El Tribunal de Ética Gubernamental condenó a la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, por promover en la institución que preside un ascenso laboral a favor de una de sus hijastras. El ocho de enero de 2019, el tribunal le impuso una multa de 1006.80 dólares por violar la Ley de Ética.
“Se atribuye a la licenciada Caballero de Guevara (…) intervenir en el proceso de ascenso de la licenciada Gaby Lourdes Guevara Quintanilla al cargo de asistente técnico en dicha procuraduría, a pesar de ser hija de su cónyuge”, consigna la sentencia que fue hecha pública hasta el mediodía del 22 de enero de 2019.
El cinco de octubre de 2016, apenas trece días después que la Asamblea Legislativa la eligió como procuradora, Caballero de Guevara ordenó el congelamiento de cinco plazas bajo la modalidad de Ley de Salarios. En el mismo acuerdo autorizó la creación de cuatro plazas por contrato, entre las que estaba una de “asistente técnico”. Los beneficiados con esas nuevas plazas recibirían su salario con fecha retroactiva: desde el primero de octubre de 2016.
El 13 de octubre, una empleada de la PDDH, Gaby Lourdes Guevara Quintanilla, presentó su renuncia a su plaza de 'jurídico' por Ley de Salarios. Ese mismo día, Guevara Quintanilla y la recién nombrada procuradora firmaron un nuevo contrato, el 60/2016. Con ese cambio de contrato, Guevara Quintanilla pasó de ganar 1210 a 1800 dólares, gracias a su nueva plaza como “asistente técnico”. Seis meses después, en abril de 2017, recibió otro aumento de cien dólares.
El Tribunal de Ética ha sentenciado que ese ascenso laboral violó la ley. La asistente técnico de la PDDH Guevara de Quintanilla es hija de Marco Antonio Guevara Arévalo, un asesor de la Asamblea Legislativa que es esposo de la procuradora de derechos humanos. En otras palabras: la procuradora benefició a su hijastra.
“El conflicto entre los intereses públicos y los propios de un servidor estatal puede suscitarse cuando éstos últimos influyan indebidamente en la forma en que cumple sus obligaciones y responsabilidades (…) Por tanto, participar en el nombramiento, contratación, promoción o ascenso en los grados indicados o socio para que desempeñe un cargo gubernamental o bien, autorizar su continuidad en el mismo, son conductas contrarias al interés público, ya que se interpone el interés particular del infractor y el de su pariente o socio”.
La condena contra Caballero de Guevara no incluye la contratación de otro de sus familiares. En Febrero de 2018, El Faro reveló que la PDDH contrató como “asistente II” a Xiomara Juana Margarita Guevara Zelaya con un salario mensual de 1300 dólares. Ella también es hijastra de la procuradora de derechos humanos, quien finaliza su período el 21 de septiembre de 2019. La Corte de Cuentas también tiene abierta una investigación contra Caballero de Guevara.
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Según el Tribunal de Ética, la funcionaria no ejerció su derecho de defensa en el proceso en su contra. El Faro intentó obtener una reacción de la procuradora a través de la unidad de comunicaciones de la PDDH, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
