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Presidencia quitó fondos a Ciudad Mujer y Transparencia para aumentar gastos secretos

La Presidencia quitó más de 10 millones de dólares a siete oficinas adscritas, entre estas las secretarías de Inclusión Social y Transparencia, para engordar la billetera de gastos secretos del presidente Sánchez Cerén. El Ministerio de Hacienda autorizó las transferencias para reforzar la adquisición de bienes y servicios de la Presidencia, pero se desliga del destino final de los mismos: la partida "54315 Gastos Reservados".

 
 

Manuel Melgar, secretario privado de la Presidencia (izquierda), el vicepresidente Óscar Ortiz (centro) y el presidente Salvador Sánchez Cerén tras una reunión de Consejo de Ministros Ampliado. Foto, cortesía de Casa Presidencial.
 
Manuel Melgar, secretario privado de la Presidencia (izquierda), el vicepresidente Óscar Ortiz (centro) y el presidente Salvador Sánchez Cerén tras una reunión de Consejo de Ministros Ampliado. Foto, cortesía de Casa Presidencial.

Entre el 5 y el 21 de diciembre de 2018, el Ministerio de Hacienda aprobó cuatro acuerdos que le permitieron a la Presidencia de Salvador Sánchez Cerén mover más de 10 millones de dólares de diferentes secretarías y oficinas adscritas al Ejecutivo para alimentar la partida de gastos reservados, una billetera secreta con la cual Casa Presidencial realiza gastos que no pasan por el escrutinio de la Corte de Cuentas y son vedados para la ciudadanía. Entre las secretarías afectadas están Inclusión Social y el presupuesto de su  proyecto insignia, Ciudad Mujer, pero también fueron afectadas la Secretaría de Transparencia, Comunicaciones, Secretaría Técnica y la unidad presupuestaria Apoyo a la Política Nacional de Juventud. 

Los acuerdos ejecutivos aprobados por Hacienda (1844, 1929, 1990 y 2009) permitieron que la partida de gastos reservados creciera de 24.17 millones (aprobados a través de la Ley de Presupuesto del año 2018) a más de $34 millones. Con este refuerzo, Sánchez Cerén alcanzó $171 millones de dólares en gastos secretos en el período comprendido entre el 1 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2018. Al cierre de su gestión, todavía dispone de otros 12 millones de dólares que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa para el presupuesto 2019.

El presupuesto de Capres se organiza por unidades presupuestarias, que pueden ser Secretarías o programas a los cuales se destinan fondos públicos. A petición de Presidencia, en diciembre de 2018, Hacienda autorizó recortar más de $10 millones de 7 unidades. Esas modificaciones permitieron hacer crecer una partida, la 54315, destinada para los gastos reservados. Según registros contables del Ministerio de Hacienda, esos fondos ya fueron ejecutados como gastos reservados.

En la práctica, la Presidencia de Salvador Sánchez copió otro de los mecanismos que la administración de Mauricio Funes utilizó en su quinquenio para engrosar la partida de gastos reservados. En junio de 2018, cuando se anunció la persecución penal contra Funes por el desvío de 351 millones de dólares de la Presidencia, la Fiscalía reveló que la reorientación de fondos a la partida 54315 a través de recortes internos a Secretarías y dependencias de Capres se convirtió en un cuarto mecanismo utilizado por esa gestión para incrementar y usar fondos públicos sin rendir cuentas. 

En la gestión de Funes, esos acuerdos eran aprobados en Consejo de Ministros o solicitados de manera bilateral por los secretarios de Estado o los ministros al entonces titular de Hacienda, Carlos Cáceres, y al viceministro Roberto Solórzano. En 2018, Presidencia solicitó de manera directa al ministro Nelson Fuentes y al viceministro Óscar Edmundo Anaya las reorientaciones de fondos de las oficinas adscritas hacia el rubro "Bienes y servicios" de Capres. Una vez que estos fueron autorizados por Hacienda, en Capres los fondos fueron a parar a la partida 54315 (Gastos reservados).

El ministro de Hacienda acepta haber autorizado esas reorientaciones pero se desliga del destino final de los fondos. Según Fuentes, Hacienda solo autorizó que estos fueran movidos a la partida "Bienes y servicios" de Capres. "Si Presidencia ocupó esos recursos posteriormente para el objeto específico 54315 (gastos reservados), fue una decisión en la que no participó Hacienda”, dijo.

El Faro también buscó la versión del presidente Salvador Sánchez Cerén y de los secretarios Manuel Melgar (privado), Roberto Lorenzana (comunicaciones), Óscar Ortiz (técnico) y de la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato.

