Los centroamericanos ya no podrán pedir asilo en Estados Unidos si antes no han intentado obtener asilo en otro país. El cambio deriva de nuevas restricciones a la Ley de Inmigración y Nacionalidad que aprobaron los departamentos de Justicia y de Seguridad estadounidenses. Las nuevas reglas entran vigencia este 16 de julio y aplicarán para los casos desde esa fecha, no a los que ya estén siendo procesados.
La medida afecta a ciudadanos de todo el mundo, pero especialmente a guatemaltecos, hondureños y salvadoreños cuyas solicitudes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos han aumentado desde que se formaron caravanas en Honduras y El Salvador a finales del año pasado. Entre octubre de 2018 y junio de 2019, Estados Unidos detuvo a 688,375 en la frontera Sur. En nueve meses se ha superado la cantidad total de detenciones hechas en cada uno de los cinco años fiscales anteriores (un año fiscal es medido desde octubre hasta septiembre).
El cambio “efectivamente termina con todo tipo de asilo para cualquier persona en la frontera sur”, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una organización defensora de derechos humanos que ya prometió demandar judicialmente al gobierno de Estados Unidos por la medida.
La adición de una “regla final provisional” en la ley de migración impedirá que un extranjero que ingrese o intente ingresar a Estados Unidos a través de la frontera sur sea elegible para asilo, a menos que antes haya aplicado a protección por motivos de persecución o tortura en otro país extranjero por el que haya transitado en ruta a Estados Unidos. Esa es la explicación que ofrece el departamento de Seguridad en un comunicado.
La redacción del veto está hecha a la medida de los migrantes centroamericanos, como hondureños y salvadoreños que atraviesan Guatemala y México en su tránsito a Estados Unidos, o los guatemaltecos que atraviesan México. Sin embargo, aplica para ciudadanos de otras nacionalidades, como los países caribeños o incluso africanos, que también intentan ingresar a Estados Unidos a través de la frontera con México. El veto, según un comunicado de ACLU, es más extremo que los otros vetos que el gobierno de Trump decretó y es “el veto de asilos más extremo que se ha visto en Estados Unidos”.
Una vía legal para la escalada antiinmigrantes de Trump
La medida se anunció después de que Estados alcanzara un acuerdo con México para que este endureciera su trato a los migrantes centroamericanos. El bloqueo a los asilos sucede tras un fin de semana donde autoridades federales realizaron redadas en busca de migrantes y después de que se abortara un acuerdo para que Estados Unidos enviara a los asilados centroamericanos a Guatemala. Estaba prevista una reunión en Washington este 15 de julio, entre Jimmy Morales y Donald Trump, en la que se anunciaría la medida, pero la Corte de Constitucionalidad guatemalteca otorgó un amparo que impide al gobierno de Morales seguir adelante con el acuerdo. Según la corte, el pacto conlleva nuevas responsabilidades políticas y económicas y por tanto el Congreso de diputados debe emitir opinión previamente.
La nueva ofensiva del gobierno Trump contra los migrantes tiene explicaciones dentro de la política interna de Estados Unidos, según Óscar Chacón, director ejecutivo de la organización Alianza Américas. Trump persigue la reelección en 2020 y negocia el presupuesto del próximo año para el departamento de Seguridad a partir de este mes de julio. Para ambos temas, está convencido de que “seguirle dando palo a los mexicanos, centroamericanos o caribeños es un tema que genera una emoción indispensable para el voto duro del partido republicano”, de acuerdo con Chacón.
El secretario de Seguridad interino, Kevin McAleenan, justificó el cambio al considerar que esto ayudará a aliviar la enorme mora judicial que Estados Unidos tiene respecto a casos de asilos. Según McAleenan, el cambio de reglas “ayudará a reducir un estímulo para la migración irregular”: la posibilidad de obtener asilo. Además, el secretario de Seguridad cree que esto “conducirá a un menor número de individuos transitando por México en un viaje peligroso”.
Chacón considera que es “ridículo” hablar de un enfoque restrictivo a la migración porque nunca en la historia ha funcionado. “Estos enfoques son un total fracaso porque no te detienen un flujo migratorio. Ellos parten de la idea que la gente sale de sus países para violar la ley migratoria, cuando es gente desesperada por salir de su país”, dijo Chacón a El Faro. Chacón recordó que las cifras migratorias en la frontera sur ya han tenido otros picos, como en los años 1984 o 1999 cuando la policía fronteriza hizo arrestos de más de 1.6 millones de personas. “Es ridículo hablar de este tipo de enfoque o de un momento histórico como que fuera sin precedentes”, agregó.
Noah Bullock, director ejecutivo de la oenegé Cristosal, coincide con la postura de Chacón y dice que este tipo de medidas tendrán el efecto contrario al que persigue Washington. Cristosal es una organización de derechos humanos que en los últimos años ha exigido al gobierno de El Salvador que defina una postura clara sobre los desplazamientos forzados internos y la migración forzada como consecuencia directa de la violencia. “La criminalización de la migración, las externalizaciones de fronteras, el abuso y degradación física y psicológica de los migrantes para disuadir una migración forzada ya es una política fracasada. Su expansión y réplica en Centroamérica tendrá un efecto contraproducente y desestabilizador que agudizará las causas subyacentes de la migración forzada', dijo Bullock en un mensaje enviado a través de la oficina de prensa.
El departamento de Seguridad aduce que hay un gran número de peticiones de asilo sin sustento que congestionan el sistema de migración estadounidense. Estados Unidos solo otorga asilos por casos de persecución política, racial, religiosa, de nacionalidad o la pertenencia a un grupo social particular. La gran mayoría de migrantes que huyen de Centroamérica no encajan en esos criterios, debido a que huyen de pandillas criminales, acoso de fuerzas de seguridad, narcotraficantes o de la pobreza.
