En marzo de 2017, tres oficiales de inteligencia de la Fuerza Armada de El Salvador diseñaron un plan para intentar que ocho soldados subalternos que habían sido detenidos por un caso de tortura y privación de libertad en Apaneca, Ahuachapán, no fueran hallados culpables. El plan de los oficiales de alto rango, según reveló un reportaje de la Revista Factum, incluyó una conspiración para asesinar a las víctimas denunciantes del caso por tortura y secuestro.
El teniente coronel Leonel Ascencio Sermeño, jefe del Batallón de Información y Análisis del Ejército (BIAIE), el coronel Héctor Alfredo Solano Cáceres, exjefe del Conjunto II (inteligencia) del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada hasta diciembre de 2016, y el sustituto de este último, el coronel David Edilberto Iglesias Montalvo están siendo procesados por agrupaciones ilícitas. Ascencio Sermeño e Iglesias Montalvo también están procesados por conspiración para intentar asesinar a aquellos dos jóvenes que, según creía la oficina de inteligencia del Ejército, habían robado un arma a un alto funcionario del ministerio de Defensa.
Según la investigación, el 22 de mayo de 2016, el director financiero del Ministerio de Defensa, Federico Reyes Girón sufrió el robo de un arma en las afueras de la ciudad de Apaneca. Días más tarde, el 3 de junio, el teniente coronel Ascencio Sermeño ordenó un operativo con elementos del BIAE para recuperarla. Ocho soldados salieron en una misión oficial a bordo de un carro de la institución. Llegaron a la colonia San Jorge de la misma localidad y sometieron a dos jóvenes. Los privaron de libertad y los sometieron a torturas con el objetivo de que confesaran el robo del arma del coronel Reyes Girón. Familiares de uno de los jóvenes llamaron a la Policía y eso fue lo que provocó que los ocho soldados fueran capturados aquella noche del 3 de junio.
Medio año más tarde, en un intento para evitar que los soldados subalternos fueran condenados, los oficiales de alto rango Ascencio Sermeño e Iglesias Montalvo llegaron a planificar el asesinato de las víctimas. La Revista Factum tuvo acceso a las conversaciones telefónicas entre los implicados intervenidas por la Fiscalía. Una de ellas, ocurrida el 22 de marzo de 2017 (seis días antes del juicio contra los soldados) perfila a militares de alto rango de ejército que dicen haber contactado a pandilleros para que se cometa un crimen.
—Van a condenar a los cipotes —dijo el coronel Iglesias Montalvo, según la publicación.
—No —respondió Ascencio Sermeño.
—Quiero ver su plan B.
—Ya contactamos al mero jefe de la clica. Y ya nos dijo que sí lo van a hacer.
—Estese pendiente. Le voy a estar hablando por Whatsapp —respondió Iglesias.
El plan no se ejecutó, y en cambio, los militares intentaron convencer a las víctimas de la privación de libertad de que no se presentaran al juicio. Lo hicieron a través de un contacto 'civil' que también les servía de informante. También le ofrecieron dinero a las víctimas pero estas se negaron a recibirlo.
Los subalternos de Ascencio Sermeño que privaron de libertad y torturaron a dos jóvenes de Apaneca fueron condenados a 14 años de prisión el 28 de marzo de 2018.
En la red que tejieron los militares para intentar librar a los soldados participaron también médicos y algunos abogados particulares de los soldados. Estos últimos fingieron estar enfermos el día en que se suponía debía celebrarse la vista pública, el 26 de febrero de 2017. Los abogados Jorge Martínez Iriondo y Rey Nóchez Peña consiguieron constancias médicas falsas con algunos doctores y su no comparecencia en el juicio en el tribunal de sentencia obligó a su reprogramación para un mes más tarde. Los dos abogados también fueron acusados por falsedad ideológica.
