Al extenderse el Covid-19 por todo el planeta, Latinoamérica puede sufrir profundas consecuencias humanitarias, económicas y políticas. A comienzos de marzo existía la esperanza de que la lejanía de la región o su clima benigno la salvaría del embate del virus. Pero en el transcurso de tres semanas el número verificado de casos de infección se incrementó exponencialmente, manifestándose en cada país de la región. Se teme ahora que Latinoamérica siga el camino de Italia –donde por el número de casos fueron necesarias semanas o meses para controlar la proliferación del virus–, lo cual pondría en crisis sus frágiles sistemas de salud y la economía de la región.
Las implicaciones de largo plazo son desalentadoras, y sus consecuencias sociales, políticas y económicas pueden ser dramáticas.
El Covid-19 tardó en hacerse presente en Latinoamérica pero se disparó repentinamente en marzo. El primer caso confirmado se dio en Brasil el 26 de febrero y para el 5 de marzo ya se habían registrado contagios en seis países más. El 24 de marzo Brasil alcanzó los 2,274 casos y está a la cabeza de la región con aproximadamente dos veces más contagios que Ecuador (1,082) y Chile (1,142). Perú, Panamá, Argentina y México tienen entre 350 y 450 casos cada uno. Estos números pueden parecer bajos en comparación con los europeos o los de Estados Unidos; sin embargo, ningún país latinoamericano había llegado a los 25 casos dos semanas antes. El ministro de salud de Brasil, al contrastar su número de camas hospitalarias con el avance rápido de la enfermedad, dijo el 20 de marzo: “Es evidente que hacia fines de abril nuestro sistema de salud colapsará”.
En términos generales, la mayoría de gobiernos actuaron rezagados en relación a la curva de infección, esperando a que se dieran los primeros casos para entonces comenzar la implementación de medidas drásticas. Aun así la región se encuentra ahora con probablemente dos semanas de ventaja en comparación al momento en que Italia y Estados Unidos comenzaron a enfrentar la crisis seriamente. Pero la intensidad y el nivel de respuesta han variado.
En un extremo se encuentra el presidente de 38 años de El Salvador, el popular Nayib Bukele, que fue el primero en ordenar un cese de vuelos al país, primero desde China el 31 de enero, seguidos de Corea del Sur e Italia el 25 de febrero, semanas antes de que se detectara el primer caso positivo de Covid-19 en su país. En el otro extremo del espectro se encuentran los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro, y México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ambos han actuado lentamente y subestimado la gravedad de la crisis. Su desdén por las preocupaciones de los científicos fue solamente superado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien organizó una manifestación de “Amor en tiempos del coronavirus” en las calles de Managua el 14 de marzo.
La mayor parte de los países adoptaron medidas similares entre el 11 y el 22 de marzo, incluyendo la suspensión de los vuelos desde países de alto riesgo, la prohibición de grandes concentraciones públicas y el cierre de las escuelas. Varios gobiernos decretaron cuarentenas domiciliarias en algunos o todos sus territorios, así como el cierre de restaurantes y bares en las ciudades principales.
Todas estas medidas pueden ser insuficientes o demasiado tardías para unos países cuyos sistemas de salud se encuentran relativamente desfinanciados. El gasto per cápita en salud en Latinoamérica y el Caribe cada año es de US $949, un poco más de la cuarta parte del de Italia y los países de la OECD en su conjunto. La crisis se agudizará muy probablemente en Venezuela en vista de la combinación de una recesión económica preexistente, altos niveles de desnutrición, precios del petróleo por el suelo, acceso deteriorado al agua potable, y sistemas de salud debilitados.
Desde una óptica positiva, algunos países latinoamericanos pueden instruir a otros sobre cómo proceder. El gobierno salvadoreño anunció un congelamiento de las deudas hipotecarias y de las tarjetas de crédito para aquellas personas que se vieran afectadas directamente en términos económicos o sociales por la emergencia sanitaria, además de la suspensión de cobros de luz, agua, telefonía y servicios de cable e Internet por tres meses, cuyo pago será efectuado en un plazo de dos años sin intereses. El 22 de marzo, la Cámara Civil de Argentina anunció una prórroga automática de todas las medidas de protección de mujeres en contextos de violencia doméstica hasta el 18 de mayo, un precedente valioso. El gobierno de Panamá fijó un límite de utilidades de un 23% en las ventas de equipo médico.
La política, el populismo y la democracia
La crisis del Covid-19 plantea serias preocupaciones acerca de la democracia y le presenta retos al populismo en la región. Las reacciones más notables han sido las críticas dirigidas a Bolsonaro y AMLO por sus actitudes despreocupadas. Como cualquier populista, Bolsonaro ha invocado la metáfora de las noticias falsas cuando dice que el virus es una “fantasía” de los medios de comunicación y rechaza las críticas que se le han hecho a la respuesta de su gobierno: “Soy el manager del equipo y el equipo está jugando muy bien, gracias a Dios”, dijo. La gente se mostró especialmente indignada cuando, después de que su médico anunció que Bolsonaro habría de entrar en cuarentena, el presidente se unió a sus simpatizantes en manifestaciones callejeras para protestar contra diversas instituciones democráticas y terminó tocando a 272 personas, de acuerdo a una fuente noticiosa del lugar.
