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Nuevas ideas, malas fórmulas

Óscar Picardo Joao

 
 

En el marco de la presentación del libro Palabras en el tiempo, la más reciente obra de Cipriano Játiva, comentaba el destacado intelectual español Emilio Lledó: “La política, por lo general, está en manos de ignorantes (...) y el político, dice Aristóteles, tiene que ser decente. Y si no es decente destroza la ciudad, todo lo que tiene a mano”. Dignificar la política es una tarea urgente, y la única forma de hacerlo es “leyendo”, “estudiando”, buscando mayor cultura y honestidad. Esto supone dejar de lado los fanatismos, la ideologización y usar más la razón y el análisis; y hasta pensar mejor lo que se va a decir y cómo se va a decir.

Hace un par de semanas presenciamos una nueva diatriba en torno al “debate técnico” sobre la idoneidad y viabilidad de un nuevo edificio legislativo versus la importancia de invertir en la construcción de 50 escuelas. Con planteamientos así de serios sobre los temas verdaderamente importantes del país (como el de la Educación, relegada a un segundo plano con un presupuesto que no es apuesta y convertida en un misterio en el Plan Cuscatlán), podríamos también agregar la discusión otros temas de interés.

Por ejemplo, la inversión en la remodelación del Aeropuerto Internacional San Óscar Romero en el cual se invierten 64 millones de dólares; o lo que nos costará el nuevo aeropuerto de oriente. Este fue prometido por Nayib en la campaña, y al cual le proyectamos una cifra conservadora de unos 128 millones de dólares (duplicando el dato de la remodelación, puede ser mucho más, o algo menos, ya que allí no hay edificios ni pistas).

¿Qué otras necesidades urgentes y apremiantes podrían suplirse a cambio de toda esa inversión ‘innecesaria’? ¿Cuántas escuelas se pueden construir reorientando la inversión de los aeropuertos? No vamos a responder a estas interrogantes estúpidas, ya que en el artículo ¿Cincuenta escuelas versus el edificio legislativo? Lo mismo de siempre…  demostramos con datos que no necesitamos más escuelas, sino resolver otros problemas de infraestructura escolar. En cambio, sí podríamos cuestionar la necesidad de un aeropuerto internacional en oriente cuando tenemos uno a dos horas de La Unión.

A mí me gusta la idea de reactivación económica a través de megaproyectos o nodos de desarrollo: se generan empleos, se eleva la autoestima socioeconómica, cambian las fisonomías sociales y productivas… Pero ya que se critica la propuesta de construir el edificio de la Asamblea Legislativa, ahora cuestionemos todo con el mismo criterio: ¿cuántas escuelas? En teoría, todo proyecto debe responder cuál es su justificación y su impacto para el desarrollo del país, tasa de retorno y costo-beneficio. A partir de ahora, la academia podrá trazar la nueva ecuación crítica con cualquier inversión que pretenda hacer el gobierno: ¿y a cuántas escuelas equivale este monto? En verdad sería ridículo y molesto medir así, pero no nos inventamos la fórmula nosotros, sino Nayib.

Es obvio que la Asamblea Legislativa es casi mala palabra, no así el sector aeronáutico (pilotos, aeromozas, servicios, cargo, turismo, etcétera). Quizá ahí está la diferencia. La meta de la trampa mediática en la cual cayeron casi todos los diputados –los bien pensados, los mal pensados y los cuatro ingenuos- es ir cambiando la configuración legislativa y hacerla más favorable hacia el nuevo gobierno; y de paso ir preparando el terreno para las próximas elecciones legislativas. El punto de quiebre será entre los diputados “progresistas” que se suman a las nuevas ideas versus los diputados “conservadores” que malgastan los recursos del pueblo. A los últimos, “el pueblo los juzgará”.

También podemos hacer otros cálculos más risibles sobre el mismo supuesto basado en salarios de maestros, por ejemplo. Este ministro o secretario ganará el equivalente a “X” números de salarios de maestros; este viaje costará “Y” número de salarios de maestros; y en este anuncio se invertirán “Z” número de salario de maestros. Efectivamente estas métricas pueden ser incómodas y se revierten negativamente. Para que no lo pierdan de vista el promedio del salario docente nivel I es de 695.52 dólares, 295 dólares por encima del salario mínimo. Si fuera cierto que funcionarios de confianza del gobierno actual se han blindado de manera legal pero ilegítima, con 10 plazas de 5600 dólares (x 10 x 12= 672,000) al año, más o menos podríamos pagar 100 maestros por nueve meses o quizá hasta hacer una escuela. Vergonzoso pero real, aunque la métrica siga siendo perversa.

Al final, hacer gobierno a escala nacional o diseñar políticas públicas es un proceso de aprendizaje bastante complejo. Las condiciones estatales y gubernamentales son un nudo gordiano y hacer reformas o transformaciones en cinco años demanda mucha creatividad y una imprescindible flexibilidad que no tenemos por la raigambre legal. Todo está perversamente hiperconectado con artículos, leyes, normativas y reglamentos burocráticos.

Bienvenidas las “nuevas ideas”, pero cuidado con las “malas fórmulas”. Insistimos en la necesidad de usar datos, información y conocimiento para diseñar soluciones a los graves problemas del país; también esperamos ministros con capacidad analítica, racionalidad, preparación académica para afrontar los desafíos del país y tomar las mejores decisiones.

 

*Óscar Picardo Joao ( opicardo@asu.edu ) es investigador y especialista en política educativa. Licenciado en Filosofía, con maestrías en Teología y Educación y Doctorado en Didáctica y Organización Escolar. Dirige el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Foto El Faro: Víctor Peña
 
*Óscar Picardo Joao ( [email protected] ) es investigador y especialista en política educativa. Licenciado en Filosofía, con maestrías en Teología y Educación y Doctorado en Didáctica y Organización Escolar. Dirige el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Foto El Faro: Víctor Peña

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