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Gobierno de Guatemala da 24 horas a la Cicig para cerrar operaciones

En una decisión unilateral, el Gobierno de Guatemala dio un plazo de 24 horas para que la Comisión contra la Impunidad cierre operaciones. El ultimátum llega un día después de que la Corte de Constitucionalidad frenara un intento de expulsión de un investigador de la Cicig. 

AFP

 
 

CIUDAD DE GUATEMALA. El Gobierno de Jimmy Morales ha decidido poner, fin de manera unilateral, al trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunida (Cicig). Este lunes 7, la canciller Sandra Jovel anunció que se ha dado un plazo de 24 horas para que la comisión y sus investigadores cesen operaciones, en una decisión que ha sido rechazada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Los funcionarios de la Cicig, que acusa al presidente Jimmy Morales de corrupción electoral en los comicios que ganó en 2015, deberán abandonar inmediatamente el país, dijo Jovel, a periodistas en la ONU. "Se le comunicó al secretario general que en un plazo de 24 horas queda el acuerdo finalizado", dijo Jovel, quien entregó una carta a Guterres en el que anunciaba la decisión del gobierno de Guatemala. El plazo se cumple en la tarde del martes 8 de enero.

Guterres respondió, el lunes por la tarde, que la Cicig seguirá trabajando hasta el fin de su mandato en septiembre, pese a la decisión unilateral de Guatemala de ponerle fin. "El secretario general rechaza enérgicamente el contenido de la carta", reza un comunicado de la ONU. "El mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, esperamos que el gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del acuerdo", decía el comunicado, difundido por el portavoz de Guterres.

La Cicig es un mecanismo independiente que investiga la corrupción en altas esferas del gobierno guatemalteco y que fue creado por común acuerdo entre el país centroamericano y la ONU en 2007. Según el acuerdo, el mandato de la Cicig culmina en septiembre próximo.

Marco Morales, de 40 años, llegó a plantarse solitario frente al Palacio Nacional de la Cultura, unas horas después que se diera a conocer la prohibición de entrada del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez a territorio guatemalteco, en septiembre de 2018. Desde entonces, el Gobierno ha impulsado una serie de medidas para frenar la labor de la Cicig, sin embargo, el MP y la Corte de Constitucionalidad han frenado esa ofensiva a favor de la corrupción. Foto de El Faro, por Víctor Peña.
 
Marco Morales, de 40 años, llegó a plantarse solitario frente al Palacio Nacional de la Cultura, unas horas después que se diera a conocer la prohibición de entrada del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez a territorio guatemalteco, en septiembre de 2018. Desde entonces, el Gobierno ha impulsado una serie de medidas para frenar la labor de la Cicig, sin embargo, el MP y la Corte de Constitucionalidad han frenado esa ofensiva a favor de la corrupción. Foto de El Faro, por Víctor Peña.

El convenio de creación de la Cicig establece que toda divergencia entre el Gobierno y la Cicig debe resolverse en negociaciones. El Gobierno asegura que ha intentado resolver sus diferencias en los últimos 16 meses sin éxito, pero la ONU dijo en su comunicado que sigue en su esfuerzo de encontrar una solución. El mandato de la Cicig solo puede ser anulado por el secretario de la ONU, es decir, Guterres, pero este ha reforzado su apoyo a la institución internacional. 

El plazo de 24 horas que ha dado el Gobierno llega un día después de que la Corte de Constitucionalidad frenara un intento de expulsión de un investigador de la Cicig. El Gobierno de Guatemala canceló las visas de cortesía de 11 investigadores, entre ellos Yilen Osorio, quien el sábado 5 de enero regresaba de vacaciones de fin de año a Guatemala. Migración retuvo a Osorio por 25 horas y tuvo la intención de deportarlo a Colombia, de donde es originario, pero acciones constitucionales interpuestas por la Procuraduría de Derechos Humanos lo impidieron.

Una decisión inaudita

Jovel se quejó vigorosamente de la decisión de Guterres de mantener en su cargo de jefe de la Cicig, el exjuez colombiano Iván Velásquez, "trabajando desde fuera, cosa que es inaudita". La queja de la canciller llegó a oídos de Guterres aunque el gobierno de Morales no deja entrar a Velásquez a Guatemala desde septiembre pasado.

