El gobierno del excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén eligió la cuna del militarismo salvadoreño como escenario para presentar este 4 de mayo su informe de seguridad pública, a las puertas de cumplir su tercer año de gestión. Desde la ex casa presidencial, el gabinete de seguridad se ufanó de la reducción de los homicidios, pero omitió responder por las denuncias de violaciones a los derechos humanos que se le acumulan a sus fuerzas de seguridad desde que en enero de 2015 le declaró la guerra a las pandillas. 

El gobierno habla de una reducción del 53 % de la cifra de homicidios en los primeros cuatro meses de 2017, respecto al mismo periodo de 2016. Esa cifra es en parte explicable por la anomalía estadística que supuso el año 2015. Después del 5 de enero de ese año, cuando Sánchez Cerén declaró la guerra a las pandillas, El Salvador se volvió a coronar como el campeón mundial de homicidios. Esa inercia violenta continuó en 2016: en el primer tercio del año hubo dos mil asesinatos. Este año, el número de víctimas, entre el 1 de enero y el 30 de abril, es de 1,118 personas.

¿Cómo se explica esta reducción de los homicidios a la mitad? Las autoridades se lo adjudican como consecuencia directa a las medidas extraordinarias, una serie de disposiciones dirigidas a retomar el control de las cárceles, implementadas en abril de 2016. Estas leyes han convertido las cárceles para pandilleros en un infierno extraordinario, agravando las condiciones insalubres y de aislamiento para los internos.

Pero además de las medidas extraordinarias, la estrategia gubernamental ha creado batallones especiales -integrados por militares y policías- y ha desatado una ofensiva policial hacia territorios controlados por pandillas que ha dejado no pocos damnificados.

La Policía Nacional Civil es la institución más denunciada por violaciones a los derechos humanos, un tema que fue la gran omisión de este informe. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reconoce 37 casos de ejecuciones extrajudiciales desde 2015. La PDDH dio a conocer el más reciente de esos casos el 22 de marzo de este año, cuando concluyó que la Policía ejecutó a Saidra Hernández, quien era hermana de un policía, y al esposo de ella. Un día antes de la presentación de este informe, el Juzgado de Instrucción de Ilopango canceló la audiencia de Daniel Alemán, un joven que fue detenido injustamente porque dos policías le implantaron una libra de marihuana, para inculparlo. Esos dos agentes están detenidos, acusados de fraude procesal.

Este contexto no alarma al hombre encargado de velar por la legalidad de la actuación de la Policía, Tito Zelada, inspector general de Seguridad. "Hasta donde se puede acompañar en el celo por velar por el cumplimiento de los derechos humanos, lo hacemos. No hay un desborde, hay casos aislados, tremendos, que han sido expuestos y han sido procesados. Tenemos alrededor de 54 miembros destituidos, desde junio de 2016 (a la fecha)", dijo Zelada. El inspector es renuente de los medios. La última vez que había atendido a El Faro fue en julio de 2016, cuando opinó que la Policía mata con apego a la ley.

Otro funcionario que evita hablar de violaciones a derechos humanos en el contexto de las medidas extraordinarias fue Simón Paz, alcalde de Mejicanos. Una investigación del Servicio Social Pasionista (SSPAS), desarrollada entre septiembre y noviembre de 2016 en ese municipio, documentó numerosos casos de detenciones arbitrarias, acoso y tortura de parte de agentes policiales contra jóvenes de ese sector, al norte de San Salvador. Mejicanos es uno de los municipios priorizados en el plan "El Salvador Seguro" y Paz es alcalde por el oficialista FMLN.  "Mejicanos era uno de los municipios en los que el problema de la inseguridad era algo terrible", dijo Paz en su discurso, como si hablara de un problema que ya ha sido superado.

La elección del lugar para dar esta inusual rendición de cuentas no pasa desapercibida en un contexto en el que la estrategia de seguridad de este gobierno ha estado enfocada en retórica y acciones de corte manodurista, similar a la estrategia que usaron en la primera década del milenio dos administraciones del derechista partido Arena. De la mano de la policía, el Ejecutivo también saca a las calles al Ejército, en una proporción sin precedentes desde la firma de los Acuerdos de paz de 1992.

El segundo gobierno del FMLN ha elevado hasta el punto máximo la participación de militares en tareas de seguridad. Actualmente hay 13,800 soldados en estos patrullajes, según declaró Munguía Payés en una entrevista televisiva en Canal 33, el 5 de mayo.  Es una cifra que casi triplica los 5,500 efectivos que Funes mandó a las calles en 2009. Y así como el Ejército ha sido reforzado por en dos periodos de gobiernos de izquierdas, los fantasmas de su pasado también han reaparecido. En enero de este año, la Sala de lo Constitucional responsabilizó a la Fuerza Armada por la desaparición forzada de tres personas civiles durante un operativo en 2014, ocurrido en Armenia, Sonsonate.

La ex casa presidencial del Barrio San Jacinto, la sede escogida por el Ejecutivo para hablarle a la nación, con un tropel de oficiales de verde olivo y policiales en primera fila, fue la cuna de los regímenes militares contra los que lucharon Sánchez Cerén y la oposición política devenida en la guerrilla que combatió entre 1980 y 1992. Tras el golpe de estado de diciembre de 1931 contra el presidente Arturo Araujo,  en San Jacinto se estableció el general Maximiliano Hernández Martínez, en una dictadura que duró 13 años. A Martínez se le adjudica una masacre de decenas de miles de campesinos en 1932. El militarismo presidió El Salvador hasta el golpe de estado de 1979, un año antes del inicio de la guerra civil. La ex casa presidencial, utilizada como sede el Ejecutivo hasta la mitad del gobierno de Francisco Flores (1999-2004) está ubicada contiguo al cuartel "El Zapote", donde se exhiben pertenencias de figuras como Domingo Monterrosa, el comandante del Batallón de Reación Inmediata Atlacatl, señalado por la masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981, y en la que fueron asesinados alrededor de 1 mil campesinos.

