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Presidencia insiste en que gastos secretos de Sánchez Cerén no son auditables

La Corte de Cuentas de la República denuncia que la Presidencia de Salvador Sánchez Cerén continúa bloqueando la auditoría a los gastos secretos de esta administración, que hasta junio de 2018 ascienden a $147.96 millones. El secretario privado de la Presidencia dice a El Faro que estos fondos no pueden auditarse porque "son reservados". 

 
 

Cuando faltan seis meses para que Salvador Sánchez Cerén acabe su mandato, el principal responsable de la partida de gastos reservados de Casa Presidencial confirma un bloqueo que impide a la Corte de Cuentas de la República (CCR) auditar el uso de esta partida secreta, que al cabo de cuatro años ha acumulado $147.96 millones en gastos. Manuel Melgar, el secretario privado de la Presidencia, el funcionario de confianza del presidente, dijo a El Faro que esta partida no podrá auditarse "porque son (gastos) reservados".

En la última semana de julio, la Presidencia de Sánchez Cerén comunicó a la CCR que no rendirá explicaciones sobre el uso de $147.96 millones de la partida de gastos reservados. El Faro preguntó al secretario privado Melgar por qué Presidencia no permitirá las auditorías a esos gastos. "¡Porque son reservados!, respondió Melgar el 20 de noviembre, afuera del pabellón 1 del Centro de Ferias y Convenciones (CIFCO), minutos antes de que comenzara la presentación del Programa de Gobierno de Hugo Martínez, el candidato del FMLN para las elecciones presidenciales de febrero de 2019.

La respuesta de Melgar ("porque son reservados") contiene el mismo argumento que han utilizado las administraciones presidenciales en los últimos 29 años para obstaculizar la fiscalízación de esta partida. Por mandato constitucional, la CCR tiene la facultad de auditar el gasto de fondos públicos en el Estado, pero las administraciones presidenciales han utilizado el argumento de "los gastos reservados" (entendidos como fondos que han sido utilizados en labores de inteligencia y de seguridad nacional) para bloquear el acceso al detalle del gasto. La ley de la Corte de Cuentas, sin embargo, faculta a la entidad para fiscalizar estos fondos, aunque se sobreentiende que esa información es de carácter confidencial.

El Faro le planteó a Melgar que la Ley de la CCR establece que sí pueden auditar los fondos de partidas de gastos reservados, a lo que el funcionario respondió "Siempre lo han hecho, pero no son de conocimiento público". Esta otra respuesta, sin embargo, no explica una realidad: no existen auditorías "válidas" a los gastos reservados, ya que el Ejecutivo no permite que se abran esas cuentas. A finales de julio, la presidenta de la CCR, Carmen Elena Rivas, fue contundente al decir que ella había revisado todos los informes hechos a las distintas administraciones presidenciales y ninguno hace alusión a los gastos reservados. “Todos los informes de auditoría, hasta la fecha están limpios. Indagamos en ellos y ninguno hace referencia a gastos reservados”, dijo.

De izquierda a derecha: Manuel Melgar, secretario privado; Salvador Sánchez Cerén, presidente de la República y Hato Hasbún, exsecretario de gobernabilidad (fallecido el 30 de agosto de 2017). Foto cortesía de Casa Presidencial
 
De izquierda a derecha: Manuel Melgar, secretario privado; Salvador Sánchez Cerén, presidente de la República y Hato Hasbún, exsecretario de gobernabilidad (fallecido el 30 de agosto de 2017). Foto cortesía de Casa Presidencial

En octubre, El Faro reveló que la adminitración de la CCR del expecenista Hernán Contreras elaborabó auditorías y presentó finiquitos para los gastos reservados de la gestión del expresidente Antonio Saca (2004-2009) que eran falsos. Esos informes no reportaban anomalías en el manejo de fondos públicos de Presidencia, a pesar de que los auditores nunca tenían acceso a información sobre los gastos reservados. Aunque Rivas Landaverde se comprometió a que su institución sí iba a auditar esa partida de gastos secretos en la gestión de Sánchez Cerén, hasta noviembre 2018, su institución no ha logrado auditar la partida de gastos reservados porque Presidencia ha bloqueado la información. Según Rivas, la presidencia "mantiene" el bloqueo y por ello hay "una falta de conclusión en la auditoría de los gastos reservados".

Las últimas investigaciones de la Fiscalía contras las administraciones presidenciales de Antonio Saca (2004-2009) y de Mauricio Funes (2009-2014) arrojan que esa partida se utilizó para satisfacer los lujos de los presidentes, para pagar sobresueldos, a agencias de publicidad y hasta para financiar campañas de partidos políticos. En un juicio por corrupción, Saca confesó el desvío de más de $300 millones para beneficiarse así mismo, a su familia y a terceros. Por ello fue condenado a 10 años de prisión en septiembre. La Fiscalía tiene procesado por corrupción al expresidente Mauricio Funes (el primer presidente del FMLN en la gestión 2009-2014) por el desvío de $351 millones. 

