Recientemente participé en un equipo facilitador de un taller virtual con 40 mujeres, jóvenes y adultas, de diferentes regiones del país. Feministas todas, con diferentes niveles de formación académica, y ninguna, al menos eso he sabido, en militancia con ningún partido político. El tema fue la evaluación del primer año de Gobierno que concluye este 1 de junio, un ejercicio ciudadano que hemos hecho con gobiernos anteriores.
Construimos una matriz que combinaba ámbitos de la actuación gubernamental, aciertos o aspectos positivos y desaciertos o aspectos negativos. La dinámica consistía en aportes individuales, orales y escritos, con las valoraciones de las participantes.
En los primeros 30 minutos, la matriz se fue llenando en desaciertos y aspectos que se consideran negativos en la gestión de este primer año de gobierno. Con la insistencia del equipo facilitador, de que un balance implica también tener la capacidad de mirar los aciertos y aspectos positivos, y que teníamos que hacerlo con nuestro espíritu crítico y en autonomía, empezaron a aparecer algunos aspectos positivos; sin embargo, siempre estaban seguidos de un pero, que matizaba y cuestionaba aquello que en principio se podía considerar como un acierto.
Este ejercicio me ha hecho pensar en las dificultades de miradas balanceadas que puedan reconocer o ver tanto lo negativo como lo positivo en la gestión gubernamental en este primer año. Resumo a continuación algunos de los aspectos de ese debate.
De los inicios de la gestión se señalaron al menos dos aspectos: aunque se había generado la expectativa de que el Gobierno retomaría algunas de las demandas de las mujeres, contenidas en la Plataforma Nada Sobre Nosotras Sin Nosotras, que incluyó en su Plan Cuscatlán, su principal instrumento de oferta en la campaña electoral. No obstante, desde las primeras semanas y meses se pudo constatar que nadie en el Gobierno hablaba de cumplir el Plan Cuscatlán, y hasta la fecha no ha habido ninguna instancia que diga que dé razones sobre la forma en que se responderá, desde las políticas públicas, a las demandas de las mujeres, según la plataforma.
Se percibe un estilo de gobierno enfocado en responder en forma inmediata a demandas o necesidades concretas de la gente, pero no el rumbo que muestra un plan estructurado para el período de gobierno. ¿Adónde quedaron las macropropuestas que el entonces candidato a la presidencia presentó al país?
De la conformación inicial de gabinete ministerial se reconoce el discurso de integración paritaria del mismo, con el lanzamiento de una campaña publicitaria y de expectativa y la presentación de las ministras. Sin embargo, y esto va más allá de la valía y el reconocimiento individual que tiene cada ministra, la paridad es solo formal. Las mujeres del gabinete, no solo están ausentes en las políticas emanadas del gobierno, sino que, además, salvo excepciones y momentos excepcionales, no aparecen con la fuerza que podría representar un gobierno que trabaja por la paridad.
Por otro lado, mientras que el logro que el Gobierno presenta como su mayor éxito es la baja de homicidios, no ha logrado superar la visión tradicional de la seguridad pública y la seguridad ciudadana. No existe una consideración prioritaria en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, que como sabemos está a la base de dinámicas que generan conductas y una cultura violenta. No se expresa preocupación por la violencia sexual ni por la necesidad de prevenir y disminuir los embarazos en niñas y adolescentes, ni sobre su impacto en sus proyectos de vida y los costos para las familias. Existe también una desconsideración de los feminicidios, que son la forma extrema de violencia contra las mujeres, al hablar de las cifras de muertes violentas. Esta falta de prioridad ha sido de tal nivel que, incluso el programa nacional de la Iniciativa Spotlight no ha podido realizar su lanzamiento oficial, porque el presidente no lo ha incluido en su agenda.
Siempre en el campo de la seguridad, hay tres elementos sobre los que se insiste en la necesidad de hacer hincapié. Por un lado, en que más allá del Plan Control Territorial, sigue habiendo presencia de las pandillas en los territorios y comunidades; por otro lado, en que el enfoque de militarización se traduce en la principal presencia del Estado en las comunidades, lo que duplica las figuras armadas y una doble amenaza a hechos de violencia sexual contra las mujeres. En tercer lugar, que la utilización de imágenes del tratamiento que las autoridades penitenciarias dan a las personas privadas de libertad, reflejan un alarde de desprecio y despojo de la condición humana, en el que las cárceles pierden todo el sentido de centros de readaptación y posibilidades de reeducación. Estos factores opacan lo que el Gobierno presenta como su logro más visible.
