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Acusadores del caso jesuitas en Madrid piden incluir a tres víctimas salvadoreñas

La querella particular contra el coronel Inocente Orlando Montano, único miembro de La Tandona detenido por la masacre de la UCA de 1989, ha pedido que se incluyan en el proceso a las tres víctimas salvadoreñas que quedaron excluidas tras unas reformas a la ley penal española en 2014. Por ahora solo se procesa el caso por las muertes de cinco sacerdotes españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría, ex rector de la UCA. 

 
 

Se acerca el juicio en Madrid contra militares salvadoreños acusados de perpetrar la masacre de la Universidad Centroamericana en noviembre de 1989 y los acusadores particulares del caso en la Audiencia Nacional han pedido que se tenga como víctimas no solo a los cinco sacerdotes españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría, exrector de la UCA. También han pedido la inclusión de las tres personas de nacionalidad salvadoreña: el sacerdote Joaquín López y López, la señora Julia Elba Ramos y su hija Celina Mariceth Ramos.

El proceso, que desde 2011 ha tenido que sortear diversos valladares legales y políticos, ha sentado en el banquillo de los acusados al excoronel Inocente Orlando Montano Morales (San Vicente, 1943). Según la Fiscalía española y la querella particular, Montano es uno de los autores intelectuales de la masacre de la UCA. Montano es el único miembro de la generación de militares conocida como “La Tandona” detenido y a espera de juicio en España. Montano fue extraditado en diciembre de 2016 desde Estados Unidos , donde estaba refugiado desde principios de la década pasada. “La Tandona” son 42 militares graduados en 1966 que ocuparon puestos importantes en la Fuerza Armada y en el Gobierno, sobre todo, durante la última década anterior a la firma de los Acuerdos de Paz de 1992.

La Fiscalía española ha pedido para él 30 años de cárcel por cada uno los cinco asesinatos de los sacerdotes (para un total de 150 años), pero la acusación particular podría hacer que esa cuenta aumente a 240 años, si logra que se incorporen a la lista de víctimas a los tres salvadoreños. 30 años por cada uno de los ocho asesinatos.

Que los querellantes ahora busquen incluir a estas víctimas es producto de unas reformas a la Ley Orgánica Judicial española, que entraron en vigencia en 2014 y que mutilaron, entre otros, el caso jesuitas. Estas reformas obligaron a que solo pudiera buscarse justicia por las cinco víctimas españolas: los sacerdotes Ellacuría, Segundo Montes, Amando López, Martín Baró y Juan Ramón Moreno. Pero además, las reformas provocaron que el juez de la causa expulsara de la acusación el delito de lesa humanidad que se había entablado al comienzo ante la Audiencia Nacional, en marzo de 2011. El principio de “justicia universal” español permitía desde 1985, que crímenes que no hubieran podido juzgarse en sus respectivos países se llevesen ante la Audiencia Nacional madrileña pero en 2014 el Gobierno impulsó esas reformas.

Pero ahora, el Despacho Internacional Guernica 37 y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, junto con familiares del sacerdote asesinado Martín Baró, muestran argumentos para que, pese a la reforma, el caso vuelva al planteamiento original: que no solo se incluya el delito de lesa humanidad sino también a las tres víctimas salvadoreñas. “Tú no puedes desvincular el resultado del mismo atentado, de una misma masacre. En el mismo hecho, se produjeron las ocho víctimas, son inseparables”, dice Almudena Bernabéu, de la oficina Guernica 37, en la capital española.

El jueves pasado, 20 de junio, estos querellantes presentaron la solicitud mediante un escrito dirigido a la Sala de lo Penal, sección segunda, de la Audiencia Nacional de España. El escrito es la contestación a las “conclusiones provisonales” que presentó la Fiscalía española el 6 de mayo pasado en el que pedía los 150 años de cárcel para Montano. Querellantes y los abogados de Montano también tiene derecho a presentar un escrito con sus propias conclusiones, después de lo cual, se señalará la fecha para el juicio.

“Si tú tienes que un mismo hecho constituye dos crímenes diferentes no los puedes separar. Jurisdiccionalmente, hablamos de que son ocho casos de terrorismo de Estado, pero el mismo crimen a su vez constituye un crimen de lesa humanidad. Es un tema de concurso real y concurso legal”, explica Bernabéu, exdirectora del Centro de Justicia para la Transparencia (CJA) que fue una de las organizaciones que entabló el caso en Madrid. “El crimen de lesa humanidad debe de ser considerado en este proceso no jurisdiccionalmente, sino porque son los mismos hechos los que se están procesando”, agrega.

