“¿Cuántas mujeres de aquí han sido violadas y no tienen el valor de pararse aquí?”, pregunta una señora que recién ha tomado el micrófono en esta manifestación. Su pregunta golpea tanto como el sol de las tres de la tarde frente a unas 600 personas que protestan frente al Centro Judicial Isidro Menéndez. La mujer cuenta que fue violada por su padrastro, que él la obligó a abortar seis veces y que ahora, a sus 46 años, aún sufre las secuelas del abuso. Luego muestra su muñeca derecha. Tiene las cicatrices de alguien que intentó cortarse las venas.
Hoy es lunes 4 de noviembre y la mujer aprovecha una protesta contra la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador para contar que ella, cuando niña, también fue violentada. Hace cuatro días, los magistrados de esa Cámara resolvieron que si un hombre mayor y poderoso, toca en la vía pública y de manera instantánea a una niña de diez años sobre la vulva, por encima de la ropa, eso no constituye el delito de agresión sexual. Desde que se conoció el fallo, la molestia ciudadana no dejó de crecer. La manifestación de este malestar en redes sociales provocó que centenares de personas se reunieran este lunes portando carteles, huevos y pintura roja para hacerle entender a los juzgadores una premisa clara: “Tocar niñas sí es delito”.
La concentración pronto se convirtió en un espacio de catarsis para que las mujeres dieran sus testimonios de violencia. Las feministas que la organizaron no contaban con que esto sucediera. La protesta se planificó el viernes 1 de noviembre en “El Akelarre”, un festival de mujeres artistas. “La idea era poner un micrófono ahí para que cualquier organización o persona independiente diera su posicionamiento frente al caso”, explica Clanci Rosa, una de las organizadoras.
Empezaron el evento a las 3 de la tarde, leyeron un comunicado y dejaron el micrófono abierto para quien quisiera expresarse. No había pasado ni una hora cuando dos mujeres, sin que nadie se los pidiera, ya habían agarrado el micrófono para contar que las habían violado cuando eran niñas. En el aire pesaban los gritos de rabia y el llanto mezclados con la consigna: “Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”. Pero en El Salvador, a las niñas sí las tocan, sí las violan y sí las matan.
El caso del magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil que tocó a una niña de diez años ya había indignado al país en febrero, cuando se conoció que Eduardo Jaime Escalante llegó a la colonia Altavista en su carro, se bajó y se metió a un pasaje. Cuando regresaba hacia su auto, se dirigió hacia una niña de diez años que jugaba con su vecino alrededor de un árbol en la entrada del pasaje. El hombre, primero, la tomó por los hombros y bajó su mano hacia la vulva de la niña. Testigos dicen que mientras tocaba los genitales de la niña, de arriba hacia abajo, por encima de la ropa, el hombre movió su cabeza de izquierda a derecha, como quien dice “no digás nada”. La niña se quedó congelada.
Una vecina que vio lo que sucedía dio el grito de alarma. La madre de la niña y la tía salieron corriendo hacia ella. La mamá logró ver al atacante, quien huyó del lugar corriendo. Ella fue a la policía, avisó de lo sucedido y, tras su insistencia, los agentes llegaron a resguardar el auto en el que llegó Escalante a esta colonia obrera. Él había dejado una pistola y su billetera dentro del carro. Así se dieron cuenta de que a la niña la había tocado un hombre poderoso: un magistrado del Órgano Judicial.
Ocho meses después, que a una niña la pueden tocar sin que el agresor enfrente una consecuencia seria o ejemplarizante ha encendido, y quizá con más fuerza, el motor de la indignación que condujo hasta esta concentración. Este es un caso que ha prendido fuegos por doquier por todo lo que representa: Una niña de diez años fue tocada por un hombre con 40 años más que ella. Una menor de edad de una colonia obrera, hija de una cosmetóloga, fue tocada en sus genitales por un magistrado del Órgano Judicial. En otras palabras: una niña que se encontraba jugando después de haber ido a la escuela recibió un tocamiento en su vulva por un hombre que debía haber estado trabajando como garante de la justicia salvadoreña.
Tras la denuncia de la madre, Escalante recibió el tratamiento propio de un hombre poderoso en un país que no acostumbra a castigar los delitos sexuales en contra de menores. El martes 19 de febrero fue a trabajar y pidió un permiso de tres días sin goce de sueldo. Se lo concedieron. En la tarde fue capturado en su lugar de trabajo y, como tenía fuero, debía ser presentando ante la Asamblea Legislativa. Norman Quijano, el presidente de ese órgano, lo envió a su casa con un custodio. Para el viernes 22, a pesar de que ya tenía conocimiento de la denuncia en su contra, solicitó un permiso de dos meses sin goce de sueldo y la Corte Suprema de Justicia- que ya estaba al tanto del caso-, otra vez, se lo concedió.