Numerosos otrora aliados han tomado distancia de Bolsonaro en las últimas dos semanas, incluyendo los importantes gobernadores de Sao Paulo y Rio de Janeiro, a quienes el presidente llamó 'irresponsables' por imponer una cuarentena y “crear un clima de terror”. Algunos analistas políticos otorgan a Bolsonaro pocas probabilidades de capear el temporal. Un editorial del periódico conservador O Estado de Sao Paulo llegó a la conclusión de que “la incompetencia del gobierno no tiene cura”. Como no pueden marchar en las calles, la gente en las principales zonas urbanas dio inicio el 18 de marzo a los panelaços diarios, dando golpes a ollas y sartenes en sus ventanas y gritando “¡Fuera Bolsonaro!”
AMLO en México, al igual que Bolsonaro, dejó en clara su posición cuando caminó abiertamente por las calles mientras enviaba selfies y besaba a una bebé el 21 de marzo. También recomendó a los mexicanos que se relajaran y que leyeran la novela de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Mientras tanto, un juez federal le ordenó tomar todas las medidas preventivas y acciones necesarias para detectar a las personas infectadas en el país.
Lo que distingue a estos dos recalcitrantes jefes de gobierno no es la ideología. Más bien, ambos comparten un populismo nacionalista que incluye una aversión a la investigación científica y a las instituciones estatales, lo que recuerda la crítica del presidente Trump al “estado profundo” (deep state). La crisis pondrá a prueba el populismo. Los interesados en la situación venezolana también se han preguntado si la crisis provocará la caída del régimen asediado de Nicolás Maduro.
Por otra parte, la historia demuestra que crisis como esta bien pueden fortalecer a los gobiernos. El gobierno interino de derechas en Bolivia acaba de posponer indefinidamente las elecciones presidenciales, una decisión controvertida después de lo que muchos consideran fue un golpe de estado contra el presidente izquierdista Evo Morales el año pasado. Y el congreso chileno postergó un referendo constitucional, una de las concesiones más importantes emanadas de las protestas callejeras de meses pasados.
De hecho, la crisis puede generar retos de largo alcance para la democracia en la región. Aparte de la suspensión de varios derechos, se reducen las posibilidades de que se organicen protestas a la vez que se realza el poder de los estados. Dado el auge de las manifestaciones callejeras no violentas como el principal mecanismo de expresión popular aparte de las urnas electorales, estas situaciones nuevas obligarán a las fuerzas opositoras y a los activistas de la sociedad civil a idear nuevas estrategias de lucha, al menos en el corto plazo.
Las organizaciones de los derechos humanos de la región han expresado su preocupación en tanto que las medidas para combatir el virus pueden convertirse en medios para suprimir a las fuerzas políticas de la oposición o a los derechos de disenso popular. Los expertos han recordado públicamente a los gobiernos sus compromisos internacionales de no poner en práctica leyes de emergencia de manera discriminatoria contra minorías o grupos específicos, y de adoptar solo las medidas que son estrictamente necesarias, tomar en cuenta la evidencia científica y volver a la normalidad cuanto antes. Ya se han expresado preocupaciones sobre la militarización de la justicia y la seguridad en Perú, donde el presidente Martín Vizcarra ha desplegado a los militares para hacer cumplir la cuarentena.
Junto con el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos al tráfico no esencial, el presidente Trump también anunció que todos los migrantes indocumentados serían devueltos a su país de origen, y los casos de los que solicitan asilo no serán debidamente procesados pese a lo que estipula la ley. Los funcionarios también temen un brote de Covid-19 en los campamentos improvisados donde permanecen hacinadas muchas de las 60,000 personas solicitantes de asilo que han sido devueltas a México en meses recientes, lo cual pone en peligro las condiciones en esos campamentos y los sistemas de salud en los centros urbanos cercanos.
Las capacidades limitadas de los estados latinoamericanos para controlar las cárceles y la violencia que se da dentro de ellas presenta otro reto especial para los profesionales de la salud cuando intentan resolver tanto los asuntos de salud como los de seguridad, en vista de que las cárceles muy probablemente se conviertan en caldo de cultivo para el coronavirus. En Santa Bárbara, Venezuela, 80 encarcelados escaparon y 12 murieron en el transcurso de unos motines provocados por medidas de control más estrictas debidas a la epidemia.
¿Será posible contener el desastre económico?
