“El crimen lo cometieron soldados, no lo cometieron policías”, dijo el exviceministro de Defensa Inocente Orlando Montano en el segundo día del juicio por el asesinato de los sacertos jesuitas que se celebra en la Audiencia Nacional de Madrid, España. Esta declaración, que apunta hacia una de las ramas de las fuerzas armandas salvadoreñas de 1989, reconfirma la estrategia del coronel Montano para intentar desligarse de la orden dada por el Alto Mando a soldados del Batallón Atlacatl que asesinaron al rector de la UCA y mediador en las negociaciones de paz, el padre Ignacio Ellacuría, cinco compañeros jesuitas, su colaboradora Elba Ramos y la hija de esta, Celina.
El interrogatorio y las respuestas de Montano guardan similitudes con su primera declaración ante la Audiencia Nacional, en diciembre de 2017, justo después de ser extraditado desde Estados Unidos donde fue condenado por violación migratoria. En aquella ocasión, su defensa ya había revelado parte de su estrategia en el caso: desligar a Montano, principal responsable de las actuaciones de los cuerpos de seguridad de la época (las policías Nacional, Hacienda y Guardia Nacional), de las decisiones tomadas por quienes controlaban, en una línea directa de jerarquía, al Ejército.
Montano, único militar salvadoreño enjuiciado por la Audiencia Nacional de Madrid, respondió al interrogatorio de su abogado Jorge Agüero y rechazó responder –y siquiera escuchar- las preguntas de la acusación, una decisión que contó con el aval del tribunal. Este 10 de junio, en el juicio, Montano respondió de manera más detallada. A diferencia de la de 2017, cuando intentaba relativizar todo el poder que amasaba en 1989, su declaración dibuja una cadena de mando directa detrás de la orden dada para movilizar al Batallón Atlacatl hasta las instalaciones de la UCA. En esa cadena, Montana menciona a tres principales resposanbles detrás de las órdenes operativas para el Ejército: el ministro Humberto Larios, el viceministro Juan Orlando Zepeda y el jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce.
“Por la investigación que se hizo militarmente se descubrió de que sí, pues, había sido un asesinato hecho por los soldados (…) El delito lo cometieron soldados, no lo cometieron policías, que eran los que dependían de mi persona. Si acaso hubiera tenido participación la Seguridad Pública, tal vez me hubieran llamado [a testificar]”, respondió Montano cuando su abogado le preguntó si él había sido citado por la Comisión de la Verdad para rendir testimonio.
Cuando Montano dice que fueron soldados y no policías, apunta la rama del Ejército que él asegura que no controlaba. “La seguridad nacional la cubría el Ministro y el Viceministro de Defensa, esos son los encargados de la seguridad nacional que en ese momento estaba comprometida por la agresión de las fuerzas del FMLN que es una organización terrorista. La función mía en seguridad pública era administrativa. La función operativa solo la tiene el Estado Mayor General de la Fuerza Armada, que en ese momento era controlado por el general René Emilio Ponce”, dijo Montano, cuando el abogado le preguntó sobre sus funciones en el Ejército.
En la lógica de Montano y de su defensa, las actuaciones del Ejército eran responsabilidad de dos instancias: el Estado Mayor General y el viceministerio de Defensa, dirigidos por los entonces coroneles René Emilio Ponce y Juan Orlando Zepeda.
Ponce falleció en 2011, meses después del auto de procesamiento firmado por el juez Eloy Velasco con el que el caso en la Audiencia Nacional pidió la captura de una veintena de militares salvadoreños. Él era el jefe del Estado Mayor, y según informes de peritos y militares salvadoreños, eso lo convertía en el militar más poderoso durante la guerra: “En ese momento (ofensiva), el hombre más poderoso en área operativa era el jefe del Estado Mayor y su jefe de operaciones. Era el hombre más poderoso que había, que le estaba haciendo frente a la agresión”, dijo en una entrevista con El Faro Camilio Hernández, subdirector de la Escuela Militar. Hernández admitió haber entregado el rifle al Batallón Atlacatl para asesinar a Ellacuría”. Por otro lado, el viceministro de Defensa era Juan Orlando Zepeda, quien después de su retiro del Ejército se dedicó a los negocios e incluso intentó ser diputado por Arena en 2015.
