El Grupo SeguriTech Integral Security, una empresa multimillonaria, experta en servicios de videovigilancia y fundada en México, fue la responsable de pagar los gastos del cuestionado viaje en un avión privado del viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna.
El viaje a México trascendió a la opinión pública por unas fotos publicadas en redes sociales el 10 de noviembre de 2019, en las que aparece el funcionario a bordo de un avión privado junto a una mujer. Desde ese día, el hashtag #QuiénPagoElViajedeOsiris es una de las principales tendencias en Twitter entre los usuarios de El Salvador, alentada por la tenaz negativa del Gobierno por aclarar quién fue el responsable de costear ese vuelo.
La opacidad en torno a este asunto se convirtió en el más consistente cuestionamiento a la transparencia del Gobierno, y en el revés más notorio en la cuidada estrategia de comunicación de la administración del presidente Nayib Bukele.
La oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la empresa mexicana confirmó a El Faro que SeguriTech invitó a Luna y pagó los gastos de ese viaje: “Al ser una empresa internacional, como parte de nuestro plan de trabajo, organizamos reuniones periódicas con personas encargadas de seguridad en el sector público y en el sector privado. La intención de estas reuniones es mostrar nuestra experiencia y mejores prácticas en el diseño e implementación de proyectos de infraestructura e integración de tecnología. Creemos que compartir experiencia es clave para todos los involucrados”, respondió a través de un correo electrónico Miriam Barceló Durazo, quien se presentó como coordinadora de comunicaciones y relaciones públicas.
El nombre de esta empresa aparece en un memorando dirigido al ministro de seguridad, Rogelio Rivas. En el documento, el viceministro Luna pidió permiso para viajar en misión oficial y solicitó el pago de “viáticos, gastos de vuelo y terminales”. El memorando fue publicado la mañana del sábado 1 de febrero por el expresidente Mauricio Funes en su cuenta de Twitter. El Faro validó la autenticidad del documento a través de fuentes de alto nivel del gabinete de Seguridad, quienes sospechan que le fue filtrado al exmandatario por algunos empleados de ese ministerio.
“Con el deseo de fortalecer y conocer la experiencia de modelos de seguridad en el exterior y evaluar posibilidades de ser replicados en El Salvador, tengo a bien hacer de su conocimiento que he recibido invitación por parte del Grupo SeguriTech Integral Segurity en la ciudad de México, con quienes sostendremos reuniones y visitas a los sitios donde nos darán a conocer la infraestructura y tecnología con la que dicho Grupo opera”, dice el memorando fechado el 10 de octubre de 2019. El mismo día en que, según ese documento, Luna viajó a México.
En el segundo párrafo del documento, Luna aclara que los gastos serán cubiertos por la empresa, pero también pide viáticos al ministro: “No omito manifestar que los costos del viaje serán cubiertos por el Grupo SeguriTech Integral Segurity; por lo que solicito se me autoricen viáticos, gastos de viaje y terminales”, se lee, aunque no se especifica el monto solicitado.
Un funcionario del gabinete de Seguridad habló con El Faro con la condición de no revelar su identidad ya que, según dijo, toda entrevista de un alto funcionario con un periodista debe estar gestionada a través de la Secretaría de Prensa que está a cargo de Ernesto Sanabria. “Vinieron a Casa Presidencial dos representantes de la empresa y fue de Casa Presidencial que dieron la nota de ir a conocer los servicios que presta esa empresa”, comentó la fuente.
El artículo 8 de la Ley de Ética Gubernamental prohíbe que los funcionarios públicos acepten viajes y estadías de parte de privados. Las únicas excepciones que permite la Ley son las que son pagadas “por parte de otros gobiernos, instituciones académicas, entidades internacionales o sin fines de lucro, para dictar o asistir a conferencias, cursos o eventos de naturaleza académico-cultural, así como para participar en giras de observación”.
Consultada por El Faro, la empresa aseguró que no están participando en ninguna licitación de servicios o venta de equipo con el Gobierno de El Salvador: “No hemos estudiado participar ni estamos participando en ninguna licitación en El Salvador”, fue su breve respuesta.
¿Quién es SeguriTech?
Según un reportaje publicado en la revista mexicana Proceso, esta compañía, fundada por el empresario Ariel Zeev Picker Schatz, obtuvo contratos por 1,167 millones de dólares, repartidos entre 11 instituciones, durante el gobierno del expresidente priísta Enrique Peña Nieto. Proceso cita un informe del Congreso de México en la que cuestionan la calidad del servicio y el alto costo de cada contrato. “La reputación de Seguritech ha sido muy cuestionada por su falta de capacidad técnica, altos precios, así como poca transparencia en los procesos de adjudicación en los que ha participado. Sus principales referencias, Estado de México y Guanajuato, no han cumplido con las expectativas, considerando las altas inversiones realizadas”, cita la revista en un reportaje publicado en 2018. El reportaje se titula 'Seguritech: servicio deficiente, ganancias millonarias' y asegura que la comisión legislativa que investiga a la empresa tiene seis denuncias por presuntas irregularidades en los contratos de Seguritech.
