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La Presidencia de la República impidió este viernes 6 de septiembre el acceso a una conferencia de prensa a dos periodistas de El Faro y a otro más de la Revista Factum. En un primer momento, la secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina, dijo a El Faro que en ningún momento se había dado esa orden. "Siento que que ha sido un malentendido", dijo. Cinco horas más tarde, su oficina emitió un comunicado en el que informa que la decisión de restringir el acceso a estos dos medios obedece a supuestos malos comportamientos de sus periodistas en conferencias previas. Según la Secretaría, la orden se mantendrá en firme "hasta que no exista un compromiso serio por parte de los medios de comunicación restringidos este día de respetar la labor de los demás periodistas y de la institución".

La convocatoria, abierta a todos los medios de prensa, se giró en la mañana para cubrir un anuncio relacionado a una comisión que intenta impulsar el Gobierno, con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), para combatir la corrupción en el país. La conferencia estaba programada a las 3:00 p.m., pero los periodistas debían estar en el lugar una hora antes. Al llegar, todos los periodistas fueron conducidos a un salón contiguo al estacionamiento externo de Casa Presidencial, a la espera de que se autorizara el ingreso a las instalaciones.

A las 2:30 p.m., delegados de la Secretaría de Prensa notificaron al periodista de El Faro, Gabriel Labrador (en la imagen) que los periodistas de este medio o de la Revista Factum tenían prohíbido el acceso a la conferencia. Los delegados explicaron que era una instrucción del equipo de seguridad del presidente Nayib Bukele y que la orden provenía del secretario de Prensa, Ernesto Sanabria. El Faro llamó en reiteradas ocasiones a Sanabria y a la secretaria de Comunicaciones, Sofía Medina, pero no atendieron sus teléfonos. También se les escribió mensajes en Whatsapp pidiéndoles explicaciones y acceso a la conferencia, pero tampoco hubo respuesta.

A las 3:30 pm, empleados de la Secretaría de Prensa y del Estado Mayor Presidencial (EMP) coordinaron el ingreso de los periodistas. Para acceder al Salón de Honor donde se llevaría a cabo la conferencia, los periodistas debían atravesar un portón. Primero entraron camarógrafos de televisión, luego fotoperiodistas y por último redactores. El fotoperiodista de El Faro Víctor Peña fue retenido en el portón. Un soldado del EMP, vestido de civil, que portaba un gafete distintivo, explicó que Peña tenía prohibido pasar, al momento en el que al resto de comunicadores avanzaba hacia el salón donde se llevaría a cabo la conferencia. 

Peña, Labrador y el periodista de Revista Factum, Fernando Romero, pidieron explicaciones y el soldado del EMP insistía en que la respuesta la tenían "los encargados de prensa". César Castro, jefe de redacción de Revista Factum, confirma que Sanabria tampoco atendio el llamado de ese medio para dar explicaciones sobre el bloqueo.

Cuando comenzaron a entrar los redactores, el periodista Gabriel Labrador intentó ingresar, pero fue bloqueado por un soldado del EMP. El otro soldado de civil tenía en sus manos los Documentos Únicos de Identidad que los tres periodistas habían entregado en el ingreso para recibir un gafete que, en teoría, autorizaba la entrada al Salón de Honor. Después de 15 minutos de intentar obtener explicaciones, el soldado del EMP manifestó que no sabía la razón por la cual no se había permitido el ingreso de los periodistas.  

A las 4:08 p.m., cuando el evento avanzaba hacia su recta final, la secretaria Medina dijo a El Faro a través de un mensaje que "en ningún momento se ha dado una orden de ese tipo. Siento que ha sido un malentendido. Si aún están por acá, ahorita doy la indicación para que puedan ingresar sin problema". El ofrecimiento, sin embargo, llegó demasiado tarde, ya que el EMP no permitió el acceso a los periodistas. Medina añadió que "para que no se vuelva a repetir un malentendido de esta magnitud", este periódico debía enviar un listado de periodistas asignados a las coberturas de Casa Presidencial "para que los puedan acreditar e ingresen sin problemas". 

