“Candidatos no hablan de depuración en cuerpos de seguridad porque les temen”

Nelson Rauda Zablah y Daniel Valencia

En noviembre, Manuel Escalante, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), fue designado por la UCA para entrevistar a los cuatro candidatos presidenciales en unos foros en los que se buscaba conocer sus propuestas de gobierno. A Escalante se le encomendó tratar de entender las apuestas en materias de seguridad pública. 

Para las fechas de los conversatorios, ninguno de los candidatos había presentado una plataforma de gobierno, por lo que Escalante buscó entender las apuestas de los presidenciables a través de tres ejes temáticos. "Cómo concebían ellos el tema de la seguridad, si como un problema socioeconómico o un asunto de seguridad pública y nacional"; la relación de sus apuestas con lo que promueven vía reformas sus grupos parlamentarios en la Asamblea, y "finalmente, (abordamos) el tema de la depuración de la Fuerza Armada y la Policía, relacionado a ejecuciones extrajudiciales".

Escalante concluyó que los candidatos fueron incapaces de sentar posturas claras sobre cada uno de esos ejes, y advirtió una preocupación especial en el tema de la depuración en los cuerpos de seguridad pública. Desde enero de 2015, cuando el gobierno de Salvador Sánchez Cerén instauró una política de combate frontal a las pandillas, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos ha investigado más de 60 casos por denuncias de ejecuciones extralegales y violaciones a los derechos humanos. Al menos en tres casos,  (San Blas, Pajales, San Felipe) la PDDH ha concluido la existencia de ejecuciones extrajudiciales. "Todos reconocieron que era importante la depuración, pero cuando pasaban al tema de las medidas específicas, comenzaban a hablar de mejorarles las condiciones a los policías", dice Escalante.

Que los presidenciables no se pronuncien con contundencia sobre una depuración en los cuerpos de seguridad es preocupante por el peso y el poder que la Fuerza Armada y la Policía tienen, dice Escalante. "Si en un país donde se están produciendo violaciones a los derechos humanos no se habla de depuración de los cuerpos de seguridad es porque se le teme al poder que estas instituciones tienen", dijo. 

"Esta es una postura tácita de que la Policía y la Fuerza Armada tienen un poder real y la poca fuerza que tiene la autoridad civil sobre ese poder", añadió.

Aunque en la campaña todos los candidatos han hecho énfasis en la prevención de la violencia, Escalante detecta una contradicción con lo que hacen los partidos de los candidatos. "Los partidos que apoyan o a los que pertenecen estos candidatos aprobaron las medidas extraordinarias en seguridad que después fueron permanentes", dijo Escalante. Según la PDDH y Naciones Unidas, las medidas extraordinarias violan los derechos humanos. "El discurso de prevención de la violencia y rehabilitación está hecho para ganar adeptos, para ganar votantes”, dice. 

Escalante subrayó el importante rol que tiene el Ejército en la seguridad. “La clase militar no tiene un rol público o evidente en la política pública, pero sí tiene un papel protagónico en la seguridad pública, lo cual es preocupante cuando el brazo armado de un Estado aumenta su presencia dentro de la sociedad", dijo.

Finalmente, Escalante resaltó que una de las condiciones que ahora permiten abusos de derechos humanos en El Salvador sigue igual desde la guerra. "La misma Comisión de la Verdad señaló que nada hubiera ocurrido si los controles hubieran sido efectivos", señaló.

 
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