Un abogado salvadoreño ha elaborado y enviado una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en representación de 33 personas que tienen más de un mes de estar recluidos en centros de cuarentena, sin que se les informe sobre su estado de salud ni sobre cuántos días más deberán permanecer lejos de sus hogares. La CIDH, con sede en Washington, ha notificado que recibió el escrito.
La totalidad de personas incluidas en el escrito fueron capturadas por la Policía entre el 6 y el 9 de abril, luego de que la Sala de lo Constitucional se pronunciara contra el “internamiento forzoso” de personas, detenidas por presuntamente violar la cuarentena domiciliar obligatoria.
La Sala de lo Constitucional ha prevenido al Gobierno, en reiteradas ocasiones, de que las detenciones por violar la cuarentena son inconstitucionales, tal como lo hizo el 26 de marzo, el 8 de abril y el 24 de abril. Sin embargo, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha sido también muy contundente al responder que no obedecerá el mandato del máximo tribunal constitucional del país, a cuyos magistrados redujo en uno de sus tuits a cinco personas “con tinta y sellos”. Las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son inapelables según el orden jurídico vigente en el país.
De las 33 personas, 11 cuentan además con Habeas Corpus, en los que se ordenó a las autoridades de Salud realizarles de inmediato pruebas de covid-19 y liberarlas en el caso de que las pruebas resultaran negativas. Estas 11 personas, sin embargo, permanecen recluidas en centros de internamiento sanitario, al igual que las otras 22 personas incluidas en la denuncia. La mayoría de estas 11 personas aseguran haber realizado hasta dos pruebas para detectar coronavirus, sin que las autoridades les entreguen los resultados de su propio estado de salud.
Dos de estas personas han sido diagnosticadas con la enfermedad, presentando cuadros asintomáticos. En la denuncia se acusa al Gobierno de ser el responsable de haberlas expuesto al virus, en lo que el abogado considera “centros de contagio”, en referencia a los hospitales y centros de contención a los que fueron llevados por la fuerza. En los medios de comunicación se han denunciado casos en los que todo parece indicar que hay personas que contrajeron la enfermedad producto de la negligencia de las autoridades de salud.
Quien representa a estas 33 personas es Denis Muñoz, un abogado con más de 15 años de experiencia representando casos de violación de derechos humanos, algunos de los cuales cobraron gran notoriedad pública a nivel internacional, como es el caso de Cristina Quintanilla, una mujer acusada de homicidio agravado, luego de haber perdido a su bebé en un parto extra hospitalario. Estuvo también involucrado en la defensa de un grupo de mujeres, conocidas como Las 17, condenadas por el Estado salvadoreño presuntamente por haber abortado. La carrera del abogado Muñoz está llena de querellas a favor de personas de escasos recursos, condenados en juicios dudosos, en los que no tuvieron una defensa digna. Tiene también experiencia elevando casos de violación de derechos humanos ante organismo internacionales. Ahora representa a estas 33 personas de forma gratuita.
Los casos
“El común denominador de los 33 casos es que se trata de gente pobre, en su mayoría jóvenes”, asegura Muñoz. Y los oficios de sus defendidos parecen darle la razón: varios estudiantes, un pastor evangélico, un barbero, varios vendedores informales, un motorista, jornaleros, un profesor, albañiles, vendedores ambulantes. Todos fueron detenidos en municipios de clase obrera, como Soyapango, Ilopango y San Martín.
Sus defendidos son 30 hombres, entre los que figura un guatemalteco, y tres mujeres.
Según el abogado, ha conseguido también identificar un patrón, al que califica de “cacería” de parte de la Policía y la Fuerza Armada: “alrededor del día 7 de abril pareciera que las autoridades se lanzaron a una cacería de personas, a pesar de lo dicho por la Sala de lo Constitucional”, dijo.
Uno de los casos que representa es el de Cindy Reyes, capturada por la PNC la noche del 9 de abril, por haber acompañado a su hijo de 4 años a una letrina ubicada a menos de dos metros de su casa, en una comunidad empobrecida de San Salvador. En el Habeas Corpus que la Sala de lo Constitucional otorgó a Reyes, los magistrados dijeron que la detención de Reyes se dio con “grave apariencia de arbitrariedad e ilegalidad”. Este caso llamó la atención incluso de José Miguel Vivanco, director para las américas de la organización internacional de derechos humanos Human Rigths Watch, quien se mostró sorprendido en su cuenta de Twitter por la arbitrariedad del caso. El presidente Bukele también se expresó sobre la detención de Reyes, atribuyendo la denuncia a “intereses internacionales oscuros”, que no detalló.
