El expresentador de televisión Jorge Hernández, con orden de arresto domiciliar vigente en El Salvador por presuntos vínculos con una compleja red de lavado de dinero vinculada al expresidente Antonio Saca, y ligado según la Fiscalía también a delitos de corrupción de la administración de Mauricio Funes, viajó el pasado mes de septiembre a la ciudad de Ann Arbor, Michigan, donde ha permanecido al menos durante cinco semanas según distintas fuentes ligadas a la investigación en su contra.
Información oficial de la Dirección General de Migración a la que El Faro tuvo acceso confirma que Hernández salió del país el pasado mes de septiembre rumbo a los Estados Unidos. El empresario viajó con una visa otorgada por la embajada estadounidense en El Salvador el 20 de julio de 2018, a pesar de que desde el tres de noviembre de 2017 se encuentra bajo detención y acusado del delito de lavado de dinero. Tras su detención hace justo un año, Hernández fue recluido en una bartolina policial, pero posteriormente, en una fecha que las autoridades salvadoreñas no han precisado, se le concedió el beneficio del arresto domiciliar.
Dos fuentes cercanas a la investigación contra el expresentador de noticias aseguran que su viaje a Estados Unidos fue para acompañar el tratamiento médico de uno de sus hijos en un hospital de Michigan, y se realizó con permiso del juzgado que lleva su caso y de la Fiscalía. En el extranjero, Hernández sigue bajo custodia. La visa que le concedió la embajada estadounidense tiene vigencia de un año.
Ni los fiscales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) ni el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador han explicado por qué se le concedió ese beneficio. Las autoridades alegan que las investigaciones por lavado de dinero gozan de reserva.
La Fiscalía acusa a Hernández de un delito grave: blanqueo de 8.1 millones de dólares desviados desde las arcas públicas. Sin embargo, apenas unos meses después de su captura, las autoridades le concedieron el beneficio de estar en su casa bajo custodia policial. “Jorge Hernández estaba hospitalizado, pero hoy está bajo arresto domiciliar. Es una decisión que tomó el juez”, dijo Howard Cotto, director de la Policía, durante el programa radial Pencho y Aída el cuatro de junio de 2018.
Apenas un mes después de que el director de la Policía confirmó el arresto domiciliar, el expresentador de televisión inició los trámites para la renovación de su visa estadounidense. Una fuente de la embajada de Estados Unidos confirmó la emisión de ese documento. La información proporcionada por la Dirección General de Migración lo respalda. Una fuente policial asegura además que Hernández recibió un trato preferente: personal de la sede diplomática le facilitó el ingreso a las instalaciones por un lugar diferente al destinado para el público general, y se encargó de su custodia durante la gestión.
El miércoles 31 de octubre de 2018, El Faro preguntó al encargado de prensa de la embajada de los Estados Unidos en El Salvador, Douglas Tobar, por qué el expresentador Hernández recibió una visa pese a estar bajo arresto domiciliar. Tobar dijo que haría las consultas respectivas, pero hasta el cierre de esta nota no hubo una explicación oficial.
Por su parte el vocero de la Fiscalía, Salvador Martínez, no negó la salida de Hernández hacia los Estados Unidos. “Entendemos que es por una decisión personal”, dijo. Sin embargo, Martínez intentó desmarcar a la Fiscalía de la salida de Hernández al extranjero. “Son los jueces los que otorgan el permiso. Eso no depende de la Fiscalía”. La jueza novena de instrucción, Nora Montoya, encargada de la investigación judicial por el dinero que Hernández presuntamente lavó por medio de sus empresas, se limitó a decir que el proceso judicial está bajo reserva.
Hernández fue presentador estrella y subdirector de noticias de Telecorporación Salvadoreña (TCS), y es propietario de cinco empresas dedicadas a la publicidad, marketing y medios de comunicación. Hace un año fue detenido porque, según la Fiscalía, dos de esas compañías fueron usadas para triangular fondos de la partida secreta de Casa Presidencial hacia cuentas bancarias del expresidente Elías Antonio Saca. Saca, presidente de la República entre 2004 y 2009 por el partido Arena, confesó en juicio ese y otros delitos y ha sido condenado a 10 años de cárcel.
El Faro tuvo acceso a más de dos mil documentos originales (cheques, notas de abono y solicitudes de transferencias cablegráficas) que reseñan cómo la administración Saca entregó millones de dólares a empresas, fundaciones, iglesias y personas naturales. Algunos de esos documentos confirman la entrega de dinero a las empresas de Hernández por medio de una cuenta del Banco Hipotecario. “Por este medio solicito la emisión de doce cheques que suman la cantidad de ciento cincuenta mil dólares a favor de Marketing and Service de C.A”, se lee en un documento que data del 27 de marzo de 2008.
Cuando el expresidente Saca le entregó ese dinero, Hernández era el principal entrevistador de TCS, la mayor cadena de televisión en El Salvador. Ocupaba además el cargo de vicepresidente de noticias. En septiembre de 2012 renunció a TCS y dijo que se dedicaría a sus empresas y a la política. En ese momento era propietario de los canales 25 y 29 de televisión. Este último se lo vendió posteriormente a personas relacionadas con Alba Petróleos, empresa ligada al FMLN.
En 2012, año de su retiro de TCS, Hernández creó una empresa a la que bautizó como Multimedia. La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia descubrió una relación anómala entre esa empresa y Carlos Mauricio Funes Cartagena, el primer presidente del FMLN, condenado en juicio civil por enriquecimiento ilícito e investigado actualmente por otros delitos relacionados con su gestión. Funes está asilado en Nicaragua y la Fiscalía ha pedido su extradición para juzgarle por lavado de dinero.
Multimedia giró en estos años 121 mil 500 dólares, por medio de nueve cheques, al expresidente Funes. Según el Ministerio de Hacienda, esa empresa no tenía suficientes ingresos para hacer esos desembolsos de dinero, que casi tripicaron el salario mensual oficial que Funes devengaba como presidente.
Hernández y su contador, Esteban Cañas Calderón, fueron arrestados al mismo tiempo, pero Hernández goza de arresto domiciliar mientras que su empleado está en prisión. Otras tres personas que crearon empresas para lavar dinero de la partida secreta están prófugos de la justicia: el empresario Enrique Guatemala, y los abogados Carlos Agustín Gamero Quintana y Laabin Nimrod Tochez Maravilla, sobrino del expresidente de la Corte de Cuentas Rosalío Tochez.