Según la estructura de la Fuerza Armada, había dos grandes grupos jerárquicos. Uno era de los funcionarios de Gobierno, donde estaba el ministro de Defensa, René Humberto Larios; el viceministro Zepeda y el viceministro Montano. El otro era el Estado Mayor, cuyo jefe era Ponce; el subjefe Gilberto Rubio. Había una instancia mixta con miembros de ambos grupos, el Alto Mando, al cual también pertenecía Montano junto con el presidente Alfredo Félix Cristiani; el ministro Larios; el viceministro Zepeda y el jefe del Estado Mayor Ponce. Según la Comisión de la Verdad, el 15 de noviembre de 1989, oficiales del Alto Mando y del Estado Mayor se reunieron en las oficinas del Ministerio de Defensa para planificar el asesinato del rector de la UCA, Ignacio Ellacuría. En lo que parece un intento para desentenderse de cualquier responsabilidad, Montano insiste en que el Alto Mando y el Estado Mayor Conjunto eran instancias separadas la una de la otra.
Pero la acusación en Madrid desafía esa afirmación “Todo el mundo sabe en El Salvador que las fuerzas de seguridad (dirigidas por Montano) y el Ejército (dirigidas por Zepeda y el Estado Mayor) trabajaron siempre de forma conjunta. Montano, en realidad, quiere resaltar que solo tenía a su mando fuerzas de seguridad y no Ejército, pero las fuerzas de seguridad acordonaban la zona o el perímetro alrededor de la UCA', señala Almudena Bernabéu, querellante particular del caso que presentó la demanda en 2008, ante la Audiencia Nacional, aprovechando el principio de justicia universal español.
La declaración de Montano supone también una ruptura en La Tandona, que es el nombre con el que se cononce a la generación de graduados de la Escuela Militar del año 1966 de donde salieron la mayoría de protagonistas del caso jesuitas. Normalmente, una “tanda” graduaba entre 15 y 20 nuevos oficiales. La Tandona graduó a 46 oficiales de una sola vez, y llegó a ser la más poderosa en la historia militar salvadoreña. Para julio de 1988, La Tandona comandaba cinco de las seis brigadas de infantería, controlaba cinco de los siete destacamentos militares, las tres fuerzas de seguridad (PH, PN y Guardia Nacional estaban a cargo de Montano), y los comandos de inteligencia, operaciones del Estado Mayor Conjunto, y algunos puestos en el Alto Mando. Varios de sus miembros, incluso Montano , están señalados de abusar de los derechos humanos de civiles. Pero Montano, por el contrario, dice que él y sus compañeros de tanda “nos distinguimos como buenos oficiales, oficiales competentes, y nunca nos metimos en problemas de terrorismo como nos han acusado los derechos humanos en El Salvador, nunca tuvimos problemas de vulnerar las leyes”, según dijo.
Si Montano ahora decide señalar a sus compañeros de tanda, eso es subvertir un espíritu de cuerpo que caracterizaba a ese grupo. “Más que lealtad a determinada rama de la Fuerza Armada, la lealtad era hacia “la tanda”, dice un informe suscrito por la experta académica Terry Lynn Karl . “Estamos hablando de 30 tipos con miedo de señalarse entre sí porque al hacerlo serían señalados de igual manera”, decía un asesor militar estadounidense al periodista Phillip Bennet, de la revista Vanity Fair, en noviembre de 1990.
Montano también responsabilizó al Estado Mayor de haber ordenado el cateo en la residencia de los jesuitas, el día 13 de noviembre por la noche. Su abogado defensor le preguntó quién había dado la orden. “El Estado Mayor le dio la orden al coronel Benavides de que mandara a gente que él tenía bajo su mando para que hicieran el cateo a la unviersidad”, dijo Montano. Según el auto de procesamiento de 2011, el cateo fue una excusa para que el Atlacatl hiciera reconocimiento del lugar, antes de los asesinatos.
Montano complementó su respuesta diciendo que el Estado Mayor autorizó que el Atlacatl ingresara a la UCA la noche del 15 de noviembre, horas antes del crimen . “El Estado Mayor, a través de sus informantes, obtuvo información de que en el día 15 estaba el grupo [de guerrilleros] ahí metido en la Universiadd y se le dio la orden al coronel Benavides de que mandara a su gente a investigar y que contrarrestara la amenaza. Esa fue la situación”, concluyó Montano. En diciembre de 2017, Montano amplió más este punto. “El jefe del Estado Mayor le ordenó al jefe del área esa [Benavides], que tenía la responsabilidad, pues, de seguridad en esa zona… era el director de la Academia Militar. Pero el director de la Academia Militar solamente tenía cadetes, que no podían ser empleados en combate ni… es una unidad de entrenamiento, nada más, entonces, el Comandante de esta escuela, director, pidió al Jefe del Estado Mayor que le diera personal para efectuar un cateo. El Jefe del Estado Mayor le dijo, “mira tú tienes ahí una sección de un batallón de reacción inmediata, el Batallón Atlacatl. Utiliza esa sección” y lo cual, fue eso lo que utilizó él. No mandó cadetes, ni mandó…”, dijo.