Guterres "sacrificó a la comisión por una persona", aseguró, y agregó que "los funcionarios ya no son funcionarios de la Comisión" y "tendrán que salir de territorio guatemalteco", dijo Jovel. 

La ccanciller también cuestionó a la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, que defiende la estadía de más de una decena de investigadores de la Cicig en el país, al señalar que "se ha extralimitado en sus fallos, tratando de dictar la política exterior".

Minutos después de la conferencia de Jovel, múltiples voces en Guatemala se quejaron de la decisión. El procurador de derechos humanos Jordán Rodas, uno de los funcionarios claves que ha defendido la permanencia de la CICIG a través de peticiones de amparo ante la CC, dijo: "El presidente de la República no está por encima de la ley. El acuerdo de la CICIG es una ley interna. El accionar del presidente transgrede la ley. Una vez más, el MP y la CC tienen la responsabilidad trascendental de reestablecer el Estado de dercho". 

¿Demasiadas investigaciones?

"Es importante reiterar que la Cicig fue creada para combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que estaban incrustados en el Estado, lo cual después de 11 años (y) tres meses no logró realizar", dijo Jovel.

La Cicig adquirió relieve en la lucha contra la corrupción luego de que en 2015 destapó la operación de una red de defraudación en las aduanas que provocó la renuncia del expresidente Otto Pérez, actualmente detenido en espera de un juicio por su papel como líder de esa operación.

Morales, que llegó al poder prometiendo luchar contra la corrupción y defendiendo la Cicig, ha sido hostil con el trabajo de la comisión desde el comienzo de su mandato en 2016, cuando la entidad y la fiscalía acusaron a un hijo y un hermano de defraudación fiscal. Los dos guardan arresto domiciliario y están a la espera de un juicio.

"La comisión (...) ha hecho investigaciones de manera ilegal. Sin embargo, el presidente Morales ha permitido que esas investigaciones se lleven a cabo", dijoJovel. Horas más tarde del mismo lunes, el propio Morales despotricó en otra conferencia de prensa contra la Cicig, en la que contó con el respaldo de familiares de supuestas víctimas de la Comisión. 

"La comisión ha abusado y se ha extralimitado en sus funciones. Ha cometido injerencia y ha violentado la soberanía de Guatemala, ha violado los derechos humanos de los guatemaltecos", denunció Jovel. El presidente Morales, en su conferencia, volvió a exponer los mismos casos que en reiteradas ocasiones le han servido para criticar la presencia de la Cicig. Mencionó los casos de los hermanos Valdez Paiz, el caso de la familia Bitkov, el de la familia Zimeri. La Fiscalía Contra la Impunidad del MP de Guatemala, el brazo derecho de la CICIG, ya ha dicho que las acusaciones de Morales en estos casos son falsas. 

Morales señaló que la Cicig había permanecido en Guatemala violentando diversas leyes nacionales, y que lo había hecho durante los 11 años desde que se instaló en 2006. No obstante, cuando tomó posesión como gobernante de Guatemala, en enero de 2016, Morales dijo que respetaría el trabajo de la Cicig. Exmiembros del gabinete de Morales, como la exminsitra de Salud Lucrecia Hernández-Mack, señalaron que el presidente tuvo una transformación a medida que su Gobierno comenzó a ser investigado por la Cicig. El mandatario pasó de respaldar a la Comisión, a ordenar su expulsión el año pasado. 

En la conferencia de prensa brindada en Casa Presidencial, Morales hizo uso de videos y audios con los que pretendió deslegitimar la acción de la Cicig. "Iván Velásquez mantiene una cultura de confrontación entre los guatemaltecos", dijo el mandatario. Este también atacó la CC por sus resoluciones con las que, supuestamente, ha detenido la inversión mediante megaobras como presas hidroeléctiras y minas.  

La crisis diplomática ente la Cicig y el Gobierno de Guatemala empeoró en agosto de 2017 cuando la comisión y la fiscalía acusaron a Morales de corrupción electoral durante los comicios que ganó en 2015. Dos veces la Cicig pidió al Congreso levantar la inmunidad de Morales para investigarlo por sospechas de corrupción.

La canciller aseguró no obstante que los procesos judiciales abiertos debido a investigaciones de la Cicig proseguirán su curso y no serán afectados por el fin del acuerdo.

lbc/rsr

© Agence France-Presse

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