Desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue establecida, hace más de 60 años, miles de víctimas de las más terribles violaciones a derechos humanos, sus familiares, sus representantes y personas defensoras de los derechos humanos en todo el continente han visto en ella y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos las únicas posibilidades de obtener justicia, verdad y reparación, cuando no es posible obtenerlo en suelo nacional.
Es por ello que, cuando la CIDH realizó una visita in loco a El Salvador en diciembre del año pasado, después de más de 30 años de no visitar al país en esta modalidad, la comunidad internacional y quienes defendemos derechos humanos vimos, en la apertura al escrutinio internacional por la administración del presidente Bukele, una luz de esperanza para que los derechos humanos fueran el centro de la actividad estatal. Esto no era menor en un país como El Salvador, que cuenta con alarmantes cifras de violencia, desigualdad e impunidad.
Al terminar su visita, la CIDH hizo pública sus observaciones preliminares, remitiendo 43 recomendaciones que el Estado salvadoreño debía de implementar de forma urgente. Estas recomendaciones forman parte de la tarea pendiente que tiene El Salvador frente a su población en materia de derechos humanos.
Pero no basta con permitir que la CIDH visite el país, sino que es imperativo que se cumplan sus recomendaciones. Además, se debe poner el centro del actuar estatal en los derechos humanos y se debe garantizar que quienes los defienden puedan llevar a cabo su labor sin ataques ni temor a represalias. Todo ello permitiría contar con un Estado moderno y propio de nuestros tiempos.
En Amnistía Internacional estamos convencidas de que, si estas recomendaciones hubieran sido implementadas de forma inmediata, las violaciones de derechos humanos que están cometiendo agentes del gobierno bajo el pretexto de combatir la pandemia de covid-19 no estarían acaparando los titulares de la prensa internacional y nacional.
Es por ello que el anuncio del presidente Bukele de demandar ante la CIDH a los órganos Judicial y Legislativo no solo es materialmente imposible, sino que desvía la atención de lo realmente importante y urgente: cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
Desde su visita, la CIDH llamaba a las autoridades salvadoreñas a publicitar el plan de control territorial, además de investigar de manera expedita las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad salvadoreños, y el cese de la utilización de las dependencias policiales como lugares de detención por largos períodos de tiempo. También, la CIDH hacía un enérgico llamado a evitar la estigmatización y desacreditación de periodistas y personas defensoras de derechos humanos por parte de las más altas autoridades estatales, además de instar a las autoridades a establecer un ordenamiento jurídico interno para proteger el derecho al agua, entre otras recomendaciones.
Si todos estos oportunos llamados de la CIDH hubieran tenido eco dentro de la administración del presidente Bukele, estoy segura de que la respuesta al nuevo coronavirus por parte de El Salvador hubiera sido diferente.
La pandemia representa la emergencia sanitaria más grande de nuestros tiempos. La misma CIDH ha reconocido en su reciente resolución que las circunstancias actuales suponen desafíos mayores para los Estados del continente. En cualquier caso, advierte, esto no significa que los Estados pueden desconocer el enfoque interseccional de los derechos humanos, y los urge a desarrollarlo en toda su la estrategia para enfrentar la pandemia. Para ello, cualquier autoridad, independientemente de su cargo, debe abstenerse de violar los derechos humanos.
Si bien en esta misma resolución la CIDH reconoce que los Estados pueden llevar restricciones a los derechos para responder a la pandemia, dichas restricciones deben ser proporcionales y temporales, poniendo en el centro siempre el interés de la persona humana. Enfrentar la pandemia desde las más altas autoridades de la administración Bukele no puede traer aparejada la violación de los derechos humanos de los y las salvadoreñas.
Desde Amnistía Internacional hemos seguido con preocupación cómo la respuesta de la administración Bukele ha puesto de manifiesto las profundas desigualdades de la sociedad salvadoreña, violando los derechos de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. El respeto a los derechos humanos no es negociable y tampoco se puede aplicar a conveniencia de los intereses de nadie.