Según cifras publicadas por Los Angeles Times, las cortes de migración acumulan más de 800,000 casos de asilos pendientes de resolución, y se calcula que tardará años en resolverlo. Además, la tasa de concesión de asilos es de apenas el 8 %: según el LA Times, en 2018 se presentaron 162,060 peticiones pero solo se concedieron 13,168.
Bukele pide a Trump que 'no meta a El Salvador en la buchaca del Triángulo Norte'
El presidente Nayib Bukele reaccionó al anuncio del cambio de reglas sobre asilos pidiendo al gobierno de Donald Trump que mida distinto a El Salvador respecto a sus vecinos Honduras y Guatemala. Bukele expuso logros de su gobierno, como el combate al narcotráfico o la reducción de homicidios en el mes y medio que lleva como presidente, y dijo que sus homólogos centroamericanos no están obteniendo esos resultados. 'En el caso de la administración de Trump, hemos hecho el llamado y lo hacemos aquí también de que no se nos meta en la buchaca del Triángulo Norte', dijo Bukele en una conferencia de prensa convocada a las 10 de la noche del lunes 15 en la Casa Presidencial.
Aunque la conferencia era para anunciar los avances, a un mes y medio de su gobierno, en materia de seguridad, Bukele accedió a dar una postura sobre la nueva medida estadounidense.
'A veces se castiga a una región por las actuaciones de gobiernos en los que nosotros no tenemos ninguna incidencia'. Y ejemplificó con las incautaciones de droga. 'En El Salvador incautamos un 75 % de la droga que pasa por el territorio y aguas territoriales. Diferente Honduras que creo que incauta el 2 o 3 %. Claro, al sacar el promedio, ellos bajan nuestro promedio. Ellos dicen: el triángulo Norte está incautando 30 % de la droga, pero no es así: nosotros incautamos 75 y ellos 3.', dijo Bukele. Para el presidente salvadoreño, esa evaluación es 'un poco injusta'.
El mandatario también proporcionó otro dato para intentar separar a El Salvador de sus vecinos: las integraciones de las caravanas de migrantes, que salieron de la región en el último trimestre del año 2018. Bukele dijo que el 40 % de los miembros de las caravanas eran hondureños, otro 40 % de guatemaltecos, solo un 11 % de salvadoreños y 8 % de migrantes de otros países. Citó como fuente al gobierno de Estados Unidos.
'Creo que eso ameritaría un trato distinto, o por lo menos una evaluación distinta. Nuestros hermanos hondureños y guatemaltecos no están teniendo estos resultados en sus países de parte de sus gobiernos', dijo Bukele.
Rechazo de la comunidad internacional
La Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) señaló que el cambio de reglas estadounidense no está en línea con las obligaciones internacionales. Además, varias organizaciones de defensa de derechos de migrantes cuestionaron la medida.
“Estamos profundamente preocupados por esta medida, que pondrá a familias vulnerables en riesgo”, dijo en un comunicado Filippo Grandi, Alto Comisionado de Naciones Unidas para refugiados. El alto comisionado consideró que se trata de “una medida severa y no es la mejor manera de avanzar”.
Según ACNUR, el cambio de reglas “restringe excesivamente el derecho a solicitar asilo” de las personas y les “aumenta significativamente” la obligación de presentar prueba para documentar sus peticiones, “más allá de los estándares legales internacionales”. Además, “amenaza el derecho a la protección contra la devolución y restringe drásticamente los derechos y libertades básicos de quienes logran satisfacer” los requisitos.
Las medidas aprobadas por Trump solo consideran tres excepciones. Las primeras dos son quienes ya hayan solicitado protección en otro país en su ruta a Estados Unidos y les haya sido negada o quienes sean víctimas de “una severa forma de tráfico de personas” o quienes hayan pasado. La tercera es más complicada: quienes, en su ruta a Estados Unidos, hayan pasado por países que no formen parte de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados (1951), el Protocolo de 1967 o la Convención contra la Tortura. Pero hay 148 países que han suscrito los primeros dos documentos y 166 que han suscrito el tercero. Es decir, es un obstáculo prácticamente insalvable y que deja muy pocos casos como elegibles.
El lunes 15, el día que se anució la reforma migratoria, las cancilleres de El Salvador y Guatemala tuvieron reuniones en Washington con autoridades estadounidenses, pero las cancillerías de Guatemala y El Salvador no se refirieron al cambio de reglas. El gobierno hondureño tampoco se ha pronunciado al respecto.
Según la cancillería salvadoreña, la ministra Alexandra Hill se reunió con Kimberly Breier, Subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. En la reunión, Hill y Breier abordaron “alternativas que beneficien” a los salvadoreños amparados bajo el TPS, un programa que Trump canceló. Hill tiene esta semana otra serie de reuniones con funcionarios del Ejecutivo y el Senado. El presidente Bukele definió la misión como 'un viaje de cabildeo'.
De igual forma, el ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó que la canciller Sandra Jovel se reunió con Kevin McAleeenan, secretario de seguridad, así como con asesores del presidente Trump y “alcanzaron acuerdos verbales importantes en temas de cooperación bilateral”, pero no dio detalles.
El gobierno hondureño emitió un comunicado en el que no se refirió a los cambios en las leyes de asilo, sino a las redadas de migrantes conducidas durante el 13 y 14 de julio. “El Estado de Honduras reitera que los estándares interamericanos de derechos humanos exigen que cada decisión migratoria sea fundamentada individualmente y se respete el debido proceso”, dice el comunicado.
Para el activista y experto migratorio Óscar Chacón, el silencio de los gobiernos centroamericanos “indica una decisión política de de no contrariar las posturas oficiales de la administración Trump”.