La Asamblea Legislativa le quitó el fuero el 4 de marzo y fue suspendido de sus funciones por considerar que había indicios de agresión sexual agravada. La acusación formal tampoco fue inmediata. Tuvo que pasar un mes del hecho para que la Fiscalía pudiera acusarlo formalmente de agresión sexual en menor e incapaz agravada. Sin embargo, cuando se celebró la audiencia inicial, la Cámara cambió la tipificación del delito a agresión sexual simple, lo que se traduce a menos años de cárcel si la persona es encontrada culpable. Además, se le permitió enfrentar el proceso en libertad.
Pero, la gasolina que encendió el fuego de esta manifestación en la que -literalmente- se ha quemado una imagen de cartón de Escalante, fue la resolución de la Cámara del 31 de octubre. Una resolución que, aunque abre el debate sobre la suavidad con la cual el sistema de justicia y las leyes castigan la violencia contra las niñas, espanta. La Cámara decidió que aquello de lo que se acusa a Escalante es una infracción del Código Penal, pero no un delito, sino una falta relativa a la familia, buenas costumbres y al decoro público.
Dicha falta tiene una sanción de diez a treinta días de multa. Esto sucede cuando alguien se aprovecha del “descuido de quien transita por las calles o lugares públicos” para tocarlo. En este caso, la niña ni siquiera transitaba en la calle de un lugar a otro. Era lunes por la tarde y estaba jugando tranquila, en su pasaje, frente a la casa de su tía, como lo hacen las niñas de diez años.
Este lunes 4 de noviembre la calle frente al Isidro Menéndez se ha llenado de personas con carteles que no dan crédito a la resolución de la Cámara, -que aunque todavía no se conoce al detalle- ya había adelantado que tocar a una niña en la vía pública no es un delito sino una falta.
Toda una bomba para un El Salvador que ha sido un país brutal con su niñez, un país en el que se ha reportado que cada 4 horas sucede una violación y sin embargo, esta es la primera movilización que logra juntar a organizaciones, activistas, estudiantes y niños con páginas que rezan “mi cuerpo no se toca”. Los carros parqueados en las calles aledañas a la protesta tienen pintas con pasta blanca de zapato en apoyo a la menor de diez años. Este caso ha tenido eco hasta en espacios que tradicionalmente han sido considerados peligrosos para las mujeres, como el estadio Cuscatlán. Un día antes circuló por las redes la foto de dos aficionadas colocando, desde la barra del equipo Alianza, una de las mejor organizadas, de mayor convocatoria, pero también protagonista de hechos violentos, una pancarta que decía “tocar niñas sí es delito”.
Un caso de violencia sexual contra una menor ha logrado movilizar a la ciudadanía salvadoreña hasta el Isidro. Y ni hablar del debate que ha armado en redes sociales y en espacios públicos. Durante esta semana no ha sido raro que este tema se discuta en medios de comunicación, en restaurantes y en los hogares. Un par de días más tarde, cuando se conozca el documento de la resolución, esta circulará por redes sociales como si fuera una cadena viral en los círculos de abogados y periodistas. Parecerá ser una de las resoluciones más esperadas en la jurisprudencia salvadoreña.
Pero este 4 de noviembre, cuarenta y ocho minutos después de que la protesta ha comenzado, una mujer llamada Sofía toma el micrófono y comienza a hablar. Su hija está pequeña y parece no entender del todo lo que sucede. La madre sostiene a su hija mientras se convierte en la segunda mujer en contar este día que fue violada. “A mis 12 años fui ultrajada y nadie dijo nada. Importaba más qué iban a decir los vecinos y la iglesia. No quiero que mi hija pase por lo mismo”, dice. La protesta recién empieza y ahora se ha convertido en un espacio en el que las mujeres cuentan lo hartas que están de la violencia sexual.
Diez minutos después, se escucha en los parlantes que alguien menciona el nombre de la niña que ejemplifica a cabalidad que aquí a las niñas las han tocado, las han violado y las han matado con impunidad. Alguien menciona a Katya Miranda y cómo la justicia le falló. Katya es la niña de nueve años que, en 1999, fue violada y asesinada en un rancho de su familia.
Pero a Katya no solo le falló la justicia. “Qué duro es que cuando sucedió el caso de Katya Miranda no estuvimos ahí. Qué duro que aún no hay justicia para ella”, reflexiona la activista Clanci Rosa. A su juicio, la protesta de este lunes marca un antes y después en el movimiento feminista salvadoreño. Un antes y un después para acompañar, desde el inicio, a una víctima de violencia. “Es decir ya no más. No más”.
