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Mitos y verdades sobre la privatización del agua en El Salvador

Julio Gutiérrez

 
 

El debate sobre el manejo del agua en el país se ha agitado en los últimos días, a partir de la decisión de la Comisión del Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa de incluir cuatro entidades privadas (de siete) en la institución rectora que tomaría las decisiones más importantes sobre la distribución del agua en el país. Ante este escenario el debate se ha plagado de una serie de mitos, confusiones y engaños que convierten el tema en algo más complicado de lo que ya era. Lejos de profundizar en las complejidades sobre el manejo del agua, estas confusiones obedecen a una lógica de la política partidaria que busca balancear entre los compromisos que los partidos tienen con sus financistas y el costo electoral de sus acciones. Por ello es importante mantenernos atentos a la información que pudiera llegar a nuestras manos, no creer en todo lo que dicen los medios o redes sociales, y verificar la información lo más que se pueda. Por este medio comento algunas de las dudas, mitos y mentiras con mayor presencia en este debate.

“No es privatización, porque el ente rector sería una institución pública”

Lo primero que hay que entender es que lo que se está poniendo en juego en el artículo 14 de la propuesta de Ley Integral de Aguas no es necesariamente la privatización del suministro de agua. Lo que se está proponiendo es la inclusión de cuatro entidades privadas en la junta directiva de la Autoridad Nacional del Agua, estas son: sector productivo agropecuario, sector industrial, Comures y juntas de agua. Estas lograrían mayoría frente a 2 entidades públicas (MARN y MAG) y 1a autónoma de servicio público (UES). Si bien esto no significa una privatización del suministro de agua, es una privatización de facto en la toma de decisiones importantes sobre el uso del agua, decisiones que incluyen la emisión de permisos, tarifas, multas, y resolución de conflictos por el agua en el territorio. En un futuro esto podría conllevar a una privatización del suministro de agua.

“Comures es un ente público porque son las municipalidades”

Comures no es una institución pública. Comures, como lo indica su propio sitio web , es una “entidad gremial de derecho privado no gubernamental”. El hecho de que esté compuesto por alcaldes no implica que sus acciones estén en función de la población. Si bien su objetivo, según dicen ellos, es generar desarrollo local, eso no es tan distinto de cuando la ANEP dice que su objetivo principal es generar empleo. Pasando del ámbito del discurso a lo real, lo que debemos entender por “apoyar el desarrollo local” es el esfuerzo que Comures hace para atraer la inversión privada a sus municipios para incrementar los ingresos de sus respectivas comunas, pero estos no necesariamente se ven reflejados en proyectos para la población. Dada la red clientelar que existe dentro del gremio, la función real de Comures es la de facilitarle la entrada en los territorios a las inversiones privadas; usualmente inversiones de gran impacto ecológico como hoteleras y residenciales de lujo, como ocurre actualmente en la cordillera del bálsamo y en la costa de La Libertad.

“ANDA no sirve, hay que privatizar”

Frente a este mito lo primero es aclarar que ANDA no es la autoridad del agua en El Salvador. ANDA es una operadora que administra el servicio de agua en las zonas urbanas del territorio. Esta no rige como se usa el agua a nivel nacional. Como la UES, que es una institución autónoma de servicio público. Su junta directiva está compuesta por 5 miembros del sector público y 1 privado de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco). Decir que ANDA no funciona porque es pública es no entender el origen de su ineficiencia. Es no entender cómo, por qué, y para quién ha funcionado esta institución a lo largo de su historia.

ANDA fue creada para satisfacer las necesidades de agua de las poblaciones urbanas, en particular aquellos sectores acomodados que viven en residenciales dónde el agua raramente hace falta. La razón de esto no es por su carácter de “servicio público” sino más bien por la incidencia que el sector privado de la construcción tiene en las decisiones del suministro de agua. Incidencia que no sólo viene de la representación de Casalco en la junta directiva sino de la procedencia del resto de sus miembros. Sin ir más lejos, el anterior presidente de ANDA, Marco Fortín, trabajó más de 10 años en el sector privado de construcción antes de llegar a su puesto . Asimismo, el fracaso del asocio público-privado FIHIDRO en La Libertad es un ejemplo magistral del poder que tiene este sector en el manejo del agua. Si ANDA no funciona pareciera que tiene más que ver con sus vínculos privados que con su carácter público .

Entre los financistas y el electorado

Estas y muchas más son las falacias que buscan manipular el debate público sobre la privatización del agua en El Salvador. A esto podríamos agregar el uso de conceptos como “sector productivo agropecuario” y “sector productivo industrial” en la propuesta de ley para alentar y legitimar la participación de gremiales como Camagro y la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) en la próxima Autoridad Nacional del Agua. Creer que una gremial como Camagro representa a la totalidad del sector agropecuario, incluyendo al campesinado, es como creer que la ANEP representa al micro-empresariado o incluso a los vendedores ambulantes. La lógica que opera detrás de estas confusiones malintencionadas es una lógica de la política partidaria que busca balancear entre sus compromisos con los financistas y el costo electoral de sus decisiones. Ante esto, la población debe informarse adecuadamente, identificar a los privatizadores, y evitar las divisiones que el bloque partidario busque generar en la alianza a partir de esta coyuntura.

 

Julio Gutiérrez es economista con maestría en Estudios Latinoamericanos. Actualmente estudia un doctorado en antropología social en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.
 
Julio Gutiérrez es economista con maestría en Estudios Latinoamericanos. Actualmente estudia un doctorado en antropología social en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

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