“Se está violando la Constitución al cerrar expedientes abiertos de Probidad”

Eva López, presidenta de la organización Futuro Abierto, considera que 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) violaron la Constitución cuando decidieron cerrar los expedientes abiertos de enriquecimiento ilícito para funcionarios que tengan más de 10 años de no estar en ejercicio, en la sesión de Corte Plena del 31 de enero.

La decisión de corte plena aplicó un criterio presente en la Constitución desde 1983: que no se pueden iniciar juicios de enriquecimiento ilícito 10 años después de que el funcionario haya cesado su función. Sin embargo, el acuerdo también implica archivar los casos de funcionarios que dejaron su puesto hace más de 10 años, sin importar la etapa en la que se encuentren. Eso beneficia, por ejemplo, a exfuncionarios del último gobierno de Arena (2004-2009) o de diputados o funcionarios de otros órganos del Estado que tengan reparos en gestiones anteriores a mayo de 2009. Esta decisión, además, se aleja de los parámetros usados por la anterior conformación de corte plena con la que, en 2015, iniciaron y divulgaron las investigaciones patrimoniales del expresidente Francisco Flores que gobernó entre 1999 y 2004 y de los expresidentes Armando Calderón Sol (1994-1999) y Alfredo Cristiani (1989-1994).

"Centrarse ahora en una interpretación diciendo que todo ese trabajo de investigación previo, no importa en qué etapa del proceso esté, tampoco es lógico. Se está violando la misma Constitución. Si utilizamos nuestras propias leyes para perpetuar la corrupción nos estamos volviendo cómplices", dijo López. "La interpretación misma es contraria a los fines o propósitos de la Constitución. El objetivo de poner un plazo de 10 años (en la Constitución) es que no se pueda investigar a alguien por la perpetuidad. Pero tampoco significa utilizar el sentido literal y decir 'no importa y en cualquier estado volvemos a cerrar las cosas', sino darle una interpretación progresiva", explicó.

López dio estas declaraciones en la entrevista de El Faro Radio del 21 de marzo, en la que también participó Enrique Anaya, un abogado constitucionalista y protagonista de muchas demandas ante la Sala de lo Constitucional. Anaya coincide con López en que el criterio de cerrar los casos, aún cuando haya una investigación avanzada, no es una decisión congruente con la lucha contra la corrupción. "No creo que sencilamente se trate de cerrarlos. Sería una lectura totalmente errada asumir que transcurridos los diez años ya quedó borrón y cuenta nueva", dijo Anaya. "Le encuentro el sentido de que signifique no poder iniciar procesos, pero eso no implica que el esfuerzo quede cerrado. Podrían decir 'No logramos tomar la decisión pero lo vamos a mandar a la Fiscalía lo que hemos hecho en tres años'. Sería absurdo decir que he estado investigando a alguien por dos años pero como llegaron los diez años entonces queda guardado", dijo.

La ley de enriquecimiento ilícito vigente en El Salvador data de 1959. Los diputados aprobaron en 2016 una nueva ley de Probidad que nunca entró en vigencia, gracias a que la Sala de lo Constitucional declaró, primero, una medida cautelar y, dos años después, la consideró inconstitucional. La ley eliminaba la figura del juicio civil y descargaba la responsabilidad de las investigaciones en la Fiscalía y la Sala de lo Civil de la Corte Suprema. Por tanto, los juicios de enriquecimiento se siguen tramitando con una ley que tiene 60 años.

López y Anaya coinciden en que hay obstáculos y taras con las reglas pero señalan que eso no fue obstáculo anteriormente para encausar investigaciones y que se reduce a una falta de voluntad política. "La ley es mala pero cuando existió la voluntad de aplicarla se aplicó. Hay que hacer que las cosas funcionen en lugar de enredarnos en los detallitos", dijo Anaya.

López también dijo que la Corte no puede desligarse de su responsabilidad al transferir la información a otras instituciones. El magistrado de la Sala de lo Constitucional Aldo Cáder, uno de los que votó por la entrada en efecto de la prescripción, dijo que ese criterio no impedía que Probidad compartiera su investigación con la Fiscalía o el Ministerio de Hacienda. López advirtió que la posibilidad de informar a la Fiscalía no debería de ser un argumento para justificar que Probidad deje de hacer su trabajo. "Ninguna institución sustituye a la otra, deberían de complementarse. Cada una cumple una función distinta y se busca evitar que existan flancos libres", dijo. "Aún en el escenario más favorable en que la Corte remita la información a las instituciones pertinentes, los delitos prescriben. En Hacienda hay un grado de prescripción", añadió.

Entre agosto de 2015 y febrero de 2016, la Corte Suprema de Justicia estuvo de acuerdo en entregar información sobre el patrimonio de los funcionarios, y en iniciar, por primera vez, un juicio por enriquecimiento ilícito contra el diputado Reynaldo Cardoza. López, por su parte dijo "Si interpretamos restrictivamente o nos centramos en literalismos muy marcados, en vez de ordenar, buscamos restringir".

"¿Cuánto tiempo toma comprobar lo que ganaba un funcionario, ver las declaraciones y dar inicio a un proceso? Una presunción de enriquecimiento no implica que es culpable. Pero no es en extremo complicado para tomar 3 o 4 años o no empezar ningún proceso en 10 años", señaló López. Anaya también coincide en decir que es inexcusable no hacer un mínimo de diligencias durante una década. "Puede que la información es complicada pero se trata de obtener indicios, no una cuestión de absoluta certeza. No conseguir indicios en diez años deja mucho que desear", dijo. "Las señales son altamente preocupantes, la desidia en la agilidad de las investigaciones me generan preocupación".

La presidenta de Futuro Abierto dijo que este tipo de decisiones permiten evidenciar las fallas estructurales del sistema anticorrupción. "Es una falla sistémica que viene de otras cosas. Cuando dejamos pasar que podíamos conocer las declaraciones y hoy ya no, ese cúmulo de situaciones permite que lleguemos a ese punto donde se cierran expedientes".

 
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