el Debido Proceso, Cortez de Madriz estaba dentro de la lista de las no recomendadas —con una calificación de 5.68 sobre 10— para ocupar el cargo de magistrada. Un panel independiente creado por esta organización la excluyó de sus recomendaciones por no poder ratificar la notoriedad de su moralidad. También la organización de sociedad civil Acción Ciudadana publicó su propio baremo y Sonia de Madriz, nuevamente, resultó entre las peor evaluadas con una calificación de 51 sobre 100 puntos posibles.
Una estrategia de presión
El dictamen con los nombres de los aspirantes a magistrado había logrado, al mediodía de miércoles, un favorable en la Comisión Política con los siete votos de los representantes Arena, PCN y PDC. El presidente de la Asamblea, Norman Quijano solicitó la modificación de agenda a eso de las 4:30 p.m. para incorporar el dictamen y también para que se llevara a cabo la votación nominal y pública de los nombres. Ambas peticiones se aprobaron con 50 votos de Arena, PCN, PDC y del diputado de Gana Francis Zablah. Los que votaron en contra fueron el FMLN y el diputado Guillermo Gallegos, de Gana. Los restantes ocho diputados de Gana se abstuvieron.
A las 5:30 de la tarde del miércoles, cuando ya era evidente que la discusión estaba entrampada, Quijano suspendió la sesión plenaria. “Dicto un receso indefinido con la finalidad exclusiva que centremos toda nuestra inteligencia, pensamiento y voluntad para poder elegir a los magistrados”, dijo, ante diputados de su bancada que incluso se levantaron de sus curules para aplaudir su decisión. Era el anuncio de una medida de presión con la que Arena intentaba golpear la imagen del FMLN y de Gana, exhibiéndolos como los dos partidos que se resisten a nombrar magistrados, después de 110 días de entrampamiento.
“Los salvadoreños podrían ver quién tiene la voluntad política de elegir”, dijo el diputado Quijano, en la sesión plenaria.
Nidia Díaz, coordinadora de diputados del FMLN, reclamó que esa sea una estrategia para desestabilizar a los partidos, en especial a Gana, cuyos 10 diputados ya votaron de manera dividida. “Sabiendo que no había consenso lo sometieron a votación, esto es muy delicado. Lamentamos la presión que hicieron, han quebrantado la unidad de los partidos”, dijo Díaz.
Las horas previas habían sido de gran presión para la bancada naranja. Los diputados de Arena filtraron a los periodistas que había “varios” diputados en Gana que iban a votar a favor de la propuesta. Los miembros de Gana se abstenían de responder. La presión fue tanta que la bancada convocó a una reunión a eso de las 3:30 pm. Al filo de las 4 de la tarde, Mario Tenorio trataba de callar los rumores. “Nueve de 10 diputados de Gana no vamos a dar nuestros votos. Francis Zablah votará con Arena”, decía
Ya en la sesión plenaria, en el momento en el que se pasaba lista para votar a favor o en contra del primer candidato de la lista del dictamen, Aldo Cáder, dos diputados de Gana mostraron cierta duda: Osiris Luna y Lorenzo Rivas. La diputada arenera Patricia Valdivieso, quien llevaba el control de la votación este miércoles, tuvo que repetir el nombre de Luna un par de veces para que este manifestara su voto. Sus compañeros lo miraban entre risas y con cierto asombro. Luna tardó unos siete segundos en responder, hasta que dijo que se abstenía. En ese momento, varios diputados del lado de Arena gritaron un “ahhh”, como una expresión infantil de decepción.
En las últimas semanas, Osiris Luna ha tenido encontronazos con su partido al grado que ser removido de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, un puesto clave para un partido que se caracteriza por sus propuestas de corte manodurista. Luna ha sido asistente en la Asamblea del vicepresidente de Gana, Guillermo Gallegos. También fue director de juventud en el departamento de San Salvador, pero hace dos meses fue removido también de ese cargo. Luna ya se distanció de Gana el 17 de octubre, cuando votó junto al resto de partidos de derecha para superar el veto que impuso Salvador Sánchez Cerén a una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía. Esa decisión le costó el puesto en la Comisión de Seguridad
Al día siguiente, el jueves 1 de noviembre, la estrategia de presión del bloque de derecha seguía en marcha. Un campo pagado, de página entera, full color, en los periódicos impresos denunciaba a los nueve diputados de Gana que no habían votado a favor del dictamen, citando sus nombres. El anuncio lo firmaba una organización identificada como Decide. A los diputados los llamaba 'culpables' de retrasar la elección de la Sala de lo Constitucional.