La empresa, según una nota del periódico El Financiero, “se ha hecho acreedora a multas y demandas, por ofrecer un mal servicio, pese a los multimillonarios contratos que se le facilitan”.
La empresa mexicana oferta servicios especializados en seguridad, defensa, telecomunicaciones, aeronáutica y construcción. Su portal anuncia servicios de vehículos blindados, helicópteros, aviones, máquinas lectoras de rostros, lectoras de placas de vehículos, rayos x, drones y hasta vigilancia satelital.
En otro reportaje, cuyo titular es “La familia de Peña Nieto, a bordo del “'jet de la corrupción'”, Proceso menciona a uno de los fundadores de SeguriTech como propietario de Pabe-Tax, S.A, empresa de transporte aéreo que tiene distintas aeronaves.
Las preguntas que no responde este Gobierno
El presidente Nayib Bukele ha evadido responder quién pagó el viaje del director de Centros Penales desde que este empezó a convertirse en controversia pública. El 11 de noviembre, en una conferencia de prensa, desligó a su Gobierno del tema y recalcó que no fueron usados fondos públicos: “Entiendo que él aclaró ayer que fue a un viaje a México de seguridad, fue en vuelo comercial, no fue pagado ni siquiera el vuelo comercial por el Estado salvadoreño', aseguró. El Gobierno de México también negó haber invitado a Luna.
Según dijo el mandatario salvadoreño, el motivo del viaje era 'para conocer las experiencias de los C5 y de las experiencias de seguridad de México', y por eso es que Luna se trasladó en vuelos privados 'ofrecidos por las mismas personas que lo invitaron al viaje, incluyendo los vuelos comerciales de Avianca”, dijo.
Los C5 son centros creados para atender emergencias, como un sistema de 911. México tiene un “Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México”, que es el encargado de hacer monitoreos, recibir llamadas de ciudadanos y recibir denuncias anónimas. Según el periódico El Financiero, el equipo y su mantenimiento fueron provistos por SeguriTech a la anterior administración del Gobierno de la ciudad. Según la noticia, de 500,000 alarmas vecinales compradas a SeguriTech, 200,000 no funcionan.
Osiris Luna ha evitado responder quién financió ese viaje y con qué propósito. El pasado sábado 1 de febrero, El Faro dejó un mensaje privado en su cuenta de Twitter para ampliar la información. Hasta el momento no hay respuesta.
La primera versión del Gobierno salvadoreño con respecto a este viaje ocurrió el 26 de noviembre de 2019, cuando el Instituto de Acceso a la Información pidió explicaciones y obtuvo una versión oficial: “Conviene manifestar que en ambos viajes realizados no se han utilizado fondos públicos, el primero (a EE.UU.) fue financiado por un gobierno extranjero y, el segundo (a México) por una Organización no Gubernamental; reafirmando el compromiso de nuestro Presidente de la República, Nayib Bukele, de realizar una buena administración de los recursos”, dice un informe de la Dirección General de Centros Penales en respuesta al IAIP.
El 30 de noviembre de 2019, Luna publicó lo más parecido a una aclaración sobre muchas de las interrogantes de su viaje: “Ya respondí y puedo firmemente decir desde que ni siendo diputado (sic), ni siendo viceministro o DGCP (director general de centros penales) he realizado un viaje gastando fondos públicos. Cometí un error infantil en reflejar una imagen que contrasta con la vida en el país, pero puedo decir firmemente que NO he gastado fondos públicos para viajes ni siendo Diputado, ni siendo viceministro, ni DGCP”, dijo.
La respuesta oficial que recibió el Instituto de Acceso a la Información Pública es que la Dirección General de Centros Penales está “imposibilitada fácticamente para el cumplimiento de lo ordenado en la resolución”, debido a que “ninguno de los viajes realizados se utilizaron fondos públicos” y por eso es que el IAIP no tiene jurisdicción. Esta versión contradice el memorando que en el que el mismo director de Centros Penales pide el pago de viáticos y gastos terminales que se corresponden con una Misión Oficial.
Este 31 de enero, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) inició un proceso sancionatorio en contra de Luna por negarse a revelar información que por ley es pública.
Según la Ley de Acceso a la Información, “no proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el Instituto” es una falta muy grave. El ciudadano que demandó y solicitó la respuesta es Juan Valiente, exdiputado de Arena que hoy es parte de Nuestro Tiempo, partido político que busca competir en las elecciones de alcaldes y diputados de 2021.
Según declaraciones del Ministro de Hacienda del 13 de enero de este año, para ejecutar la fase 3 del plan de control territorial, este Gobierno urge un préstamo de 109 millones de dólares que está siendo discutido en la Asamblea Legislativa. De ese dinero, 25.9 millones de dólares están previstos para “equipo e infraestructura de videovigilancia”.