Hacienda evade responsabilidades

 En administraciones anteriores, la maquinaria de sustracción de fondos públicos utilizaba la colaboración de funcionarios del área financiera de Presidencia para que abrieran cuentas de banco fuera de la ley y hacia las cuales se redirigían fondos públicos sustraídos de las partidas de gastos reservados. Al menos en el caso Saca y Funes, no informaron a la Dirección General de Tesorería sobre la existencia de estas cuentas. Con dos presidentes acusados de peculado y lavado de dinero por esta práctica, la respuesta oficial del Ministerio de Hacienda es que ellos no tienen ninguna responsabilidad en exigirle a los presidentes que reporten todas las cuentas bancarias donde depositan fondos públicos. 

"No es responsabilidad de la Dirección General de Tesorería. Las solicitudes de las instituciones públicas para abrir cuentas de banco, deben ser aprobadas por el director de tesorería y si en su momento hay instituciones que no pidieron esa autorización, no es responsabilidad del Ministerio de Hacienda", contestó el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, el 28 de septiembre de 2018. En la última semana de julio de 2018, la presidenta de la CCR, planteaba que si Presidencia de la República no facilitaba información sobre gastos reservados para hacer la auditoría, iban a solicitar ayuda a la Fiscalía. Consultada este 23 de noviembre sobre si ya han notificado de este bloqueo a la Fiscalía, Rivas responde:"Aún no. La Dirección de Auditoría I no la ha dado por concluida. Al finalizar, y que quede definitivo el informe, procederían las demás acciones legales", dijo. 

En junio de 2018, en respuesta a una solicitud de información, la Presidencia de Sánchez Cerén contestó a El Faro que la Unidad Financiera no lleva controles de los gastos secretos del presidente. A la solicitud de reportes contables y facturas sobre el uso de $147.96 millones, dicha unidad de Presidencia contestó “la Unidad Financiera no cuenta con información sobre lo requerido”. La Fiscalía entrevistó a empleados de Presidencia que conocieron sobre el uso de esta billetera secreta durante los gobiernos Saca, Funes y Sánchez Cerén. Uno de los testigos -un empleado de confianza del titular de la unidad financiera- dijo que al día de hoy la Unidad Financiera no lleva ningún control sobre el uso de estos fondos públicos.

En los últimos 29 años, seis presidentes usaron $1,008 millones para gastos secretos. Cuatro gobiernos de Arena gastaron $509.7 millones y dos gobiernos del FMLN llevan, hasta junio de 2018, $498.9 millones. La administración Sánchez Cerén incluso copió mecanismos utilizados por la Presidencia de Mauricio Funes para engordar esta billetera secreta, recortes internos en el presupuesto de Presidencia y reorientaciones de préstamos de apoyo presupuestario. 

En el proyecto de presupuesto 2019, Sánchez Cerén solicitó que incluyan $30 millones, en el presupuesto de 2019, que van a nutrir la partida de gastos reservados. El 28 de septiembre de 2018, el ministro de Hacienda propuso incluir una línea presupuestaria denominada "Inteligencia del Estado”, que por primera vez va a aparecer en el proyecto de presupuesto que debe aprobar la Asamblea Legislativa. 

En el evento en el Cifco, el secretario privado Melgar se negó a responder si en estos últimos seis meses que le quedan a Sánchez Cerén como presidente por fin va a someter su partida de gastos reservados a los controles institucionales que establece la Constitución, la Ley de Administración Financiera y la Ley de la Corte de Cuentas. 

—¿Nunca van a rendir cuentas sobre los $147.96 millones?- preguntó El Faro a Melgar
—Eso lo dice usted.

Minutos más tarde, el candidato Hugo Martínez prometió que de llegar a la presidencia su gobierno combatirá la corrupción, pero que esta el FMLN la entendía como la lucha contra la evasión y la elusión de impuestos. Martínez, que aspira a retener la presidencia para un tercer periodo del FMLN, pero que corre tercero en las encuestas, muy por debajo de Arena y Gana, promueve en su plataforma electoral un "Gobierno Incorruptible", que propone un "gobierno transparente que rinda cuentas claras a la ciudadanía" para lograrlo. Contra los gastos secretos, Martínez propone "una Ley de Transparencia fiscal que impida un regreso a la antigua partida secreta y a la oscuridad del pasado en la administración financiera del Estado". 

 

*Nota de la Redacción: Este texto fue modificado en la tarde del lunes 26 de noviembre. En la versión original se omitió, por error, una propuesta del candidato a la presidencia del FMLN que busca atacar el uso de la partida secreta en el Estado. 

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