En los últimos días hemos recibido buenas noticias desde El Salvador. Un tribunal de segunda instancia ha confirmado la sentencia absolutoria emitida el 19 de agosto del año pasado por el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque a favor de Evelyn Hernández en la que se reconoció que es inocente. El 6 de abril de 2016, Evelyn, de 18 años, sufrió una emergencia obstétrica en su casa que provocó la pérdida de su embarazo. Una vez en el hospital, el personal de atención la denunció a la policía. Fue arrestada, juzgada y sentenciada a 30 años de cárcel por homicidio agravado.
Su caso, como el de muchas mujeres en situación similar en El Salvador, estuvo minado de irregularidades, violaciones al debido proceso y a su derecho a un juicio justo. En 2018, la máxima autoridad en materia penal revocó el fallo inicial y ordenó un nuevo juicio. En agosto del 2019 fue declarada inocente pero, semanas después, la Fiscalía General decidió apelar la absolución, en un intento más por criminalizar a las mujeres, sobre todo las que viven en la pobreza y han sido marginalizadas históricamente por el propio Estado. La justicia finalmente se ha puesto de lado correcto, protegiendo los derechos humanos de Evelyn.
Esta es una victoria rotunda para los derechos de las mujeres en El Salvador. Reafirma que ninguna mujer debe ser acusada injustamente por el simple hecho de sufrir una emergencia obstétrica.
Lamentablemente, el caso de Evelyn no es el único. La situación de mujeres encarceladas por emergencias obstétricas en El Salvador, el país con una de las legislaciones antiaborto más draconianas del mundo, se ha convertido en un escándalo internacional por la vergonzosa y discriminatoria práctica de criminalizar a las mujeres e imponer castigos injustos.
El aborto es ilegal en todas las circunstancias en El Salvador, y las mujeres que sufren emergencias obstétricas a menudo son condenadas injustamente bajo estas leyes. Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, en el país al menos 18 mujeres siguen encarceladas bajo estas circunstancias, de las cuales 16 enfrentan condenas firmes y dos están con procesos abiertos.
En este contexto, desde hace años, El Salvador ha sido sometido al escrutinio internacional por las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Diversos mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos se han pronunciado de forma unánime sobre la necesidad de que el Estado disponga la liberación inmediata de las mujeres privadas de la libertad por hechos relacionados con emergencias obstétricas.
En marzo de 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU declaró que la privación de la libertad de mujeres en estas circunstancias, incluido el caso de Evelyn, fue arbitraria, en tanto que en muchos casos, las mujeres no fueron detenidas en flagrancia, sino en un hospital, varias horas después de sufrir una emergencia obstétrica. Se violaron las garantías del debido proceso, al no contar con un abogado defensor y por la inobservancia de la excepcionalidad de la detención preventiva. Además, el Grupo de Trabajo señaló que su detención no solo muestra discriminación por motivos de género, sino también por su situación socioeconómica.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado al Estado salvadoreño revisar las condenas en cada uno de los casos relacionados con emergencias obstétricas en miras a asegurar juicios justos, libres de estereotipos y en cumplimiento con las reglas del debido proceso, con el fin de que cada una de las mujeres en estas circunstancias recobre su libertad.
Amnistía Internacional, en reiteradas ocasiones, se ha reunido con diputados y diputadas de diversos partidos políticos para demandar una reforma penal que respete y garantice los derechos de las mujeres. Cuando nos reunimos con el presidente Nayib Bukele el año pasado, nos enfatizó que su Gobierno no criminalizará a las mujeres y las niñas, sobre todo a las que viven en situación de pobreza, y que garantizará sus derechos sexuales y reproductivos. Esa, como muchas otras, ha sido una promesa hasta ahora incumplida. Su Gobierno no ha hecho nada para atender la grave situación que enfrentan las mujeres encarceladas, ni para promover reformas legislativas que garanticen los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto legal y seguro. Por su parte, la Asamblea Legislativa continúa perpetuando una deuda histórica al negarse a abolir la prohibición absoluta del aborto.
Hoy, sin embargo, el gobierno de Bukele y el Estado salvadoreño en su conjunto tienen la oportunidad de hacer lo correcto y cumplir con sus obligaciones internacionales, liberando a estas mujeres. Dado el contexto de pandemia de covid-19 y las precarias condiciones carcelarias en el país, las mujeres encarceladas por emergencias obstétricas además de sufrir los estragos de la injusta criminalización, también enfrentan el riesgo de contagiarse.
Frente a la pandemia, desde Amnistía Internacional hemos expresado reiteradamente nuestra preocupación sobre la situación de precariedad que viven las personas privadas de la libertad en todas las Américas, incluido El Salvador. El hacinamiento generalizado que presentan las cárceles imposibilita a las personas privadas de su libertad tomar medidas para prevenir el contagio, incluyendo el distanciamiento físico y el aislamiento de personas que pudiesen haber contraído el virus. A ello se suman condiciones limitadas de acceso a servicios de salud, alimentación adecuada, falta de higiene y falta de acceso al agua. Todo ello aumenta los riesgos de exposición al virus y limita las posibilidades de recuperación en caso de contagio.
Asimismo, mecanismos internacionales y regionales de protección de derechos humanos también se han pronunciado sobre el grave riesgo. Para garantizar a las personas privadas de libertad sus derechos a la vida y a la salud, recomiendan que los Estados apliquen esquemas de liberación temprana, temporal o provisional para reducir el hacinamiento carcelario.
Es evidente que las autoridades salvadoreñas tienen la obligación de liberar a las mujeres que se encuentran arbitrariamente privadas de la libertad por hechos relacionados con complicaciones del embarazo y falta de acceso a la salud reproductiva. No hacerlo, no sólo implica que el Estado continuaría vulnerando sus derechos humanos, sino que, las estaría exponiendo de forma innecesaria al riesgo de contagio de covid-19, poniendo su salud y vida en grave peligro.
