Con el apoyo del partido de derechas, Arena, el gobierno de Nayib Bukele consiguió los votos para una ley que acuerpa las normativas presidenciales que la Sala Constitucional le había ordenado frenar por ser atentantorias a los derechos humanos y no contar con una regulación aprobada por la Asamblea Legislativa. A partir de este 5 de mayo, la Policía y el Ejército están respaldados para normalizar las detenciones de personas sospechosas de haber violado la cuarentena. Los cuerpos de seguridad, dice la normativa, podrán llevarlas hacia un recinto indicado por el Ministerio de Salud para que guarden una cuarentena obligatoria, aún si los detenidos no presentan síntomas del COVID-19.
Según el texto del decreto, el personal médico del Ministerio de Salud determinará el traslado de los detenidos a un Centro de Contención, o cuarentena domiciliar, 'por haber estado expuesto a contraer el COVID-19'. La ley, sin embargo, no específica cuáles son esos centros de contención habilitados por Salud; y deja a discrecionalidad de las autoridades determinar cuándo una persona estará obligada a cumplir una cuarentena luego de haber sido detenida por deambular sin justificación en la calle.
El decreto, además, recoge un listado de todas aquellas personas que cuentan con autorizaciones para deambular, entre estas empleados públicos, del sector justicia, de la Procuraduría de Derechos Humanos; empleados de medios de comunicación, de empresas dedicadas a la distribución de alimentos, entre otros. Quienes estén fuera de la lista de autorizaciones, según el decreto, solo podrán deambular para satisfacer la adquisición de alimentos, medicinas o en casos de urgencia.
Karim Bukele, hermano del presidente, negoció y trabajó los acuerdos con las bancadas de Arena, PCN, un diputado del PDC y Gana. Rodolfo Parker, del PDC; toda la bancada del FMLN (23 diputados) y Ricardo Velásquez Parker, de Arena, votaron en contra y se opusieron a las leyes aprobadas de madrugada, entre las que también se incluyó la autorización para que el Gobierno busque fondos a través de una nueva deuda por mil millones para rescatar a medianas y pequeñas empresas. La Asamblea, liderada por Arena, aprobó este nuevo endeudamiento cuando el Gobierno no ha presentado informes detallados que transparenten los millones de dólares en gastos realizados hasta la fecha.
El hermano del presidente Bukele negoció este acuerdo con distintos diputados de Arena desde jueves 30 de abril, cuando llegó a la Asamblea acompañado de un asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, y del superintendente de telecomunicaciones, Manuel Aguilar. En esta otra plenaria, Arena y el Gobierno tuvieron el primer intento por aprobar la ley de cuarentena a cambio de una serie de decretos entre los que se encontraba un respaldo económico de 1,000 millones gestionado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (Anep). Ese plan, sin embargo, fracasó cuando la fracción de derechas se dividió. Este lunes 4 de mayo, un equipo de Casa Presidencial liderado de nuevo por Karim Bukele llegó a la Asamblea para intentar convencer a los diputados para que aprobaran la normativa. En un tuit lanzado en la madrugada, el presidente Bukele agradeció a los diputados que respaldaron la propuesta.
La ley de cuarentena, como la llaman los diputados, busca regular el confinamiento de las personas durante la pandemia, un mandato que la Sala de lo Constitucional ordenó a los dos Órganos de Estado en la resolución 148-2020. La resolución ordena “regular con urgencia las medidas limitadoras; pudiéndose incluir sanciones ante el quebrantamiento de la cuarentena domiciliar”.
El llamado de la Sala respondía a las medidas extremas y discrecionales que el Ejecutivo tomó desde el 21 de marzo, a través de decretos ejecutivos, para garantizar el confinamiento de la población en una cuarentena domiciliar obligatoria. En los decretos firmados en Casa Presidencial se dio poder a la Policía y al Ejército para detener personas y enviarlas a centros de cuarentena. Según la Procuraduría de Derechos Humanos y la propia Sala, la Policía y el Ejército han cometido detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos en el contexto de la pandemia. Entre estas medidas, cuestionadas a nivel nacional e internacional, está la restricción a los derechos de libre circulación. El caso más emblemático ocurrió el fin de semana del 18 de abril, cuando el Ejecutivo envió un cerco militar al municipio costero de La Libertad. Entre otras medidas, el Ejecutivo también había ordenado a la ciudadanía a permitir el ingreso de autoridades de salud, policiales y militares en sus hogares. En la ley aprobada por la Asamblea, esta orden no aparece en el decreto, pero sí se mantiene la utilización del Ejército y la Policía al servicio de las autoridades de Salud; y abre la ventana para que dicha cartera pueda determinar otras medidas de contención que no estén contempladas en la ley.
