“Yo creo que la lucha de los Derechos Civiles de nuestro tiempo es la comunidad LGBT, y yo quiero estar al lado correcto de la historia, siempre he dicho eso, y mi temor es estar al otro lado […] Yo quiero estar al lado correcto de la historia, no voy estar del lado de los discriminadores, si se llama heteroaliado, sería eso […]”. Estas palabras fueron pronunciadas por Nayib Bukele en noviembre de 2014 en una reunión organizada por activistas de los Derechos Humanos de las personas salvadoreñas de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Personas Trans, Intersexuales y otras identidades sexuales y de género (LGBTI+). Casi cinco años han transcurrido desde que dichas palabras fueron pronunciadas, y Bukele, además de ser electo alcalde de San Salvador, posteriormente fue juramentado como presidente. Este 8 de septiembre su administración cumplió los primeros 100 días y el mensaje hacia las poblaciones LGBTI+ y el respeto y garantía a sus derechos ha ido en sentido contrario al “lado correcto de la historia”.
Lo más sobresaliente ha sido la extinción de las instancias que se encargaban de velar por políticas públicas inclusivas. Este proceso está llevando a cabo el cierre de espacios participativos y de diálogo en la construcción de políticas públicas para personas LGBTI+. Parece ser que, en su ánimo por distanciarse de las acciones políticas de las dos administraciones del FMLN, incluyó de forma colateral la eliminación de los procesos de ciudadanización de las personas LGBTI+ que se habían emprendido, a costa de mucho trabajo, desde el año 2010. Los derechos humanos de las personas LGBTI+ no deben ser comprendidos como acciones partidarias de un determinado partido político. Los derechos humanos son inherentes a las personas, por lo cual ultrapasan cualquier ideología política partidaria, estos deben de ser la centralidad en la administración pública de cualquier persona que dirija el Ejecutivo.
El año 2009 será recordado en la historia política de El Salvador como el año de la alternancia política. El FMLN llegó a dirigir el Ejecutivo y esto repercutió en hechos simbólicos y prácticos en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de las personas LGBTI+. En mayo de 2010, se efectuó uno de los hechos más relevantes: la emisión del Decreto Ejecutivo No. 56, el cual establecía disposiciones para evitar toda forma de discriminación en la administración pública, por razones de identidad de género y/o de orientación sexual. Ese mismo mayo, dado el trabajo de las organizaciones LGBTI+, el Estado creó la Dirección de Diversidad Sexual, bajo los auspicios de la Secretaría de Inclusión Social.
El proceso de apertura institucional al interior del Ejecutivo en las dos administraciones presidenciales anteriores permitió a estas poblaciones acceder a la institucionalidad del Estado y, con ello, a crear propuestas de políticas públicas incluyentes. Esto se vio reflejado en la práctica al contratar mujeres trans para ser parte del personal en diferentes sedes de Ciudad Mujer, emisión de campañas publicitarias como “No me etiquetes” contra la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, reconocimiento del Derecho al voto de la población trans, la implementación de la ventanilla de empleo LGBTI+, la creación de Mesas LGBTI en el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Justicia, la creación de lineamientos técnicos para la atención integral en salud de la población LGBTI, entre otras acciones. Todo lo anterior, prácticamente fue suspendido desde el 1 de junio cuando Bukele tomó posesión como presidente, y sigue a la espera de volver ser reactivado.
Nuevas Ideas con viejas prácticas
Las posiciones políticas de “apertura” y de ser un “heteroaliado” de Bukele en 2014, a este momento, presentán un giro: en vez de continuar estando al “lado correcto de la historia” en su práctica política está más próximo a encontrarse “al lado correcto del poder”. Este cambio se percibió, en plena campaña electoral, cuando Bukele afirmó que el “matrimonio únicamente es entre un hombre y una mujer”. Dicha declaración muestra cercanías ideológicas con tendencias neoconservadoras y neopentecostales beligerantes, contrarias a los avances en materia de derechos civiles de las personas LGBTI+ y a toda temática que interseccione los derechos sexuales y reproductivos, sexualidad, género y cuerpo en las agendas públicas de los Estados.