No están los mejores cinco
La lentitud del proceso y la evidente intención de que la nueva Sala de lo Constitucional tenga a personas de confianza de cada partido permite suponer que todas las fuerzas políticas están tratando de elegir una Sala que no les dé sorpresas, después de que durante los últimos años la Sala, en la que destacaban los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco, desafiara de forma constante las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo. En estos años, la Sala forzó al voto por rostro y cruzado, con listas desbloqueadas, en las elecciones legislativas; abolió la Ley de Aministía y presionó para que se investiguen los crímenes de la guerra civil; destituyó a numerosos funcionarios de segundo grado elegidos por los diputados; y obligó a transparentar la llamada 'partida secreta' del presupuesto de la Presidencia de la República.
De entre los nombres con más posibilidades de unirse ahora a la Corte Suprema, Marina Marenco de Torrento y Carlos Sánchez tienen una sólida trayectoria en derecho de familia y derecho penal, respectivamente, mientras que Aldo Cáder y Carlos Avilés han trabajado en la Sala de lo Constitucional. En cuanto a la idoneidad y la capacidad de los aspirantes, en el dictamen que se discutió en la Asamblea este miércoles hay una mezcla de aspirantes que alcanzaron los primeros lugares en la mayoría de baremos y evaluaciones de organismos independientes, con otros aspirantes que lograron una posición cercana a la media.
El Faro ha cruzado evaluaciones elaboradas por las organizaciones Acción Ciudadana, Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y el Consorcio por la Transparencia para elaborar un ranking de los 30 aspirantes que han llegado a la etapa final de la elección de magistrados. El mejor posicionado es Aldo Cader, quien obtuvo las mejores calificaciones según los tres estudios mencionados.
Cader, no obstante, no alcanzó el mínimo de votos en el pleno del miércoles. Recibió 51 votos a favor y 33 abstenciones. Es abogado y notario, ha realizado numerosas publicaciones en materia procesal civil y mercantil y laboró por diez años en la Sala de lo Constitucional, entre 1996 y 2006, período en el cual fue colaborador en el área de amparos y secretario de la Sala. Desde 2009 hasta la fecha se desempeña como intendente de investigaciones de la Superintendencia de Competencia.
Carlos Sánchez se ubica en segundo lugar en el ranking según estas organizaciones de sociedad civil. Su especialización y trayectoria es vasta en derecho penal y administración de justicia penal. Actualmente es magistrado Suplente de la CSJ, y en los últimos diez años se ha dedicado a la docencia en distintas universidades del país. Tiene una larga trayectoria en los tribunales: ha sido juez de lo penal en Sonsonate y en San Salvador, así como también juez de paz en San Salvador. También se desempeñó como magistrado Suplente de la Cámara de la Cuarta Sección del Centro, Santa Tecla.
Alex Marroquín, un abogado con experiencia en derecho de familia, es la propuesta consensuada por todos los partidos políticos para llenar la magistratura en la Sala de lo Civil. Es segundo magistrado de la Cámara Especializada de la niñez y la adolescencia de San Salvador y tiene un máster en administración de justicia con énfasis en relaciones familiares de la Universidad Nacional de Costa Rica. Entre 2003 y 2010 se desempeñó como juez de paz en el departamento de Morazán y ha sido catedrático de la Universidad Gerardo Barrios.
Marina de Jesús Marenco de Torrento , actual integrante del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), ocupa el lugar número 13 en el ranking que resulta de cruzar las evaluaciones de las tres organizaciones. Ella contaba, en agosto pasado, con 56 votos de las bancadas de Arena, Gana y PCN. Ha sido sancionada dos veces por el Tribunal de Ética Gubernamental por favorecer a un familiar. Cuenta con maestría en Gerencia Pública, Justicia y Seguridad, y ha sido jueza de familia en San Salvador y Santa Ana.
Sobre Marina de Torrento, el dirigente de Arena y diputado René Portillo Cuadra dijo que había sido incluida en el dictamen como “muestra de apertura” para incorporar las propuestas del FMLN y Gana. “Ivette Cardona tuvo que apartarse para darle espacio a la licenciada Marenco, para que se respetara aquello de la Constitución que dice que deben de representar las diferentes las corrientes de pensamiento jurídicos”, dijo Portillo Cuadra.
Gana había sido uno de los más férreos propulsores de Marina de Torrento, pero este este miércoles el partido anunció, sin dar explicación, que dejaba de apoyarla.
Carlos Sergio Avilés es, de los probables nuevos magistrados, el peor evaluado por las organizaciones de sociedad civil. Obtuvo el puesto número 20 en el ranking de Acción Ciudadana; el número 18 en la lista del Consorcio por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción; y el puesto 14 en el ranking de Iniciativa Social para la Democracia.
La experiencia de Avilés es en materia de derechos humanos, y está especializado en materia de niñez y adolescencia. Se ha desempeñado como magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional, como procurador adjunto en la Procuradoría General de la República en el 2010. Es notario graduado de la Universidad Alberto Masferrer e ingeniero Agrónomo por la UCA.
