Dos diputados de Arena y uno del PCN presentaron ante la junta directiva de la Asamblea Legislativa una petición para que en la próxima sesión plenaria se discuta si es procedente un antejuicio contra Raquel Caballero de Guevara, la procuradora de derechos humanos sancionada por el Tribunal de Ética por haber favorecido a una de sus hijastras, y denunciada por violaciones a los derechos laborales de empleados de la institución.
Los diputados de Arena, Emilio Corea y Rosy Romero junto con Raúl Beltrán, diputado de PCN, promovieron el martes 29 al mediodía la solicitud de antejuicio a Caballero de Guevara. Según Corea, además del caso de nepotismo condenado por el Tribunal de Ética Gubernamental, existen denuncias de violaciones a los derechos laborales de trabajadores de la PDDH que deben investigarse. El diputado planteó que han recibido información de casos en los que Caballero de Guevara todavía no reinstala a trabajadores -miembros del sindicato de trabajadores de la PDDH- que fueron despedidos sin justificación.
“El Sindicato de Empleadas y Empleados de la PDDH ha presentado solicitud de antejuicio por el presunto cometimiento de los delitos de nepotismo, discriminación laboral, concesión al ejercicio de libertad sindical, o al derecho de huelga, violación del derecho de petición y respuesta, actos arbitrarios y calumnia”, reza el escrito presentado por los diputados.
Los diputados plantean que es cuestionable que la garante del respeto a los derechos humanos en El Salvador irrespete los derechos laborales en el seno de la institución que dirige. En el escrito presentado, se señala que “el actuar de la funcionaria (...) ha dejado mucho que desear ya que no ha cumplido con sus funciones constitucionales dentro de la institución que dirige”.
La próxima sesión plenaria de la Asamblea ha sido programada para el 14 de febrero. Corea dijo a El Faro que en esa plenaria discutirán si es procedente conformar una comisión para que impulse el caso. De igual forma espera que este llegue a conocimiento de Raúl Melara, actual fiscal general.
“Usted sabe que las cosas como se hacen se deshacen. Entonces si con 56 votos la elegimos (como procuradora) con 56 votos puede ser removida de su cargo antes de tiempo si se llega a comprobar que ella cometió algún tipo de irregularidad”, dijo Corea.
El cargo de procurador de derechos humanos goza de fuero, pero el artículo 236 de la Constitución de la República faculta a la Asamblea Legislativa para promover comisiones de antejuicio para que funcionarios (entre estos el presidente, vicepresidente, ministros… y el procurador de derechos humanos) respondan por “los delitos oficiales y comunes que cometan”.
A solo trece días de ejercer su cargo en la institución, Caballero de Guevara le otorgó una nueva plaza a Gaby Lourdes Guevara Quintanilla, hija de Marco Antonio Guevara Arévalo, esposo de la procuradora. Guevara Quintanilla tenía una plaza como ‘jurídico’ en el cual ganaba un salario de 1210. Luego su madrastra la nombró como “asistente técnico” y el salario subió a 1800 dólares, pero seis meses después recibió un aumento de $100.
El Tribunal de Ética decidió condenarla a 1,006.80 dólares bajo el argumento de que: “El conflicto entre los intereses públicos y los propios de un servidor estatal puede suscitarse cuando éstos últimos influyan indebidamente en la forma en que cumple sus obligaciones y responsabilidades (…) Por tanto, participar en el nombramiento, contratación, promoción o ascenso en los grados indicados o socio para que desempeñe un cargo gubernamental o bien, autorizar su continuidad en el mismo, son conductas contrarias al interés público, ya que se interpone el interés particular del infractor y el de su pariente o socio”.
El subjefe de fracción del FMLN, Schafik Handal, dijo estar enterado de la moción y ante la pregunta de si su partido apoyaría la iniciativa, respondió: “Eso lo definirá la próxima plenaria. Con seguridad (la moción) entrará a la comisión política, pero hay que esperar a que eso suceda”, dijo.
Caballero de Guevara fue electa por la mayoría de diputados en el pleno, 71 votos, en septiembre de 2016. Su periodo culmina en septiembre de 2019. Sustituyó a David Morales, que al final de su gestión presentó informes que condenaban el abuso de la fuerza policial y el cometimiento de ejecuciones extrajudiciales en la política de combate frontal contra las pandillas instaurada desde enero de 2015.
Caballero de Guevara retomó esas investigaciones, pero en su periodo pasó de condenar las políticas represivas del Gobierno a aplaudir su efectividad para reducir la violencia y los homicidios. La procuradora también ha sido identificada como una “amenaza” para el goce de derechos humanos de la población LGBTI.
El Faro intentó obtener una reacción de la procuradora a través de la oficina de prensa de la PDDH, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
*Con reportes de Roxana Lazo.
