La Corte de Cuentas de la República (CCR) se ha declarado incapaz de auditar la partida de gastos reservados de la Presidencia de la República porque el gobierno de Salvador Sánchez Cerén nunca permitió que la institución, facultada por Constitución para auditar fondos públicos, accediera a los archivos contables de la Casa Presidencial.
En concreto, y hasta nuevo aviso, la CCR no ha auditado $183.46 millones de gastos reservados ejecutados en el quinquenio de Sánchez Cerén. Tampoco ha auditado $108.67 millones gastados en el tramo final de la presidencia de Mauricio Funes, correspondientes al período entre el 1 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2014.
La incapacidad de la CCR para acceder a la contabilidad de la Casa Presidencial acarrea un segundo problema: el período de auditoría para revisar los gastos reservados realizados por la presidencia Funes en 2013 ($81.67 millones) caducó el 1 de enero de 2019. El artículo 95 de la CCR establece que una auditoría solo puede realizarse dentro de los cinco años posteriores a la fecha de erogación de fondos.
En julio de 2018, Carmen Elena Rivas Landaverde, presidenta de la CCR, prometió concluir una auditoría especial a los gastos reservados ejecutados de enero de 2013 a mayo de 2019. 10 meses después, la funcionaria se excusa diciendo que no pudo superar el veto de Casa Presidencial. “Pues el equipo intentó. Los funcionarios no dieron acceso. Al no tener acceso se nos limita verificar y pronunciarnos al respecto”, dijo.
Consultada sobre por qué no ejercieron el poder que le faculta la ley a la CCR (ordenar el acceso a los archivos o dar aviso a la Fiscalía por la negativa de la Presidencia), Rivas Landaverde responde que hace un año solicitó una opinión jurídica para saber qué pasos dar. A días para que culmine el mandato de Sánchez Cerén, ella alega que todavía no ha recibido esa respuesta.
Desde el 1 de junio de 2014, Sánchez Cerén utilizó una billetera secreta que asciende a $183.46 millones. Hasta el 31 de diciembre de 2018, es decir tras cuatro años y medio de su administración, había gastado $171.46 millones sin rendir cuentas. A ese monto se suman $12 millones incluidos en el Presupuesto 2019 para ser utilizados en el primer semestre del año.
Según la presidenta del ente contralor, ahora depende de que la administración 2019-2024 les permita hacer su trabajo. 'No hemos tirado la toalla. Yo lo veo por el escaso tiempo que tenemos ya (...) Hay que esperar cuál va a ser la posición de la nueva administración presidencial'.
Un inventario avalado por la CCR
El 28 de mayo de 2019, la CCR y el presidente Sánchez Cerén concluyeron un proceso que culminó con la entrega simbólica de 38 cajas de documentos con información administrativa y de gestión de Presidencia, 14 ministerios, instituciones descentralizadas y autónomas. Ese proceso se prestaba para que la CCR insistiera en una auditoría a los gastos reservados, pero la institución decidió acompañar lo que podría considerarse como un inventario.
La agenda para la entrega de estos informes fue definida, entre Rivas Landaverde y Sánchez Cerén, el 15 de febrero de 2015. Acordaron la entrega de 14 informes: organigrama institucional vigente; inventarios de bienes, derechos y obligaciones; detalles de información de empleados como nóminas, cargos, salarios, sistema de pago, registro de fianzas, listado de refrendarios de cheques; el presupuesto de 2019 ejecutado hasta el 30 de abril de 2019 y una proyección de gastos hasta el 31 de mayo de 2019; información financiera; listado de procesos administrativos y judiciales en curso; información sobre contrataciones públicas y la disponibilidad en efectivo, cuentas corrientes, libretas de ahorro e inventario de chequeras, entre otros informes.
“La hicimos en base a las guías que tenemos con las municipalidades”, dijo la presidenta. Según explicó, una copia de este documento fue enviado a Nayib Bukele a finales de febrero, pero hasta el 5 de marzo no había obtenido una respuesta del presidente electo. En el proceso no participó nadie del nuevo gobierno.
El Faro pidió a Bukele una reacción sobre este proceso y se le preguntó por qué no había participado, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Sin embargo, el 27 de mayo, en redes sociales, Bukele descalificó la entrega de esos informes. 'Triste los que se prestan para este show. Al llegar, haremos auditorías de todo”, escribió en Twitter.
Rivas Landaverde se excusa: 'Tengo que aclarar que esta guía no es una auditoría. Es solo el planteamiento de un acta para constatar qué es lo que está entregando el presidente actual al nuevo presidente'.
En julio de 2018, Rivas Landaverde advertía que habían tenido una reunión con el Organismo de Dirección de la CCR, integrada por la presidenta y dos magistrados, y habían decidido ordenar un examen especial a los gastos secretos desde 2013 a la fecha. Decían que era urgente llevar a cabo ese examen especial y que no podían esperar. 'No se va a esperar. Nosotros trabajamos con caducidades (en auditoría un caso prescribe en cinco años) y, si bien estamos auditando 2017, pero también estamos abarcando 2013', dijo el 16 de julio de 2018.