Aunque en toda la campaña electoral Bukele manifestó que trabajaría de forma diferente a las administraciones que le antecedieron, en la práctica, en estos 100 días de gobierno, se ha visto el mismo “borrón y cuenta nueva” que otras administraciones realizaban al iniciar sus mandatados. En su afán de distanciamiento de las acciones gubernamentales realizadas por las administraciones del FMLN, en la primera semana de mandato extinguió la Secretaría de Inclusión Social, sin valorar, posiblemente, las implicaciones que dicha acción tendría en las vidas de diferentes poblaciones vulnerables.
¿Pasó Bukele de heteroaliado al lado de los discriminadores? Creo que aún no, pero se encuentra transitando en los puntos frágiles de la frontera entre la promoción y la negación de los derechos humanos para personas LGBTI+. Hasta el momento no ha expresado, ningún discurso de odio o contrario a derechos humanos de las personas LGBTI+ de forma pública. Sin embargo, la supresión de instancias gubernamentales y de políticas públicas que estaban orientadas a la promoción de la ciudadanía de personas LGBTI+ marca un retroceso de 10 años en materia de políticas públicas y Derechos Humanos.
¿Se puede tener paciencia ante la discriminación?
Ante la eliminación de la Secretaría de Inclusión Social, activistas preguntaron al presidente Nayib Bukele qué instancia del Ejecutivo se encargaría de velar por los derechos humanos de las personas LGBTI+. Se obtuvo como respuesta: “Pasará a @MICULTURASV. Tengan paciencia, solo llevamos 36 horas de Gobierno”. Tras 2 400 horas, aún no han dado respuestas claras de cómo será la restructuración.
Esta decisión interrumpió el proceso de reconocimiento social positivo de las personas LGBTI+ que se estaba desarrollando desde el 2009. Las consecuencias de suprimir la Secretaría de Inclusión Social y todas sus direcciones no fue valorado lo suficiente, e incluso se podría decir que no se tenía idea de todo lo que implicaba dicha supresión.
La decisión de incorporar las responsabilidades de la Dirección de Diversidad Sexual en el Ministerio de Cultura posiblemente dependió de la ministra, Suecy Callejas. Callejas respondió con mucho ánimo el tweet, asumiendo la responsabilidad de promocionar un “cambio cultural” sobre las temáticas de orientación sexual, identidad y expresión de género. Posiblemente en el gabinete actual, ella sea la persona más empática a las temáticas de diversidad sexual y de género, y por eso recayó bajo su mando asumir, en dicho ministerio, las funciones de la extinta Dirección de Diversidad Sexual.
A primera vista esta decisión puede ser catalogada como positiva, no obstante, hay que mencionar que si las acciones en favor de los procesos de ciudadanización de las personas LGBTI+ no son parte integral de las políticas públicas del Estado, podemos caer en el riesgo de crear “políticas públicas personalizadas”. Quiere decir que muchas veces las políticas públicas a favor de las personas LGBTI+ se promueven por la figura de la persona responsable en una instancia del Estado, si dicha figura sale de la instancia que administra, las políticas que promovía se dejan de realizar.
Esta situación fue muy clara al interior de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDHH). Tanto Óscar Luna como David Morales, exprocuradores, promovieron la inclusión de las personas LGBTI+ al momento de sus administraciones en la PDDHH. En 2012, Luna acogió en la PDDHH la creación de la Mesa Permanente sobre Derechos Humanos de la población LGBTI+ como un espacio de diálogo, promoción y evaluación de acciones estatales en pro de los Derechos Humanos de las personas LGBTI+. Por su parte, Morales continuó con el trabajo de la Mesa y acuerpó presencialmente a las personas LGBTI+ en diversas reivindicaciones de Derechos Humanos. Todo lo anterior fue desechado al momento que tomó posesión del cargo Raquel Caballero, que llegó a ser catalogada como un obstáculo para la consecución de los Derechos Humanos de las personas LGBTI+ del país.
