El primer intento por aprobar la nueva amnistía fracasó cuando las fracciones de Arena, PCN y PDC se dividieron y el FMLN se quedó como el único partido dispuesto a votar en bloque para aprobar una ley que evitaría que criminales de guerra fueran a la cárcel.
Los votos de los diputados de derecha se desmoronaron tras un día en que se pronunciaron en contra de la ley las organizaciones de derechos humanos nacionales, las víctimas en comités o de manera individual, y varias instituciones internacionales: la Embajada de Estados Unidos, Naciones Unidas, la Unión Europea, los embajadores de Alemania, España, Francia, Italia Reino Unido y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sidney Blanco, uno de los ex magistrados que firmó para declarar inconstitucional la amnistía de 1993, dijo que cualquier juez tendría la facultad de inaplicar, si se aprueba, la nueva ley amnistía en un proceso penal porque la propuesta contraría el fallo de 2016.
La aprobación parecía inminente. La Comisión Política, agendada a las 10 de la mañana, inició con 40 minutos de retraso a la espera de la subcomisión encargada de la llamada “ley de reconciliación” que llevó el borrador de anteproyecto. La reunión duró alrededor de 20 minutos. Mientras esto ocurría, la estrategia de las organizaciones de víctimas cambió: en la mañana, un grupo de representantes presentaron una carta en la Presidencia de la República, para pedir que no sancionara la ley si la Asamblea la pasaba.
El borrador que los diputados evaluaron solo ordenó, en 41 artículos, las apuestas que el informe final de la comisión ad hoc presentó el 13 de mayo. La sustitución de cualquier pena de cárcel por trabajos de utilidad pública quedó en el artículo 12; la inutilización de los archivos de la Comisión de la Verdad como prueba en juicios, en el artículo 20; el traslado de todos los juicios a San Salvador, en el artículo 10. “Ese documento está desde hace varios días y ahora solo le han puesto números a los artículos”, dijo el diputado Mario Tenorio, de Gana, en la segunda reunión de la Comisión Política, al final de la jornada.
Durante la sesión estaban presentes Alberto Romero, que presidió la comisión, Carlos Reyes, Julio Fabián y Ricardo Velásquez Parker (todos por Arena); Juan José Martel por CD; Jorge Shafik Hándal y Damián Alegría por el FMLN; Jorge Mazariego por PDC; Roberto Ángulo, Mario Ponce y Raúl Beltrán Bonilla por PCN; y Leonardo Bonilla, diputado independiente. Ningún legislador intervino y solo posaron para la entrega de la propuesta Ángulo y Romero. En menos de media hora, los doce congresistas evacuaron el salón.
La plenaria, que estaba convocada para las dos de la tarde, pasó a las tres. Como la Comisión Política no emitió un dictamen, el proyecto de ley quedó a dispensas de una vieja treta legislativa: la dispensa de trámite. Para esto, tenían que ocurrir cuatro cosas en la plenaria: que el pleno modificara la agenda del día, que se convocara nuevamente a la Comisión Política, que esta emitiera y firmara un dictamen, y que este se incorporara a la agenda para votar. Antes de eso, era necesario tener seguros los votos, porque si un proyecto de ley se somete a votación y no obtiene las aprobaciones necesarias, es enviado al archivo.
Arena, FMLN, PCN y PDC ya habían adelantado que esta semana someterían a consideración la nueva ley. La prisa es que necesitan un presidente que esté a favor de la medida, y a falta de pronunciamientos (y de un FMLN aliado en la iniciativa) ese presidente es Salvador Sánchez Cerén, que termina su período el último día de mayo. El jueves, el presidente electo, Nayib Bukele, reiteró su cuestionamiento hacia la aprobación de “una amnistía exprés”. Si la Asamblea no aprueba la ley y Sánchez Cerén no logra fallar a su favor, es previsible que el presidente Bukele la vete y obligue a los diputados a buscar 56 votos para superarlo. Un escenario que no sería imposible, dada la suma de votos que alcanzan los partidos involucrados en la propuesta (más de 60).
Este jueves, sin embargo, aunque nunca hubo dictamen y, por ende, el tema no entró a la agenda, cuando los diputados del FMLN entraron a la plenaria iban seguros de que la aprobación se resolvería. Más que seguros iban como envalentonados, convencidos de que esa ley, que garantiza impunidad, es lo mejor para el país. De todas las fracciones, la del FMLN fue la única que llegó a decir que todos sus votos (23) estaban seguros.
La última traición del Frente
A las 3:00 p.m., Sofía Hernández y Elvira Espinoza buscaban un lugar con sombra para sentarse. Asistían a una convocatoria exprés que las organizaciones de derechos humanos hicieron para protestar la posible aprobación de la ley de reconciliación nacional. Llegaron en bus, cansadas y acaloradas.