El militar que delató a sus compañeros

En el proceso también está acusado el exteniente René Yusshy Mendoza Vallecillos, quien era uno de los oficiales del comando élite, Batallón “Atlacatl”. La Fiscalía española y los querellantes están pidiendo para él atenuantes en la condena. Piden que se le imponga un año por cada asesinato, es decir, una condena entre cinco y ocho, dependiendo de la cantidad de víctimas que se terminen reconociendo.

Mendoza, según explica Bernabéu, colaboró con la justicia desde los días posteriores al crimen. “Reiteramos aun más el rol de colaboración constante, siempre trabajó para resolver el crimen. Él trabaja con la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, él se reune con padres jesuitas después del hecho”, dice Bernabéu. El teniente Mendoza Vallecillos y su esposa sufrieron amenazas por parte de Montano, según la Comisión de la Verdad.

Mendoza rindió dos declaraciones entre 2010 y 2011 en España y desde entonces se encuentra prófugo. Cuando sea el momento de ratificar su declaración, viajará a Madrid desde algún punto de Latinoamérica, para testificar.

Según el relato de la acusación que se hace ahora en Madrid, fue Mendoza quien recibió uno de los fusiles que se usaron para asesinar a los jesuitas, en la madrugada del 16 de noviembre de 1989. El fusil AK47 que usó el Batallón Atlacatl fue usado para simular que los asesinatos lo habían hecho guerrilleros, pues ese era de los armamentos que usaban. Mendoza recibió el AK47 de manos del mayor Camilo Hernández, quien era uno de los que estaban a cargo de la Escuela Militar, de donde salió el Batallón Atlacatl. Todo el cuadrante que incluía la UCA, el cuartel del Estado Mayor y las colonias donde ciertos militares residían estaba bajo responsabilidad del coronel Guillermo Benavides, director de la Escuela Militar. Camilo Hernández era el director adjunto.

El 16 de noviembre, la capital llevaba cinco días de acoso armado por parte del FMLN quien lanzó una de las ofensivas militares más importantes de toda la guerra. Fue en ese marco que los jesuitas fueron asesinados. Según la acusación, fue el Alto Mando del Ejército quien ordenó la ejecución de líderes políticos y civiles como una estrategia para mantener el control de la capital, frente a la ofensiva.

La acusación total por el caso jesuitas es contra más de 20 militares salvadoreños por quienes la Audiencia Nacional pidió la detención provisional en marzo de 2011. De todos, Montano fue el único que fue ubicado en Estados Unidos. Otros ya han fallecido como el otrora poderoso jefe del Estado Mayor, René Emilio Ponce , quien murió por causas naturales en mayo de 2011. El resto de procesados permanece en El Salvador donde la Corte Suprema de Justicia los ha protegido, negándole a España su extradición.

Los militares en suelo salvadoreño y que han sido declarados rebeldes son Rafael Humberto Larios, ministro de la Defensa Nacional en el momento del asesinato; Juan Rafael Bustillo, general y comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña; Juan Orlando Zepeda, entonces coronel y viceministro de Defensa Nacional; Francisco Elena Fuentes, coronel y jefe de la Primera Brigada de Infantería; José Ricardo Espinoza Guerra, teniente y miembro del Batallón Atlacatl; Gonzalo Guevara Cerritos, entonces subteniente del Atlacatl; Oscar Mariano Amaya Grimaldi, cabo y miembro del Atlacatl; Antonio Ramiro Ávalos Vargas, entonces sargento y miembro del Atlacatl; Ángel Pérez Vásquez, entonces cabo y miembro del Atlacatl; Tomás Zarpate Castillo, entonces sargento asignado al Atlacatl; José Alberto Sierra Ascensio, soldado y miembro del Atlacatl; Guillermo Alfredo Benavides, coronel y director de la Escuela Militar; Joaquín Arnoldo Cerna Flores, coronel y jefe del Conjunto Tres del Estado Mayor Conjunto; Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, coronel y director de la Dirección Nacional de Inteligencia; Héctor Ulises Cuenca Ocampo, teniente destacado en la DNI; Óscar Alberto León Linares, coronel y el comandante del batallón ATLACATL; y Carlos Camilo Hernández Barahona, comandante y director Adjunto de la Escuela Militar.

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