Las organizaciones de defensa de derechos humanos de la comunidad LGBTI han unido fuerzas para luchar, a partir de 2017, en un frente común que busca que el Estado salvadoreño respete y promueva los derechos humanos de la comunidad, y piden que el acceso a la seguridad y el derecho a la identidad sean temas prioritarios en una agenda de discusión que reta a los partidos políticos.
16 organizaciones anunciaron este 30 de junio la creación de la Asociación Federada LGBTI, un movimiento que une por primera vez a toda la comunidad en un mismo objetivo: protegerse y luchar por sus derechos al mismo ritmo y en los mismos tonos. En un primer discurso al unísono, la Asociación Federada delimitó sus campos de acción en el corto plazo, y dio a conocer los obstáculos que para ellos deben ser superados en aras del bienestar de la comunidad. Resalta en ese discurso que la comunidad identifica como 'amenazas' para el acceso de sus derechos a la procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, y al segundo gobierno del FMLN, al que catalogan como “ultra conservador”.
El plan estratégico de la federación, socializado este viernes, ubica a la procuradora Raquel Caballero como una amenaza a la agenda del movimiento LGBTI. Caballero ha exhibido una posición conservadora respecto al aborto en diferentes foros y entrevistas; permisivas en cuanto a violaciones de derechos humanos, como cuando apoyó la renovación de las medidas extraordinarias en las cárceles; y discriminatorias, según denuncias de la comunidad, como cuando cerró la mesa de temas LGBTI que funcionaba en la Procuraduría.
'Es una persona que, cuando tomó posesión del cargo, se tomó como cinco meses para mandarnos a llamar. Nosotros no nos sentimos respaldados', dijo Bessy Ríos, directora de la Fundación de Familiares y Amigos por la Diversidad Sexual de El Salvador. '(Para) esta señora entre más lejitos, mejor. Ha delegado a alguien: 'atiéndanme la mesa de los gay'', añadió Ríos, aunque matizó que la comunidad LGBTI ha encontrado otros funcionarios de la PDDH para trabajar, como la procuradora adjunta Rosa Elena Ramos.
William Hernández, líder histórico de la causa LGBTI y director de Entre Amigos, se suma a las críticas a la procuradora Caballero. 'Lamentablemente ella ha sido poco eficiente en su accionar como defensora de derechos humanos. Su cargo religioso como pastora ha pesado más que su cargo como abogada de la República, ni siquiera como funcionaria del Estado', dijo Hernández.
Pero la nueva federación LGBTI además advierte peligro en el segundo gobierno del FMLN, el partido de la exguerrilla. Y para ello usa el propio plan de desarrollo que Salvador Sánchez Cerén prometió implementar, tras ganar la presidencia en 2014. En ese documento, el gobierno identifica a las personas con 'opciones sexuales o identidad de género diversas' como una población prioritaria. Para Ríos, esa priorización significa que 'se iban a destinar fondos de los ya asignados para cada institución para el desarrollo de esta población prioritaria. Preguntáme si el Ministerio de Economía o Conamype nos ha dados fondos de capital semilla para los emprendedores y emprendedoras', ejemplifica. Ilustra ese punto también con omisiones del ministerio de Salud, que ha visto recortado su presupuesto y vulnera, según Ríos, a la población infectada con el VIH que pertenece a la comunidad LGBTI.
Pese a que desde 2009, el FMLN ha elevado el tema LGBTI a la agenda del Ejecutivo, con políticas a favor de la comunidad desde la Secretaría de Inclusión Social, las organizaciones consideran que el trabajo ha sido insuficiente. Según Rios, el gobierno se ha negado incluso a tomar las acciones más mínimas, como incluir dos o tres preguntas de temas LGBTI en la encuesta de hogares de propósitos múltiples que hace todos los años la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). 'Es un gobierno conservador porque desde hace 8 años pudieron haber incluido esas tres preguntas. A 8 años vos ya sabrías por quién va a votar esta población, más o menos cuántos son, en qué sectores están, ya tuviéramos un bonito mapeo, pero no les interesa', concluye Ríos.
