Existe una frase muy particular del derecho anglosajón: el deber del juez es ser malagradecido. La frase hace alusión a que el juez, a pesar de ser designado y/o elegido por el Congreso o el Ejecutivo, nunca debe responder con lealtad o agradecimiento a estos poderes. El mismo ejemplo aplica para cualquier funcionario público que pase por un proceso de elección de segundo grado, como el fiscal general de la República.
Existe otro principio importante que vale la pena traer a colación y que se ha venido desarrollando desde hace décadas en países con una cultura de transparencia y de función pública basada en el mérito; este el principio de probidad. Un ejemplo de ello es Chile, donde este principio se entiende como “el deber de desempeñarse con rectitud en el ejercicio de la función pública, lo que importa que el actuar tanto de las autoridades como de los funcionarios debe girar en torno a la consecución del bien común y no anteponiendo el interés personal o particular de algún grupo, considerando que el Estado debe estar al servicio de las personas”.
De lo anterior podemos deducir que de un funcionario o autoridad se espera una actuación con preeminencia del interés general sobre el particular, siendo esta la piedra angular de la cultura de la función pública. En otras palabras, nunca puede darse lugar a un provecho que parta de lo personal o que se encuentre asociado en responder a grupos de interés como partidos políticos, empresas o terceros naturales o jurídicos. Trayendo estos elementos al contexto actual de elección del fiscal general, podemos sin lugar a duda cuestionarnos si los antecedentes del ahora fiscal electo le otorgan la confianza para esperar que sea un “malagradecido” con los partidos políticos y que pueda ser leal al interés general o actuar con probidad.
Alguien con la suficiente integridad y ética nunca habría aceptado el cargo con semejantes antecedentes, puesto que Raúl Melara es consciente de que guarda una relación de larga data con gobiernos de Arena, como puede visualizarse en su hoja de vida. Incluso aparece cantando la marcha de Arena en la proclama del candidato presidencial Carlos Calleja, lo cual da pie a un cuestionamiento importante. El mismo Melara reconoció una relación con Carlos Calleja como exasesor, tal y como lo detalla El Faro en un artículo del pasado 21 de diciembre. Siendo conocedor de la ley, él debería tener en cuenta las resoluciones de la Sala de lo Constitucional que impiden que se elija a un funcionario de segundo grado con vínculos partidarios. Pero como ya se dijo, la integridad no es un elemento que pareciera haber tomado en cuenta al momento de participar en el proceso.
A todas luces existe una situación que parece ser crítica para garantizar una FGR objetiva y apegada al mandado que la Constitución le confiere, pero los partidos políticos -en especial el FMLN- parecen haber obviado u omitido estos detalles al momento de votar. ¿Qué decir de Arena? Seguramente era cómodo para dicho partido optar por alguien proveniente de las filas de Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Los vínculos de Melara con grupos de interés y sus lealtades generan muchas dudas. ¿A qué dará preeminencia, a cuáles intereses responderá una vez asuma el cargo en enero próximo?
Una vez más, los partidos se han salido con la suya al elegir un funcionario que al menos en apariencia no ha de “morderles la mano”, guardándoles lealtad a ellos antes que al interés general. Solo nos queda esperar que la actuación del nuevo fiscal sea leal a los intereses de la población y no de unos pocos. ¿Podemos esperar que actúe con probidad y como un malagradecido con los partidos políticos? Si acaso no fuese así, debería renunciar antes que termine por repetir la historia de siempre y que monseñor Romero expresó décadas atrás: “La justicia es como la culebra, porque sólo muerde a los descalzos”.