La oficina de comunicaciones de Presidencia respondió que haría llegar las preguntas a los funcionarios, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Ortiz y Lorenzana tampoco respondieron a las preguntas que se le hicieron llegar por teléfono. La encargada de prensa de la Secretaría Inclusión Social dijo que no harían comentarios. "Luego de las consultas con mis autoridades superiores, muy atentamente le traslado que por ser la Secretaría de Inclusión Social una entidad secundaria, que depende funcionalmente de la Presidencia de la República, no contamos con la información que usted nos requiere. Estos datos son manejados directamente por la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial", respondió.

Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia, respondió el 23 de abril que las modificaciones presupuestarias son legales y defendió el uso que el presidente Sánchez Cerén ha dado a los gastos reservados. Según Rodríguez, se está haciendo una lectura peyorativa de esa partida, cuya "forma de operar viene dada por la ley" y "no es antojo" de la Presidencia ni de la Secretaría de Transparencia.

"El término gastos reservados se ha utilizado como equivalente a corrupción o mal uso de fondos públicos, lo cual no es necesariamente así. Debo reconocer que ha sido aparentemente utilizada de manera indebida por algunas administraciones lo que evidencia que su secretividad abre una oportunidad a la corrupción. Sin embargo, es impropio alegar que toda la partida reservada de cualquier presidente ha sido corrupción; y si así se determinase, sus consecuencias habría que aplicarlas a todos los presidentes y no selectivamente como se ha hecho hasta ahora", contestó.  

De obras sociales a gastos secretos

Entre las siete unidades a las que Hacienda recortó remuneraciones, adquisiciones de bienes y servicios, gastos financieros, transferencias corrientes e inversiones en activos fijos destaca la Secretaría de Inclusión Social, a la que la Presidencia quitó fondos de su programa insignia (Ciudad Mujer) para favorecer la billetera secreta. En total, Inclusión Social perdió $3 814 554 (destinados a remuneraciones y adquisición de bienes y servicios), convirtiéndola en la segunda instancia con mayores recortes. La SIS, dirigida por la ex primera dama Vanda Pignato, solo fue superada por la Secretaría de Comunicaciones, que sufrió un recorte de $4 419 204. El tercer lugar en los recortes lo obtuvo la Dirección y Administración Institucional ($886 126) y en cuarto lugar destaca la Secretaría de Transparencia con 674 568 dólares. 

En 2009, Transparencia nació como una subsecretaría que abanderaba la rendición de cuentas y el acceso a la información pública del primer gobierno del FMLN, el de Mauricio Funes. Tras el arranque de la investigación penal por el desvío de fondos públicos de la partida de gastos reservados en esa gestión, Marcos Rodríguez negó que su oficina tuviera la responsabilidad de vigilar el buen manejo de esta partida. "Cuando la ley dice que un gasto es reservado, es porque es un gasto reservado. Para eso está la Corte de Cuentas. En ningún lado del Reglamento Interno dice que la secretaría o subsecretaría podía auditar esos fondos", argumentó el 18 de junio de 2018.

En su respuesta del 23 de abril, Rodríguez insistió en que su oficina no se dedica a fiscalizar al Ejecutivo: "No tiene una finalidad fiscalizadora. Basta con que revises el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo para evidenciar que esta dependencia tiene un enfoque más preventivo".

"No es posible calificar de incorrecta o malversa la utilización de los fondos de la partida de gastos reservados, sin antes establecer si tales bienes fueron utilizados para un fin legítimo. Con ello, si bien pudieron hacerse el traslado de fondos de esta Secretaría para esa partida, no puede calificársele de maliciosa a una partida legalmente aprobada por la Asamblea Legislativa", añadió.

A la fecha, la Presidencia mantiene un bloqueo a la Corte de Cuentas, el ente contralor designado por la Constitución para vigilar el buen uso de los fondos públicos, incluido el de los gastos reservados. La Corte de Cuentas ha denunciado el bloqueo, pero Capres insiste en no transparentar sus gastos secretos. En noviembre de 2018, el secretario privado Melgar dijo a El Faro que no permitirían el acceso a esas cuentas -pese a que la Ley faculta a la Corte de Cuentas- porque esos gastos "son reservados". 

