Rafael Hernán Contreras Rodríguez, expresidente de la Corte de Cuentas, ha sido acusado hoy, 20 de junio de 2019, de limpiar la gestión presidencial de Antonio Saca respecto del uso de la partida secreta durante el periodo 2004 - 2009. El pecenista presidió el ente contralor durante 17 años gracias a una alianza en la Asamblea Legislativa entre el partido Arena y el PCN.
La Fiscalía está convencida de que Contreras alteró los documentos con la intención de favorecer al exsecretario privado de la Presidencia, Élmer Charlaix, y a Saca en el futuro. La teoría fiscal parte de que ambos exfuncionarios sabían que podían ser acusados tras terminar su periodo. Según la parte acusadora, el expresidente de la Corte de Cuentas fabricó los informes: concluyó que los exfuncionarios estaban solventes sin tener la información para llegar a esa conclusión. “Hernán Contreras sabía cómo hacer una auditoría de gastos reservados de la Presidencia... Saca y Charlaix intentaron anticiparse preparando esos exámenes de auditoría para buscar impunidad, para la cual intervino Contreras”, se lee en el requerimiento fiscal al que El Faro tuvo acceso.
Contreras ordenó la emisión de informes falsos para encubrir la corrupción del ex presidente Antonio Saca, condenado a 10 años de cárcel por el desvío de más de $300 millones de la partida de gastos reservados de Presidencia de la República, acusa la Fiscalía. Ante un juzgado, ha pedido la detención provisional del otrora hombre fuerte del PCN y aliado de los gobiernos de Arena.
'Con mutuo acuerdo con Elías Antonio Saca González y Élmer Roberto Charlaix Urquilla, y de forma dolosa, actuó dentro de un plan criminal con la finalidad de favorecer al presidente de la República y al secretario privado de la época', dice la acusación de la Fiscalía presentada al Juzgado Octavo de Paz.
La Fiscalía acusó a Contreras de incumplimiento de deberes, con pena entre cuatro y seis años, y de falsedad documental agravada, con hasta ocho años de prisión. El Faro publicó en octubre de 2018 que el entonces coordinador general de auditoría, Alfonso Bonilla, suscribió informes en los que establecía que no existían irregularidades en la forma en la que Saca administró fondos públicos durante su administración presidencial. Durante el juicio contra Saca, el ex empleado de la Corte confesó que los informes que había firmado no tenían ninguna validez legal. Acusó a su ex jefe, Contreras, de haberle ordenado hacer los exámenes especiales de los gastos reservados sin seguir ninguna normativa legal.
El testimonio de Bonilla fue incorporado como prueba junto con el documento del que habló Bonilla: 'Informes de examen especial sobre la conformación de la información financiera de los fondos de carácter confidencial de Presidencia de la República' de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. También presentaron las sentencias contra Saca y Charlaix por peculado y lavado de dinero.
La Fiscalía sostiene que Bonilla emitió informes falsos, pero en el requerimiento presentado ante el juzgado lo excluye de la acusación. El auditor nunca tuvo acceso a 'facturas, contratos, recibos, planillas, documentación sobre avance de obras, que justificaran egresos, cheques, conciliaciones bancarias, apertura de cuentas, documentación que hiciera constar proceso de licitación con la que se pudiera confrontar ingresos y gastos', dice un extracto de la acusación fiscal.
El auditor aparece retratado como un empleado que le comunicó a su superior que la información era insuficiente para realizar el examen especial, y retrata a Contreras como alguien que a pesar de las advertencias ordenó suscribir el informe. Bonilla cometió tres irregularidades con el beneplácito de Contreras, según la Fiscalía: 'no hubo evaluación de control interno', 'no se permitió que se solicitará documentación de respaldo', 'sólo hubo confrontación entre el dinero solicitado por Capres y el aprobado por el Ministerio de Hacienda'.
El 20 de agosto de 2018, Bonilla desfiló como testigo en el juicio contra el ex presidente Saca y admitió que una de las instrucciones que recibió de Contreras fue hacer los informes sin revisar las cuentas in situ en Presidencia la República, como las normativas de contabilidad lo establecen.
—Después de leer esa orden, ¿qué hizo usted? –pregunó un fiscal a Bonilla.
—Le solicité lineamiento al doctor Contreras de cómo hacerlo.
—¿Y cuál fue el resultado de esa consulta?
—Que, como eran gastos reservados, que yo tenía que hacer la auditoría dentro de la Corte de Cuentas.
—¿Usted qué respondió?
—Que hubiera sido mejor nombrar a un equipo de auditores para que se desplazara a la Presidencia de la República para hacer la auditoría.
—¿Hay alguna norma legal que respalde esa orden que le dio el presidente de la CCR?
—No.
Cuando Charlaix estaba siendo investigado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, intentó salvarse presentando los informes suscritos por la CCR de Contreras. Esta documentación fue entregada por Charlaix el 19 de septiembre de 2016, como parte de las diligencias que la sección de Probidad le ordenó. “Entraron al tráfico jurídico como cualquier otro documento verdadero, pues los mismos fueron presentados por Charlaix”, según requerimiento. Según la Fiscalía, el uso que Charlaix hizo del informe de la CCR apunta a que fueron construidos con ese fin.
La CCR es una de las instituciones contraloras más cuestionadas y, al menos durante 30 años, ha emitido informes de auditoría limpios de la Presidencia de la República, a pesar de que nunca han tenido acceso a documentación de respaldo sobre cómo han sido usados los gastos reservados, por los que también está acusado en expresidente Mauricio Funes (2009-2014). Esa partida discreccional representa más de $1,044 millones en gastos discrecionales de los presidentes. El expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) se despidió del Ejecutivo el 1 de junio de 2019 sin permitir el acceso a la contabilidad de los gastos reservados a los auditores de la CCR, y la presidenta del ente contralor, Carmen Elena Rivas, ha aceptado que los auditores de su propia institución no pueden ingresar sin el permiso del mandatario de turno.
En 2005, incluso la Embajada de Estados Unidos tenía opiniones peyorativas sobre la CCR de Contreras y alertó al Departamento de Estado de una oficina con mucho más poder que el de la Fiscalía General de la República, según reveló un cable desclasificado de la embajada y divulgado por la plataforma Wikileaks. El cable diplomático retrata a la institución como una 'espada de Damocles' contra los partidos opositores, que permitía la corrupción de sus aliados políticos. En un cable, fechado en 2005, la embajada incluso señaló que la Corte de Contreras 'encubrió' corrupción en el caso por la corrupción en ANDA contra su presidente, Carlos Perla.
