La doctora Silvana Turner está sumergida en un montículo de hojarasca. Recién se puso unos guantes negros y unas rodilleras de plástico grises. Turner bucea en seco. Aparta tejas. Desmenuza un terrón de tierra. Levanta pedazos de ropa. Recoge zapatos. Revuelve la tierra con una espátula y encuentra lo que ha venido a buscar al caserío Los González, del cantón El Mozote, en Meanguera, Morazán: huesos. Saca sus lentes de un estuche negro y examina el pedazo de hueso que tiene entre las manos. Una veintena de personas entre policías, periodistas, empleados judiciales y hasta turistas observan cada uno de sus movimientos. Tras echarle un vistazo, llega a una conclusión que derrumba las esperanzas de Santos Álvaro Pereira, un hombre que busca a su familia desaparecida desde hace casi cuatro décadas. Con la autoridad que le da ser una de las investigadoras senior del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Turner dictamina que ese hueso no es humano.
—Costilla de vaca— dice Turner.
Este día no encontrará lo que ha encontrado en Kosovo, Togo, Sudáfrica o aquí mismo en El Salvador: osamentas humanas, pruebas de la ignominia y la barbarie de las guerras. Este día, la familia de Santos Álvaro Pereira, desaparecida desde que el ejército masacró a 988 campesinos, no será reencontrada.
Este 2019 se cumplen 38 años desde la masacre por la que es conocido este lugar en todo el mundo. En diciembre de 1981, un gran operativo militar encabezado por el batallón Atlacatl arrasó con este y otros seis caseríos aledaños. La mayoría de las víctimas fueron niños. Pero el registro único de víctimas de El Mozote incluye además otras categorías: sobrevivientes, desplazados, y familiares de víctimas ejecutadas. Santos Álvaro Pereira Márquez, un hombre de 59 años, es parte de esta última categoría. En la tercera semana de enero, un hallazgo fortuito le permitió esperanzarse con algo que espera desde hace casi 40 años: saber qué ocurrió con su mamá, cinco de sus hermanos y sus sobrinos.
Para Santos, esa esperanza sigue ahí, suspendida. “Primeramente algún día los vamos a encontrar. No es fácil este recordatorio de lo que pasó”, dice Santos.
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Florentín Ramos, un joven de 26 años, moreno y de contextura atlética, estaba ocupado en un terreno familiar. Sembraba estacas de madera, que luego servirían para los árboles de cacao que planean poner en esa pequeña ladera, debajo de un murito de piedra. Ramos está por terminar su licenciatura en inglés en la Universidad Gerardo Barrios, pero aún colabora con asuntos agrícolas y tiene destreza para ello, como demostrará hoy.
Estaba plantando estacas cuando tropezó con pedazos de huesos y retazos de camisetas y un vestido de niña. Contrario a cómo muchas personas podrían reaccionar ante semejante descubrimiento, Florentín no se sorprendió. “Desgraciadamente es normal encontrar cosas así”, explica.
Al lado de la plaza de El Mozote, el lugar del monumento principal, hay una tiendita. “Increíble que 38 años después todavía se hallen huesos, ¿verdad?”, le digo al hombre que atiende. “Ay Dios, escarbe ahí a la par y va a hallar también”, me contesta. Esa es la magnitud y las dimensiones de la masacre de El Mozote. Muchas personas fallecieron sin que las enterraran. Después de ocurrida, la Fuerza Armada impidió el acceso a familiares que querían entrar al terreno a buscar a sus parientes. Los cuerpos de las víctimas se descompusieron ahí donde quedaron. 'En un terreno de mi papá sabemos que hay restos (humanos). Pero le preguntamos a la gente, los familiares, y dicen ‘no queremos que los toquen’”, explica Florentín.
El suegro de Santos Pereira Márquez, Santos Argueta Márquez, fue uno de aquellos que no pudieron entrar al Mozote, cuando el operativo ya había terminado. Hoy carga un fólder con una página donde están los nombres de sus 12 muertos, nombres ya incluidos en el registro de víctimas ejecutadas pero cuyos restos nunca se encontraron.
Se trata de Orbelina Márquez, su mamá, de 45 años; sus hermanos, María de la Paz Pereira Márquez, de aproximadamente 32 años; José Horacio Márquez, de 10 años; Ana Vilma Márquez, de siete años; José Mario Márquez, de cinco años y Maximiliano Márquez, de tres años. En la masacre también fue asesinado el esposo de María de la Paz Pereira, Rufino Márquez, de 30 años; y sus hijos, los sobrinos de Santos: Edis del Carmen (10), José Anibal (5), José Arístides (3), Santos Ovidio (7) y María Gloria (9), todos de apellido Pereira Márquez.
Santos solo sobrevivió a la matanza porque se había ido de El Mozote hacia octubre del 81. “No nos dejaban estar en la casa, ni del Ejército ni de la guerrilla”, dice. Santos se mudó a la colonia 15 de septiembre de San Miguel. Trabajaba en la tierra: raspando maguey, cultivando henequén, café y azúcar, cuidando vacas y haciendo atado de dulce.