“Los medios y ONG’s financiados por intereses internacionales oscuros, quieren vender la imagen de que en El Salvador se vive una “dictadura”, donde se llevan a la “cárcel” a la gente, por “ir al baño a 4 pasos de su casa”, escribió Bukele el 3 de mayo, en un tuit en el que agregaba que la realidad era otra, y anexaba un video filmado en el Centro Histórico capitalino, en el que se veía un fuerte movimiento de tráfico vehicular y a varios peatones circulando.
Cindy Reyes recibió su Habeas Corpus el día 17, junto con otras dos mujeres: María Angélica Navarrete y Ana María Cristina Cabrera García. Una vez en los centros de internamiento, Navarrete dio positivo en su prueba de covid-19. Cuando fueron detenidas, el país todavía no presentaba, al menos en los recuentos oficiales, casos de contagio local.
En el Habeas Corpus, los magistrados razonaron: “Conviene hacer referencia a la actuación de las autoridades en el presente caso. Como ya se señaló la restricción de libertad física de las favorecidas presentó muchas irregularidades, pues existe una apariencia de haber sido privadas de libertad sin habilitación legal y además, según sus narraciones, fueron llevadas a centros de contención no obstante estar dentro de las excepciones que les autorizaba a deambular en la vía pública, sin que representaran ser casos sospechosos de covid-19, es decir, no presentaban sintomatología clínica de la enfermedad, ni estuvieron expuestas a contagio, ni se tenía sospecha médica de nexo epidemiológico… Ahora bien, aún y cuando fueron detenidas sin rastros evidentes del virus ni ser consideradas fuentes de contagio –así lo señaló el juez ejecutor– se remitieron al centro de contención habilitado en el polideportivo de Ciudad Merliot, instalaciones designadas para el cumplimiento de la cuarentena controlada, donde se debieron adoptar todas las medidas necesarias y pertinentes para evitar la propagación del virus, como son las condiciones sanitarias y el distanciamiento social… En ese sentido, podría haber negligencia por parte de las autoridades encargadas del centro de contención donde estaban resguardadas las favorecidas, pues una de ellas dio resultado positivo a covid-19 y las otras dos ahora se consideran contacto positivo, cuando al inicio de su restricción ninguna representaba ser un casos sospechoso al virus, pues fueron privadas de libertad por incumplir un resguardo domiciliar ordenado para toda la población”.
Pese a las órdenes de la Sala, las dos mujeres que dieron resultado negativo han recibido dicho resultado por escrito y ambas siguen privadas de libertad.
En su voto razonado, el magistrado Carlos Sánchez Escobar fue aún más severo: “han transcurrido más de quince días después de la medida cautelar sin que las dos favorecidas, cuyo resultado de la prueba de contagio fue negativo, hayan sido enviadas a sus casas, para continuar ahí con la cuarentena domiciliar, tal como fue ordenado por esta Sala”.
El magistrado Sánchez llama la atención sobre el doctor Eduardo Mejía Pocasangre, encargado del centro de cuarentena, a quien responsabiliza directamente de desobediencia.
El doctor Mejía respondió a los magistrados que las dos mujeres cuyos resultados fueron negativos deben permanecer recluidas por haber tenido contacto con la persona que resultó infectada, pero según el magistrado “el informe no aclara cómo es que las señoras Zetino Reyes y Cabrera García ‘estuvieron en contacto’ con la paciente de covid-19, si las instalaciones del centro de contención se suponen acondicionadas precisamente para evitar ese riesgo. El informe tampoco dice cuándo se realizaron las pruebas del virus en las favorecidas, qué tipo de pruebas fueron, cuándo se obtuvieron los resultados, cuándo fueron comunicados, cuándo tuvo lugar el supuesto contacto con la portadora del virus y tampoco aclara por qué la prolongación de la cuarentena en el centro de contención es la única alternativa para las favorecidas”, escribió.
El abogado Muñoz pide a la CIDH que ordene medidas cautelares encaminadas a terminar con los derechos que considera vulnerados en las 33 personas a las que defiende, entre ellos el derecho a la libertad, a la salud y a un trato digno. Pero advierte que buscará convertir esta queja en una demanda internacional contra el Estado de El Salvador.