Las llamadas intervenidas por la Fiscalía, y a las que la Revista tuvo acceso, también arrojan indicios de operaciones clandestinas que son del conocimiento del jefe del Conjunto II (la rama de inteligencia) del Ejército. Una de las llamadas intervenidas al coronel Iglesias Montalvo narra una conversación con un informante. En ella se comentan una investigación por 'ejecuciones extrajudiciales' por 'los cuatro de Cangrejera y por los dos de San Miguel'. Iglesias Montalvo incluso bromea sobre uno de los casos.
'El 29 de diciembre de 2016, Diario El Mundo publicó una nota sobre el hallazgo de cuatro cadáveres. Cuatro hombres de la comunidad Las Victorias, en Cangrejera, departamento de La Libertad. Una semana antes, los cuatro estaban en la cancha de fútbol de la comunidad cuando llegó un grupo de soldados y se los llevaron. Los desaparecieron. Los familiares contaron a El Mundo que fueron a denunciar a la Policía que, según los testigos, a sus parientes se los llevaron a bordo de un vehículo del Estado. Una semana después, los cuatro hombres aparecieron muertos en un cañal alejado de la comunidad', escribió Factum.
En la llamada, el informante le dice al coronel Iglesias Montalvo que 'Los de Cangrejera son los de aquella noticia del 29 de diciembre. Allí no tenemos nada que ver'. El oficial de inteligencia militar le responde: 'Aparentemente no tenemos nada que ver, ja, ja, ja'.
Según Factum, el coronel David Iglesias Montalvo sigue en su cargo de jefe del C-II del EMCFA, el coronel Héctor Solano Cáceres sigue como agregado militar en Honduras desde que el ministro Munguía Payés lo designó para ese cargo diplomático en mayo de 2017, dos meses después de la condena a 14 años de cárcel contra los ocho soldados. El cargo le supuso fuero diplomático. El teniente coronel Ascencio Sermeño fue separado de la jefatura del BIAE y trasladado a otra área, según Factum.
La revelación de Factum aporta una prueba más de una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos que ha calado hondo en los cuerpos de seguridad del Estado. Desde enero de 2015, cuando se instaló una política de corte represivo contra las pandillas, investigaciones de varios medios de comunicación, entre estos Factum y El Faro, han revelado que los cuerpos de seguridad del Estado aparecen retratados en el cometimiento de homicidios en 'enfrentamientos' con pandilleros.
'Es una investigación que debería importarnos a todos porque muestra a una institución armada dispuesta a usar todos sus recursos para encubrir sus crímenes', dijo el jefe de redacción de Factum, César Castro Fagoaga. 'La investigación demuestra toda una línea de mando, que incluye oficiales y generales, garante de la impunidad, una pesada losa que la Fuerza Armada ha sido incapaz de quitarse desde los Acuerdos de Paz', agregó.
En agosto de 2017, Factum también reveló las comunicaciones internas y crímenes de un grupo de exterminio en la Policía Nacional Civil. Sobre este nuevo caso, Castro Fagoaga agrega: 'Hay una verdad incuestionable, que sale a flote cada vez que se le cuestiona o investiga: esta Fuerza Armada es opaca, intransigente y reacia a someterse a otras instituciones del Estado. Eso, en un país que juega a ser una democracia, es peligrosísimo', dijo.
El Faro pidió una reacción al ministro de la Defensa por este caso. El general David Munguía Payés respondió que no puede dar comentarios. 'No me puedo pronunciar porque hay una investigación en curso de la Fiscalía y el caso tiene reserva. Voy a respetar esa reserva y esperar la resolución', dijo.
Aunque la mayoría de los casos apuntan a elementos de la Policía Nacional Civil, el Ejército también ha sido señalado por cometer violaciones a los derechos humanos. En octubre de 2015, La Prensa Gráfica también publicó una investigación que narra los homicidios con disparos a quemarropa de cinco hombres, en un operativo conjunto entre elementos de la Policía y de la Fuerza Armada en el cantón Pajales, en Panchimalco. Ese mismo año, El Faro también reveló el secuestro y la desaparición de tres hombres en Armenia, Sonsonate, a manos de un sargento y cinco soldados. Para ese año, la Fiscalía había recibido 11 denuncias contra militares por hechos similares.