Ahora esa partida también ha utilizado fondos que estaban dirigidos para el fortalecimiento de la transparencia y la participación ciudadana. El 5 de diciembre de 2018, la oficina de Rodríguez sufrió un recorte de $105 633 que fueron trasladados a los gastos secretos del presidente. Los fondos salieron del rubro y la cuenta con la que son pagadas las remuneraciones. Luego, el 21 de diciembre de 2018, de Transparencia movieron $568 965 destinados a remuneraciones, bienes y servicios, gastos financieros e inversiones en activo fijo hacia la partida 54315. La mitad de ese medio millón de dólares, $294 736 provenía de la asignación “21-1 Implementación de la Política de Participación Ciudadana del Órgano Ejecutivo”, según el Acuerdo Ejecutivo 1990, del 21 de diciembre de 2018. Dicha política tiene dentro de sus propósitos potenciar la rendición de cuentas. "La participación ciudadana es un medio de construcción social en el que los funcionarios públicos y la ciudadanía asumimos la responsabilidad de construir el país que queremos y rendimos cuentas de nuestros actos".

Las oficinas que también aportaron fondos a la partida de gastos reservados fueron la Secretaría Técnica ($544 434); la Secretaría de Gobernabilidad ($223 979) y Apoyo a la Política Nacional de Juventud ($113 727).

En total, las siete unidades de Presidencia aportaron $10 676,622 a la billetera secreta de Sánchez Cerén. El acuerdo 1844, del 5 de diciembre de 2018, permitió mover $800 mil. Luego el acuerdo 1929, del 13 de diciembre de 2018, autorizó la reorientación de $3 567 675 del “Servicio de Comunicación Oficial de la Presidencia”. El 21 de diciembre de 2018, el acuerdo 1990 permitió recortar $5 764 503 de seis unidades de Presidencia: $2.1 millones provenían de programas de la Secretaría de Inclusión Social como “04-21-1 Programa Ciudad Mujer” (remuneraciones $54 160 y Bienes y Servicios, $1 866 450). El acuerdo 2009, también del 21 de diciembre, posibilitó el movimiento de $544 434 de la Secretaría Técnica y $110 527 del rubro "04-21-1 Coordinación del Gobierno y Cooperación Internacional".

El detalle de los movimientos de fondos entre oficinas del Ejecutivo hacia la partida de gastos reservados fue entregado por el Ministerio de Hacienda al Centro de Asesoría Legal y Anticorrupción ALAC a inicios de 2019. Esta organización pidió el “detalle de la ejecución presupuestaria de egresos del Sector Público No Financiero, del ejercicio fiscal 2018, por clasificación presupuestaria a nivel de objeto específico del gasto” y los “Acuerdos ejecutivos, mediante los cuales se autorizan transferencias presupuestarias en el año 2018 a la Presidencia de la República”. La información muestra que mientras algunas partidas decrecieron hubo una partida que aumentó: la partida de gastos reservados: 54315.

En las respuestas, Hacienda explicó las modificaciones presupuestarias de la Presidencia con esos cuatro acuerdos, pero en estos solo se explican los orígenes de 10 de 14 millones tranferidos a la partida de gastos reservados en 2018. Del faltante, ni Hacienda ni la Presidencia ha dado explicaciones.

Los acuerdos ejecutivos y las bases de datos "sobre el detalle de la ejecución presupuestaria", que consta en la contabilidad de Casa Presidencial, muestran que cada año la Asamblea Legislativa ha aprobado presupuestos holgados para las secretarías, pero no todos los fondos se quedan ahí. Por ejemplo, un cuarto de millón de dólares destinado a fortalecer la Política de Participación Ciudadana  y casi 2 millones de dólares de Ciudad Mujer terminaron ejecutándose como gastos secretos del presidente Sánchez Cerén. El coordinador del Centro de Asesoría Legal y Anticorrupción, Jaime López, quien tiene más de dos décadas como investigador del fenómeno de la corrupción en el sistema público, dijo a El Faro que hay que poner mucha atención en la opacidad de la práctica y en la necesidad de exigir a Presidencia que transparente los criterios empleados para cambiar el destino de esos fondos públicos.

"En realidad no sabemos por qué se generaron esas economías, por qué no se usaron en otras prioridades de la mismas secretarías. Al final, no sabemos por qué los gastos reservados pasaron a ser la prioridad. Seria especular plantear alguna razón, pero lo importante es insistir en la ausencia de justificación y cómo el cambio de finalidad se hace de forma opaca", dice López. 