En cuanto a la institucionalidad dedicada a la promoción de derechos de las mujeres y relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, se ha observado un claro debilitamiento, tanto desde el punto de vista presupuestario como político y de articulación. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) está ahora más lejos de proyectarse y funcionar como la instancia rectora de políticas públicas para la igualdad que las feministas venimos demandando desde 1996, porque además de haber sido debilitado, las Unidades de Género al interior de los otros ministerios, salvo excepciones como en Educación, también han sido debilitadas. Adicionalmente, el Programa Ciudad Mujer, si bien mantiene sus sedes y la mayoría de sus servicios, requiere el diseño y estrategias de fortalecimiento que amplíen sus vínculos y articulaciones territoriales con gobiernos municipales y organizaciones de mujeres.
Desde los colectivos que trabajan por la recuperación de la Memoria Histórica en nuestro país, la orden de quitar el nombre de Domingo Monterrosa a la 4ª Brigada de Infantería fue aplaudida y reconocida. Sin embargo, la negación a entregar información y documentación relacionada con la dirección de operativos militares durante el conflicto armado ha impedido que se avance en la búsqueda de justicia de cientos de familiares y víctimas. La pregunta que surge es: si el presidente constantemente ha manifestado que no está vinculado a ese período de la política en nuestro país, ¿por qué no apoya a las familiares y las víctimas? ¿Es uno de sus compromisos a cambio del respaldo que recibe de la Fuerza Armada?
En cuanto a la manera de gobernar y comunicar sus políticas, cada día se alejan más las expectativas de que este Gobierno supere la confrontación, pues, por el contrario, pareciera que no se ha propuesto salir de la dinámica de la polarización y la crispación política. No se trata de negar las tensiones entre órganos del Estado, o de hacer caso omiso a las diferencias que existen con la oposición política, a la que, por cierto, también le falta calidad y, en general, capacidad de hacer oposición constructiva. Pero como lo que analizamos es la gestión del Gobierno, se señala el acento patriarcal de hacer política con la intención de destruir al otro, haciendo gala del insulto y ostentación del “yo soy el que tengo el poder y soy mejor que ustedes”.
Esta lógica de confrontación también ha oscurecido el acierto de las primeras medidas gubernamentales frente a la pandemia de covid-19, que en general se consideraron positivas. Sin embargo, los discursos que fomentan el miedo y el terror terminan generando súbditos obedientes, pero no ciudadanas y ciudadanos críticos y capaces de enarbolar sus derechos. Las narrativas gubernamentales construidas durante la pandemia no educan a las juventudes en ciudadanía, no promueven el reconocimiento de la necesidad de compartir las labores de cuidados al interior de los hogares para una convivencia basada en el respeto de todas las personas. La violación constante a los principios del Estado laico en los discursos presidenciales reproduce, en cascada institucional, comportamientos que pueden convertirse en violaciones de derechos humanos.
Finalmente, se señala que la audacia política de aprovechar el hartazgo de la mayoría de la gente hacia los gobiernos anteriores, de levantar una propuesta de gobierno y conquistar una victoria electoral, no puede ni debe traducirse en el desprecio de asuntos políticos, como el sentido de que tenemos derechos y la seguridad que podemos decir lo que pensamos sin el temor a que nos maten por ello. Eso ha costado décadas de luchas y miles de vidas salvadoreñas. La democracia y los derechos humanos son bienes sociales, políticos y culturales que defendemos y necesitamos un Gobierno que los pueda cuidar y valorar positivamente.
Nos quedan 1460 días de este gobierno. Las feministas queremos respuestas a nuestras demandas y propuestas, queremos, como dijo una compañera en el taller, que se reconozca a quienes defendemos derechos como actoras sociales y políticas que contribuimos a las transformaciones de nuestra sociedad. Que lo hacemos y lo seguiremos haciendo, desde nuestra autonomía, y desde la colaboración crítica con aquellas instituciones gubernamentales dispuestas al diálogo en un marco de respeto mutuo.
