Esteban Cañas Calderón, quien fue contador del expresentador y empresario de televisión Jorge Hernández, confesó que lavó dinero de la partida secreta durante el gobierno de Elías Antonio Saca (2004-2009). Por ello, fue condenado por un juzgado capitalino a tres años de trabajo de utilidad pública.
El contador elaboró una serie de documentos para ocultar el origen de $6.1 millones que fueron depositados en cuentas bancarias de Unicentro y Marketing and Service de Centroamérica, empresas de Hernández. En la contabilidad se registró como “cobro de deudas en el exterior”, pero en realidad se trataba de dinero que recibieron de Casa Presidencial.
La Fiscalía doblegó a Cañas con una pericia en las cuentas bancarias de las compañías y con dos testimonios. Los testigos fueron los propietarios de las empresas lavadoras de dinero: uno está protegido con la clave Olimpo; el otro fue Hernández, que en este proceso no tiene protección como testigo. Así, en este juicio, los jefes incriminaron a su empleado.
El siete de agosto de 2019, Hernández y Olimpo declararon ante el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador. Ese día, un fiscal preguntó a Hernández: “¿cuál es el motivo por el que se encuentra en esta sala?”
“Me encuentro presente para colaborar en el testimonio, en el relato de algunos hechos que pudieran constituirse como delito”, respondió el exvicepresidente de noticias de Telecorporación Salvadoreña (TCS), quien renunció a esa televisora en septiembre de 2012 para dedicarse al montaje del canal Órbita TV. Luego, también adquirió el diario digital La Página.
Hernández y el contador fueron capturados el tres de noviembre de 2017 por lavado de dinero, delito que la ley salvadoreña castiga hasta con 15 años de prisión. El proceso contra el patrón y su empleado tomó caminos distintos: mientras Hernández se convirtió en testigo contra su contador; Cañas negoció con la Fiscalía un procedimiento abreviado: su confesión a cambio de una condena mínima que le será reemplazada con trabajos de utilidad pública. O sea, en este caso la Fiscalía trató con delicadeza a todos los implicados por lavar millones del erario: a los jefes, les cambió su declaración por inmunidad; al empleado, su confesión por trabajos de utilidad pública.
Irving Tóchez, el ausente
Tóchez fue el director de impuestos internos durante el gobierno del arenero Armando Calderón Sol (1994-1999). Él fue uno de los “padres” del Código Tributario que la Asamblea Legislativa terminó aprobando en 2000. Dos años después, en agosto de 2002, creó una compañía especializada en asesorar a la empresa privada en materia fiscal. En 2011, durante el gobierno del efemelenista Mauricio Funes, fungió durante diez meses como director de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
“La logística no era mi fuerte”, dijo Cañas cuando habló del mecanismo para ocultar que el dinero provenía de Casa Presidencial. Por esa razón, dice, fue Tóchez quien diseñó la maquinaria para el blanqueo. Para perder el rastro de que el dinero provenía del erario, las empresas de Hernández registraron esos ingresos como pagos por servicios en el exterior (Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana) cobrados a Rivera Crespín Inversiones.
-¿Le consta la recuperación de esa deuda? -preguntó el fiscal.
-No -respondió Cañas.
Una vez que el dinero llegaba a la empresa de Hernández, el mecanismo, que según los testigos fue diseñado por Tóchez, se volvía a activar. Otras empresas de Saca y la familia Tóchez le cobraban a las empresas de Hernández pagos por servicios en el extranjero, con lo que evitaban el pago de impuestos, según declararon. Así, el dinero lavado llegaba al Grupo Samix y a Promotora de Comunicaciones (empresas de Saca); y otras cuatro compañías relacionadas con Tóchez (GDE, OSAD, GROCORP, INGRUP y RM).
Mientras todas las mañanas aparecía como el principal entrevistador de TCS, del 26 de julio de 2006 y el 7 de mayo de 2008, las empresas de Hernández cobraban comisiones entre el 16% y el 20% por blanquear los montos provenientes de la partida secreta. Según lo declarado en juicio, Tóchez incluso estableció un promedio de los montos que debían plasmarse en cada cheque para aparentar actividades reales de comercio.
La empresa que captó más dinero sucio fue Marketing and Service de Centroamérica. Recibió $5.8 millones de Casa Presidencial, de los cuales remesó $5.1 millones a las empresas de Saca y a empresas relacionadas con Tóchez. La empresa de Hernández sirvió como un puente, un peldaño, para ocultar el origen del dinero. La comisión que cobró Hernández, según él mismo admitió, fue de $727,230.64.
Cañas confesó operaciones por miles de dólares, pero dijo no recordaba los montos. “Vi remesas de hasta $50,000”, dijo. “La idea de operaciones en el exterior fue de Irving Tóchez”, insistió el contador.
Su entonces jefe, Hernández, también habló de cómo su empleado le ayudó a lavar dinero. Su testimonio no sólo hundió a su entonces contador sino que también salpicó a Tóchez, el exdirector de impuestos y sobrino del expresidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Tochez. Hernández dijo que en 2006 el entonces presidente Saca lo invitó a una reunión en la casa de sus suegros, ubicada sobre el bulevar Constitución, para hablar de negocios. No llegaron a ningún acuerdo, pero Saca le prometió que alguien le contactaría. “Un par de semanas después”, dice Hernández, Tóchez le llamó a su teléfono celular.
En esta parte del testimonio, Hernández repite lo confesado por su exempleado: Tóchez diseñó el mecanismo para lavar dinero.
Aunque el testigo Hernández y el condenado Cañas Calderón hablan de Tóchez como protagonistas en la trama de corrupción, el exfuncionario no aparece ni como testigo ni como imputado en el caso de lavado de dinero. Y no es la primera vez que su nombre se menciona en una corte. En agosto de 2018, cuando el expresidente Saca se declaró culpable de peculado y lavado de dinero, dijo que Tóchez le asesoró para ocultar el dinero robado a los salvadoreños.
Tras las investigaciones contra Saca, la oficina de Tóchez Fernández Limitada en la colonia La Sultana fue cerrada y El Faro no logró contactar al exdirector de impuestos para conocer su versión. El Faro marcó a un empleado de la familia Tóchez que en ocasiones anteriores había servido como enlace, pero dijo que no tenía manera de comunicarse con el exfuncionario. Se marcó a un número de teléfono que Tóchez había contestado en ocasiones anteriores y no hubo respuesta.
Este periódico también preguntó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuál será el trabajo de utilidad pública que realizará Cañas, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. La tarde del jueves cinco de septiembre de 2019, El Faro intentó entrevistar a Cañas Calderón en su vivienda en Santa Tecla, pero una mujer aseguró que el exempleado de Hernández no estaba en casa.
