Una jueza de Seattle (Washington) ha ordenado al Departamento de Defensa de Estados Unidos que haga una búsqueda extensiva de documentos producidos entre 1980 y 1982 en relación a los operativos militares que desembocaron en las masacres de El Mozote, El Calabozo y la Guinda de Mayo, cometidas al inicio de la guerra civil de El Salvador.
La orden se produce en el marco de una demanda por la ley de libertad de información (FOIA), interpuesta por el Centro para Derechos Humanos de la Universidad de Washington ((UWCHR, por sus siglás en inglés). La jueza Marsha Pechman, del distrito Oeste, aceptó la moción para exigir documentos al Comando Sur de los Estados Unidos, el comando encargado de Centroamérica, Suramérica y el Caribe en la jerarquía militar estadounidense.
El fallo, emitido este 7 de junio, es parte de una demanda contra la Secretaría de Defensa que lleva dos años de tramitación, e implica 17 solicitudes de información: nueve dirigidas al Comando Sur, y ocho más para la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés). Las solicitudes son respecto de la Operación Rescate (Morazán, 1981), dentro de la que se produjo la masacre de El Mozote, donde casi mil civiles fueron asesinados; el operativo Mario Azenón Palma (San Vicente, 1982), donde ocurrió la masacre del Calabozo, con aproximadamente 200 víctimas; y el operativo que culminó en la conocida como Guinda de Mayo (Chalatenango, 1982), con aproximadamente 300 víctimas y unos 50 niños desaparecidos.
'No es creíble que la información no exista o haya sido destruida, sobre todo si en ese momento (1980- 1982) El Salvador era la prioridad uno del Comando Sur', explicó a El Faro Angelina Snodgrass, directora del Centro para Derechos Humanos de la universidad de Washington, una de las peticionarias de la demanda. Snodgrass trabaja en la desclasificación de archivos de la guerra salvadoreña en Estados Unidos desde 2011.
La revelación de este información, esta vez por orden judicial, supondría una segunda descarga de información de la guerra civil salvadoreña proveniente de los archivos secretos del gobierno estadounidense. En 1993, después de la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad, el presidente Bill Clinton ordenó la desclasificación de miles de documentos sobre el conflicto en El Salvador. La documentación estaba enfocada en los 32 casos paradigmáticos, estudiados por la Comisión de la Verdad. Ese proceso resultó en la revelación y en la apertura de 12 mil documentos desclasificados de la CIA, del Departamento de Estado y del Pentágono.
Para Snodgrass, el alcance de la orde judicial es 'histórico porque muy poca documentación ha salido del Comando Sur respecto a violaciones a derechos humanos en América Latina', dijo. 'Antes no se les ha obligado a dar documentos en contra de su voluntad ni a producir documentos con un contenido tan específico como lo exige la jueza en su decisión', agregó.
Las solicitudes de información buscan desclasificar documentos del periodo más cruento de la guerra. La Comisión de la Verdad señaló que en el periodo entre 1980 y 1983 ocurrieron el mayor número de muertes y los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos. Eso coincidió con un aumento exponencial de la ayuda económica y militar de Estados Unidos a El Salvador. Una investigación del periodista Raymond Bonner (que reportó la masacre de El Mozote para The New York Times en enero de 1982) revela que en dos años (de 1980 a 1982), Estados Unidos duplicó el monto de la asistencia económica que había dado en las tres décadas previas. La información, recogida en el libro Weakness and Deceit, plantea que entre 1946 y 1979, la ayuda a El Salvador sumó $199 millones. Al inicio de la guerra, el monto alcanzó los $354.5 millones.
Snodgrass dijo a El Faro que la batalla judicial por los documentos del Comando Sur es una de las más importantes, junto con la que libra con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en un proceso judicial diferente. Desde 2015, la Universidad de Washington pide a la CIA que haga públicos los documentos sobre operativos militares dirigidos por el coronel y exdiputado Sigfredo Ochoa Pérez que, según los investigadores y las víctimas, terminaron en graves violaciones a los derechos humanos contra civiles en los departamentos de Cabañas, San Vicente y Chalatenango durante los primeros años de la guerra.
La revelación de información sobre la guerra civil en poder de Estados Unidos puede ser clave no solo para esclarecer el derecho a la verdad de las víctimas, sino como pruebas en procesos judiciales. Los casos de la masacre de El Mozote y El Calabozo están abiertos y en trámite en juzgados de El Salvador. La falta de archivos militares es una de las taras de los procesos.
En El Salvador, el Ministerio de Defensa ha alegado cosas similares a la de su contraparte estadounidense: que los archivos no se encuentran en su dependencia o no existen. Eso ha asegurado, por ejemplo, cuando se le pidió una lista de los miembros del Batallón Atlacatl en 1981, en un requerimiento sobre la principal unidad que perpetró la masacre del Mozote. Pese a la negativa, el juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera ya cuenta con una lista depurada de 480 soldados que pertenecieron al batallón Atlacatl entre 1980 y 1983. La lista provino del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) y su existencia sirvió para comprobar la invalidez de los alegatos de las máximas autoridades militares.
Una búsqueda exhaustiva
En su decisión, la jueza dictaminó que el Comando Sur debe hacer una búsqueda electrónica en sus archivos en los que incluya términos como: 'Belloso' y 'Atlacatl', dos de los nombres de batallones de infantería de reacción inmediata que operaron durante la guerra; 'ministro García', por el general José Guillermo García, ministro de Defensa entre 1979 y 1983, actualmente procesado por la masacre de El Mozote; 'Morazán' y 'Monterrosa', el departamento donde ocurrió la masacre de El Mozote y el apellido del coronel Domingo Monterrosa, señalado como responsable del operativo. Otros términos incluidos en la búsqueda son 'Sumpul' y 'Chalatenango', escenario de los desplazamientos masivos conocidos como la guinda de mayo. Adicionalmente, la jueza pidió que se buscaran los apellidos: Molina, Barrios, Cabrera, Melara, Portillo, Grijalba, Pérez, Salazar, Rodríguez y Jiménez, en documentos conectados con esta petición de información.
La decisión de la jueza Pechman también obliga al Comando Sur estadounidense a una serie de acciones encaminadas a encontrar la información para darle una respuesta a los peticionarios. Las autoridades militares deberán contactar a exempleados que hayan estado familiarizados con los archivos para obtener la ubicación física de los documentos. A partir de esas entrevistas, deberán proponer un plan de búsqueda sujeto a la revisión de los demandantes y a la aprobación de la Corte.
El Comando Sur también deberá proveer una lista de instalaciones de archivo inactivas que contengan documentos creados entre 1980 y 1982. De igual forma, entregar copias de los formularios en que se detalle el retiro de documentos a una bodega de almacenamiento inactivo.
Todas las acciones de búsqueda deberán ejecutarse en 30 días a partir del 7 de junio y concluir en una selección de los documentos que respondan a la solicitud de información planteada por la universidad de Washington. Desde entonces, el Comando Sur tendrá 14 días para hacer una revisión manual y entregar los récords que respondan a los términos de búsqueda.
