El Estado libera a otras tres mujeres y pide revisar las injusticias del sistema

 
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Después de pasar entre nueve y once años en prisión, María del Tránsito Orellana, Cinthia Marcela Rodríguez y Alba Lorena Rodríguez fueron liberadas la mañana del jueves 7 de marzo, luego de que la Corte Suprema de Justicia les conmutara las penas. Todas habían sido sentenciadas a cumplir 30 años de cárcel por homicidio agravado, luego de sufrir partos extrahospitalarios, según alega la defensa. Ellas salieron de Cárcel de Mujeres, en Ilopango, a las 8:00 a.m. y fueron recibidas por sus familiares, abogados y representantes de colectivos feministas. 

En el fallo, la Corte concluyó eliminar el resto de las condenas porque las mujeres “han vivido en condiciones sociales, económicas y familiares inadecuadas”, según un comunicado de prensa emitido por la Agrupación ciudadana para la despenalización del aborto, el colectivo Las 17 y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad). Alba y María son madres. Sus hijos e hijas las visitaban la cárcel una vez al mes. En el caso de Alba, sus hijas eran menores de edad para cuando ella fue condenada el 15 de julio de 2010. 

El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, apoyó la decisión de la Corte y cuestionó la severidad de las leyes penales. “Cuando el hecho se cometió ellas eran mujeres jóvenes. La severidad de la pena con la que fueron condenas provocó que toda su juventud y adultez la pasarían en prisión. Y que ya, prácticamente como adultos mayores, es que saldrían del sistema penitenciario. Condenado todos esos años a sus familias, a sus hijos e hijas que algunas tienen, a la sobrevivencia de la forma que pudiesen. No se tomó en cuenta que son mujeres pobres. Excluidas del sistema educativo”, dijo.

La liberación de las tres mujeres ocurre en la víspera de la conmemoración del Día internacional de la mujer. El ministro Landaverde dijo que este fallo es importante "para ver la situación con un lente crítico, y que en ese sentido el Estado salvadoreño revise y evalúe seriamente cuál es la respuesta que está dando a esta problemática eminentemente social". 

Desde que Teodora del Carmen Vásques fue liberada en febrero de 2018, con estas otras tres liberaciones ya suman ocho casos en los que el órgano de justicia ha resuelto a favor de mujeres procesadas por homicidio agravado. Sin embargo,  en la mayoría de los casos la Corte otorga la libertad pero no las libera de la culpa. En el caso de Vásquez, por ejemplo, aunque la Corte plena resolvió que fue condenada sin que existieran pruebas suficientes en su contra, se abstuvo de declararla inocente de los cargos que le fueron imputados. Todos estos casos, además, han ocurrido en un contexto en el que la discusión de la despenalización del aborto ha marcado la agenda política del país.

El Salvador es un país que penaliza absolutamente el aborto. La ley está diseñada de tal manera que persigue por igual a las mujeres sospechosas de haber abortado como a aquellas que tuvieron una emergencia obstétrica. En 2018, diputados de la Asamblea Legislativa cabildearan votos para aprobar dos de cuatro causales para despenalizar el aborto: cuando la vida de la madre está en peligro y cuando el embarazo es producto de violación en menor. Los diputados del partido de gobierno, el FMLN, se desentendió de apoyar la propuesta y los mocionantes no lograron alcanzar la mayoría simple (43 votos). El debate, sin embargo, quedó vivo para las organizaciones feministas, que también han impulsado la discusión en el órgano de justicia.

*Con reportes de Gabriela Cáceres y Carmen Escobar

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María Luz Nóchez y Laura Aguirre. Fotos: Víctor Peña

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