En las últimas tres semanas, los pronósticos económicos de la región se han ensombrecido. Los economistas están de acuerdo en que una recesión global es inevitable. En comparación a la crisis financiera de 2008, cuando la región latinoamericana se encontraba en una situación fiscal relativamente fuerte, en la de 2019 ya se encontraba debilitada. La región tuvo un crecimiento económico de apenas el 0.2% l año pasado. El derrumbe de los precios del petróleo afectará a los productores más grandes, especialmente a los que más dependen de las exportaciones, Venezuela y Ecuador.
El 18 de marzo Goldman Sachs ajustó sus proyecciones del crecimiento económico de Latinoamérica para 2020 de +1.1 % a -1.2 %. Sus proyecciones para Brasil bajaron de más de 2 % a comienzos de año a -0.9 % y sus proyecciones para México se contrajeron de +0.6 % a -1.6 %. Una enorme proporción de la economía de Latinoamérica es informal –un 55 % de los trabajadores– y estas personas carecen de prestaciones de seguridad social.
Las cadenas de suministro desde China y Estados Unidos también se verán afectadas. Más de la tercera parte de las exportaciones de Brasil se dirigen a China; la proporción es todavía mayor en el caso de la soja, el petróleo y el mineral de hierro. Estas exportaciones se han visto reducidas radicalmente desde el brote de Covid-19, y muchos buques están anclados en puertos chinos sin ser descargados. Varios países, especialmente en el Caribe, dependen del turismo, que sufrirá un duro golpe.
De momento, el impacto del coronavirus en la salud pública en Latinoamérica es mucho menor que en Norteamérica, Europa y Asia. Pero con seguridad habrá de acrecentarse rápidamente. ¿Qué debe hacerse? La mayor parte de los gobiernos de la región ahora están tomando las medidas agresivas que se requieren para enfrentar al virus. Los dirigentes y la ciudadanía a nivel de las bases en México y Brasil están presionando a sus presidentes reticentes para que tomen medidas más fuertes. Pero quizás se requiera presión internacional también.
En términos de política económica, México, Brasil y otros países ya redujeron las tasas de interés para estimular sus economías. Puede que sean necesarias algunas reducciones adicionales, y Brasil tiene que enfrentarse al reto adicional de una moneda que ha perdido el 16 % de su valor en lo que va del año. Chile, bajo presión de las protestas para que se incremente el gasto social, anunció un fondo de US $11.75 mil millones de reactivación económica para contrarrestar las consecuencias de la pandemia.
Al igual que El Salvador, los gobiernos tienen que identificar las medidas que permitan a las personas más afectadas acceder rápidamente a los sistemas de apoyo social, incluyendo la salud y el sustento económico. Estas medidas deberán estar orientadas especialmente hacia el sector informal. Estos experimentos proporcionarán lecciones que podrán aprovecharse en emergencias futuras.
Las instituciones multilaterales han estado mayormente ausentes de las respuestas impulsadas en Latinoamérica. No obstante, su financiamiento será necesario para que las sociedades y las economías de la región se recuperen. Las organizaciones internacionales también pueden apoyar las demandas de la sociedad civil y los partidos políticos de oposición que buscan desarrollar nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, algo así como los que aprobó el congreso estadounidense esta semana como parte de las medidas de asistencia por la emergencia.
En años recientes, la corrupción se ha convertido en una de las principales preocupaciones cotidianas de los ciudadanos en la región. Aun en tiempos normales, el sector salud es el lugar donde la corrupción a nivel global alcanza la suma de US $500 mil millones al año. La respuesta fiscal ante la crisis sanitaria ofrece una nueva oportunidad a los dirigentes políticos y empresariales para saquear las arcas del estado (como ocurrió en Honduras hace unos años, cuando casi derivó en el derrocamiento del presidente). Tanto los actores internacionales como los nacionales deben fortalecer, en vez de suspender, los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en la medida que se transfieren miles de millones de dólares fuera de los canales regulares.
Puede ser mucho pedir en estos tiempos que se insista en la buena gobernanza, cuando algunos de los estados más poderosos del mundo resaltan la importancia de la soberanía y el nacionalismo. No obstante, la buena gobernanza resulta especialmente necesaria en estos tiempos de temor generalizado y la suspensión de derechos.
Los esfuerzos urgentes que hace Latinoamérica por combatir al Covid-19 pueden ser suficientes para contener su propagación en menos tiempo que otros países. Sin embargo, sus instituciones débiles, la difusión rápida del virus en muchos países, y la reticencia de algunos líderes de impulsar medidas efectivas dan que pensar sobre los retos profundos y transformadores que la pandemia representa para las economías, las democracias y las sociedades de la región.
*Charles T. Call es profesor de Pacificación Internacional y Resolución de Conflictos en la School of International Service de American University, en Washington D.C. Es también Nonresident Senior Fellow en el Brookings Institution. Este articulo apareció originalmente publicado en inglés en el blog de esa institución: 'Order from Chaos'. El asistente de investigación Jeff Hallock, de American University, colaboró en labores de investigación para este escrito.