Desde que se instaló el nuevo Gobierno, Casa Presidencial ha permitido el acceso de los periodistas de El Faro y Revista Factum pero ha sido usual, en la mayoría de las conferencias, que Presidencia impida el acceso a estos medios a la ronda de preguntas con micrófono abierto. El Faro tampoco ha logrado conseguir, pese a reiteradas solicitudes, una autorización de la secretaría de Prensa para obtener entrevistas con miembros del gabinete de Gobierno.

A la 5:01 p.m., Medina se volvió a comunicar con este medio e informó que había recibido un reporte en el que le manifestaban que en "la última conferencia", un reportero de este medio "se puso a gritar en plena conferencia y eso no es permitido en Casa Presidencial por protocolo de Seguridad y respeto". 

El martes 27 de agosto de 2019, Presidencia realizó a una conferencia para anunciar el lanzamiento del Plan Nacional de Salud. El 4 de septiembre, en el párrafo final de la nota "Bukele ya gastó $2 millones de la billetera secreta de la Presidencia" este periódico consignó ese incidente: "Como viene siendo usual desde que se instaló el nuevo Gobierno, Presidencia solo permitió hacer preguntas a periodistas de dos medios de televisión y de una radio estatal. Delegados de Prensa apagaron el micrófono y ya no permitieron más preguntas, pero un periodista de El Faro alzó la voz e inquirió a Bukele: '¿Cuándo va a dar explicaciones sobre el manejo de la partida de gastos reservados y sobre cómo se van a manejar los sobresueldos?'. El presidente evadió dar una respuesta y sonrió. Acto seguido, un oficial del Estado Mayor se acercó y pidió al periodista que se retirara del salón. 'Ya fue suficiente, por favor, retírese', dijo". 

A las 5:58, El Faro pidió a Medina que aclarara si este medio podrá ingresar a futuras conferencias o si debe entenderse este bloqueo como una sanción por intentar hacer preguntas que al Gobierno le incomodan. Al cierre de esta nota ya no hubo respuesta de la funcionaria.

A las 9:48 p.m., la cuenta oficial de la Secretaría de Comunicaciones en Twitter emitió un comunicado "ante los reclamos de revista Factum y el periódico digital El Faro". El texto, de nueve párrafos, contradijo las palabras de la secretaria Sofía Medina. Cinco horas antes, Medina había asegurado a El Faro que "en ningún momento se ha dado una orden de este tipo. Siento que todo ha sido un malentendido". En el comunicado, sin embargo, su oficina informó que debido a un "mal comportamiento" de un periodista de El Faro en la última conferencia de Capres, y a un "hecho similar" de un periodista de Factum en otra conferencia de prensa, "este día se tomó la decisión de no dejar ingresar a periodistas de los medios digitales ya mencionados".

Según la Secretaría de Comunicaciones, "esta medida se mantendrá en firme hasta que no exista un compromiso serio por parte de los medios de comunicación restringidos este día de respetar la labor de los demás periodistas y de la institución".

A las 9:51 p.m., el presidente Bukele citó el comunicado en su cuenta oficial en Twitter: "Los de Factum y El Faro se están haciendo las 'vistimas', pero esta es la realidad:", escribió. 

El sábado 7 por la mañana, Edison Lanza, el relator para especial para la Libertad de Expresión de la CIDH comentó el bloqueo contra los periodistas de El Faro y Factum. "El día que el Presidente de El Salvador @nayibbukele presenta comisión para investigar corrupción con @OEA_oficial Casa Presidencial impide acceso de @_ElFaro_, uno de los principales medios de investigación. Gobiernos deberían ser neutrales frente a línea editorial de los medios", escribió desde su cuenta oficial en Twitter. 

"También se le impidió la entrada a un periodista de la @RevistaFactum. Y se informa que no se aceptan preguntas", agregó en otro tuit, citando esta nota de El Faro. 


*Nota de la Redacción: la versión original de esta nota fue modificada en la mañana del sábado 7 de septiembre. Se modificó la entrada y se añadieron los últimos cinco párrafos que contienen información sobre la postura de la Presidencia y del relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. 

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