El juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán Urquilla, pidió al Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, todos los documentos que ese país todavía no ha revelado sobre la masacre de El Mozote y sobre los oficiales militares acusados por el caso. La petición consta en una carta enviada el 27 de enero de 2020 y se basa en leyes estadounidenses que requirieron a la Casa Blanca colaborar con la investigación de El Mozote.
La solicitud de información incluye, “como mínimo, cualquier documento que se encuentre en el Departamento de la Defensa, la Agencia de Inteligencia para la Defensa (DIA), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) u otras agencias de defensa o inteligencia”, solicitó el juez Guzmán. Una copia de la carta se envió al secretario de Defensa, Mark Esper; al director de la DIA, Robert P. Ashley Jr.; y a la directora de la CIA, Gina Cheri Haspel.
El juez puede hacer esta petición basado en las propias leyes estadounidenses. Tanto la Casa de Representantes como el Senado —las dos partes del Congreso estadounidense— aprueban anualmente una propuesta de ayuda internacional. Para el año fiscal 2020 (1 de octubre 2019 al 30 de septiembre de 2020), tanto el Congreso como el Senado incluyeron específicamente el caso de El Mozote como un requisito para la cooperación en la ley de asignaciones para operaciones en el extranjero de 2020.
“El Comité (de asignaciones) dirige al Secretario de Estado a trabajar con los departamentos y agencias federales relevantes a, según sea apropiado, colaborar con las autoridades judiciales de El Salvador en la investigación y persecución de los responsables de la masacre de El Mozote”, dice el documento aprobado en la Cámara de Representantes. Esto incluye “identificar y proporcionar documentos relacionados, correspondencia y reproducciones de documentos y materiales similares entre enero de 1981 y enero de 1983”, dice la ley.
Algo similar aprobó el Senado. “El Secretario de Estado debe instar a las Fuerzas Armadas salvadoreñas a cooperar con los fiscales e investigadores y brindar acceso a documentos archivados”, dice el reporte de los senadores. Este documento además incluyó una petición al departamento de Estado para que actualizara su reporte sobre la situación actual del juicio. En ese reporte, las autoridades estadounidenses prevén que la vista pública del caso empiece en 'la primera mitad de 2020'.
Esos documentos abrieron la puerta que el juez Guzmán ha aprovechado para hacer una extensa petición.
“Reconozco y agradezco esta iniciativa del Congreso de pedir al Departamento de Estado, que investigue la información que se tenga en Estados Unidos sobre el caso”, escribió el juez Guzmán. “Como juzgador esperaría con ella, tener mayor certeza y claridad con respecto a estos hechos atroces que forman parte de la historia de nuestro país, la cual no es de nuestro orgullo, pero siendo necesario para el mismo registro de la historia judicializarlo”, agregó.
El juicio de El Mozote se acerca al final de su fase investigativa y está a punto de pasar a la etapa de sentencia. Aunque falta que se culminen algunos peritajes militares, los principales hitos de la fase de Instrucción ya ocurrieron. Militares, tanto soldados como un general, ya dieron su versión de los hechos, confirmando la ocurrencia de la masacre y el rol de varias unidades de la Fuerza Armada. Los archivos son la última gran tara. Aunque el presidente Nayib Bukele ha manifestado su intención de colaborar, desde el Ejército se insiste en la misma versión que se tiene desde que empezó la investigación del caso, en los 90: que los archivos no existen.
Pero si ya no existen en El Salvador, aún es posible que haya copias o registros de esa información en los Estados Unidos, país que estuvo sumamente involucrado y al tanto de las operaciones del Ejército en los 80, como parte de su política exterior. Aunque ya hubo una gran cantidad de documentos desclasificados (el presidente Bill Clinton reveló más de 12,000 documentos en 1993), expertos aseguran que ese país todavía dispone de más información.
Entre la información desclasificada en 1993 se encuentran, por ejemplo, varios cables diplomáticos entre San Salvador y Washington de enero de 1981, en los que se muestra que el entonces embajador de Estados Unidos, Deane Hinton, transmitía a Washington detalles en escalada progresiva sobre el operativo que devino en una masacre. “No se puede probar ni descartar la violencia contra civiles. La guerrilla no hizo nada para desalojar la zona. Civiles murieron durante la Operación Rescate pero no hay evidencias de que fueran masacrados por el ejército de El Salvador. El número de civiles muertos no se acerca ni por asomo al número descrito por otros reportes internacionales”, decía en un primer cable, en enero de 1981.
Luego, en otro memorando, ya ofrecía una versión de lo que pudo haber ocurrido: “La población estimada del Mozote durante la masacre era de unos 300 habitantes. Batallón Atlacatl condujo la operación rescate del 6 de diciembre al 17 de 1981. La guerrilla conocía la existencia de la operación desde el 15 de noviembre. Los civiles que estuvieron presentes durante la operación y las batallas con la guerrilla podrían haber resultado muertos”.
Tras la desclasficiación de Clinton, diferentes agencias han seguido entregando documentos, tras peticiones de organizaciones de derechos humanos. Esto es lo que el juez Guzmán persigue. En su carta pide “cualquier otro documento que no fue desclasificado por el Presidente William Jefferson Clinton o los gobernantes que estuvieron después de él”.
La petición es extensa. Incluye solicitudes sobre el general José Guillermo García, el general Rafael Flores Lima, y el resto de los 14 imputados vivos; sobre el coronel Domingo Monterrosa, el mayor Armando Azmitia y los otros 14 imputados fallecidos; sobre el municipio de Arambala y los siete lugares donde ocurrió la masacre; y sobre las cuatro unidades militares a las que se responsabiliza: el Batallón Atlacatl, la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, el Destacamento Militar número 4 en San Francisco Gotera y el Alto Mando de la Fuerza Armada.
El juez también solicitó informes “sobre las actuaciones de las Fuerza Armada de El Salvador en el área de Morazán, incluido cualquier informe sobre planes militares, planes operativos y planes de guerra, brindados a las unidades militares que he mencionado”, entre los años de 1981 y 1983.
La carta enfatiza la necesidad de “avanzar en el caso de la forma más expedita” y le pide a Pompeo una respuesta “dentro del plazo señalado por la legislación”. Este tiempo puede variar, pero fuentes cercanas al proceso explicaron a El Faro que la misiva puede ser utilizada por legisladores estadounidenses para presionar al departamento de Estado a responder.
Al momento de esta publicación, aún no hay una confirmación del departamento de Estado de recepción de la carta ni de una respuesta al requerimiento. La vía de tramitación para un acto procesal fuera del país incluye pasos que el juez no ha seguido en este caso. Usualmente, el juzgado debe remitir su petición a la Corte Suprema de Justicia y esta debe enviarlo a Cancillería que, a su vez, debe tramitarlo con la representación internacional respectiva, en este caso la Embajada de Estados Unidos. 'No hay una prohibición legal para hacer una petición directa. Quedará a criterio de Estados Unidos responder o no la petición', dice al respecto el juez Guzmán.