A la fecha, y en la práctica, la Policía y el Ejército conduce a los señalados por haber violado la cuarentena hacia centros de cuarentena diseminados en todo el territorio. Ahí, delegados del ministerio de Salud determinan si la persona detenida pasa a formar parte de la población de ese centro de cuarentena o si es enviada hasta su lugar de residencia. Los centros de cuarentena, a la fecha, han sido cuestionados por la Procuraduría de Derechos Humanos porque no reúnen los requisitos mínimos de salubridad ni de prevención de contagios; en algunos incluso se irrespetan los derechos humanos de los ahí detenidos; y en otros, según han denunciado familiares de pacientes fallecidos a consecuencia del virus, se trata de focos de contagio.
La nueva normativa aprobada por la Asamblea también libera de responsababilidades al Gobierno por el aumento de los días de confinamiento. En las últimas semanas, la negativa del Gobierno por liberar a los detenidos en centros de cuarentena que han cumplido más de 30 días (el plazo inicial que el mismo Ejecutivo estipuló en sus protocolos de de salud) ha sido uno de los principales cuestionamientos al plan de contención del gobierno Bukele. El mismo día en que se aprobó el decreto, centenares de detenidos en el Instituto Nacional de los Deportes y el Centro Gamaliel (ambos de la capital) protestaron por las condiciones insalubres, por la falta de pruebas, de resultados médicos y por estar ahí, recluidos, más de 40 días. En la nueva ley, la Asamblea dejó a la discrecionalidad del Ministerio de Salud extender los plazos de confinamiento de las personas sospechosas de ser portadoras del virus.
En definitiva, la ley aprobada con apoyo de los partidos de derecha, en la práctica, convierte las medidas extremas contempladas en el decreto ejecutivo número 21 en ley de la República con vigencia hasta el 19 de mayo. En declaraciones a la prensa, las primeras que da como vocero del gobierno de su hermano, Karim Bukele aseguró que las nuevas disposiciones ya “no solo serían una orden Ejecutiva, sino que pasará a una legislación” y que “al ser legislación se convierte en algo más fuerte y algo más robusto”.
La presencia de Karim Bukele en las negociaciones que dieron paso a la votación de este decreto sorprendieron porque pone en primera línea al considerado como principal asesor del presidente al frente de una negociación política de interés nacional. Sorprende, además, porque la consumación de esta ley recorrió los mismos pasillos oscuros que el gobierno de Bukele ha cuestionado a los gobiernos pasados. La Ley no se discutió, cuestionaron diputados del FMLN y del PDC, como es debido y se pactó con Arena a puerta cerrada. 'Este recinto se está convirtiendo en el pasa papeles de las disposicones del Ejecutivo', cuestionó en la madrugada el diputado pedecista Rodolfo Parker.
Detrás de esta nueva maniobra que doblega a la Asamblea y al principal partido de oposición estuvo al frente el hermano del presidente y quien fuera su jefe de la campaña presidencial. Karim Bukele es el hombre al que varias fuentes consultadas señalan como principal asesor, consejero y estratega de su hermano durante los últimos años. El día de la toma de posesión, Karim dijo a El Faro que no tendrá un puesto en el Gobierno y que su trabajo con su hermano terminó tras la campaña. A casi un año de Gobierno, aunque no ocupa un cargo oficial en el Gabinete, siempre ha figurado en las conferencias de prensa y en viajes de misiones internacionales. Al mostrarse públicamente como cabildero del gobierno en la Asamblea, Karim se consolidó como operador político del gobierno que preside su hermano.
El Faro buscó a 16 diputados de Arena, cuatro de PCN y cuatro de Gana para tener respuestas sobre la representatividad que tuvo el hermano del presidente en las negociaciones. Reynaldo Cardoza contestó que nunca le ha preguntado a Karim Bukele el cargo que ocupa, pero “veo como que asesora a los ministros de Gobernación, al de Trabajo y a los que llegan a la Asamblea”, respondió. “Bien complicado porque no sé cuál es la función que anda haciendo”, agregó. Bonner Jimenez, de Arena, cuenta que Karim Bukele no necesita presentación de cargos. “Solo se presenta como Karim Bukele”. Algunos diputados de Arena niegan haber hablado con él, aunque fuentes del partido aseguraron a este medio que la presencia del hermano del presidente fue clave para conseguir los votos en la negociación en la que estuvo en juego el rescate económico de 1,000 millones pactado entre el Gobierno y la Asociacón Nacional de la Empresa Privada (Anep), una gremial con vinculaciones históricas al partido de derechas.
