El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglás en inglés) informó el 28 de febrero que la fecha para acabar con el Programa de Protección Temporal (TPS) fue pospuesta hasta enero de 2020. La decisión se debe a que está pendiente que se conozca la decisión de la Corte del Distrito Norte de California, en la que se tramita una demanda contra la decisión del Ejecutivo que ordenó dar por finalizado el programa en septiembre de 2019. El tribunal ordenó a DHS abstenerse de terminar con el TPS mientra se emite un fallo definitivo.
La Embajada de Estados Unidos en El Salvador confirmó la extensión del programa, y aclaró los posibles escenarios, que incluyen un posible fallo a favor del gobierno de Trump y que se consume el plazo original de finalización. Es decir, que el TPS acabe el 9 de septiembre. El otro escenario es que mientras se resuelva la demanda contra DHS, el programa cobre vigencia 120 días de la fecha establecida para su terminación. DHS aclaró que el tribunal puede emitir una nueva notificación en diciembre de 2019.
En octubre de 2018, Crista Ramos -una joven estadunidense de 14 años, hija de una salvadoreña beneficiada con el TPS- demandó al gobierno Federal de Estados Unidos por la decisión de dar por concluido el TPS para ciudadanos de Haití, Sudán, Nicaragua y El Salvador. Gracias al TPS más de 300,000 personas de esos países puedan permanecer y trabajar de manera legal en Estados Unidos, sin peligro de ser deportados a sus países de origen.
En la demanda, señalan que la secretaria de DHS, Kirstjen Nielsen, no justificó de manera adecuada la decisión de revocar el programa. 'Los demandantes presentaron documentación para sustentar su argumentos, basados en hechos y en la ley... de que la actual Secretria de DHS, cuando decidió terminar el TPS para Haití, El Salvador, Nicaragua y Sudán, cambió los criterios aplicados por administraciones anteriores y lo hizo sin ninguna explicación o justificación violando los procedimientos administrativos', dice la demanda 'Crista Ramos vs. Kirstjen Nielsen' de octubre de 2018.
El miércoles 20 de febrero de 2019, Nielsen visitó Centroamérica para reunirse con los ministros de Seguridad del Triángulo Norte de Centroamérica. La funcionaria estadunidense se pronunció en contra del fenónomeno de las caravanas migrantes que han partido de Guatemala, Honduras y El Salvador hacia Estados Unidos.
Ante funcionarios centroamericanos que enmudecieron, Nielsen criminalizó a las cientos de familias que han huido de esos tres países. 'Agradezco la dedicación de cada uno de mis colegas en la búsqueda de soluciones. Y hoy pido a cada uno de ustedes que muestren un liderazgo audaz para detener la formación de nuevas caravanas, que han traído violencia, crimen e inestabilidad a la región”, sostuvo la secretaria de Seguridad Nacional.
En octubre de 2018, el juez de California -que conoce la demanda en contra de DHS- había señalado indicios de racismo en la decisión de revocar la protección que brinda este programa. Incluso, el juez había hecho una enumeración de declaraciones desde la campaña presidencial de Donald Trump, en las que se expresaba de manera peyorativa sobre los migrantes de los países beneficiados por TPS. Como cuando en junio de 2015, llamó a los mexicanos “narcotraficantes, criminales y violadores” o cuando en enero de 2018, Trump dijo, en una reunión con legisladores, “¿Por qué recibimos a gente de todos estos países que son hoyos de mierda?”, sobre inmigrantes de Haití, El Salvador y países africanos y en la que sugirió que solo admitieran a migrantes de países como Noruega, un país cuya población es mayoritariamente blanca.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador emitió un comunicado en la tarde del jueves 28 en el que 'manifiesta su complacencia' por el 'alivio que significa el anuncio de la ampliación de la vigencia de los permisos de trabajo a los connacionales con el Estatus de Protección Temporal'. El gobierno salvadoreño también señaló que continuará con gestiones con el gobierno de EUA para lograr una solución permanente para los migrantes salvadoreños beneficiados con el TPS.