La pandemia de COVID-19 crece a gran velocidad. El virus se contagia con agresividad y ha impactado en el mundo como nada lo hacía desde la Segunda Guerra Mundial. Países cerrados, industrias paralizadas y cientos de millones de seres humanos confinados en sus casas alrededor de todo el planeta, sin certeza de cuándo pasará la crisis.
En El Salvador, la cuarentena nacional decretada por el Gobierno la noche del sábado 14 mantiene las calles vacías y los albergues o centros de contención llenos. El presidente Nayib Bukele ha tomado desde el inicio de la crisis medidas férreas, que permitieron retrasar cuanto fue posible la llegada del virus al país y aspiran a darnos un valiosísimo tiempo de preparación antes del contagio masivo, que parece inevitable. Sus decisiones han sido audaces y muchos de los errores iniciales se han ido corrigiendo. Coincidimos con Bukele en que, en casos como este, lo perfecto es enemigo de lo bueno. En el mundo entero, las características dinámicas de esta pandemia obligan a tomar medidas y corregir en el camino. No hay tiempo para la duda.
De las dos principales respuestas a la pandemia, ambas experimentales (el aislamiento o la permisividad al contagio, que presuntamente derivaría en la “inmunidad de la manada” y evitaría paralizar los aparatos productivos), El Salvador optó por la primera antes y con más firmeza que el resto del continente. Quienes se inclinaron por la segunda, como Estados Unidos o Gran Bretaña, están cambiando ahora de estrategia ante los alarmantes aumentos de contagios y muertes.
Pero tampoco todos los países que se han encomendado al aislamiento han logrado controlar los contagios. La Organización Mundial de la Salud recomienda algunas de las medidas tomadas por Bukele y las llama medidas defensivas, pero ha advertido también que son solo la mitad de la solución. El aislamiento ha probado ser vital y cuantos más ciudadanos se queden en sus casas mayores posibilidades habrá de que quienes han contraído el virus no contagien a otros y puedan ser atendidos. Pero se requieren además lo que la OMS llama medidas de ataque: acceso masivo a pruebas de COVID-19 —como está haciendo Corea, uno de los países más exitosos en frenar la pandemia— y atención a pacientes mediante respiradores artificiales y hospitales seguros.
Además, en un país como El Salvador, en el que más de la mitad de la población tiene un trabajo informal o está desempleada, y en el que no hay prestaciones por desempleo ni pensiones dignas, la cuarentena domiciliar tiene implicaciones distintas que en países desarrollados. Una vendedora informal se lo dijo hace pocos días a uno de nuestros periodistas: “Hay un virus aún más letal, y es el virus del hambre. No puedo pasar una semana sin comer”.
La situación de los más vulnerables, que no pueden sobrevivir sin su trabajo diario, debe ser sometida a controles, no suprimida. Buena parte de la fuerza productiva nacional está compuesta por pequeños emprendedores y trabajadores sin contrato fijo que hoy están desesperados y mañana estarán desahuciados.
En El Salvador el aislamiento es, más que un sacrificio, un privilegio que solo una minoría de la población puede permitirse.
Es importante por eso que el gobierno haya anunciado ayudas económicas inmediatas para los más afectados, pero estas medidas no son sostenibles y si la economía nacional se viene abajo, como ya está pasando con la economía mundial, los efectos serán devastadores. Somos un país pobre, en el que el Estado tiene poca capacidad para amortiguar la hambruna que puede acompañar o seguir a esta crisis de salud.
Ante un desafío de estas dimensiones, enarbolar la política del miedo es equivocado y peligroso, porque paraliza a la gente o la lanza, como sucedió el sábado pasado ante un tuit torpe, precipitado del presidente, en pánico a comprar para un periodo indeterminado, provocando acaparamientos injustos y aglomeraciones fértiles para el contagio del virus.
El poder extraordinario que la Asamblea ha dado al Ejecutivo mediante los decretos de emergencia y excepción no son cheques en blanco, sino auxilios contemplados en la Constitución para hacer frente a una emergencia de esta naturaleza. Todas las autoridades, comenzando por el jefe del Ejecutivo, están obligadas no solo a cumplir las leyes sino a limitarse a ellas y utilizar esos poderes extraordinarios solo en la medida en que sean necesarios.
Con su característico estilo militarista, mesiánico —es pronto para que olvidemos los hechos del 9 de febrero—, y apelando a los miedos de la ciudadanía, Bukele dijo el lunes pasado que estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. No es así.
La crisis que enfrentamos no es contra otras naciones ni contra otros seres humanos, sino contra una enfermedad contagiosa. Vencerla requiere aislamientos, sacrificios, soluciones científicas y enormes esfuerzos económicos. Pero sobre todo requiere solidaridad, cuidados, humanismo y conciencia individual y colectiva.
El combate a la pandemia debe ser una acción no solo de Gobierno sino de Estado. De todos. Solo la articulación de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del país nos permitirá sobrevivir al virus y a lo que puede dejar tras de sí: mayor desigualdad, hambre, violencia, miseria.
En medio de los aplausos, hay que recordar al presidente que la labor de un verdadero líder no es imponer el concurso de todos sino lograrlo. Mantener a la población en pánico permanente y apelar al imaginario bélico es lo contrario a eso: confunde la crítica con traición, convierte a los enfermos en agentes enemigos, nos lanza a todos contra todos, sospechoso cada vecino de ser una amenaza mortal.
Toca a la ciudadanía no solo apoyar, en la medida de lo posible, el esfuerzo conjunto de nación para enfrentar la pandemia; sino también asegurarse de que, cuando esto pase, porque pasará y terminará el tiempo de guardar distancia entre nosotros, recuperemos a cabalidad todos nuestros derechos. Son tiempos de acción pero también de enorme responsabilidad. No podemos, en aras de enfrentar una epidemia, dejar a su suerte a una parte del país. Y debemos asegurarnos, también, de que esta crisis no sacrifique la democracia.