“Es un blindaje al Gobierno”
Expertos en derechos humanos consideran que al aprobar esta nueva ley, la Asamblea blindó jurídicamente las órdenes emanadas desde Casa Presidencial y que comprometen los derechos humanos de los salvadoreños.
Manuel Escalante, encargado del Instituto Universitario de Derechos Humanos de la UCA Idhuca, sostiene que la ley aprobada “eleva a nivel legislativo las violaciones a derechos humanos que el Ejecutivo ha venido cometiendo desde el inicio de la emergencia”.
Según Escalante no se trata de una ley que que venga a mejorar las condiciones de los derechos humanos. “Con esta ley el Gobierno puede hacer lo mismo que hizo en el Puerto de La Libertad”, concluye. Se refiere a lo ocurrido el 18 de marzo, cuando por órdenes del presidente a través de un tuit, se montó un cerco militar que se tomó las calles del casco urbano del municipio de La Libertad y se extendió sobre la carretera Litoral, bloqueando el comercio de alimentos a más de 65 mil habitantes. “Esta ley es muy amplia y no establece prohibiciones claras. Es posible pensar que intentarían poner un régimen de excepción”, señala Escalante.
Wilson Sandoval, coordinador de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), coincide con Escalante y teme que este artículo signifique que todo el país se vuelva un cerco sanitario, tal como sucedió sobre el Puerto de La Libertad. Sandoval también señala que este proyecto “plantea un estado de excepción de hecho” ya que no plantea plazos para las instituciones y tampoco delimita las tareas de los cuerpos de seguridad.
Señala que en el artículo nueve habilita a que sea el personal médico del Ministerio de Salud quien determine si es trasladado a un centro de contención, a un hospital o si se envía a cuarentena domiciliar. Pero en la práctica, son los soldados y agentes de la PNC los que hacen las detenciones y envían a las personas directamente a los centros de contención. Ya ahí, las decisiones para que una persona quede aislado o no se toman de manera discrecional y sin parámetros técnicos definidos.
La ley retoma las polémicas medidas que han sido cuestionadas por organizaciones defensoras de derechos humanos y por la comunidad internacional. El artículo dos autoriza al Ministerio de Salud para que pueda “apoyarse de cualquier Ministerio o Institución del Estado” para el cumplimiento de las medidas de cuarentena.
Y el artículo nueve habilita a que las autoridades de seguridad pública tengan a cargo las tareas de control de medidas sanitarias. Dicho de otra manera, abre la posibilidad de que Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil (PNC) continúen violando derechos humanos. La Sala de lo Constitucional resolvió el 18 de abril que las medidas tomadas por el presidente eran excesivas y que carecían de base legal. La resolución 148-2020 prohibió al Gobierno a seguir haciendo detenciones las personas que violaran la cuarentena mientras no se establecieran con claridad los criterios, los procedimientos y a las autoridades responsables de hacerlo. Esos criterios y procedimientos, a juicio de los expertos, no se han cumplido en la nueva ley.
De hecho, en ninguna de las 14 páginas ni 18 artículos de la normativa está contemplado el trabajo de la PDDH, a quien la Sala de lo Constitucional designó como un ente coordinador de la emergencia que evite la violaciones de derechos humanos.
Para los expertos, la redacción de los artículos dos y nueve incluso permiten que se mantengan abiertas las ventanas para que agentes de la PNC y de la Fuerza Armada comentan detenciones ilegales o violen derechos humanos en el proceso de detención. Ya la PDDH ha denunciado más de 900 casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los detenidos en la cuarentena. El artículo 9, por ejemplo, estipula que la autoridad policial o militar podrá detener a una persona por haber violado la cuarentena 'instándole a que les acompañe de manera voluntaria, y apercibiéndole que, en caso de no hacerlo, se le trasladará aún contra su voluntad al establecimiento antes mencionado, en virtud que su conducta pone en riesgo la salud pública de la generalidad'.
La ley no establece plazos límites en la cuarentena controlada, y el artículo diez señala que la persona deberá ser informada de la cuarentena controlada por un plazo de “hasta quince días o por el tiempo que determine la autoridad de Salud”. En la práctica, personas que se encuentran por más de 30 días en los centros de contención han denunciado que las autoridades de Salud no han brindado ningún tipo de información.