 


 


Hacienda se desliga de la partida de gastos reservados

Los cuatro acuerdos ejecutivos del Ministerio de Hacienda, divulgados por ALAC, no solo dejaron constancia del origen de $10 de $14 millones que terminaron en la partida de gastos reservados de la Presidencia. Los documentos muestran que las modificaciones presupuestarias contaron con la venia del ministro y del viceministro de Hacienda. Los funcionarios, sin embargo, se escudan en que la cartera autorizó movilización de recursos para gastos de bienes y servicios de la Presidencia, pero no para que esa redistribución llegara hasta la partida de gastos reservados. 

El primero de los acuerdos, de fecha 5 de diciembre de 2018, hace constar que el ministro Fuentes autorizó con su firma reasignar $800 000 al rubro "54 Bienes y Servicios". Luego, en la contabilidad interna de Presidencia, una de las subpartidas -llamadas objetos específicos- sufrió un aumento: el objeto específico 54315 Gastos Reservados.

Luego llegaron otros tres acuerdos ejecutivos, uno de fecha 13 de diciembre de 2018 y dos de fecha 21 de diciembre de 2018. Estos dejan constancia de $9.9 millones redireccionados primero al rubro 54 Bienes y Servicios. Luego en la contabilidad de Presidencia quedó registrado un incremento en el "54315 Gastos Reservados". 

Los reasignaciones de fondos también fueron autorizados por el viceministro de Hacienda, Óscar Edmundo Anaya con una anotación: “Autorizase siguiente Transferencia de Crédito Ejecutiva entre Asignaciones de Presidencia de la República (...) comuníquese el Ministro de Hacienda (F) FUENTES”.

El miércoles 3 de abril de 2019, Fuentes dijo a El Faro, vía telefónica, que los cambios internos de asignaciones presupuestarias son un proceso normal, permitido por la normativa de administración financiera. Dijo que su institución solo se da cuenta de los cambios hasta que el dinero llega al rubro "Bienes y Servicios", pero que luego es Presidencia la responsable de determinar hacia qué subpartidas (objetos específicos) del rubro general redirecciona los fondos públicos. Según Fuentes no se ha violado ninguna normativa presupuestaria. El ministro dijo que no podía pronunciarse sobre si era correcta la práctica de Presidencia de hacer recortes internos para redirigir fondos públicos hacia los gastos reservados.

“Hacienda solo ve las modificaciones de manera general, a nivel de rubro. En ese caso serían incrementos en 'bienes y servicios'", dijo Fuentes. El funcionario añadió que ni él ni el viceministro de Hacienda recibieron comunicaciones de Presidencia de que los fondos públicos que fueron recortados de manera interna e inyectados a la partida de “Bienes y Servicios” acabaron en los gastos reservados.

El investigador Jaime López dice que es posible que los funcionarios no se hayan enterado de que las modificaciones presupuestarias tenían como fin alimentar los gastos secretos del presidente. "Materialmente es posible, es decir, que ellos hayan firmado sin preguntar, pero estarían faltando a sus deberes, porque si la ley les da la atribución de revisar es para garantizar que las cosas que se hagan estén debidamente justificadas. La ley no dice firmar, dice autorizar", dijo López.

El 21 de diciembre, Anaya autorizó dos acuerdos ejecutivos más que permitieron modificaciones presupuestarias millonarios que acabaron en el rubro "54 Bienes y servicios". El primero de los acuerdo recortó $544 434: los fondos de la Secretaría Técnica y de Planificación disminuyeron en $94 296; Planificación del Desarrollo, $204 883; Coordinación del Gobierno y Cooperación Internacional, $110 527; Transformación del Órgano Ejecutivo, $108 392 y la Escuela Nacional de Formación Pública (ENAFOP), $26 336. El segundo acuerdo ejecutivo permitió mover $5 764 503 a Bienes y Servicios a partir de recortes en Administración General, la Unidad Financiera Institucional, Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos, Innovación Tecnológica e Informática, Servicio de Becas y Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Luego esos fondos acabaron en la partida de gastos reservados.

A la izquierda el secretario de Transparencia y Participación Ciudadana acompaña al presidente Salvador Sánchez Cerén, al centro, y al ministro de Agricultura Orestes Ortez. La secretaría que dirige Rodríguez fue una de las oficinas que alimentó con $674 mil los gastos secretos del presidente en 2018. Foto, cortesía de Casa Presidencial
 
A la izquierda el secretario de Transparencia y Participación Ciudadana acompaña al presidente Salvador Sánchez Cerén, al centro, y al ministro de Agricultura Orestes Ortez. La secretaría que dirige Rodríguez fue una de las oficinas que alimentó con $674 mil los gastos secretos del presidente en 2018. Foto, cortesía de Casa Presidencial


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