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Guatemala y el eterno retorno de los militares a las tareas de seguridad

 
 

Como se previó, el presidente electo Alejandro Giammattei mantiene una alianza estrecha con los militares contrainsurgentes y anunció un gabinete de seguridad de terror, despejando así las dudas sobre sus posiciones políticas al confirmar la continuidad de la ruta regresiva que marcó Jimmy Morales acelerando el debilitamiento de la seguridad al colocar como ministro del interior a Enrique Degenhart.

Estos militares que dirigieron las operaciones de inteligencia mutaron a organizaciones del crimen organizado cuando finalizó la guerra interna y han mantenido el control de las aduanas y de las rutas por donde se trasiega droga, personas, armas y contrabando. Varias de estas estructuras fueron desarticuladas por la CICIG -oficina respaldada por la ONU y que finalizó su mandato en septiembre- que tenía como principal objetivo perseguir penalmente a los aparatos clandestinos de seguridad que han mantenido cooptado al Estado de Guatemala. 

El anuncio se dio de manera inusual. El futuro vocero de la presidencia, Roy Dedet, quien ha sido piloto aviador de varios gobernantes, enumeró a cada uno de los miembros del equipo de seguridad en El Salvador en una reunión con funcionarios del gobierno de Nayib Bukele. Esto se percibió como un mensaje donde Dedet se posiciona detrás del poder, por ser el dueño del partido Vamos que llevó a Giammattei al poder y en donde los militares pasan por encima del mismo presidente, quien confirmó el anuncio hasta dos días después.

El futuro ministro del interior, Edgar Godoy, así como el resto del gabinete de seguridad incluyendo la cartera de inteligencia, tienen vínculos con la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) quienes representan a los miembros del Ejército más arcaicos que se opusieron desde los años noventas a los Acuerdos de paz y luego comandaron una campaña en contra de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado. También formaron parte de la estrategia en contra de la CICIG y le han respirado en el cuello a los últimos dos presidentes, Jimmy Morales y Otto Pérez Molina.

Esta facción del ejército que toma más poder con Giammattei es liderada por Francisco Ortega Menaldo, quien se sabe que ha sido uno de los grandes capos del país, situación que ha sido descrita incluso por altos funcionarios estadounidenses. El hijo de Ortega lideró el listado de diputados en el partido de Giammattei pero no logró conseguir el escaño.

Este núcleo castrense también fue parte de la rosca alrededor del fallecido expresidente Álvaro Arzú, otro de los acusados por la Cicig mientras fungió como alcalde de la ciudad, en cuyo gobierno se cometió el magnicidio de Monseñor Juan Gerardi, quien había dirigido el informe Nunca Más del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), en donde se recopilaron los testimonios y estadísticas de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y donde se desnudaron las matanzas del Ejército de Guatemala.

El anuncio del gabinete parece parte de un plan mayor en el cual estas personas expertas en inteligencia ejecutarían la criminalización a defensores de derechos humanos, activistas, fiscales y jueces como una acción posterior a la salida de la CICIG que empoderó a militares y empresarios que tienen en común la búsqueda de impunidad, tanto de casos del pasado como del presente. 

Paralelamente, se lleva a cabo una campaña comandada por políticos y empresarios sindicados de corrupción en donde han creado una comisión antiCICIG en el Congreso que sirve como caja de resonancia de decenas de acusados y de sus familiares quejándose del rol de la CICIG. Esta comisión, que fue declarada ilegal por la Corte de Constitucionalidad, continúa sin que el Ministerio Público actúe en contra de la desobediencia de los diputados que la conforman quienes pretenden elaborar un informe para presentarlo en enero donde planteen denuncias contra fiscales y exmiembros de la CICIG y líderes de la sociedad civil como medida de represalia.

El nuevo equipo de seguridad de Giammattei encamina a la nación a un rumbo caracterizado por la disminución en reconocimientos de derechos, en donde la represión será su mayor aliada para reducir la fuerza de la disidencia política y en donde los grupos delincuenciales controlarán a las fuerzas de seguridad.

No se avizora un panorama positivo para Guatemala, ni para Estados Unidos, quienes verán afectados sus intereses ya que el hecho de que la seguridad esté en manos de estos militares implica un mayor tráfico de personas y narcotráfico hacia el país del norte porque los amplios territorios sin presencia del Estado continuarán estando en manos del crimen organizado.

Álvaro Montenegro, periodista y uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.
 
Álvaro Montenegro, periodista y uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.

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