El decreto legislativo cierra el último artículo cediendo el control al Gobierno para que a través del Ministerio de Salud pueda dictar nuevas “disposiciones que permitan ejecutar cualquier tipo de actividades relacionadas con la salud”.
Arena consolida otra alianza con el Gobierno
En el primer intento por aprobar la ley de cuarentena, ocurrido el jueves 30 de abril, la dirigencia de Arena intentó pactar la ley a espaldas de su bancada. En esa plenaria, los diputados Carlos Reyes (jefe de fracción) y Margarita de Escobar tuvieron una reunión con la delegación de Capres. Tres diputados que decidieron hablar bajo anonimato dijeron a El Faro que Karim Bukele llegó al recinto Legislativo desde la mañana de ese jueves para que el partido de derechas cediera sus votos para aprobar una ley de cierre total.
Al mediodia, luego de aprobar la prórroga por otros 15 días del estado de emergencia, Reyes y Escobar empezaron a llamar a diputados de Arena a una pequeña sala que se encuentra atrás de las curules de Junta Directiva. “Les estaban haciendo una presentación de la cuarentena, pidieron receso para ingresar la propuesta que llevaba Capres en la mañana. Ingresó pero nunca bajó al pleno porque vieron que no habían los votos”, dijo a este periódico un diputado directivo de Arena.
En la tarde del 30, la derecha y la izquierda se consolidó como oposición al ponerse de acuerdo en superar los vetos. Con 60 votos los congresistas superaron los vetos de la ley especial para proteger los derechos humanos de las personas durante la pandemia. Y con 56 votos la ley que permite que los salvadoreños varados en el exterior puedan retornar al país.
A las 9:00 p.m. del jueves, la fracción de Arena estaba reunida discutiendo la ley de cuarentena cuando Karim Bukele pidió ingresar a la reunión, pero por órdenes del presidente del partido, Erick Salguero, se rechazó la solicitud. Dos diputados que hablaron con El Faro coincidieron que “el presidente quería un régimen de excepción”, en la propuesta original de la ley de cuarentena que termino aprobándose este lunes. Un diputado agregó que la posición inicial del Gobierno era cierre total por 15 días.
Diputados de Arena que hablan con la condición de anonimato aseguraron a El Faro que entre el viernes 1 y el sábado 2 de mayo ocurrieron distintas negociaciones entre dirigentes de la Asociación Nacional de La Empresa Privada (ANEP), encabezada por Javier Simán (ex precandidato presidencial de ese partido) y el Gobierno. Por el Ejecutivo participaron Karim Bukele, Erick Salguero. Por Arena llegó el jefe de fracción Carlos Reyes. En una de esas reuniones, aseguraron, se definió que se aprobaría la 'ley de cuarentena' acompañada del rescate económico pactado con la empresa privada. El Faro intentó obtener una reacción a través de la oficina de prensa de la ANEP, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
El viernes 1 de mayo, luego de discutir la ley con los diputados de derecha, Carlos Reyes, con la venia del todo el grupo parlamentario, fue a negociar con el PCN y Gana. Según un diputado que presenció la reunión, el pacto era que luego de esas reuniones se anunciaría una cadena nacional ese mismo viernes. Pero el presidente Nayib Bukele no la convocó sino hasta tres días después de esa reunión. “Se invita al pueblo salvadoreño a sintonizar la cadena nacional de radio y televisión. Hoy, a las 8 pm”, publicó el lunes 4 de mayo las 8:49 am en sus redes sociales. Al mediodía, el Gobierno y la ANEP convocaron a una conferencia de prensa para anunciar que se continuaba con el proyecto del rescate económico, y para desmentir que se estuviera buscando una cuarentena de 'cierre total' para el país.
Por la tarde, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce (PCN), convocó a los diputados a plenaria a las 5:30 p.m. Bukele volvió a postear en sus redes respondiendo a la convocatoria que Ponce había hecho una hora antes. “En vista de esta convocatoria y para que los diputados puedan deliberar con tiempo y sin presiones, la cadena nacional se reprograma para mañana, a la misma hora”, finalizó.
El Faro buscó al secretario de Prensa, Ernesto Sanabria, a la comisionada presidencial, Carolina Recinos y a Karim Bukele para que explicaran las visitas al recinto Legislativo, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