Para los miembros de la Federación, los partidos políticos les tomarán importancia a sus derechos cuando los visibilicen. 'Mientras no le digamos al diputado que quedó por 1500 votos que en el departamento donde quedó tenemos 5 mil personas LGBTI, y que le podemos quitar la curul, no podemos negociar con los partidos políticos', dijo Rios.
Este anuncio supone un parteaguas en la historia del movimiento LGBTI de El Salvador. Desde el surgimiento del primer colectivo de gays y travestis amparados por Fundasida en 1992, (y que más tarde, en 1994, sería conocido como la Asociación Entre Amigos, organizado bajo la tutela de William Hernández) las organizaciones han estado dispersas y muchas veces, compitiendo por fondos de la cooperación internacional. Quizá un ejemplo más claro de la falta de unidad sea que a la fecha no han logrado un consenso sobre cifras de crímenes contra miembros de la comunidad LGBTI, aunque cada organización lleva su propio conteo y la mayoría denuncian más de 500 crímenes -todavía en la impunidad- desde los años noventa.
En materia de seguridad para la población LGBTI, la federación ha anunciado la creación de un observatorio que sistematice la violación de derechos humanos. Esto supliría una responsabilidad que el Estado salvadoreño no cumple: los manuales de la Policía ni siquiera tienen un espacio para registrar cuando una persona de la comunidad es víctima o victimaria en un crimen.
'De nada nos sirve que nos sigan matando y nos casemos'
Temas emblemáticos de la causa LGBT en el mundo, como la legalización de matrimonio entre personas del mismo sexo, o la posibilidad de adopción están lejos de las prioridades del movimiento LGBTI salvadoreño. 'Es que en El Salvador estamos luchando por sobrevivir', dice Ríos. 'El tema del matrimonio no es una prioridad para las organizaciones LGBTI como organizaciones. De nada nos sirve que nos sigan matando y nos casemos', afirma William Hernández.
La recién formada federación apunta a hacer litigios estratégicos por algunos de los 526 crímenes de odio que no han sido judicializados en El Salvador desde 1995, un país que para 2015 solo llevaba a tribunales uno de cada 10 homicidios.
'La expectativa de vida de las mujeres trans es 35 años. Nosotros aquí lo que queremos es que no nos maten', dice Ríos. La abogada asegura que tienen identificados tres casos de retardación de justicia que llevarán a la Sala de lo Constitucional, como paso previo para elevarlos a cortes internacionales, en busca de sentencias que obliguen al Estado salvadoreño a tomar medidas de reparación a las víctimas y a, finalmente, hacer investigaciones que esclarezcan culpables.
La puja por una ley de identidad es liderada por las organizaciones trans, pero podría ser la primera prueba de que esta federación servirá para unir a toda la comunidad LGBTI y presionar públicamente. 'En el momento que ellas nos convoquen para participar política y estratégicamente de la ley de identidad lo vamos a hacer', promete William Hernández.
Otro de los casos que la federación se propone enarbolar es el de un oficial del Ejército que, según Hernández, fue despedido por 'deshonra a la patria (por ser gay)'. De acuerdo con Hernández, el militar ha pasado por todas las instancias judiciales, administrativas y militares, pero persiste su petición para que le restituyan sus derechos laborales, sus salarios caídos y su reincorporación al Ejército. Entre Amigos ha acompañado al caso y lo ha presentado al Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para que ayude en la gestión del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El objetivo inmediato de la Federación LGBTI es obtener la personería jurídica que les permita empezar a captar fondos. Dentro de los próximos tres años, su plan de trabajo incluye la creación de una escuela de formación política para personas LGBTI, una campaña contra la discriminación y promoción de derechos humanos, y una estrategia de cabildeo para la incidencia en políticas públicas y leyes.