El 25 de marzo de 2019, Rivas Landaverde dijo que tampoco tenían clara la fecha en que iba a concluir el examen especial y que era de la opinión que era pertinente no emitir un informe final. 'Estamos obligados a fiscalizar, pero si a mí no me dan la documentación para fiscalizar. ¿Qué voy a fiscalizar? Tampoco emitir un informe porque no vi la documentación. Yo no me voy a pronunciar. Prefiero dejarlo así y ver qué podemos hacer y qué pueden hacer las otras instituciones, que sí tengan la posición legal de actuar'.
Al preguntarle si ha pedido ayuda a la Fiscalía, la funcionaria responde que no, pero que considera que con haber hecho público en entrevistas la negativa de Presidencia, queda libre de cualquier responsabilidad. “Esa negatoria o esa falta de acceso a la información, ya fue vox populi. La Fiscalía pudo en su momento tomar las acciones legales, de oficio pertinentes”, dijo.
“No podemos entrar a Capres como Pedro por su casa”
Los controles de la Ley de la CCR y de Ley AFI establecen que Sánchez Cerén debe permitir que los auditores revisen cómo Presidencia ha ejecutado fondos públicos. ¿Pero por qué en la guía de traspaso la CCR renunció a exigir la auditoría a la partida de gastos reservados? ¿Fue acaso un acuerdo de la CCR con el presidente? La presidenta del ente contralor responde con evasivas.
'En Capres no se puede entrar como Pedro por su casa, hay que seguir un proceso. Por eso estamos analizando y no estamos cerrados a que en un momento determinado vamos a auditar. Cuando tengamos la oportunidad, lo vamos a hacer, cuando nos den el acceso', dijo.
El secretario privado, Manuel Melgar dijo a El Faro en noviembre de 2018 que esos gastos no se pueden auditar, 'porque son gastos reservados' y el secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, alegó que 'no puede afirmarse que el presidente Sánchez Cerén haya acordado con la CCR una guía de traspaso a la medida de las necesidades de una administración. Hacer una suposición de esa naturaleza sería impropio de mi parte, a sabiendas de la finalidad para la cual se deben destinar tales fondos'.
La funcionaria insiste en un bloqueo: 'Hemos intentado hacer la auditoría a los gastos reservados, pero los argumentos legales de Presidencia se mantienen. Nos han dado sus disposiciones para no permitir auditorías. He pedido una opinión jurídica para tener una posición oficial de la institución sobre el tratamiento que debemos realizar', dice.
La excusa de la presidenta de la CCR es que no pueden auditar sin el permiso del presidente. A diferencia de la contundencia con la que hablaba hace 10 meses, cuando prometió hacer estas auditorías, a Rivas Landaverde ahora también se le tambalean los argumentos. Tanto, que abre las puertas para dar por cierto aquel con el cual la Presidencia se ha cubierto para no abrir sus archivos. Según Capres, como la partida de gastos reservados mantiene al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), el acceso a esa información es restringido.
Según Rivas Landaverde, hay una contradicción que debe ser superada con nueva legislación o reformas desde la Asamblea Legislativa. Ella ahora tiene dudas sobre si la CCR puede o no auditar esa partida.
“A mí la Ley de la CCR me da el acceso irrestricto, pero necesito que la Ley del OIE no me coarte y me deje llegar”, dice. El artículo 45 de la Ley de la CCR establece que los auditores pueden tener acceso irrestricto -sin condicionantes- a documentación de instituciones de gobierno para cumplir con sus obligaciones de fiscalización. En el tercer párrafo define el mecanismo de acción para este impasse: 'Cuando las operaciones o actividades objeto de examen sean clasificadas o reservadas, serán examinadas con ese mismo carácter', dice este artículo.
El 24 de abril de 2019, Marcos Rodríguez también se excusó en la Ley del OIE y culpó a las administraciones de Arena. 'Con respecto a la Ley del OIE es una normativa que nació con el presidente Cristiani, y tomó fuerza vinculante de ley con el Presidente de Flores. Si tu revisas el artículo 8 de la Ley del OIE es claro lo que está reservado y lo que no. No hay margen de maniobra, puesto que si se divulga información de esa naturaleza pueden generarse responsabilidades administrativas o incluso penales de cara a su incumplimiento', dijo Rodríguez.
El argumento de Rodríguez, Rivas Landaverde y Melgar contradice un fallo de la Sala de lo Constitucional en un amparo del 26 de febrero de 2018. Los magistrados se pronunciaron en un caso en que exempleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) reclamaban que habían sido violados sus derechos a la seguridad social. 'Como órgano del Estado, el OIE debe ser controlado por otras instituciones públicas, como la Corte de Cuentas de la República, en lo relativo a la administración de los fondos que le son asignados para el cumplimiento de sus fines', dice el fallo.