Como segundo punto se encuentra la compatibilidad entre la finalidad del Ministerio de Cultura y la extinta Dirección de Diversidad Sexual. Por experiencia propia, de la Fundación Igualitos y de las organizaciones LGBTI+, sabemos de las facilidades que tiene a disposición el Ministerio de Cultura para realizar acciones simbólicas, artísticas, culturales, pedagógicas y formativas. Sin embargo, el Ministerio de Cultura no cuenta con la estructura necesaria para promover la creación de políticas públicas en la estructura estatal que garanticen a estas poblaciones los derechos humanos, económicos, sociales, civiles y políticos básicos o la creación de servicios y espacios libres de homo, lesbo o transfobia, y de cualquier forma de discriminación por orientación sexual e identidad de género, algunas de las funciones que la anterior Dirección de Diversidad Sexual ejecutaba. ¿Estas instancias se crearán? ¿Cuándo?
En tercer lugar, que el presidente Bukele designara al Ministerio de Cultura para gestionar posibles políticas públicas en favor de las personas LGBTI+ fue una forma de subsanar una consecuencia no esperada por las decisiones ejecutadas. Esto se puede comprender dado el contexto de violencia social epidémica que eclipsa todas las áreas de la vida nacional, colocando en segundo lugar otras temáticas de la vida nacional y en la periferia cuestiones ligadas a la vida de personas LGBTI+. Destaco que este desdén sitúa a los cuerpos LGBTI+ como “prescindibles”. Esto puede dar como resultado la continuidad de los procesos de eliminación selectiva, en donde los cuerpos LGBTI+ se vuelven mayormente vulnerables cuando se distancian del modelo hegemónico binario heterosexual.
Las personas LGBTI+ queremos construir de forma pacífica una sociedad inclusiva y que respete todas las diferencias, siguiendo la vía del Estado de Derecho. No obstante, sin la apertura del Ejecutivo, no se podrá realizar ninguna transformación que minimice el sufrimiento que experimentamos aquellos y aquellas que amamos a personas de nuestro mismo sexo, que poseemos una identidad de género que contraviene la lógica del biologicismo, que hemos sido discriminados en nuestras familias, trabajos, iglesias, unidades de salud, centros comerciales por no pactar públicamente con el modelo heterosexual de vida que se instaura como hegemónico en nuestra sociedad.
Si las acciones y discursos gubernamentales, más allá de estos 100 días, no presentan cambios estructurales concretos sobre las políticas públicas, no queda más que asumir que la utopía de “Hagamos Historia” no incluía a las personas LGBTI+, y para nosotros y nosotras se repetirá la misma historia de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Pese al designio de que el Ministerio de Cultura asuma como nueva entidad institucional la inclusión de las personas LGBTI+ en la sociedad, hasta este momento no se registra ninguna propuesta concreta para promover políticas públicas inclusivas o la reivindicación de los derechos humanos de este segmento de la población.
Para solventar esta situación, se puede pensar, a manera de propuesta, la estructuración de una Mesa Nacional LGBTI+, en la cual converjan representantes de los diferentes ministerios, académicos y activistas LGBTI+ para ser el ente rector de implementación, dirección y evaluación de políticas públicas de inclusión social y leyes que eviten la discriminación para personas LGBTI+. Como ejemplo se pueden mencionar la iniciativa legal contra la discriminación laboral por razones de orientación sexual y género, promover el aseguramiento de parejas del mismo sexo ante el Seguro Social, reforma de pensiones para el superviviente de una pareja del mismo sexo, la ley de identidad de género, la ley contra la discriminación. Existe mucho trabajo que la administración Bukele puede promover que no le restarán derechos a nadie.