Un acto sin espacio para la prensa

En el informe de mayo de 2017 solo participaron tres personeros del Ejecutivo: Roberto Lorenzana, secretario técnico de la Presidencia; Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Seguridad, y Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil. Los tres se limitaron a leer discursos e informes prefabricados en un evento con un montaje similar al de los “Festivales del Buen Vivir”, la gira sabatina del presidente.

Pero aunque la Fuerza Armada no habló al público, el grupo que acuerpaba a los funcionarios del Ejecutivo decía más que cualquier palabra. El ministro de Seguridad, el director de la Policía y el secretario técnico estuvieron acuerpados por militares y policías de diferentes unidades, además de custodios de prisiones y empleados de la dirección de migración. Los escuchaban algunos diplomáticos, empleados del Ministerio de Seguridad, alumnos de centros escolares, o reos del programa insignia de Centros Penales “Yo cambio”.

Al final de las participaciones, un empleado de comunicaciones del Ministerio de Seguridad anunció que darían espacio para tres preguntas. Usualmente, a los periodistas se les pide anotarse en una lista previa al evento para participar en ese momento. Pero quienes hicieron las preguntas fueron algunos de los invitados del gobierno.

A un lado del escenario, el gobierno montó exposiciones de algunos equipos policiales, como la unidad Antinarcotráfico, y militares, como el Comando Zeus, el encargado de realizar los patrullajes conjuntos de todo el país.

Cotto y Ramírez Landaverde, junto con el resto de funcionarios, hicieron un recorrido por cada uno de esos kioskos, e incluso se tomaron fotos con asistentes al evento, algunos alumnos de centros escolares y jóvenes del programa INJUVE. Sus equipos de prensa prometieron a los periodistas que los funcionarios responderían preguntas al concluir su recorrido, que duró unos 40 minutos.

Cuando terminó la ronda, los funcionarios caminaron con prisa a sus camionetas, eludiendo el asedio de los periodistas. Cotto no respondió por el caso de una comunidad de Santa Marta (Cabañas), que el 27 de mayo denunció que dos miembros de la comunidad han pasado desaparecidos desde enero de este año, tras ser detenidos por agentes policiales y acusados de homicidio. Tampoco respondió porque no se hizo ni una mención de las palabras "derechos humanos" en todas las comparecencias.

— Hoy no voy a dar declaraciones, ahí me van a disculpar -dijo el director. 

—¿Por qué?

— Porque la presentación que teníamos que hacer ya la hicimos. Ahí en otro momento respondemos.

 La militarización de la seguridad

El ministro de Defensa, David Munguía Payés, estaba en primera fila, junto al director de la Policía y el ministro de Seguridad, escuchando los discursos. Remover a la Fuerza Armada de las tareas de seguridad pública fue uno de los principales puntos de los Acuerdos de Paz, hace 25 años. De hecho, hace solo cinco años, el FMLN parecía recordar esta idea. “La doctrina de seguridad pública en El Salvador corre peligro de ir (...) agarrando nuevamente el tinte de una política de seguridad pública militarista", decía Medardo González, secretario general del FMLN, en 2012, cuando su partido protestaba porque el expresidente Mauricio Funes puso a un militar como director de la Policía Nacional Civil.

Munguía Payés dice que “como Fuerza Armada no nos gustaría estar en la seguridad pública, eso es desgastante para nosotros”. El ministro dijo que por la naturaleza de sus funciones, él recibe “verdaderos partes de guerra” todos los días y ejemplificó: el 4 de mayo, efectivos militares tuvieron dos enfrentamientos en los que dos supuestos pandilleros fallecieron.

El ministro dijo que el 80 % de denuncias por violaciones de derechos humanos contra la FAES no tienen sentido “ porque la delincuencia se aprovecha y quiere descalificar a las autoridades en su accionar”. Munguía Payés coincidió con el inspector Zelada en decir que los casos de violaciones “son contaditos”.

 Además, el ministro de Defensa se quejó por lo que considera la aplicación de reglas injustas. Munguía Payés comparó la situación de enfrentamientos con el boxeo y las artes marciales. “Nosotros estamos boxeando, aplicamos las leyes del boxeo. Pero en realidad estamos en artes marciales mixtas. No podemos aplicar las leyes del boxeo aquí porque nos van a descalificar. Es lo que nos está sucediendo”, aseguró.

Esta idea militar parece hallar eco en las autoridades civiles. Un día después de presentado el informe, Jaime Martínez, director de la escuela para policías -la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP)- se expresó de forma muy parecida a las ideas de Munguía Payés, durante la clausura de un curso para policías de Santa Ana y San Miguel.

Martínez dijo a los agentes que cuando sean atacados con armas “que no les tiemble la mano, ahí no hay que estar pensando que hay derechos humanos de por medio, que si hay la crítica de la prensa o de los organismos internacionales”, aunque después matizó al decir que los policías pierden legitimidad cuando incurren en abuso de la fuerza.