La partida de gastos reservados ha cobrado notoriedad porque fue usada por el expresidente Antonio Saca para desviar más de $300 millones de Casa Presidencial, según confesó en un juicio que lo condenó a 10 años de prisión. Esa misma partida fue usada por el expresidente Mauricio Funes para desviar $351 millones que lo favorecieron a él y a su círculo privado con lujos y excesos injustificados por más de $10 millones, según Fiscalía.
El 27 de mayo DE 2019, El Faro reveló cómo Funes derrochó fondos públicos provenientes de esa partida en viajes en jet, compras en joyerías y tiendas de Salvatore Ferragamo, Montblanc, Vendome y Chanel en 29 ciudades del mundo. Los documentos a los que tuvo acceso este periódico son solo una parte de un archivo mucho mayor que detalla el uso de millones de dólares de la partida de gastos reservados de la Presidencia entre 2009 y 2014. Son fondos que, en definitiva, la CCR nunca auditó.
El presidente Sánchez Cerén ha copiado algunos mecanismos de Funes para engordar este rubro a través de recortes internos al presupuesto de Presidencia y reorientaciones de un préstamo del BCIE para gastar más de lo aprobado por la Asamblea Legislativa. En 2018, continuó con el esquema de recortes internos: las secretaría de Comunicaciones, Inclusión Social y Transparencia sufrieron recortes que engordaron con más de $10 millones los gastos discrecionales y secretos del presidente.
El auditor que no ve irregularidades
Pablo Saravia es un auditor que en su hoja de vida registra 39 años de experiencia en la Corte de Cuentas. Es el coordinador general de auditoría y tiene la responsabilidad de darle seguimiento a los procesos iniciados en las siete direcciones de auditoría de la CCR. Su antecesor -Alfonso Bonilla- ganó notoriedad cuando declaró contra el expresidente Antonio Saca y contra su jefe, el expresidente de la CCR, Hernán Contreras. En el juicio que culminó con una confesión por corrupción y una condena de 10 años contra Saca, Bonilla llegó a decir que Contreras le ordenó emitir informes de auditoría sin hallazgos. Es decir, Bonilla admitió que maquilló informes para favorecer al exmandatario.
Saravia ocupa un cargo delicado, uno que podría traducirse en ser la mano de derecha de la máxima autoridad en la CCR. El 5 de marzo de 2019, Saravia acompañó a la presidenta Rivas Landaverde en una entrevista en la que ambos intentaron explicar por qué no se realizará la auditoría especial a los gastos reservados del quinquenio de Sánchez Cerén. En medio de la entrevista, las palabras de Saravia dieron giro; sonaron más a las de un defensor que justifica el uso de gastos reservados para el pago de sobresueldos y no a las del coordinador de auditores.
Deben haber controles institucionales para verificar que la partida de gastos reservados de verdad sirve para fines de seguridad nacional e inteligencia del Estado. ¿Si se determina que del 54315 se pagaron sobresueldos, legalmente qué procede?
—Lo que pasa es que eso es una hipótesis. Usted plantea una hipótesis, no podemos pronunciarnos por una hipótesis.
En el caso Saca, funcionarios de su gabinete admitieron que recibieron estas prestaciones que eran pagadas a través de los gastos reservados.
Eso ya sale de nuestra competencia. Está en los juzgados.
No estoy en los juzgados. Estoy en la Corte de Cuentas.
El rubro 54315 le establece que son gastos reservados. De acuerdo al manual de clasificación presupuestaria incluye los gastos destinados a sufragar actividades especiales autorizadas por la Presidencia de la República. Ahí dice actividades especiales. Si salió de eso, es porque el presidente lo autorizó y fue una actividad especial. Es legal presupuestariamente.
Acaba de validar que esos sobresueldos son legales.
No estoy hablando de los sobresueldos. No. Estoy diciendo que el objeto específico 54315 está como gastos reservados. Son gastos autorizados por el presidente. Eso lo dice la teoría. Le digo lo que está en la ley. Si lo usaron para pagar sobresueldos durante el gobierno Saca, serán los juzgados y la Fiscalía los que deben determinar si eso fue legal o no. Presupuestariamente, el rubro 54315 es legal.
¿Qué tiene que ver con seguridad nacional e inteligencia del Estado que del rubro 54315 se le pague un salario extra a un ministro?
Esa pregunta hágasela a ellos, porque ellos sabrán qué es inteligencia del Estado y qué no. Nosotros, no.
Mi conclusión es que no haría mucha diferencia si tiene acceso a la información. Si descubren que de la 54315 se pagaron sobresueldos, ustedes no tendrían claro qué hacer. Le he planteado varias veces la misma pregunta y su respuesta es que debo hacer la pregunta a los juzgados.
No. No. Estoy diciendo es que el concepto de los gastos reservados son los que el presidente diga... La respuesta fue clara. Es la legalidad la que vemos nosotros.