Sofía tiene 76 años, la rodilla derecha mala y un bastón negro. Elvira, de 83 años, también camina con una rodillera debajo de su vestido de flores. Las dos pertenecen a asociaciones que van de lugar en lugar exigiendo justicia para sus muertos. “Cuarenta años de andar en lucha y no nos oyen los diputados a nosotras”, dijo Elvira antes de sentarse cerca de la entrada de la Asamblea Legislativa.
Detrás de ellas caminaba el exdiputado del FMLN y ahora asesor, Rolando Mata. Sofía, la mujer de bastón negro, alcanzó a verlo y alzó la voz para decirle que esperaban que hiciera lo correcto. Elvira no sabía a quién le gritaba su compañera pero se unió al llamado: “Ojalá que abran su corazón los diputados. Que no sean malos. No se pongan contra nosotros”.
La sensación con la que las deja los últimos días del gobierno del FMLN es muy distinta a aquella que sentían en 2014. “Cuando el presidente Sánchez Cerén ganó la presidencia nos llamó a todas las víctimas, a todas las madres. Fuimos allá y él nos dijo que nos iba a ayudar pero hasta ahora se va y las víctimas seguimos, quizás, peor de lo que estábamos”, dijo Elvira, molesta. Después de cinco años de haberse tomado fotos con un presidente que decía apoyar su búsqueda de justicia, Elvira ahora protesta contra una nueva amnistía. Se siente traicionada y sube la voz ante un interlocutor presidencial ausente: “Nos invitó a la Casa Presidencial. ¿Para qué? ¿Para burlarse de nosotras?”.
En el Frente hay diputados que no ven o no quieren ver a personas como Sofía o Elvira. El diputado Carlos Ruiz defendió el proyecto: “Es la primera vez en el país que se crea una ley de ese tipo que viene a dignificar a las víctimas realmente violentadas en todo su derecho', dijo.
La diputada Rina Araujo hizo lo propio: “Hasta esta época, toda la gente ha estado solicitando 'queremos conocer la verdad, qué pasó, que la gente reconozca realmente cuáles fueron los hechos en que participó'. Hasta ahora que se está iniciando con un proceso de ley y vienen y nos dicen 'queremos que hayan penas carcelarias'”, dijo. Esa afirmación es demostrablemente falsa: en 1990, aún en guerra, un grupo de víctimas se acercó al juzgado de San Francisco Gotera a pedir el enjuiciamiento por la masacre de El Mozote. Más reciente, las víctimas que promovieron en 2017 una primera ley de reconciliación (un proyecto olvidado y que acumula polvo en los archivos de la Asamblea) señalaron que lo que se busca es verdad, justicia y reparación... pero que cada caso sea juzgado en su justa dimensión.
“No estamos diciendo que no (haya cárcel). Pero no era punto de honor que enjuiciarán a toda la gente que participó. Lo que es importante es que hay una ley en que la población misma conozca lo que pasó para que de esa manera no vuelva a repetirse”, insistió Araujo, diputada por La Libertad en su primer período.
El diputado Scháfik Hándal, subjefe de fracción del FMLN, incluso descalificó las críticas de víctimas contra el partido de la exguerrilla. Hándal dijo que quienes los acusan de traición por impulsar una nueva amnistía lo hacen “por puro morbo porque no conocen la pieza”.
Damián Alegría aseguró que tenían todos los votos del FMLN. Alegría llegó a afirmar que los partidos que habían participado en el proceso de construcción para la propuesta de ley (FMLN, Arena, PCN y PDC) estaban a favor que se aprobara. Pero ese cálculo le falló al Frente.
El desgrane de la derecha
Antes de que empezara la plenaria, un diputado de Arena dijo a El Faro que Arena solo contaba con 20 de sus 37 votos seguros para la nueva amnistía. En la reunión de la fracción tricolor, los diputados elevaron este tema a la categoría de voto de conciencia y quedaron en libertad. En redes sociales, el diputado Gustavo Escalante había adelantado la noche del 22 de mayo que no votaría para “dejar impune delitos que afectaron a una gran parte de la población”.
Cuando entraban al Salón Azul, otros 14 diputados areneros dijeron a este periódico que no acompañarían el proyecto. Ocho de ellos cumplen su primer período: Josué Godoy, José Andrés Hernández, Emilio Corea, Felissa Cristales, Mariano Blanco, Marcela Villatoro, Arturo Magaña y Mario Martínez. Además, Paty Valdivieso, Karla Hernández, Orlando Cabrera y David Reyes se manifestaron en contra de la ley. El único diputado de Arena que dijo que sí votaría fue Edgar Escolán Batarsé. Los diputados Donato Vaquerano y Ricardo Velásquez Parker dijeron que no sabían si votarían.