Cuando se mudó tuvo que cambiar de oficio y empezó a trabajar en construcción. En 1994, dos años después de finalizada la guerra, Santos migró a Miami en Estados Unidos y siguió trabajando en construcción. “No era fácil. Yo iba molesto por los recuerdos y no quería saber nada”, dijo. Pasaron 12 años hasta que volvió al país en 2006, pero no visitó El Mozote hasta 2010.
Para entonces, el caso de El Mozote llevaba cuatro años en proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proceso judicial en El Salvador estaba estancado, producto de la ley de Amnistía, pero se habían realizado múltiples exhumaciones entre 1992 y 2004, la mayoría lideradas por el EAAF de Turner. Santos regresó a El Mozote cuando se habían empezado “a dar noticias” del caso y él buscaba justicia.
Santos Pereira ha sido entrevistado por fiscales, ha contado su historia, ha sido enlistado en el registro único de víctimas de El Mozote y ha proporcionado muestras de su ADN para comparaciones. “Pero no nos han dicho nada”, lamenta. Esta exhumación, para él, es la oportunidad más cercana que ha tenido en 38 años para tener certezas sobre sus desaparecidos.
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Decenas de personas se han agolpado alrededor de la escena señalizada con cinta policial amarilla, donde la antropóloga Turner trabaja. Santos se ha aislado, en un rincón lejano del terreno. Más cerca que él, hay periodistas y camarógrafos, el juez Jorge Guzmán –que no se quita el saco ni para venir a una exhumación en el calor de Morazán-, sus colaboradores judiciales y hasta dos turistas de Inglaterra. Los turistas se acercaron al sitio de excavación aupados por Eduardo Arriaza, un guía que lideraba un tour por El Mozote cuando vio el movimiento de la expedición alrededor de la plaza.
Antes de empezar a excavar, la doctora Turner midió los 8.60 metros desde el punto en que se señalizó la cinta amarilla hasta un promontorio donde se acumulan la mayoría de los hallazgos: ropa rasgada, pedazos de hueso. Tras medir y fotografiar, la doctora Turner pidió ayuda a Florentín para limpiar las hojas. Florentín tiene una cuma y ha improvisado una rama para darle forma de ‘Y’ y mover la hojarasca. Más tarde, Florentín cambiará de herramienta y utilizará una piocha para escarbar la tierra.
De sus excavaciones encuentra zapatos, huesos, la tapadera de una olla, incluso una jeringa de vidrio. Señales, quizá, de la vida que fue o de la acumulación de desperdicios en la repoblación de El Mozote. En el terreno en que excava Florentín antes hubo una casa. La casa de María de la Paz Pereira, hermana de Santos. Fue justamente por la ubicación que el querellante Wilfredo Medrano solicitó al juez Guzmán que permitiera la exhumación, el 6 de febrero de 2019.
Hay expectativa con cada golpe que le da a la tierra, pero Santos está retirado. Turner no tiene que mirar mucho a los huesos para concluir que son animales. Toda la exploración dura poco más de una hora. Santos ni se inmuta cuando una periodista le cuenta lo que ha dicho la experta argentina: que no se ha encontrado nada. 'Ah, vaya', responde Santos, como incrédulo, como alguien que comienza a entender que deberá seguir buscando a los suyos.
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El juicio de El Mozote sigue avanzando, aunque ahora sea menos evidente que cuando se estaban realizando audiencias. 44 testigos desfilaron entre marzo de 2017 y agosto de 2018. También declararon como peritos expertas las antropólogas argentinas, incluida Silvana Turner, que ha concluido que debajo de la tierra en donde estuvo la casa de la hermana de Santos no hay restos humanos.
El juez Jorge Guzmán ha seguido ordenando acciones complementarias como inspecciones de lugares descritos por los testigos en sus relatos. También se han juramentado peritos: el juez autorizó a varios de los expertos propuestos por la querella y la Fiscalía, pero también ha rechazado a varios propuestos por la Defensa. Para rechazarlos, el juez argumentó que no existía imparcialidad. Así justificó su decisión de excluir a Otto Romero, exministro de Defensa como perito. En 2007, Romero obsequió al expresidente Antonio Saca un busto del coronel Domingo Monterrosa, el comandante señalado por la Comisión de la Verdad como líder del operativo militar que produjo la masacre.
No obstante, quizá el desarrollo más relevante del caso ha venido gracias a solicitudes de información. La querella, a cargo de la organización Tutela Legal ha peleado por años para tener las planillas de los miembros del batallón Atlacatl y de otros destacamentos que participaron en el operativo. Para lograr una condena se necesita individualizar la conducta criminal de cada persona. Aunque haya casi mil víctimas no se puede condenar en abstracto, sin saber quién de los oficiales acusados hizo qué. Para eso son claves las personas que participaron de la operación.