Mientras los magistrados de la Cámara ahora argumentan un fallo jurídico, una hilación apegada a derecho de si la “tipicidad” señalada se circunscribe más a una falta y no a un delito porque no ocurrió en el ámbito privado, porque no hubo violencia o porque ocurrió de manera breve en la vía pública, la ciudadanía hace un reclamo a la moral de un Estado empecinado en tolerar la violencia contra esa niña, contra todas las niñas, contra todas las mujeres.
Y en ese reclamo al Estado, la concentración en la vía pública dejó claro que esta es una lucha de las mujeres, no de los políticos ni de sus intenciones. Le hablaban, quedo claro, a los partidos políticos, pero también al actual presidente Nayib Bukele, que se sumó desde el 31 a la indignación ciudadana.
En la Asamblea, hasta que la gente de un barrio obrero denuncia que una niña fue tocada por un magistrado y la opinión pública se posiciona del lado de la menor de manera masiva, hasta entonces los legisladores encienden alarmas de preocupación y proponen cambios en la definición del delito de agresión sexual en menor. La última vez que la tipificación de ese delito tuvo una reforma fue en 2004.
Por su lado, Bukele ha tuiteado cinco veces que tocar a una niña sí es delito. Horas antes de esta protesta, anunció su decisión de enviar 100 policías mujeres a proteger la manifestación. Algunas de ellas se dedicaron a detener el tráfico para que no transitaran carros en las calles cercanas a la protesta. Otras posaron para las cámaras, mientras personal gubernamental indicaba a fotógrafos gubernamentales cómo tomarles fotografía y video.
Pero las organizadoras de la concentración se encargaron de repetir una y otra vez que la manifestación no era partidaria ni apoyada por ningún sector político en específico. En una de las tantas pancartas que abundaban, una joven agradeció a Bukele por enviar a 100 policías pero escribió que no las necesitaban. La presencia de las policías en la manifestación le recordó a las mujeres preguntar una cosa frente al micrófono: “¿Dónde está Carla Ayala?”. Ayala es la policía que fue asesinada el 29 de diciembre del 2017 por otro compañero policial. Sus restos fueron encontrados hasta septiembre de 2018 y el policía señalado como asesino sigue prófugo. El crimen ocurrió durante el último gobierno del FMLN, pero la Policía de aquel momento ha cambiado muy poco en los cinco meses del nuevo Gobierno.
En esta concentración de lunes no hay minutos para el silencio. Al contrario, las mujeres hacen fila para contar sus abusos, dar algún mensaje de solidaridad a la niña de diez años o expresar su hartazgo con el sistema judicial.
Pasadas las cuatro de la tarde, una mujer vestida de blanco toma el micrófono y reconoce que su padre es un abusador sexual. Es el tercer testimonio de violación que se escucha esta tarde. “Mi papá tiene una academia de gastronomía y le imparte clases a muchas niñas. Es terrible. Ahora ese hombre que estuvo condenado por violar a mi prima está libre. Mucha de mi familia no sabe esto y ahora se los estoy contando a ustedes y ojalá alguien le cuente: ‘hey, dijeron esto de vos’”. A su confesión le siguen aplausos y gente que le grita que no está sola. “No se callen, no se callen”, repite la mujer antes de soltar el micrófono.
Luego, jóvenes vestidas de negro, con pasamontañas sobre las caras y narices rojas de payaso suben al escenario. Dicen que le harán a Escalante un juicio público porque eso es lo que toca. En el portón del Isidro Menéndez han colocado una pancarta con la cara del magistrado y la leyenda “cuidado, abusador de niñas en libertad”. Las mujeres reparten huevos con confeti entre los asistentes y luego los estrellan contra la foto del acusado.
Pasadas las cinco de la tarde, la protesta comienza a disiparse. La belleza del atardecer comienza a eclipsarlo todo y algunos asistentes se toman unas fotografías aprovechando la luz dorada. Por un segundo, parece que San Salvador es una ciudad bonita para vivir, pero los últimos gritos de “tocar a las niñas sí es delito” rompen rápido con esa posibilidad. La capital salvadoreña es una ciudad donde todavía hay que hacer protestas para evidenciar que tocar en los genitales a una menor de edad es un hecho reprobable y merecedor de castigo ejemplar. El portón del Isidro Menéndez ha quedado lleno de fotos de Escalante, acusaciones en su contra y pancartas rechazando la resolución de la Cámara. Sobre el portón azul, un cartel rosado sobresale entre todos: “Que lo injusto no me sea indiferente”.
Con reportes de Gabriel Labrador y Gabriela Cáceres.