La diferencia entre estos diputados y el bloque efemelenista se presta hasta para las ironías. La diputada Milena Mayorga, novata en la Asamblea y desde hace un año una admiradora confesa del coronel Domingo Monterrosa, el comandante militar señalado como responsable de las masacres de El Mozote, también dijo que no votaría la nueva amnistía.
Otra mención especial merece el general Mauricio Vargas (Arena), quién reconoció que tenía un conflicto de interés y dijo que no participaría de la votación. Vargas, no obstante, integró la comisión ad hoc que produjo el documento base para esta nueva ley. Rodolfo Parker, del PDC, también dijo que se abstendría de votar. Parker fue el primero en presentar un borrador que sugería una nueva amnistía y fue el presidente de la comisión ad hoc. Ambos serán sustituidos por sus diputados suplentes al momento de la votación.
Sin embargo, la mayoría de los diputados areneros argumentaron que no votarían porque no conocían la pieza. 'Hemos tenido una hora discutiendo sobre eso y sólo nos contaron de qué iba y creo que es muy poco tiempo', dijo Felissa Cristales. Lo mismo dijo Karla Hernández. “Hasta hoy me prestaron el documento y me parece irresponsable porque es una propuesta que tendrá impacto en el país', dijo Hernández.
PDC y PCN también se dividieron. Sin Parker, Reynaldo Carballo dijo enfático a El Faro que no votaría. Los efectos de la guerra son tan ubicuos que tocan hasta a los legisladores. Eileen Romero (PCN) dijo que su padre es una víctima del conflicto y que no sabe quién lo mató. “Entonces, obvio que no voy a apoyar”, dijo Romero. Mientras tanto, Reynaldo López Cardoza, compañero de fracción de Romero, dijo que no iba a votar “porque no conoce nada sobre la ley”.
Y entonces empezó un juego de matemáticas perverso. Con sus 23 votos, el FMLN necesitaba conseguir 20 más. El diputado no partidario, Leonardo Bonilla, y el diputado del CD, Juan José Martel, habían adelantado que no votarían. Los 10 diputados de Gana habían anunciado que se abstendrían. “No es una ley de consenso sino de dos partidos que tienen intereses de la guerra y quieren evitar que exmilitares o excomandantes sean juzgados”, dijo Guadalupe Vásquez, jefe de fracción de Gana. El Frente tendría que pescar en los siete diputados del PCN que no se habían manifestado, en los 17 de Arena y en uno del PDC.
El Frente quedó en el mismo bando de los diputados más tradicionales de la derecha. Los diputados de la exguerrilla contaban, por ejemplo, con Roberto Ángulo, ahora diputado del PCN, quien en 1993, como diputado de Arena, fue uno de los nueve impulsores de la ley de amnistía que ahora es inconstitucional. A diferencia de Vargas, Ángulo no reconoce su conflicto de interés. “Yo era presidente de la Asamblea del 93, y mi único interés era que se terminara la guerra y entraramos a la paz”, dijo.
—Pero usted dio iniciativa de ley de amnistía— insistió El Faro.
—No, no hay conflicto de interés. Busque lo positivo— zanjó Ángulo.
Las víctimas empezaron a reunirse frente a la Asamblea Legislativa a las dos de la tarde, pero lograron entrar al edificio hasta las 5:20. Sofía Hernández y Elvira Espinoza encabezaban, a paso lento y esforzado, el grupo de gente que subió unas gradas hasta llegar a la segunda planta desde donde observaron la plenaria. Elvira se sentó y sonrío con cara de incredulidad: “Hipócritas es lo que son”, dijo, aunque ningún diputado pudo escucharla. Las víctimas respiran aliviadas. Por ahora.
La aprobación de la ley ha quedado en suspenso, falta un segundo round. Los diputados acordaron convocar a partir del 27 de mayo a organizaciones de víctimas, organizaciones de pensionados de la Fuerza Armada y representantes de iglesias para que se pronuncien sobre el borrador que conocieron este 23 de mayo. De igual forma, acordaron comparar su proyecto con el que presentaron las víctimas el 21 de mayo.
El FMLN, que entre el miércoles 22 y el jueves 23 aseguraba que lo que querían aprobar ya contaba con la venia de las víctimas; el partido que se prestó a una comisión ad hoc que durante más de un año desoyó a las víctimas, ahora también se suma a la promesa de un milagro. Según el FMLN, en unas reuniones exprés, antes de la última plenaria legislativa en gobiernos del FMLN, la Asamblea que impulsa la nueva amnistía abrirá los oídos para confeccionar una ley de consenso.
