El arresto del fundador de Wikileaks, Julian Assange, asilado desde hace siete años en la embajada ecuatoriana en Londres, abre muchos cuestionamientos sobre las actuaciones de al menos cuatro gobiernos conspirando con mentiras y artimañas para entregarlo a Estados Unidos.
Primero Suecia solicitó su detención tras acusarlo de abuso sexual (Assange se comprometió a presentarse voluntariamente en Suecia y afrontar todos los cargos si Suecia se comprometía a no entregarlo a Estados Unidos, pero el gobierno sueco se negó). Los cargos luego fueron retirados; después el Reino Unido, que amenazó con violar todas las convenciones internacionales y forzar su entrada a la embajada ecuatoriana para capturar a Assange, a quien acusaba de no haber cumplido con presentarse a una delegación de policía (lo que comúnmente amerita una multa administrativa); y por último el anuncio del jueves por la mañana hecho por el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, del retiro de asilo a Assange y la autorización para que la policía británica ingresara a arrestarlo. Es preciso agregar que Assange posee la ciudadanía ecuatoriana.
Todo, desde hace siete años, ha tenido por objetivo el que finalmente fue oficializado la tarde del arresto al hacerse pública la solicitud de extradición girada por Estados Unidos a Londres. Gran Bretaña, luego del arresto, admitió que actuaba no en función de la multa por no presentarse a la delegación policial hace siete años, sino de la solicitud estadounidense.
En otras palabras, Lenin Moreno, el presidente ecuatoriano, cuyo hermano ha sido recientemente señalado de corrupción por Wikileaks, cedió a las presiones de la administración Trump y entregó a un ciudadano ecuatoriano, buscado por Estados Unidos por haber publicado miles de documentos en los que se evidenciaron crímenes de guerra cometidos por el Ejército estadounidense, además de exponer prácticas corruptas por gobiernos y funcionarios de varios países ( y que este periódico, aliado de Wikileaks para la liberación de aquellos cables, publicó ).
Más allá de lo pusilánime de la actitud de suecos, británicos y ecuatorianos, plegados no a la justicia sino a los intereses estadounidenses, lo que debe preocuparnos a periodistas en particular, y a las sociedades civiles en general, es que se pretenda enjuiciar a alguien por hacer pública información que los ciudadanos deben conocer. Esa es en esencia la labor del periodismo y todos trabajamos frecuentemente, en este oficio, con documentos filtrados por hackers o empleados de empresas o instituciones públicas.
Este periódico ha estado involucrado en muchos esfuerzos de esa naturaleza, incluyendo, además de Wikileaks, los Panama Papers, los Paradise Papers y más recientemente las filtraciones de los registros contables de la administración Saca y la administración Funes. Con ello, creemos, hemos contribuido a que la sociedad esté mejor informada de lo que hacen quienes ostentan poder político o económico y de cómo nos afecta.
En Estados Unidos, la exmiembro del Ejército Chelsea Manning, quien sustrajo los documentos de las computadoras militares para entregarlos a Assange, ha tenido que pagar con siete años de prisión por ayudar a revelar información de gran trascendencia e interés público. Ahora, además, ha vuelto a ser encarcelada por negarse a testificar contra Wikileaks.
Assange tiene hoy a todo el establishment estadounidense en contra. Los demócratas no le perdonan haber filtrado la correspondencia de Hillary Clinton y lo responsabilizan de la derrota electoral. La administración Trump, beneficiada por esas filtraciones, lo declaró enemigo tras una nueva publicación hecha por Wikileaks en la que se detallaba cómo la CIA espiaba a ciudadanos de todo el mundo.
La aspiración detrás de estas revelaciones suele ser que los responsables de los crímenes y delitos revelados enfrenten a la justicia por el asesinato deliberado de periodistas y otros ciudadanos; por torturas o por encubrimiento. En lugar de aquellos, el enjuiciado es el mensajero.
Si Assange es extraditado y juzgado en Estados Unidos por hacer públicos estos documentos, todos los periodistas y medios estamos expuestos. Su detención y la solicitud estadounidense es, pues, atentatoria contra nuestro oficio pero, sobre todo, contra el derecho de los ciudadanos de todo el mundo de estar informados. Todos deberíamos estar preocupados.
