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Reina y su lucha por dignidad, más allá de DACA

Patricia Montes

 
 

Reina tiene los ojos grandes y una mirada fulminante, pareciera que de su pecho emana un brillo y una fuerza que casi puedes tocar. Esa es la misma fuerza que la acompañó cuando tuvo que migrar, con tan solo 11 años, para reencontrarse con su madre, de quien se separó cuando era una recién nacida. De estas historias personales hay miles más provenientes de la región centroamericana, que no son más que el reflejo de una sociedad históricamente y descomunalmente destruida en sus cimientos sociales, económicos, políticos y estructurales. Todo esto es consecuencia del intervencionismo, saqueo y manipulación política por parte de Estados Unidos del que estos países han sido objeto. 

Reina es salvadoreña y una de los más de 700 mil jóvenes que esperaban ansiosos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre el futuro del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Ella migró como menor no acompañada en el 2002, más de diez años después de que su madre saliera, huyendo de la guerra civil, del país más pequeño de la región centroamericana. Ellas, al igual que miles de mujeres y niñas centroamericanas, migraron de uno de los países más violentos y hostiles de la región. Esta violencia tiene una base estructural, ya que las condiciones que potencian la misma son las condiciones de desigualdad y la inequitativa repartición de las riquezas en la zona. La exacerbada corrupción y un modelo económico que contibuye al subdesarrollado, minan las posibilidades de avance personal e integral. 

En un comunicado emitido en diciembre 2019 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se destaca que El Salvador continúa siendo el país con mayor número de asesinatos de mujeres en la región. Según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, se registraron al menos 232 asesinatos de mujeres en el año 2018 en el país. El mismo documento advierte que, a pesar de la gravedad y la prevalencia de las múltiples formas de violencia contra de las mujeres y niñas, en El Salvador hay una normalización e invisibilización sobre esta situación. Además, no hay un abordaje eficaz para erradicar la violencia de género y la altísima impunidad que la caracteriza.

Las expresiones de violencia contra las mujeres, sin embargo, están en todos lados y aun estando fuera de una de las regiones más violentas, alcanzó a Reina en donde estaba. En 2013, fue acosada sexualmente por su empleador, cuando trabajaba en un restaurante como preparadora de emparedados. Movida por la rabia, la impotencia, y sumida en una situación de desesperanza, buscó decisivamente la manera de canalizar esa energía. Fue entonces que se unió al Movimiento Inmigrante Estudiantil de Boston, MA, una agrupación de jóvenes que lucha por defender los derechos humanos de los inmigrantes. Actualmente, está amparada por el programa DACA y trabaja como Directora de Desarrollo con el Movimiento Inmigrante Estudiantil.  

DACA fue aprobado e implementado en 2012, durante la administración del presidente Barack Obama. Los beneficiarios están protegidos de las deportaciones, reciben permisos de trabajo temporales, licencias de conducir y un número de seguridad social. El estatus, si bien es renovable, se otorga solo por dos años y no brinda una vía para obtener la ciudadanía.

Como parte de la agenda xenófoba y antiinmigrante de la administración Trump, DACA fue cancelado en septiembre 2017, con el argumento de que las acciones de Obama eran inconstitucionales y que había excedido su poder en el Ejecutivo. Hay que hacer notar que, más allá de la agenda xenófoba y racista en el gobierno de Trump, en el fondo de las raíces sociales del odio al otro, al extranjero, como lo argumenta la filósofa de la Universidad de Yale, Seyla Benhabib, se esconde en el reacomodamiento de una clase política rancia y de las élites del poder en los Estados Unidos por reestablecer sus dominios y sus privilegios de clase. 

En aquel entonces se interpusieron múltiples demandas ante tribunales estatales para impugnar la cancelación del programa. Una de las primeras demandas fue la interpuesta por una coalición de 16 fiscales generales demócratas, agrupaciones sin fines de lucro y empresas privadas en el Tribunal Federal de Distrito en Brooklyn, NY, en la que argumentaron que Trump había revocado DACA de manera inapropiada.

La batalla legal se intensificó y más grupos defensores de inmigrantes y jóvenes siguieron organizándose para lograr, por medio de los tribunales, el restablecimiento del programa. Después de dos años de intensos alegatos e impugnaciones, el caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos. La Corte Suprema o Tribunal Supremo es la corte más importante del sistema judicial. Esta escucha las apelaciones de las cortes inferiores, al igual que casos de mucha importancia nacional. Además, debe asegurarse de que las decisiones de todas las cortes sean consistentes.

La resolución del Tribunal Supremo fue favorable para los jóvenes amparados por DACA, ya que el dictamen establece que el programa se debe mantener. Sin embargo, Reina, los miles de jóvenes beneficiarios y sus aliados seguirán luchando para que se les otorgue un estatus migratorio permanente y por la reivindicación de sus derechos. 

Para Reina, la decisión de la Corte Suprema, que fue anunciada el mediodía del 18 de junio pasado, esta noticia es un incentivo para seguir adelante, sobre todo porque su familia está integrada por inmigrantes con diferentes estatus migratorios. Su madre, un pilar importante en la estructura de su familia, está amparada por el Estatus de Protección Temporal (TPS). Aparte de vivir con mucha incertidumbre todo este tiempo, debido a su permanencia legal en Estados Unidos, Reina y varios miembros de su familia, también libraron la batalla contra la covid-19. Fue ella la encargada de decidir por la vida de su hermano, que pasó largo tiempo hospitalizado y entubado para poder sobrevivir. Es necesario destacar que las comunidades latinas y negras se han visto desproporcionadamente más afectadas por el coronavirus; así lo reportó recientemente El New York Times.  

Este 2020, a pesar de todos esos desafíos que ella convirtió en oportunidades, se graduó, hace un par de semanas, de la licenciatura en Filosofía y Política Pública en la Universidad de Massachusetts. “No tuve una graduación tradicional, debido a la pandemia. No creo que mis logros definen quien soy como persona indocumentada. Sin embargo, quiero decir que soy una valiente por haberlo logrado. Mi identidad y la calidad de vida que merezco no las determina un pedazo de papel.", escribió en su cuenta de Facebook, días después de su graduación.

Patricia Montes es periodista y directora ejecutiva de Centro Presente, una organización comunitaria que aboga por los derechos humanos de migrantes centroamericanos en Boston, Massachusetts. Junto con la organización Lawyers for Civil Rights, Centro Presente lidera una demanda contra la administración Trump por la cancelación del TPS. Forma parte de Alianza Américas, una red de más de 50 organizaciones lideradas por inmigrantes en los EE.UU.
 
Patricia Montes es periodista y directora ejecutiva de Centro Presente, una organización comunitaria que aboga por los derechos humanos de migrantes centroamericanos en Boston, Massachusetts. Junto con la organización Lawyers for Civil Rights, Centro Presente lidera una demanda contra la administración Trump por la cancelación del TPS. Forma parte de Alianza Américas, una red de más de 50 organizaciones lideradas por inmigrantes en los EE.UU.


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