El ministerio de Defensa ha negado por mucho tiempo que esa información exista. A la fecha, el ministro David Munguía Payés insiste en que esa información no existe, que no hay registros en los archivos del Ejército. En una maniobra que supondrá un trabajo de hormiga, la querella y el juzgado de Primera Instancia de San Francisco Gotera ha conseguido la lista de los soldados que pertenecieron al Atlacatl entre 1980 y 1983. Son más de mil nombres. La información provino del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). Una lista más depurada contiene información de contacto, como dirección y número de teléfono de unos 480 soldados. La querella y la Fiscalía se alistan para entrevistarlos. El juez Jorge Guzmán ha pedido que los entrevisten antes de considerarlos testigos o imputados.
La tarea no será fácil. Por décadas los mandos medios y los soldados que participaron en el operativo han guardado silencio. Los pocos que han hablado (con la Comisión de la Verdad, con la querella o con periodistas extranjeros) lo han hecho desde el anonimato. En 2011, El Faro logró contactar al subteniente Luis Ángel Pérez Reyes, señalado por Tutela Legal del Arzobispado (la oficina que por años defendió a las víctimas) como comandante de una sección del Batallón Atlacatl al momento de la masacre. “No estoy interesado en hablar”, dijo el coronel. “Eso pasó hace mucho tiempo ya”, se escudó el coronel. “¡No tengo tiempo!”, gritó el coronel. “Tal vez en otro momento la llega a leer usted (mi versión) en algún libro”, terminó el coronel, antes de colgar el teléfono. Para 2011, él fungía como gerente de la Alcaldía de Santa Rosa de Lima.
La tarea para la querella no será fácil. La clave será convencer a todos esos soldados para que rindan testimonio, para determinar dónde estuvieron destacados entre el 8 y el 20 de diciembre de 1981. Con los testimonios de aquellos que acepten su participación en el operativo, podrá reconstruirse el operativo militar desde la voz de esos otros protagonistas, una narración que apunta maneras para convertirse en un relato irrefutable.
Mientras tanto, la masacre sigue generando noticias dentro y fuera de El Salvador.
Un día antes de la exhumación fallida, el 14 de febrero, decenas de víctimas y familiares de víctimas de la masacre acudieron a la Asamblea Legislativa a manifestarse por una reforma legal. Los diputados aprobaron disposiciones especiales y transitorias para que las víctimas puedan obtener partidas de nacimiento, defunción y otros estados familiares en alcaldías municipales seleccionadas. Muchas alcaldías tienen deficiencias en su archivo, debido a la quema de documentos en alcaldías ocurridos durante la guerra u otro tipo de problemas, lo cual dificulta que las personas obtengan esos registros. Los documentos son necesarios para acreditarse como víctimas en el registro único que lleva el gobierno. Las disposiciones tendrán una vigencia de 18 meses.
Un día antes, el 13 de febrero, en el congreso de Estados Unidos, Ilhan Omar, representante de Minnesota en la cámara baja, sometió a un duro interrogatorio a Elliot Abrams, el nuevo enviado especial del presidente Trump a Venezuela. Abrams fue uno de los hombres clave del presidente Ronald Reagan para implementar su política en El Salvador de la guerra civil. La representante Omar le recordó a Abrams que él desestimó los primeros reportes de la masacre de El Mozote como “propaganda comunista”. Abrams dijo que la masacre “parecía un incidente que está siendo significativamente manipulado por la guerrilla”, de acuerdo con un reporte del periodista Ray Bonner, quien descubrió la masacre de El Mozote para el New York Times, en enero de 1982. Bonner también menciona a Abrams como un defensor del mayor Roberto d’Aubuisson, señalado como el autor intelectual del homicidio de monseñor Romero. Hasta la fecha, Abrams nunca se ha retractado en público de sus comentarios.
Mientras todo esto sucede, hay personas, como Santos Pereira, que siguen buscando a sus familiares.
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“Los hallazgos encontrados a nivel superficial no tienen ningún contexto”, dice la doctora Turner. Encontraron huesos de animales, ropa, algunos zapatos, una jeringa, tejas como las que cubren los techos de las casas, la tapa de una olla. Pero no es conclusivo. Incluso podría ser basura, dice Turner. La exploración llegó unos 20 centímetros debajo de esa capa y tocó suelo compactado. Es decir, no hay indicativo de que haya una fosa. “No es indicio para seguir buscando” alrededor de este terreno, dice Turner. Sería como buscar una aguja en un pajar.
Santos Pereira Márquez está decepcionado. Florentín Ramos va a terminar de sembrar cacao en el terreno. Santos seguirá buscando a su familia pero también seguirá buscando una cosa más: justicia. El dolor que le ha causado la fallida exhumación, lejos de vencerlo, parece haberlo fortalecido: “Pedimos que paguen con cárcel, que esto no quede en blanco. No es posible que queden burlándose. No hay que tratarlos mal, pero no es fácil que le maten la familia a uno”, dice Santos.