Montano insiste que él solo participó en una reunión a las 11 de la noche del 15 de noviembre, es decir, que no pudo haber ordenado el cateo. En la reunión en la que sí participó, Montano niega que se haya ordenado el asesinato de los jesuitas. “No [se ordenó el asesinato de los jesuitas en esa reunión]. Se le explicó al presidente (Cristiani) sobre la situación que venía sucediendo tres días atrás, o sea desde el 11 de noviembre, que las fuerzas terrroristas comenzaron a meterse a las casas de los ciudadanos de las casas de la capital y forzaron a los ciudadanos a tomar armas en contra del Gobierno. El presidente dijo: ‘dejemos que se desarrolle un poco más la situación, porque tienen razón ustedes, no podemos usar la fuerza indiscriminadamente, eso nos va a traer repudio de la población y de la población internacional”, dijo Montano en el juicio. Ya en diciembre, Montano explicó que en esa reunión una alternativa para anular la ofensiva de la guerrilla era usar violencia extrema.
¿Protegido de Estados Unidos?
Hacia el final de su interrogatorio, las preguntas del abogado intentaban demostrar que las primeras investigaciones nunca perfilaron a Montano como alguien que participó en el crimen. El abogado, por ejemplo, le preguntó si la Comisión de la Verdad lo había citado a declarar y Montano, al igual que en 2017, insistió en que no. Y fue entonces cuando Montano echó mano de un argumento nuevo para intentar limpiar su imagen.
“Esto no lo había comentado nunca (...) después de que cesé como viceministro y como agregado militar en México, me fui a vivir a Estados Unidos porque tengo a mis hermanas allá, y ellas me pidieron que me fuera para allá e incluso me ofrecían un trabajo. De todo el Alto Mando (militar) de esa época a nadie le dieron visa la embajada americana, a nadie, excepto a mi persona y a mi familia. Nos dieron visa para viajar y permanecer en EUA. Si hubiera tenido algún compromiso en ese asesinato, Estados Unidos no hubiera dado esa visa”, dijo.
Con esta nueva declaración, Montano plantea otro ingreso a Estados Unidos diferente al reportado por las autoridades migratorias en su proceso de extradición. Montano ingresó el 2 de julio de 2001, pero no admitió su relación con la Fuerza Armada salvadoreña, que era una pregunta del formulario del Temporary Protection Satus (TPS). Es decir, mintió en los formularios para acogerse al programa que Estados Unidos aprobó en 2001 para El Salvador después de dos terremotos devastadores para proteger a salvadoreños de cualquier intento de deportación. El requisito para recibir ese beneficio es que el solicitante hubiera entrado al país antes de los terremotos de enero y febrero. Más tarde, luego de un proceso por fraude migratorio que aceleró su deportación a España, Montano admitió haber mentido reiteradamente para obtener el beneficio migratorio en aquel país.
“Creo que es irrisorio, por no decirte ridículo, que una persona que ha sido condenada por esos delitos y que haya mentido en su aplicación del TPS, diga que Estados Unidos le dio la visa porque era una persona inocente, siendo que además lo extraditó por su rol en el asesinato”, dice Almudena Bernabéu, acusadora particular de Guernica 37.
Un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, de 2017, dice que Montano ya estaba en Estados Unidos para 2002. Se intentó conocer qué tipo de visa fue concedida a Montano para entrar al país pero un vocero de la embajada respondió que de acuerdo a la ley de los Estados Unidos los registros de visa son confidenciales. “No discutimos casos de visas individuales”, dijo el vocero.
Estados Unidos, desde 2003, ha detenido por diversos delitos, incluyendo delitos migratorios, a unos 450 ciudadanos a quienes relacionan con violaciones a derechos humanos. Al mismo tiempo, Estados Unidos deportó a más de mil personas de quienes sospecha su participación en violaciones de ese tipo, según un comunicado de la agencia migratoria ICE . “Estados Unidos se ha dado cuenta quiénes son estos tipos”, dice Bernabéu.
